Juan Roberto Gonzalez Corona

Expediente 858/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 28 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
858/2020
Año
2020
Actuaciones
28
Última actuación
16/05/2022

Partes del expediente

  • Juan Roberto Gonzalez Corona

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Se declara auto consentido. Visto el estado de autos, particularmente la certificación de cuenta que antecede, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad en contra del auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que del libro de recibo de correspondencia oficial que se lleva en este juzgado, no obra registrada promoción mediante la cual se interponga dicho recurso; en consecuencia, se declara consentido el acuerdo de referencia. Archivo definitivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Depuración. Acorde al artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que el veintiséis de julio de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, misma que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en resolución de veintisiete de enero del año en curso, dentro del amparo en revisión 391/2021, este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto del Acuerdo General, lo cual deberá realizarse dentro de los noventa días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Transferencia. Hecho lo anterior, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Cuadernos incidentales. De igual manera y toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el que se concedió la medida cautelar solicitada; en consecuencia, glósese el cuaderno original de dicho incidente, mismo que también es susceptible de depuración, una vez que transcurran más de tres años conforme a lo previsto en el punto del Acuerdo General referido, sin que en dicho cuaderno obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Asimismo, archívese por separado el duplicado del incidente y con fundamento en el punto artículo 20 del citado Acuerdo General, se declara que el mismo es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá una vez que se cumplan seis meses contados a partir de su archivo como asunto concluido, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado el plazo en comento, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Glósese copia autorizada del presente proveído en el cuaderno duplicado del incidente, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Relevancia documental. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como mediante oficios que se remitan a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Arturo Itzcóatl Hernández García, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL TERCERO INTERESADO ERNESTO ARTURO TORRES ESCOBAR, LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, este Juzgado procede a analizar si la ejecutoria dictada en el mismo se encuentra cumplida. Antecedentes. A efecto de iniciar el estudio propuesto, debe tenerse presente que: 1. El veintiséis de julio de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente asunto, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos de que la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado: "1. Deje insubsistente la sentencia que emitió el once de octubre de dos mil diecinueve, dentro del toca 691/2019, en la que confirmó la interlocutoria de cinco de julio del año en cita, emitida por el Juez Tercero del Ramo Civil de esta ciudad, dentro del juicio civil hipotecario, expediente 75/2017, a través de la cual se declaró fincado el remate y se adjudicó a favor de Ernesto Arturo Torres Escobar, ahora tercero interesado, el bien inmueble sacado a remate. 2. Dicte una nueva determinación, con plenitud de jurisdicción, observando el principio de congruencia interna que toda resolución jurisdiccional debe de reunir.". 2. En contra de esa determinación, el tercero interesado Ernesto Arturo Torres Escobar, interpuso el recurso de revisión, correspondiendo conocer del mismo al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mismo que, en el fallo emitido en sesión de veintisiete de enero de dos mil veintidós, dentro del expediente de amparo en revisión 391/2021, determinó confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso. 3. Por lo que, una vez que se recibió el testimonio respectivo, mediante auto de quince de febrero del año en curso, en el mismo también se ordenó requerir a la sala responsable, por el cumplimiento a dicha ejecutoria. Informe sobre el cumplimiento. Mediante oficios recibidos el veintiuno de febrero del año que transcurre, el Presidente de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, transcribió el auto dictado el dieciocho de ese mismo mes y año y asimismo, remitió copia certificada de la resolución dictada el dieciocho del mes y año en cita dentro del toca 691/2019, de su índice, con lo que queda demostrado que: (i) En el proveído dictado en esa data, se ordenó dejar insubsistente la sentencia que emitió el once de octubre de dos mil diecinueve. (ii) Dictó una nueva determinación con plenitud de jurisdicción, en acatamiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, esto es, observando el principio de congruencia interna que toda resolución jurisdiccional debe de reunir. Lo anterior se estima así, en virtud de que, en el estudio de fondo realizado por este órgano jurisdiccional en el considerando séptimo de la sentencia definitiva, se destacó la violación al principio de congruencia aludido, a razón de que, en la resolución reclamada se observaba que, mientras por una parte se consideraba que a partir del ocho de marzo de dos mil diecinueve, había empezado a correr el plazo de cinco días que establece el artículo 481.12 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para que las partes del juicio exhibieran el avalúo relativo al inmueble sujeto a remate, por otra, indicaba que ese término inició el cuatro de marzo de dos mil diecinueve y concluyó el ocho siguiente, lo cual resultaba incongruente entre sí, pues no era ni fáctica ni jurídicamente posible que el referido plazo de cinco días iniciara a partir del cuatro de marzo y posteriormente el ocho siguiente hubiese concluido el mismo, lo anterior además, sin justificar legalmente el sentido de la sentencia en esa parte. Luego, en la nueva determinación, al abordar dicho tópico, la responsable expuso los motivos y fundamentos legales por los cuales consideró infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por el apelante, aquí quejoso, tal como se puede observar de las fojas 13 a 23 del testimonio certificado de esa nueva resolución, emitida el dieciocho de febrero del año en curso. Pues en ella se observa, por cuanto hace al tema abordado, que si bien el apelante expone que el auto de ocho de marzo de dos mil diecinueve es ilegal por incongruente, porque la actora en su escrito de cinco de marzo de ese mismo año nunca peticionó que la sentencia fuera ejecutable o que se diera inicio a la etapa de ejecución, ya que sólo se limitó a solicitar que se procediera al trance y remate del bien hipotecado y a exhibir el avalúo correspondiente, y que por ello, el juez debió acordar de manera congruente negando la petición por extemporánea. Estimando infundado lo anterior, porque aún y cuando la actora en su escrito de cinco de marzo de dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 481.12 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, inicia peticionando el trance y remate del bien inmueble materia del juicio principal, exhibiendo para tal efecto el avalúo necesario para lo primero, cierto es -dijo-, que dicha petición la actora la motivó con el argumento de que ello era porque había fenecido el término concedido al demandado para que diera cumplimiento voluntario a la sentencia de primera instancia. Determinación sobre el cumplimiento. Ante tal situación, este juzgado considera que se encuentra acreditado por parte de la autoridad responsable, el cumplimiento al fallo protector, al haber atendido los lineamientos del mismo, sin que respecto del sentido de lo resuelto pueda realizarse mayor pronunciamiento, ya que el que aquí se hace, debe ser de manera lisa y llana. Lo anterior encuentra aplicación en la Jurisprudencia publicada con la clave 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.". Notifíquese personalmente a las partes; por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y mediante oficio que se remita a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Arturo Itzcóatl Hernández García, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, este Juzgado procede a analizar si la ejecutoria dictada en el mismo se encuentra cumplida. Antecedentes. A efecto de iniciar el estudio propuesto, debe tenerse presente que: 1. El veintiséis de julio de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente asunto, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos de que la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado: "1. Deje insubsistente la sentencia que emitió el once de octubre de dos mil diecinueve, dentro del toca 691/2019, en la que confirmó la interlocutoria de cinco de julio del año en cita, emitida por el Juez Tercero del Ramo Civil de esta ciudad, dentro del juicio civil hipotecario, expediente 75/2017, a través de la cual se declaró fincado el remate y se adjudicó a favor de Ernesto Arturo Torres Escobar, ahora tercero interesado, el bien inmueble sacado a remate. 2. Dicte una nueva determinación, con plenitud de jurisdicción, observando el principio de congruencia interna que toda resolución jurisdiccional debe de reunir.". 2. En contra de esa determinación, el tercero interesado Ernesto Arturo Torres Escobar, interpuso el recurso de revisión, correspondiendo conocer del mismo al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mismo que, en el fallo emitido en sesión de veintisiete de enero de dos mil veintidós, dentro del expediente de amparo en revisión 391/2021, determinó confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso. 3. Por lo que, una vez que se recibió el testimonio respectivo, mediante auto de quince de febrero del año en curso, en el mismo también se ordenó requerir a la sala responsable, por el cumplimiento a dicha ejecutoria. Informe sobre el cumplimiento. Mediante oficios recibidos el veintiuno de febrero del año que transcurre, el Presidente de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, transcribió el auto dictado el dieciocho de ese mismo mes y año y asimismo, remitió copia certificada de la resolución dictada el dieciocho del mes y año en cita dentro del toca 691/2019, de su índice, con lo que queda demostrado que: (i) En el proveído dictado en esa data, se ordenó dejar insubsistente la sentencia que emitió el once de octubre de dos mil diecinueve. (ii) Dictó una nueva determinación con plenitud de jurisdicción, en acatamiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, esto es, observando el principio de congruencia interna que toda resolución jurisdiccional debe de reunir. Lo anterior se estima así, en virtud de que, en el estudio de fondo realizado por este órgano jurisdiccional en el considerando séptimo de la sentencia definitiva, se destacó la violación al principio de congruencia aludido, a razón de que, en la resolución reclamada se observaba que, mientras por una parte se consideraba que a partir del ocho de marzo de dos mil diecinueve, había empezado a correr el plazo de cinco días que establece el artículo 481.12 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para que las partes del juicio exhibieran el avalúo relativo al inmueble sujeto a remate, por otra, indicaba que ese término inició el cuatro de marzo de dos mil diecinueve y concluyó el ocho siguiente, lo cual resultaba incongruente entre sí, pues no era ni fáctica ni jurídicamente posible que el referido plazo de cinco días iniciara a partir del cuatro de marzo y posteriormente el ocho siguiente hubiese concluido el mismo, lo anterior además, sin justificar legalmente el sentido de la sentencia en esa parte. Luego, en la nueva determinación, al abordar dicho tópico, la responsable expuso los motivos y fundamentos legales por los cuales consideró infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por el apelante, aquí quejoso, tal como se puede observar de las fojas 13 a 23 del testimonio certificado de esa nueva resolución, emitida el dieciocho de febrero del año en curso. Pues en ella se observa, por cuanto hace al tema abordado, que si bien el apelante expone que el auto de ocho de marzo de dos mil diecinueve es ilegal por incongruente, porque la actora en su escrito de cinco de marzo de ese mismo año nunca peticionó que la sentencia fuera ejecutable o que se diera inicio a la etapa de ejecución, ya que sólo se limitó a solicitar que se procediera al trance y remate del bien hipotecado y a exhibir el avalúo correspondiente, y que por ello, el juez debió acordar de manera congruente negando la petición por extemporánea. Estimando infundado lo anterior, porque aún y cuando la actora en su escrito de cinco de marzo de dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 481.12 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, inicia peticionando el trance y remate del bien inmueble materia del juicio principal, exhibiendo para tal efecto el avalúo necesario para lo primero, cierto es -dijo-, que dicha petición la actora la motivó con el argumento de que ello era porque había fenecido el término concedido al demandado para que diera cumplimiento voluntario a la sentencia de primera instancia. Determinación sobre el cumplimiento. Ante tal situación, este juzgado considera que se encuentra acreditado por parte de la autoridad responsable, el cumplimiento al fallo protector, al haber atendido los lineamientos del mismo, sin que respecto del sentido de lo resuelto pueda realizarse mayor pronunciamiento, ya que el que aquí se hace, debe ser de manera lisa y llana. Lo anterior encuentra aplicación en la Jurisprudencia publicada con la clave 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.". Notifíquese personalmente a las partes; por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y mediante oficio que se remita a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Arturo Itzcóatl Hernández García, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA ERNESTO ARTURO TORRES ESCOBAR, LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Recepción de oficios. Agréguense a los autos los oficios de cuenta y anexo que remite el Presidente de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante los cuales rinde informe respecto del cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, corriéndole traslado con copia de los oficios señalados, así como del anexo certificado que se acompaña, para que manifiesten lo que a su derecho convenga; en la inteligencia que, transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia. Notifíquese personalmente y por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Arturo Itzcóatl Hernández García, Secretario que autoriza y da fe.

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