Juan Roberto Carlos Serrano Rivera y Otros.

Expediente 1296/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1296/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
19/07/2016

Partes del expediente

  • Juan Roberto Carlos Serrano Rivera y Otros.
  • Manuel González Turcio y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos los autos y la certificación secretarial, se desprende, que transcurrió el plazo de cinco días, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme. En consecuencia, archívese el presente juicio como definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. Se precisa que el presente expediente es susceptible de ser destruido y no es de relevancia documental; asimismo, este expediente deberá conservarse en el archivo de este Juzgado por el término de tres años a partir de esta fecha. Finalmente, toda vez de que en el presente expediente obran documentos catalogados como originales, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días se presente en el local de este Juzgado a recogerlos; haciendo de su conocimiento que de no hacerlo, en su oportunidad serán destruidos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Resolución judicial.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a los quejosos, el auto de cuatro de julio de dos mil dieciseis, en el que: "Vista la demanda de amparo promovida en contra del acto de la Junta Especial Número Catorce de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y su Presidente. Fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1296/2016-VI, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se procede analizar en su integridad la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. De la lectura del acto reclamado, antecedentes y conceptos de violación expresados en la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama el auto de catorce de junio de dos mil dieciséis, dictado en el expediente laboral 76/2015, en el que se fijó el dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, como fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Al respecto, este Juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 77, este último en sentido contrario, ante la imposibilidad jurídica de restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos ante una eventual concesión de amparo, por circunstancias de tiempo que subyacen al trámite y resolución del propio juicio biinstancial. En el caso, el acto reclamado es el acuerdo en el cual se señaló como fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, el dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, pues aduce la parte quejosa que esa data se encuentra fuera de los plazos establecidos en la ley. Al respecto, el suscrito advierte que aun cuando es evidente que la fecha señalada es ilegal, porque no se fijó dentro de los quince días siguientes, como lo dispone el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo, lo cierto es que los efectos de una sentencia protectora no podrían concretarse, en razón de que para la fecha en la cual la autoridad responsable estaría obligada a dar cumplimiento a la sentencia de amparo, la data señalada para la celebración de la audiencia en el juicio natural estaría rebasada. Ello es así, pues en el supuesto de que la demanda de amparo se admitiera, conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo, este Juzgado deberá fijar fecha para la celebración de la audiencia constitucional dentro de los treinta días hábiles siguientes, es decir, para el doce de agosto de dos mil dieciséis, aproximadamente. Luego, para el hipotético supuesto de que durante el trámite del juicio no acaeciera algún motivo legal que pudiera generar el diferimiento de la audiencia constitucional, se emitiría la sentencia correspondiente ese mismo día doce de agosto del año en curso, la cual se notificaría por medio de lista que se publicara en este juzgado el quince del mismo mes y año; notificación que surtiría sus efectos precisamente, el dieciséis de agosto de esta anualidad (fecha fijada por la Junta responsable en el acto reclamado). En las relatadas circunstancias, dicho fallo podría hacerse exigible hasta que transcurriera el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes interpongan recurso de revisión, por lo cual, la sentencia se notificaría a las partes el quince de agosto de esta anualidad y el plazo para su impugnación transcurriría del diecisiete al treinta de agosto, ambos de dos mil dieciséis. Así las cosas, una vez que transcurriera dicho lapso, el treinta y uno de agosto del presente año, se procedería a emitir el acuerdo para requerir el cumplimiento a la autoridad responsable. De ese modo, si el auto en el cual se requeriría a la autoridad su cumplimiento, se le notificaría mediante oficio entregado al día siguiente, esto es, el uno de septiembre del actual y se le otorgaría un plazo de tres días para tal efecto que fenecería el seis del mismo mes y año, resultaría contrario a la finalidad perseguida por la parte quejosa, obligar a la responsable a dejar insubsistente el acuerdo reclamado para que emitiera otro en el que señalara una data más cercana para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Por ende, en caso de proceder así, incluso se ocasionaría con la sentencia protectora una dilación mayor en el trámite del juicio natural, pues para que la audiencia de mérito pudiera llevarse a cabo, además sería necesario que se notificara a las partes con anticipación la nueva fecha que se fijara para tal efecto, todo lo cual difícilmente podría llevarse a cabo antes del dieciséis de agosto de este año, de ahí que la admisión de la demanda atentaría contra los postulados restitutorios del juicio de amparo. En consecuencia, al quedar en evidencia que no sería posible concretar los efectos de una sentencia protectora, con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, 6 y 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la demanda. Ahora, en atención a lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizadas con todas las facultades que dicho precepto legal confiere, a las personas señaladas en el escrito de demanda, al tratarse de la parte trabajadora quien promueve el presente juicio. Desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto, con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Se hace del conocimiento de las partes que, a fin de respetar el derecho a la intimidad, en la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información que por normativa se clasifique como reservada, confidencial o datos personales. Notifíquese personalmente al promovente. "

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