Juan Rocha Cruz
Expediente 441/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 441/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 19/07/2023
Partes del expediente
- Juan Rocha Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa y del contenido de la certificación de cuenta, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia de treinta de junio de dos mil veintitrés, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; con fundamento en el dispositivo 2º de la ley de la materia, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. Consecuentemente, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En otro orden de ideas, de conformidad con el artículo 20, Fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diez de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del mismo año, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este Juzgado de Distrito no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá realizar su transferencia al depósito documental designado para tal efecto, de conformidad en lo dispuesto por el numeral 26 del referido acuerdo. Finalmente, requiérase a las partes para que dentro del término de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, comparezcan en el local de este órgano jurisdiccional en día y hora hábil debidamente identificados, a efecto de recoger los documentos originales que en su caso hubiesen allegado a este asunto, previa constancia de recibo que se deje en autos; apercibidas que de no hacerlo en el plazo indicado éstos serán destruidos, de conformidad con el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Edgar Ulises González González, secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, encargado del despacho en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, autorizadas por el Consejo de la Judicatura Federal, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
IV...De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de amparo, notifico a la parte quejosa, el proveído de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, por medio de lista, toda vez que no se presentó al local de este juzgado a recibir la notificación respectiva de manera personal...
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, treinta de junio de dos mil veintitrés. Visto, para resolver el juicio de amparo 441/2023-IV promovido por ******************** contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el treinta de marzo de dos mil veintitrés, ante este Juzgado Federal, ******************** promovió juicio de amparo indirecto, en contra de los actos y autoridades que a continuación se mencionan: AUTORIDAD RESPONSABLE: Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tamaulipas, con sede en esta localidad. ACTO RECLAMADO: "De la autoridad señalada como responsable, se reclama, la omisión de la calificación de pruebas de audiencia de fecha 10 de febrero del 2020, demanda planteada por los suscritos en contra de la empresa denominada ********************., recibida en oficialía de partes de la autoridad señalada como responsable, y en la cual se demanda el despido injustificado del que fuimos objeto, reclamado la reinstalación en nuestro trabajo en los términos en que viniéramos desempeñando hasta la fecha en que fuimos despedidos injustificadamente, además del pago de diversas prestaciones inherentes a dicho despido, sin que hasta la fecha se haya realizado lo necesario por la autoridad responsable para la substanciación del juicio en términos de lo que dispone el artículo 685 y 880 fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, y la substanciación del juicio hasta su conclusión, en términos de lo dispuesto por dicho ordenamiento legal. " (Sic). Asimismo, narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 8 y 123 constitucionales. SEGUNDO. En auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito registró la demanda bajo el número 441/2023-IV; la admitió a trámite; dio la intervención que le corresponde al Fiscal de la Federación adscrito; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; asimismo, señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, una vez integrado este expediente, tuvo verificativo según el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con el objeto de dar cumplimiento a la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado consiste en la omisión por parte de la autoridad responsable de calificar y admitir las pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente administrativo laboral ******************** Lo anterior obedece a la interpretación del escrito de demanda en su integridad, sin restricciones de forma, a fin de determinar con exactitud la intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, por lo que, además del fundamento referido, cobra aplicación al caso, por contener razonamientos aplicables, la tesis de jurisprudencia número P./J.40/2000 de la Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." También, por las consideraciones que la informan, la tesis aislada número P.VI/2004, visible en la página 255 del Tomo XIX, correspondiente al mes de Abril de 2004, Novena Época, Materia Común, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados que atribuyen a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, pues así lo admitió al rendir su informe justificado (fojas 18 y 19). Lo cual se corrobora con las documentales que allegó la responsable con su informe justificado mediante oficio ******************** (fojas 20 a 25); constancias a las que se confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, en relación con el diverso 74, fracción III, de esta última ley, al ser expedidas por un funcionario revestido de fe pública, en uso de las facultades que la ley le concede, dentro de los límites de su competencia. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 305, visible en la página 206, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Igualmente, la jurisprudencia número doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En el presente asunto, se estima que se actualiza el supuesto de la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es importante transcribir el artículo 77 de la Ley de Amparo: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. [.]" La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia en el juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque lo que se reprocha, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo IX, Junio de 1999, página 38, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así es, el peticionario del amparo en su escrito inicial de demanda atribuyó a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, la omisión de emitir el acuerdo donde se califiquen y admitan las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral ******************** En relación con a esto, no pasa inadvertido para el suscrito juzgador, que dentro del juicio laboral de origen ********************, por acuerdo de trece de junio de dos mil veintitrés, la junta responsable, califico y admitió las pruebas ofrecidas por las partes, señalando fecha y hora para el desahogo de las pruebas admitidas. De lo narrado, se desprende que a ******************** se le restituyó en el goce de los derechos que dijo le fueron transgredidos; esto es, cambió la situación de incertidumbre en que se encontraba, pues la autoridad calificó y admitió las pruebas, además, señaló fecha y hora para el desahogo de las mismas. En atención a lo anterior, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que no solo se revocó el acto reclamado, sino que también se destruyeron todos sus efectos de forma total, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, esto es, como si se hubiera otorgado el amparo y protección de la Justicia Federal; de ahí que deviene improcedente analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser reparada al través de este juicio. Por lo antes expuesto y fundado; con apoyo además en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 74, 76, y 79 de la Ley de amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio constitucional promovido por ********************, respecto de los actos que reclamó a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, con base en los razonamientos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del Josué Juárez Hernández, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que de las constancias que remitió la responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta localidad, se advierte el domicilio del demandado en el procedimiento de origen, aquí tercero interesado, ********************en el ubicado en********************por lo tanto, se comisiona a la actuaria adscrita para que se constituya en el domicilio antes mencionado, y con copia simple del escrito inicial de demanda, emplace al tercero interesado ********************por conducto de quien legalmente lo represente al presente juicio de garantías, y de estimarlo conveniente, se apersone a defender sus derechos. Notifíquese personalmente al tercero interesado. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
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