Juan Roberto Hernández Olguín
Expediente 1032/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1032/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Juan Roberto Hernández Olguín
Actuaciones
- Principal
1. Declara firme. Visto el cómputo realizado por la Secretaría, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de garantías; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, decrétese el valor correspondiente de este expediente judicial, y archívese este asunto como concluido. 2.1 Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en la fracción IV del numeral 20 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 2.2 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción de este asunto. 2.3 Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 34 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá plasmar mediante sello en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial
- Principal
1. Promoción. Agréguense a los autos los escritos signados electrónicamente por *****, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, mediante los cuales solicita acceso a la consulta vía electrónica del presente juicio de amparo y proporciona correo electrónico. 1.1 Correo electrónico. Téngase a la promovente proporcionando correo electrónico para efectos de lograr comunicación de carácter no procesal. 1.2 Consulta vía electrónica. Respecto a la solicitud de consulta vía electrónica, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto se proporcione un usuario para realizar la autorización correspondiente.
- Principal
1. Demanda. Téngase por recibido el escrito de demanda enviado vía electrónica a nombre de Gerardo Flores Martínez, quien se ostenta defensor particular de.firmado electrónicamente por Karen Marchan Esparza (a quien designa como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo), mediante el cual promueve demanda de amparo contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral de Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza y otra autoridad. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 1032/2023, en el libro de control del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Sobre la procedencia de la demanda. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 1131 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se obtiene que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/42 . La jurisprudencia invocada indica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, en el caso a estudio, esta demanda de amparo se presentó a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, carece de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), del quejoso directo . o de quien se ostenta como su defensor particular Gerardo Flores Martínez. 3.1 Improcedencia de la demanda de amparo. En esas condiciones, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6, y 3, cuarto y quinto párrafo, estos últimos a contrario sensu, de la Ley de Amparo.3 3.2 Falta de firma electrónica. Lo anterior, toda vez que legalmente no hay manifestación de voluntad para acudir a la instancia constitucional. De acuerdo con los artículos invocados, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; esto es, sólo puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la legislación de la materia, por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en dicha legislación. En este sentido, tomando en cuenta que la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos y, toda vez que la demanda de amparo no cuenta con la firma electrónica del quejoso. o de quien se ostenta como su defensor particular Gerardo Flores Martínez, debe considerarse que no exteriorizó su voluntad para acudir a la vía constitucional; es decir, no hay instancia de parte. Conforme a los lineamientos del artículo 76, párrafo segundo, en relación con los diversos 59 y 64, todos del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso, o en su caso, quién promovió la demanda, debe contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la misma, que es equiparable a un documento de identidad con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. En efecto, la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Sin que tal requisito pueda suplirse con la firma electrónica de la persona que el quejoso señala como autorizado en su escrito de demanda, ni con la firma autógrafa del impetrante, en virtud de que dicha acción fue intentada por la vía electrónica. Aunado a que en el caso en particular, no nos encontremos en el supuesto de excepción a que se refiere el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo, conforme al cual no se requerirá la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 del mismo ordenamiento legal, toda vez que, en esencia, los actos que se pretenden reclamar en el presente asunto es la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada emitida en audiencia de control de detención de veintiocho de septiembre del año en curso, no obstante, quien firma la demanda electrónicamente no se ostenta con carácter de defensor y del contenido de la demanda no se advierte que el aquí quejoso se encuentre impedido para promover el presente juicio de amparo. 4. Desechamiento. En esas condiciones, al ser patente y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6 y 3, cuarto y quinto párrafo, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que se estudia. 4.1 Criterios legales. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a)4 pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.)5 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación En efecto, la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Sin que tal requisito pueda suplirse con la firma electrónica de la persona que el quejoso señala como autorizado en su escrito de demanda, ni con la firma autógrafa del impetrante, en virtud de que dicha acción fue intentada por la vía electrónica. Aunado a que en el caso en particular, no nos encontremos en el supuesto de excepción a que se refiere el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo, conforme al cual no se requerirá la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 del mismo ordenamiento legal, toda vez que, en esencia, los actos que se pretenden reclamar en el presente asunto es la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada emitida en audiencia de control de detención de veintiocho de septiembre del año en curso, no obstante, quien firma la demanda electrónicamente no se ostenta con carácter de defensor y del contenido de la demanda no se advierte que el aquí quejoso se encuentre impedido para promover el presente juicio de amparo. 4. Desechamiento. En esas condiciones, al ser patente y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6 y 3, cuarto y quinto párrafo, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que se estudia. 4.1 Criterios legales. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a)4 pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.)5 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Al respecto, se invoca el amparo en revisión 14/2022 del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con sede en Saltillo. 5. Domicilio y autorizados para notificaciones. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en el Centro de Readaptación Social en esta ciudad. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gerardo Flores Martínez y Karen Marchan Esparza, por tener sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales y únicamente para oír y recibir notificaciones a Brenda Michelle Carmona Reyes, por así haberlo solicitado. 6. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 7. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley.
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