Juan Roberto Leija Alvarez

Expediente 843/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
843/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
16/12/2022

Partes del expediente

  • Juan Roberto Leija Alvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos el oficio 266/2022, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, al cual acompaña copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada en los autos de la queja 266/2022, con motivo del recurso interpuesto en contra del auto de quince de agosto del año en curso; hágase del conocimiento de las partes que al substanciar dicho recurso, el tribunal de alzada resolvió: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el presente recurso de queja, interpuesto por el quejoso Juan Roberto Leija Álvarez, en contra del acuerdo de quince de agosto de dos mil veintidós, dictado por el Juez primero de Distrito en la Laguna, con residencia en esta ciudad, dentro del juicio de amparo indirecto 843/2022-IV, de su índice administrativo." Integración. Agréguense al presente juicio de amparo la ejecutoria en comento, debiéndose destruir el cuadernillo que anexa la superioridad, toda vez que se trata de copias certificadas del expediente en que se actúa. Acuse. Acúsese el recibo correspondiente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a ocho de septiembre de dos mil veintidós. Oficio. Por recibido el oficio signado por el secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad; atento a su contenido, se le tiene por informando que dicho tribunal admitió recurso de queja interpuesto por la parte quejosa Juan Roberto Leija Álvarez, el cual quedó registrado como queja 266/2022. Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Constancia de notificación. Agréguese la constancia de notificación realizada al quejoso Juan Roberto Lejía Álvarez, mediante la cual interpone recurso de queja en contra del acuerdo pronunciado por este órgano jurisdiccional de quince de agosto de dos mil veintidós, en el cual, se desechó la demanda de amparo. Recurso de queja. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la ley en la materia, en relación con el numeral 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase copia certificada de la demanda de amparo, anexos, auto impugnado, original y copia de la constancia de notificación en la cual interpone recurso de queja, así como de este proveído, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito en turno, con sede en esta ciudad. Informe. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo ríndase informe en el sentido de ser cierto que este juzgado emitió el proveído de quince de agosto de dos mil veintidós, sin embargo, se precisa que el mismo se pronunció apegado a derecho; como así se justifica atendiendo a los motivos y fundamentos plasmados en el mismo, lo que sustenta su legalidad. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a quince de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación y constancia de notificación que anteceden, de las que se desprende que el quejoso Juan Roberto Leija Álvarez, desahoga la prevención formulada en auto de uno de junio del año en curso; en consecuencia, se tiene por cumplida dicha prevención; por lo que provéase lo que en derecho corresponda con relación a la demanda de amparo promovida por el mismo. Desechamiento. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al no haberse agotado los medios de impugnación establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, previo a la promoción del juicio de amparo. Previo a explicar las razones y fundamentos que sustentan la decisión anunciada, cabe destacar que el inconforme se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 14 CPS Durango, con residencia en Gómez Palacio, por lo cual, se hace imperativo precisar que la Ley Nacional de Ejecución Penal es aplicable a las personas privadas de la libertad, con motivo de la prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia, cuyo origen indistintamente provenga del sistema tradicional o mixto, o conforme al nuevo sistema penal acusatorio. Es así, ya que según el artículo tercero transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, deben aplicarse los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la ley, de acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1o. constitucional, lo que tiene congruencia con lo definido en la jurisprudencia P. /J. 17/2012 (10a.), del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011.", emitida incluso cuando estaba en vigor el sistema tradicional mixto, cuya base argumentativa está sustentada en la reforma constitucional de los artículos 18 y 21, que involucra tanto a ese sistema como al nuevo sistema penal acusatorio. Además, del proceso legislativo se desprende la finalidad de que las personas privadas de la libertad hagan valer los procedimientos administrativos o jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas. En relación con lo anterior, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los que sea factible lograr la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, a través de la tramitación del medio de defensa que la ley ordinaria establezca, pues sólo así es posible dar cumplimiento al principio de definitividad que rige en materia de amparo con las excepciones correspondientes; ello es así, porque de lo contrario imperaría el arbitrio del solicitante de derechos, quien por el solo hecho de señalar violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedaría en libertad de acudir directamente al juicio de amparo. Al respecto, el artículo 18, párrafo segundo, de la Ley Fundamental dispone: "Artículo 18. ...El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto." Por su parte, los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 25, fracción I, 9, 30, 107 al 117, 122 y 130 al 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen lo siguiente: "Artículo 1. Objeto de la ley. "La presente ley tiene por objeto: "I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; "II. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal; y, "III. Regular los medios para lograr la reinserción social. "Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y en esta ley." "Artículo 2. Ámbito de aplicación. "Las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y en esta ley. "Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. "En lo conducente y para la aplicación de esta ley deben atenderse también los estándares internacionales." "Artículo 4. Principios rectores del sistema penitenciario. "... "Igualdad. Las personas sujetas a esta ley deben recibir el mismo trato y oportunidades para acceder a los derechos reconocidos por la Constitución, tratados internacionales y la legislación aplicable, en los términos y bajo las condiciones que éstas señalan. No debe admitirse discriminación motivada por origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y con el objeto de anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. "Las autoridades deben velar porque las personas sujetas a esta ley, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad o inimputabilidad deben preverse ajustes razonables al procedimiento cuando son requeridos, así como el diseño universal de las instalaciones para la adecuada accesibilidad. ..." "Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario. "Las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, siempre y cuando éstos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. "Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: "I. Recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en prejuicios por razón de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana; "II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el centro penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al centro penitenciario o que la persona sea remitida a un centro de salud público en los términos que establezca la ley; "III. Recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud; "IV. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de esta ley; "V. Ser informada de sus derechos y deberes, desde el momento en que sea internada en el centro, de manera que se garantice el entendimiento acerca de su situación. La información deberá ser proporcionada conforme al artículo 38 de esta ley y a las demás disposiciones aplicables; "VI. Recibir un suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal; "VII. Recibir un suministro de artículos de aseo diario necesarios; "VIII. Acceder al régimen de visitas en términos del artículo 59 de esta ley; "IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes; "X. Toda persona privada de la libertad tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica; "XI. A participar en la integración de su plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de la libertad, en el marco de las condiciones de operación del centro penitenciario; "XII. Los demás previstos en la Constitución, tratados y las demás disposiciones legales aplicables. "Toda limitación de derechos sólo podrá imponerse cuando tenga como objetivo garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras, en su caso, la limitación se regirá por los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad." "Artículo 25. Competencias del Juez de ejecución. "En las competencias a que se refiere el artículo anterior, el Juez de ejecución deberá observar lo siguiente: "I. Garantizar a las personas privadas de la libertad, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los tratados internacionales, demás disposiciones legales y esta ley; ..." "Artículo 30. Condiciones de internamiento. "Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. "Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas." "Artículo 107. Peticiones administrativas. "Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." "Artículo 108. Legitimación. "Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los centros a: "I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; "II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; "III. Los visitantes; "IV. Los defensores públicos o privados; "V. El Ministerio Público; "VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y "VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas." "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones. "Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta ley, a fin de que la autoridad penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. "Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad." "Artículo 110. Formulación de la petición. "Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. "La autoridad administrativa del centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. "En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas." "Artículo 111. Acuerdo de inicio. "Una vez recibida la petición, la autoridad penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. "En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada." "Artículo 112. Trámite del procedimiento. "Una vez admitida la petición, el director del centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. "La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición." "Artículo 113. Acumulación de peticiones. "Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado." "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas. "El director del centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. "Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de ejecución podrá plantearse en cualquier momento. "Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el Juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el Juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. "La autoridad penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito." "Artículo 115. Casos urgentes. "Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de ejecución para plantear su petición. "En este caso, el Juez de ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de ejecución determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria. "Cuando los Jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." "Capítulo IV "Controversias ante el Juez de ejecución "Artículo 116. Controversias. "Los Jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: "I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; "II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; "III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; "IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y "V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad." "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. "Los sujetos legitimados por esta ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de control o de ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: "I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; "II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; "III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente; y, "IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. "En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. "Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del centro, no requerirán autorización previa del Juez de ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada." "Artículo 122. Formulación de la controversia. "La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. "El Juez de ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto." . Artículo 127. Resolución El Juez de Ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final. En la resolución el juez deberá pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados. Artículo 128. Efectos generales Los jueces de ejecución podrán dar efectos generales a las resoluciones relativas a las condiciones de internamiento, extendiendo sus efectos a todas las personas privadas de la libertad que se encuentren en las mismas condiciones que motivaron la resolución. El juez establecerá un calendario para la instrumentación progresiva de la resolución, previa audiencia a las partes. Artículo 129. Ejecución de la resolución La resolución definitiva se ejecutará una vez que quede firme. Transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la Autoridad Penitenciaria, el Juez de Ejecución, de oficio o a petición de parte, requerirá a la autoridad el cumplimiento de la misma. Cuando la Autoridad Penitenciaria manifieste haber cumplido con la resolución respectiva, el Juez de Ejecución notificará tal circunstancia al promovente, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga; transcurrido dicho término sin que hubiese objeción, el Juez de Ejecución dará por cumplida la resolución y ordenará el archivo del asunto. Cuando el interesado manifieste su inconformidad en el cumplimiento de la resolución, el Juez de Ejecución notificará a la Autoridad Penitenciaria tal inconformidad por el término de tres días para que manifieste lo que conforme a derecho corresponda y transcurrido el mismo, se resolverá sobre el cumplimiento o no de la resolución. Cuando la autoridad informe que la resolución sólo fue cumplida parcialmente o que es de imposible cumplimiento, el juez, si considera que las razones no son fundadas ni motivadas, dará a la Autoridad Penitenciaria un término que no podrá exceder de tres días para que dé cumplimiento a la resolución, de no hacerlo se aplicarán las medidas de apremio que correspondan. Cuando la Autoridad Penitenciaria alegue imposibilidad material o económica para el cumplimiento total o parcial de la resolución, el Juez de Ejecución, escuchando a las partes, fijará un plazo razonable para el cumplimiento. Cuando la Autoridad Penitenciaria responsable del Centro no cumpliere dentro del plazo establecido, el juez requerirá a sus superiores jerárquicos por su cumplimiento aplicando, en su caso, las medidas de apremio conducentes. "Artículo 130. Revocación. "El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta ley. "El objeto de este recurso será que el mismo Juez de ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. "Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. "Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien (sic) de desahogada la audiencia conforme al código, o de haber transcurrido el término concedido." "Artículo 131. Apelación. "El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla." "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación. "El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: "I. Desechamiento de la solicitud; "II. Modificación o extinción de penas; "III. Sustitución de la pena; "IV. Medidas de seguridad; "V. Reparación del daño; "VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; "VII. Traslados; "VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y "IX. Las demás previstas en esta ley." "Artículo 133. Efectos de la apelación. "La interposición del recurso de apelación durante la tramitación del asunto no suspende éste." "Artículo 134. Emplazamiento y remisión. "Interpuesto el recurso, el Juez de ejecución correrá traslado a las partes para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga, y en su caso, ejerciten su derecho de adhesión. "Una vez realizado el traslado, la unidad de gestión remitirá dentro de las veinticuatro horas siguientes las actuaciones al tribunal de alzada que corresponda." "Artículo 135. Tramitación y resolución de la apelación. "En el auto que se tengan por recibidas las actuaciones enviadas por el Juez de ejecución, se determinará si el recurso fue interpuesto en tiempo, si la persona tiene derecho de recurrir y si el auto impugnado es apelable. "Si fuese necesario el desahogo de una audiencia, el tribunal de alzada en el auto que tuvo por recibidas las actuaciones, señalará día y hora para la celebración de la misma dentro de los cinco días siguientes. En este caso, el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia. "En caso de no darse el supuesto a que se refiere el párrafo anterior el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que tuvo por recibidas las actuaciones." De los preceptos transcritos se advierte que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran: efectuar peticiones o quejas por escrito y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes. (Artículo 9, fracción IX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal) Además, a través de la controversia administrativa, podrá el quejoso impugnar ante el juez de ejecución, las respuestas administrativas relacionadas con cuestiones de internamiento. Una vez promovida la controversia, con independencia de la etapa en la que se encuentre, la legislación en comento establece un sistema recursivo para impugnar las resoluciones de trámite y de fondo, así como el procedimiento de ejecución en caso de haberse resuelto la controversia. Lo anterior revela claramente la existencia de un procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes o impugnaciones de las personas privadas de su libertad, referentes a la vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sean cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta, entre otros. Cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 31/2013 (10a.), al interpretar el concepto de reinserción social, estableció que el propio artículo 18 constitucional prevé una serie de actividades y programas diseñados para permitir a las personas condenadas a una pena privativa de libertad, su regreso a la sociedad, lo cual no es posible "...sin una instrucción previa, creadora o revitalizadora de habilidades y hábitos laborales, así como la atención de la salud, la educación y el deporte". Asimismo, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la citada legislación dispone que si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste: a) Podrá formular controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución; y, b) Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de ejecución podrá plantearse en cualquier momento. También es importante destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender las solicitudes formuladas por las personas privadas de su libertad, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, los promoventes podrán acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar los actos que ahora se reclaman. Hecho lo anterior, el Juez resolverá dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el Juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. De igual manera, el interno también tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación, previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. Finalmente, la Ley Nacional de Ejecución Penal contempla las peticiones relativas a casos urgentes, como lo son las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, entre otras, aquellas relativas a cuando se encuentren en riesgo la vida e integridad física del interno. Cabe mencionar que en casos urgentes, la citada ley establece que la persona privada de la libertad podrá acudir directamente ante el Juez de ejecución a plantear su petición. Hipótesis en que la citada legislación prevé un procedimiento especial, como lo es que el Juez de ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. En el entendido de que cuando el Juez reciba promociones que por su naturaleza no estime que se trate de casos urgentes, las turnará al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Por lo que es inconcuso que existe un procedimiento administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo, pues éste es un medio extraordinario de defensa, es decir, sólo procede cuando el acto reclamado irroga un perjuicio irreparable al quejoso; en el entendido que, no obstante que los actos pudieran requerir atención urgente (por vulnerar el derecho a la salud), no se está en una hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo con motivo de la suspensión, pues como se expuso en párrafos anteriores, la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que en actos urgentes, el Juez de ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. En efecto, el procedimiento administrativo de referencia se encuentra previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal y se encuentra dirigido a todos los internos, sin importar el estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de dicho ordenamiento. Esta situación es relevante, porque la propia ley prevé la instauración de un procedimiento accesorio, tramitado dentro de otro principal. De igual manera, conviene señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, además de contemplar un procedimiento administrativo, también prevé uno de índole jurisdiccional, el que se encuentra previsto en los artículos 116 al 119, de los que se desprende que las personas legitimadas para formular las peticiones administrativas también tienen acción judicial ante el Juez de control o de ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los aspectos previstos en el artículo 117 de la mencionada ley, que dispone: "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. "Los sujetos legitimados por esta ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de control o de ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: "I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; "II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; "III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente; y, "IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. "En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. "Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del centro, no requerirán autorización previa del Juez de ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada." Así las cosas, es dable señalar que, en el caso se actualiza la causa de improcedencia referida, toda vez que el quejoso acude a la vía constitucional a solicitar el amparo y la protección de la Justicia Federal, reclamando la omisión de dar seguimiento a las peticiones planteadas. No obstante, con independencia que el quejoso haya realizado peticiones administrativas, debe sujetarse al procedimiento que la misma Ley Nacional de Ejecución establece. De tal manera que, la Ley Nacional de Ejecución Penal obliga a recorrer y agotar todas las instancias contempladas pues, de lo contrario, en cualquier circunstancia, a criterio del justiciable, podría acudir directamente al juicio de amparo sin agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca, lo cual no es factible desde el punto de vista jurídico. Dicho de otro modo, el interesado debe agotar, previo a la interposición de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias en virtud del ejercicio del recurso ordinario tendente a revocar o modificar el acto lesivo a sus intereses. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, DEFINITIVIDAD DEL.-Para los efectos de la procedencia del amparo, el carácter de definitividad del acto reclamado, debe basarse en la posibilidad o imposibilidad de su impugnación, por medio de un recurso ordinario, pues de no existir ese recurso el acto reclamado es ya una molestia y también una afectación de los derechos de particulares, quienes no pueden dejar transcurrir el término señalado por la ley, ya que el acto queda firme e inatacable por medio del juicio de amparo. Ahora bien, la orden de cancelación de un permiso o autorización, dado que cancelar significa una acción definitiva, es un acto que contiene las características de definitividad, a que se refiere la fracción IX del artículo 107 constitucional, por no existir recurso alguno ordinario en contra de ella." Lo anterior es así, pues con motivo de la entrada en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, y de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se generó un cambio sustancial en el sentido que actualmente, además de la intervención primaria de las autoridades administrativas en cuanto a la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el internamiento de los imputados y el cumplimiento de las sentencias, también están involucrados, particularmente, los Jueces de ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Sumado a ello, se destaca que la reforma constitucional y legal sobre el sistema penitenciario, tuvieron como uno de sus propósitos esenciales involucrar al Juez de ejecución como protector inmediato de los derechos humanos de los internos, conforme se refleja en el artículo 25, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, anteriormente transcrito. Por eso, las controversias sobre la situación de los internos, por regla general, deben ser del conocimiento del Juez de ejecución pues, de otro modo, no tendrían efecto útil las disposiciones de la ley en comento, y serían obsoletas, en tanto que se dejaría de cumplir con su objetivo: garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad en forma directa e inmediata. Además, se dejaría de observar que el ánimo de la reforma es garantizar con celeridad esa protección, ya que el procedimiento respectivo es breve, dado que el Juez de ejecución tiene la obligación de resolver en un plazo de setenta y dos horas, a fin de que, de ser procedente la acción, la autoridad penitenciaria dé respuesta de fondo a la petición formulada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.), del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, referida en párrafos anteriores, de rubro y texto siguientes: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011.-Con la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, al ponerse de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país si la ejecución de las penas seguía bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo; de ahí que para lograr esa transformación se decidió reestructurar el sistema, circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, para lo cual se creó la figura de los 'Jueces de ejecución de sentencias', que dependen del correspondiente Poder Judicial. Lo anterior pretende, por un lado, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, pues será en definitiva el Poder Judicial, de donde emanó dicha resolución, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada en la ejecutoria y, por otro, acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la reforma constitucional, quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena y situaciones conexas." Sin que el caso, exista excepción al principio de definitividad, ya que en los párrafos segundo y tercero de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se establece que no existe la carga procesal de agotar los recursos o medios de defensa si el acto reclamado: a) carece de fundamentación, b) cuando solamente se aleguen violaciones directas a la Constitución, o c) cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia. El supuesto de excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, relativo a que se argumenten, exclusivamente, violaciones directas a la Constitución, no se actualiza por el simple hecho que en la demanda de amparo se afirme que con el acto reclamado se transgreden en perjuicio del quejoso determinados artículos de la Carta Magna, sino que es necesario que el juzgador identifique en los conceptos de violación la fuente del derecho que se defiende y, dependiendo de cuál sea, verifique si la totalidad de los argumentos planteados se encuentran o no dirigidos a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado con motivo de la vulneración a prerrogativas expresamente establecidas en algún artículo de la Constitución. La excepción en análisis presupone que en la demanda de amparo se hagan valer exclusivamente violaciones directas a la Carta Magna; por tanto, si en la demanda de amparo indirecto se plantean temas de legalidad y violaciones directas a preceptos constitucionales, esta circunstancia no releva al afectado de la obligación de agotar los medios de defensa ordinarios que prevea la ley del acto pues, de lo contrario, imperaría el arbitrio del quejoso quien, por el solo hecho de alegar algunas violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo, o promover los mecanismos ordinarios que la ley secundaria establezca. De ahí que no se actualiza la excepción a la definitividad, consistente en la violación directa a la Constitución Federal, en razón que el quejoso también reclamó además de violaciones directas a los invocados preceptos constitucionales, violaciones a leyes secundarias. Así, para que opere la excepción al principio de definitividad, es necesario que con toda claridad el quejoso se coloque en el supuesto correspondiente sin necesidad de interpretaciones forzadas a lo que dice. En ese orden de ideas, existe un sistema recursivo para lograr que la autoridad penitenciaria de respuesta de fondo a las peticiones formuladas. De ahí que no se actualiza la excepción a la definitividad consistente en la violación directa a la Constitución Federal, en razón de que el quejoso también reclamó, además de violaciones directas a los invocados preceptos constitucionales, violaciones a leyes secundarias. Cabe señalar que el quejoso no está relevado de la carga de agotar el recurso ordinario pues, de lo contrario, imperaría el arbitrio del quejoso, quien por el solo hecho de expresar que existe violación directa a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa. Es aplicable la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I. Tesis: 1a./J. 79/2018 (10a.), Página: 230, de rubro y texto: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." No pasa inadvertido para este juzgador las manifestaciones que el quejoso realiza en su demanda de amparo, en el sentido de que es sujeto a tratos crueles e inhumanos, no obstante ello, no se realiza pronunciamiento alguno al respecto, debido a que dichos actos los reclama como consecuencia de la falta de atención médica, de la cual, -como ya se dijo- existe un sistema recursivo para lograr que la autoridad penitenciaria de respuesta de fondo a las peticiones formuladas, pues no se advierte que esté comprometida su integridad. Sin que pase desapercibido que el artículo 4 constitucional en relación con el 1°, permiten optimizar los derechos fundamentales del quejoso, en relación a la salud, pero, como se precisó, tratándose de cuestiones urgentes, incluso pueden acudir al juez de ejecución, quien puede suspender el acto en los términos precisados en la Ley Nacional de Ejecución Penal o de haber resultado procedente la controversia vigilar su cumplimiento. Notifíquese personalmente.

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