Juan Roberto Abarca Araujo
Expediente 1/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado
- Juan Roberto Abarca Araujo
- Universidad Autónoma de Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA, en el juicio de garantías, ha causado ejecutoria; hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la citada ley archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, y toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental, sin que se advierta de autos documento alguno en original exhibido por las partes; hipótesis contenida en la fracción II, punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; por tanto, el presente expediente es susceptible de ser destruido.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la autoridad responsable de cuenta, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido el informe justificado. Téngase por designado como delegado de su parte al profesionista que al efecto señala la autoridad de cuenta, en términos de lo dispuesto por el artículo 9 de la ley de Amparo. Ahora bien, de las constancias que envió la autoridad responsable se advierte una causal de improcedencia, con la cual el acto reclamado ha cesado en sus efectos, pues se aprecia la cédula de notificación de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, realizada a la parte actora del proveído de tres de diciembre de dos mil quince, en el que acordó el escrito de dieciocho de mayo del mismo año, dentro del expediente D.O. 069/2003; en consecuencia, dictó auto de requerimiento de pago y/o embargo en contra del demandado, comisionándose de manera indistinta al Actuario y/o Secretario de Acuerdos adscritos a esa Junta laboral para que se constituyan en el domicilio señalado en autos de la Universidad Autónoma de Guerrero y le requieran de pago; asimismo, para el caso de una negativa se le embarguen bienes suficientes, propiedad de la demandada para garantiza el monto total de la condena. En relación a lo anterior, el que suscribe considera que el acto reclamado consistente medularmente en la omisión de acordar lo relativo al auto de requerimiento de pago y comisionar al Actuario de su adscripción para llevarlo a cabo; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo vigente, que establece la hipótesis de que cuando los efectos del acto que reclama un quejoso se interrumpen o finalizan, es decir, se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo, entonces el juicio de amparo es improcedente. Ilustra a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". (Jurisprudencia 103, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, páginas 81 y 82, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Novena Época). A su vez, de las constancias que remitió la autoridad responsable con su oficio recibido el veintiséis de enero del año en curso, se observa que el diecinueve de enero del presente año, se notificó a la parte actora el proveído de tres de diciembre de dos mil quince, dentro del expediente laboral D.O. 069/2003, en el que acordó lo relativo al auto de ejecución, comisionó al Actuario de su adscripción para que en compañía de la parte actora, en cualquier día y hora hábil se constituyan a desahogar la diligencia de requerimiento de pago. De tal manera, es evidente que los efectos de la omisión combatida desaparecieron, pues al haber dictado el indicado auto y notificado a su vez, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo vigente, y por ello se procede a sobreseer fuera de audiencia el presente sumario constitucional, con fundamento en el numeral 61, fracción V del mismo ordenamiento legal. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". (Registro No. 196820, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Febrero de 1998, Página: 210, Tesis: 2a./J. 9/98, Jurisprudencia, Materia(s): Común). Cabe apuntar que, este Juzgador se encuentra imposibilitado de analizar la legalidad del auto de tres de diciembre de dos mil quince, al no formar parte de la litis constitucional, así como las subsecuentes condiciones de retardo u omisión del trámite del expediente natural que se originen debido que la autoridad responsable no ejecute el laudo condenatorio, pues, de lo contrario, se contravendrías los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 63, 65 y 74 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior la tesis siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". (Décima Época, Registro: 2005150, Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 2a. CV/2013 (10a.), Página: 732). En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional la cual fue programada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS. Comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales conducentes; y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la autoridad responsable de cuenta, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido el informe justificado. Téngase por designado como delegado de su parte al profesionista que al efecto señala la autoridad de cuenta, en términos de lo dispuesto por el artículo 9 de la ley de Amparo. Ahora bien, de las constancias que envió la autoridad responsable se advierte una causal de improcedencia, con la cual el acto reclamado ha cesado en sus efectos, pues se aprecia la cédula de notificación de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, realizada a la parte actora del proveído de tres de diciembre de dos mil quince, en el que acordó el escrito de dieciocho de mayo del mismo año, dentro del expediente D.O. 069/2003; en consecuencia, dictó auto de requerimiento de pago y/o embargo en contra del demandado, comisionándose de manera indistinta al Actuario y/o Secretario de Acuerdos adscritos a esa Junta laboral para que se constituyan en el domicilio señalado en autos de la Universidad Autónoma de Guerrero y le requieran de pago; asimismo, para el caso de una negativa se le embarguen bienes suficientes, propiedad de la demandada para garantiza el monto total de la condena. En relación a lo anterior, el que suscribe considera que el acto reclamado consistente medularmente en la omisión de acordar lo relativo al auto de requerimiento de pago y comisionar al Actuario de su adscripción para llevarlo a cabo; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo vigente, que establece la hipótesis de que cuando los efectos del acto que reclama un quejoso se interrumpen o finalizan, es decir, se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo, entonces el juicio de amparo es improcedente. Ilustra a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". (Jurisprudencia 103, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, páginas 81 y 82, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Novena Época). A su vez, de las constancias que remitió la autoridad responsable con su oficio recibido el veintiséis de enero del año en curso, se observa que el diecinueve de enero del presente año, se notificó a la parte actora el proveído de tres de diciembre de dos mil quince, dentro del expediente laboral D.O. 069/2003, en el que acordó lo relativo al auto de ejecución, comisionó al Actuario de su adscripción para que en compañía de la parte actora, en cualquier día y hora hábil se constituyan a desahogar la diligencia de requerimiento de pago. De tal manera, es evidente que los efectos de la omisión combatida desaparecieron, pues al haber dictado el indicado auto y notificado a su vez, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo vigente, y por ello se procede a sobreseer fuera de audiencia el presente sumario constitucional, con fundamento en el numeral 61, fracción V del mismo ordenamiento legal. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". (Registro No. 196820, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Febrero de 1998, Página: 210, Tesis: 2a./J. 9/98, Jurisprudencia, Materia(s): Común). Cabe apuntar que, este Juzgador se encuentra imposibilitado de analizar la legalidad del auto de tres de diciembre de dos mil quince, al no formar parte de la litis constitucional, así como las subsecuentes condiciones de retardo u omisión del trámite del expediente natural que se originen debido que la autoridad responsable no ejecute el laudo condenatorio, pues, de lo contrario, se contravendrías los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 63, 65 y 74 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior la tesis siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". (Décima Época, Registro: 2005150, Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 2a. CV/2013 (10a.), Página: 732). En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional la cual fue programada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS. Comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales conducentes; y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno.
- Principal
SE ADMITE LA DEMANDA DE GARANTIAS SIN INCIDENTE DE SUSPENSION... PIDANSE INFORMES JUSTIFICADOS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES...SE FIJAN LAS DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISEIS, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...PÍDASE INFORME JUSTIFICADO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SE APERCIBE AL QUEJOSO QUE SI LA AUTORIDADES RESPONSABLES SEÑALADAS NO EXISTEN CON LA DENOMINACIÓN QUE INDICA EN SU ESCRITO DE GARANTIAS, SIN MAYOR TRAMITE SE LE TENDRA POR INEXISTENTE, TÉNGASE COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EL QUE INDICA, Y POR AUTORIZADOS A LAS PERSONAS QUE MENCIONA, SE TIENE POR OFRECIDAS SUS PRUEBAS, CON EXCEPCIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO, TODA VEZ QUE AÚN NO HA SIDO RENDIDO EL MISMO, SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LAS NOTIFICACIONES...SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES QUE LA SENTENCIA QUE SE DICTE ES PUBLICA, QUE LES ASISTE EL DERECHO DE OPONERSE A LA PUBLICACION DE SUS DATOS...SE TIENE COMO TERCERO INTERESAO A ....
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