Juan Rivera Carmona

Expediente 333/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
333/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Rivera Carmona

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    En veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez, con un oficio, registrado bajo el folio 14960. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, solicita prórroga del plazo concedido para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por la razones que expone en el oficio de cuenta. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 192, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en atención a la solicitud que formula y tomando en consideración los motivos que expone en su oficio de cuenta, como lo solicita, se le concede una prórroga de quince días hábiles, contados a partir de la notificación del presente proveído, para que remita las constancias que acrediten el cumplimiento dado a la ejecutoria. Apoya lo anterior, la tesis: I.3o.P.32 P (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Abril de 2014, página 1674, Décima Época, con registro digital 2006220, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS QUE CONCEDEN LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN MATERIA PENAL. FACTORES PARA DETERMINAR LA COMPLEJIDAD O DIFICULTAD PARA CUMPLIMENTARLAS, PARA CONCEDER RAZONABLEMENTE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE UNA PRÓRROGA DEL PLAZO RESPECTIVO, CONFORME AL ARTÍCULO 192, PÁRRAFO CUARTO, DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 192, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo confiere una facultad discrecional a los órganos de control constitucional, para ampliar el plazo que tienen las autoridades responsables para dar cumplimiento a las ejecutorias donde se conceda la protección constitucional, para lo cual deben atender a la complejidad o dificultad del asunto, con la única restricción de que el plazo que fijen sea razonable y se determine estrictamente. En ese sentido, para establecer objetivamente en qué radica la complejidad o dificultad de una ejecutoria de amparo en materia penal que deba cumplimentarse, es necesario realizar un análisis integral de la serie de factores que se presentan en el particular, como son: el número de tomos que conforman el procedimiento; la naturaleza del delito o delitos de que se trate; el estadio procesal del asunto; el material probatorio con que se cuente; los efectos de la concesión del amparo, ya sea procesal o sustantiva; el conocimiento previo del titular que va a cumplir; y, el número de inculpados; ello con independencia de alguna otra circunstancia que pudiera constituir un factor adicional de estudio para emitir la resolución correspondiente; todo esto, con el fin de evitar la imposición de plazos injustificados que demeriten la naturaleza sumaria del juicio constitucional y, sobre todo, vulneren el derecho de los gobernados a que se les imparta justicia de manera pronta y expedita, conforme lo prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, la prórroga que se conceda debe partir siempre de una ponderación razonada de los aspectos que influyan para emitir la resolución correspondiente y no ser producto de una decisión meramente subjetiva." A su vez, en vías de cumplimiento informa, que dejó insubsistente la resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal ********************, de su índice, en la que resolvió librar la orden de aprehensión, únicamente por lo que respecta contra el quejoso ********************. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.

  2. Principal

    En quince de noviembre de dos mil veintitrés, la Secretaria certifica: Que de la circular ********************8/********************0********************3, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de octubre del año en curso, se desprende fueron declarados inhábiles los días dieciséis, diecisiete y dieciocho, así como del diecinueve al veinticuatro, todos del mes de octubre del año en curso; sin que corrieran los plazos y términos procesales. Que de los Avisos, signados por la Coordinación de Jueces de Distrito, con residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, se advierte que fueron declarados como inhábiles los días veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre del año en curso, suspendiéndose labores en dichas datas; sin que corrieran los plazos y términos procesales. Que a consecuencia de lo anterior, el plazo de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio, transcurrió del cuatro de octubre al seis de noviembre de dos mil veintitrés, descontando los días inhábiles, toda vez que fue notificada por lista el dos de octubre del año en curso, sin que lo hubiere hecho; y Para los terceros interesados de la siguiente manera: Al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, del cuatro de octubre al seis de noviembre del año en curso, descontando los días inhábiles, toda vez que fue notificado personalmente el dos de octubre pasado, sin que lo hubiere hecho. A las víctimas a través de sus asesores victimales, del diez de octubre al diez de noviembre del año en curso, descontando los días inhábiles, toda vez que fueron notificadas por lista el seis de octubre pasado. Para la Agente del Ministerio Público adscrita, del tres al treinta y uno de octubre del año en curso, descontando los días inhábiles, toda vez que fue notificada electrónicamente el dos de octubre pasado; y, Para la autoridad responsable Titular de la Policía Federal Ministerial, del cinco de octubre al siete de noviembre del año en curso, descontando los días inhábiles, toda vez que fue notificado el cuatro de octubre pasado. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Con lo anterior y con el estado que guardan los autos, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, quince de noviembre de dos mil veintitrés. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponían las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo ********************, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. REQUERIMIENTO. Con fundamento en los artículos 19******************** y ********************58 de Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, computado legalmente, cumpla con la sentencia dictada en el presente juicio, de la cual se le remitió copia oportunamente, cuyos efectos se constriñen a lo siguiente: "(..) Sentado lo anterior, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Federación solicitado por el quejoso ********************. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado del Titular de la Policía Federal Ministerial, al no haberse reclamado por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Ilustra, la jurisprudencia J/1********************, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 41, número 55, julio de 199********************, de la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro ********************18867, de rubro y texto: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuidos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios." OCTAVO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso a efecto que la Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la orden de aprehensión de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal ********************/********************0********************1; y, ********************. Emita otra, en la que purgue los vicios de forma advertidos, ajustándose a los parámetros señalados en la presente determinación. En consecuencia, toda vez que los vicios de forma advertidos no pueden ser abordadas [motu proprio] por este órgano de control constitucional, ya que se relacionan con las atribuciones del Juez, lo procedente es conceder a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado y para los efectos arriba especificados; en el entendido, se reitera, de que ello no impide a dicha autoridad que la nueva resolución sea de la misma naturaleza o pueda variar de la que aquí se analiza, pero purgando los vicios de forma que se señalan en el considerando SÉPTIMO. Por tanto, al haberse otorgado a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación propuestos en la demanda de amparo, al existir los vicios de forma precisados. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 113, del volumen 151-156, tercera parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro ********************37681, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACION. EL ESTUDIO DE LOS QUE BASTAN PARA CONCEDER EL AMPARO ES SUFICIENTE PARA LA LEGALIDAD DE LA SENTENCIA. Si el juzgador considera fundada una violación invocada y estima que es suficiente para conceder la protección constitucional a los quejosos, resulta innecesario entrar al estudio de los demás conceptos de violación hechos valer en la demanda. Por último, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente." APERCIBIMIENTO. Se apercibe a las autoridades responsables que en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, les será impuesta a cada una, multa de doscientas unidades de medida y actualización equivalente a $********************0,748.00 (veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos ********************37, fracción I y ********************59 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.

  3. Principal

    veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés S E N T E N C I A Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 333/2023, promovido por********************, contra actos del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el siete de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México,********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que enseguida se transcriben: "(.) III AUTORIDADES RESPONSABLES: COMO ORDENADORAS: 1.- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2.- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán 3.- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4.- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5.- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6.- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7.- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8.- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán 9.- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán 10.- Juzgado sexto de distrito del centro auxiliar de la tercera región. 11.- Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte. 12. Jueces de Distrito Especializados en el sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur. 13.- Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur COMO EJECUTORAS: 14.- Titular de la Policía Federal Ministerial. 15.- Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. 16.- Comisionado General de la Policía Federal. 17.- Comandante de la Guardia Nacional. IV. ACTOS RECLAMADOS. - A).- De las autoridades señaladas como Responsables Ordenadoras, reclamamos la supuesta ORDEN DE APREHENSIÓN dictada en contra del suscrito por la supuesta comisión del delito de USO EXCESIVO DE LA FUERZA todo esto en virtud de la persecución y búsqueda de la que he sido objeto por parte de Policías Federales Ministeriales de la Ciudad de México en la base de mi centro laboral en la Alcaldía Iztapalapa, sin que el suscrito haya cometido delito alguno y violándose de forma tajante las garantas Individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, y toda vez que al suscrito en ningún (sic) se me ha dado la oportunidad de conocer de forma exacta la imputación que obre en mi contra, ni mucho menos se me ha permitido tener una defensa adecuada y aportar pruebas de descargo que me favorezcan y si por el contrario es evidente violación (sic) de mis derechos fundamentales. B) De las autoridades señaladas como Responsables Ejecutoras, reclamamos el cumplimiento y ejecución de dicha Orden de Aprehensión en contra del suscrito, por medio de la cual se me pretende privar de mi libertad, sin motivo ni razón justificada. (.)" El promovente del amparo expuso que se violaron sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO EN EL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO. La demanda de amparo de que se trata fue turnada al Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México el siete de abril de dos mil veintidós; y, en auto de ocho de abril siguiente, la radicó con el número de expediente 265/2022 I-A; la admitió a trámite; pidió el informe justificado de las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional -fojas 19 a 32-. El cuatro de mayo de dos mil veintidós, tuvo al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo con sede en Uruapan, rindiendo su informe con justificación, al que acompañó dos discos compactos en formato digital (DVD), donde se contiene entre otras constancias, la orden de aprehensión dictada el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 2/2021-I, de su índice, constante de veintiún tomos. En proveído de uno de junio de dos mil veintidós, reconoció el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan y ordenó emplazarlo por oficio, el cual fue remitido a su destinatario mediante el servicio de mensajería acelerada denominado "ESTAFETA", bajo el número de confirmación 3015015510-24A506462004. Por acuerdo de catorce de junio de dos mil veintidós, reconoció el carácter de terceros interesados a: Juan Enrique Romero Caudillo. Edgar Alejandro Alonso Mendoza. Antonio Gutiérrez Quiroz. Antonio Gutiérrez López. Cesar Vicente Mora Pérez. Carlos Octavio Montano Zúñiga. David Flores Tinajero. José Antonio Flores González. Abraham Flores Soto. José Manuel Aguilar García. Martin Felipe García Pineda. Victor Hugo Reynoso Tejeda. Juan Carlos Valdés Galindo. Juan Manuel Sánchez Aleriano. Héctor Jesús Arana Hernandez. Juan Daniel Galván Gonzalez. Carlos Adonay García González. Christian Alejandro Cervantes Botello. Edgar Ramírez Mayoral. Mario Alberto Valencia Vázquez. José Antonio Mendoza Martinez. Gustavo Cornejo García. Omar Hurtado Martínez. Rafael Esqueda Valle. Jesús Manuel De La Cruz Pérez. Jesús Ricardo Vélez López. Victor Manuel Álvarez Ovalle. Francisco Daniel Magallón Torres. Jesús Jeovani Mendoza Martínez. J. Jesús Rivas Ortega. Luis Fernando Cervantes Sotelo. Héctor Manuel Chavoya Zúñiga. Lázaro Sánchez Paredes. Rafael Quintero Martinez. José Gerardo Hernández Gutiérrez. Enrique Damián Morales Rivera. Jorge Sánchez Arias. Jesús Antonio Cruz. Juan Etzael Orozco Venegas. Juan Avalos Martínez, y Jesús Ernesto Salazar Castillo. A quienes ordenó emplazar por conducto de los asesores designados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas José Antonio Jacinto Loeza, Enrique Mijail Valdéz Bello, y David Eduardo Garnica de Miranda; encomienda que fue realizada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado De Michoacán de Ocampo mediante el exhorto 737/2022 de su índice; y, toda vez que dichas partes no señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones en aquella ciudad, ordenó practicarles las subsecuentes por medio de listas que se publican en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal y diversa que se fija en ese Juzgado -fojas 168 a 171-. En sentencia de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, la Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, emitió resolución, concediendo el amparo y protección de la justicia federal a favor de******************** contra el acto reclamado del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, para efecto de que deje sin efectos la orden de aprehensión dictada dentro de la causa penal 2/2021; y dicte otra que se ajuste a los parámetros señalados en la resolución -fojas 197 a 208-. Inconforme con esta determinación, el quince de noviembre de dos mil veintidós, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, interpuso recurso de revisión contra la sentencia de amparo; por lo que una vez integrado el expediente y realizadas las notificaciones a las partes, se remitieron las constancias al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Del referido recurso de revisión, correspondió conocer, por razón de turno al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien en sesión ordinaria de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, determinó que la Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, era legalmente incompetente por razón de territorio para resolver el juicio de amparo; y, por tanto, revocó la sentencia recurrida y ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en el estado de Michoacán con sede en Uruapan, en turno (diverso al que emitió la orden), por conducto de la Oficina de Correspondencia Común; sin que tal revocación alcance a la audiencia constitucional, atendiendo al principio de administración de justicia pronta, completa e imparcial -fojas 02 a 16-. TERCERO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO EN ESTE JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN URUAPAN. El testimonio de lo resuelto por el Tribunal Colegiado y los autos originales del juicio de amparo fueron recibidos en la Oficina de Correspondencia Común y turnados a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, el diecisiete de mayo del año en curso; y, en auto de dieciocho de mayo siguiente, se avocó al conocimiento del asunto; se registró la demanda con el número de expediente 333/2023, sin que se haya solicitado el informe justificado respectivo a las autoridades responsables, toda vez que los mismos ya obraban en autos; tampoco hubo lugar a fijar fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, dado que fue previamente celebrada por la Juez incompetente; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación; y, se ordenó la notificación al quejoso mediante exhorto y a los terceros interesados por conducto de sus asesores victímales, de la radicación del juicio en este órgano jurisdiccional. El veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo al Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México remitiendo los cuadernos incidentales del juicio 265/2023-I-A, así como devolviendo debidamente diligenciado el exhorto 122/2023 de donde se desprende la legal notificación al quejoso. En ese contexto, de las constancias que obran glosadas en autos, se advierte que se emplazó a los terceros interesados; y que se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta de la Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, de nueve de agosto de dos mil veintidós -foja 195-. CUARTO. INEXISTENCIA DE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE. En auto de treinta de mayo de dos mil veintitrés se dio cuenta con el oficio remitido por el Administrador Especial, por ausencia del Director General Adjunto de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal Ministerial, donde informa que la denominación "Comisionado General de la Policía Federal" como lo señaló el quejoso, no existe dentro del organigrama de la Policía Federal Ministerial; por tanto se dio vista a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento que de hacerlo, se tendría por inexistente. Por auto de seis de julio de dos mil veintitrés, se hizo efectivo el apercibimiento referido, y se tuvo por inexistente a la mencionada autoridad, suspendiendo toda comunicación con ella. En mérito de lo anterior, se estima innecesario realizar pronunciamiento respecto de los actos reclamados a la referida autoridad responsable; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 17, 103, fracción I y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 56, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo anterior, en virtud de que la orden de aprehensión reclamada fue emitida por una autoridad cuya residencia se ubica en esta ciudad, lugar en donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien resuelve precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis íntegro de los escritos de demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama, respectivamente: De los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto Quinto, Sexto, Séptimo y Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo; Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera región; Administrador del Centro de Justicia Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, denominación correcta de la autoridad responsable señalada por el quejoso como Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Norte; y Administrador del Centro de Justicia Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, denominación correcta de la autoridad responsable señalada por el quejoso como Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Norte. La orden de aprehensión emitida en contra del quejoso********************. Del Titular de la Policía Federal Ministerial; Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal; Comandante de la Guardia Nacional: El cumplimiento y ejecución de la orden de aprehensión en contra del aquí quejoso********************. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE ACTOS. En principio es necesario pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, ello atendiendo a una cuestión de lógica fundamental, ya que la existencia del acto autoritario es un requisito esencial para efectuar primeramente el análisis de las subsecuentes causales de improcedencia que se actualicen o, en su caso, el estudio relativo a la constitucionalidad de los mismos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia J/10 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 78, del tomo 76, abril de 1994, de la octava época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 212775, que dice: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Debe precisarse que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, dado que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. I. Inexistencia de la orden de aprehensión, dictada en contra del aquí quejoso********************. Respecto de dicho acto, los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo; el Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Uruapan (actualmente ya concluyó funciones); así como el Administrador del Centro de Justicia Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte y la Administradora del Centro de Justicia Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur; el Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia, en representación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; y, el Director General de Amparos, en representación del Comandante de la Guardia Nacional, al rendir sus respectivos informes de ley negaron la existencia de dicho acto -fojas 52, 55, 57, 62, 64, 67, 68, 71, 73, 74, 76, 79 y 91-. La ley de la materia, según la interpretación de sus artículos 63, fracción IV, 117 y 124, establece tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: la primera es desde luego la prueba directa; la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables; y, la última, aunque más usual, es el reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su conducta. En caso que las autoridades nieguen la existencia del acto reclamado, se debe analizar la naturaleza del mismo para estar en condiciones de determinar a quién le corresponde la carga de la prueba. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Existen tres reglas en relación a la carga de la prueba dependiendo de la naturaleza del acto reclamado: 1.- Tratándose de actos positivos, esto es, los que implican un hacer por parte de la autoridad, la negativa simple libera a quien la fórmula de la necesidad de probarla, pues no es factible demostrar lo que se ha negado; 2.- Por otra parte, cuando la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí está obligado a justificarla, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2; y, 3.- Finalmente, tratándose de actos negativos y aquella a quien se atribuyen los niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en posibilidad de probar la omisión. En ese orden de ideas, se recuerda que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables referidas en el primer párrafo de este apartado, la orden de aprehensión girada en su contra. Para lo anterior, en su escrito de demanda expuso bajo protesta de decir verdad que desconoce haber cometido algún delito federal; pero, desde el cinco de abril de dos mil veintidós, acudieron a su centro de trabajo elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes dijeron que lo buscaban para detenerlo, porque se había girado una orden de aprehensión en su contra, sin identificar la autoridad que la ordenó. Por ende -dice-, que se violan sus derechos humanos de libertad, legalidad y seguridad jurídica, consagrados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, la autoridades responsables Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo; del Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Uruapan; el Administrador del Centro de Justicia Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte y la Administradora del Centro de Justicia Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Comandante de la Guardia Nacional, al rendir su informe con justificación, negaron categóricamente el acto que de ellas reclama el quejoso********************. En esas condiciones, al tratarse de actos positivos, respecto de los cuales la citada autoridad, al rendir su informe con justificación negó su existencia, correspondía al citado quejoso acreditarlo, sin que hayan ofrecido prueba alguna que desvirtúe esa negativa, no obstante que se dio vista con el mismo. En efecto, dentro de las constancias que obran en el presente juicio de garantías no se advierte la presencia de medio de convicción, del que se desprenda que efectivamente se haya girado la supuesta orden de aprehensión girada en contra del impetrante de amparo, ya que no se ofreció ni desahogó medio de convicción alguno, para acreditar ese extremo. Luego, si las mencionadas autoridades señaladas como responsables negaron el acto que se les atribuye, entonces la carga de la prueba recae sobre el solicitante de amparo, de modo que, al no hacerlo, la negativa de la autoridad no fue desvirtuada. Tiene aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo interpretada, y el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, la tesis jurisprudencial 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos reclamados que se les atribuyen, y los quejosos, no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Así como, la jurisprudencia 1089, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." Y, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 748, Tomo XC, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega haber ejecutado el acto que se le atribuye, la carga de la prueba recae sobre el quejoso, pues es de explorado derecho que cuando las autoridades responsables niegan los actos reclamados, su afirmación debe tenerse por verídica, mientras el afectado no rinda pruebas suficientes y bastantes para destruir la negativa, pues de lo contrario, debe sobreseerse en el juicio, sin estudiar otras cuestiones que únicamente podrían tratarse en el supuesto de que estuviera demostrado la existencia del acto reclamado." Entonces, con base en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio respecto del acto reclamado a las autoridades responsables materia de este apartado. Ilustra, la tesis sin número, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 273, del tomo I, primera parte-1, enero-junio de 1988, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 207528, que señala: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda". CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, consistente en la orden de aprehensión de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, dictada en contra del aquí quejoso********************, dentro de la causa penal 2/2021-I, de su índice, que se sigue en su contra por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de homicidio, cometido en agravio de Juan Enrique Romero Caudillo y otros, pues lo aceptó al rendir su informe justificado -foja 100-. Asimismo, es cierto el acto reclamado al Titular de la Policía Federal Ministerial, pues así lo aceptó el Director de Amparo autoridad responsable, en suplencia, al rendir su respectivo informe con justificación -foja 66-. En tal virtud, se encuentra probada la existencia de los actos impugnados, al tenor de la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la existencia de la orden de aprehensión reclamada se corrobora con las constancias que integran tanto la causa penal 2/2021, cotejadas y digitalizadas constantes de veintiún tomos, que se remitieron en dos discos versátiles digitales (DVD), donde se contiene, entre otras constancias, la resolución del acto que se reclama, derivada de la citada causa penal, mismas que gozan de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2, al tratarse de documentales públicas. Es aplicable, la jurisprudencia número 226, del Pleno del Alto Tribunal, consultable en la página 153, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, con número de registro 394182, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." También apoya, la tesis I.1o.A.E.6 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radio Difusión y Telecomunicaciones, con jurisdicción en toda la República, publicada en la página 1994, del libro 6, mayo de 2014, Tomo III, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006571, de rubro y texto: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." QUINTO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. La demanda de amparo del quejoso********************, fue promovida dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa se hizo sabedora de la existencia del acto reclamado el cinco de abril de dos mil veintidós, como lo refirió en su escrito inicial -foja 23-; así, el plazo para promover la demanda de amparo transcurrió del siete de abril al dos de mayo de dos mil veintidós, siendo días inhábiles entre ambas fechas, el nueve y diez; trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro y treinta de abril de la citada anualidad, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo y la CIRCULAR 5/2022 de 30 de marzo de 2022, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, si la demanda se presentó el siete de abril de dos mil veintidós, como se advierte de los sellos del Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, es inconcuso que se promovió dentro del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. SEXTO. INNECESARIA TRANSCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Al no existir alguna causal de improcedencia que hagan valer las partes, o que se advierta de oficio (al haberse verificado, entre otras cosas, que la demanda se presentó de manera oportuna), procede entrar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario trascribirlos, con apoyo en la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 164618, del rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Los conceptos de violación propuestos son fundados, desde la óptica de la suplencia de la queja deficiente, que opera en favor de los investigados, ahora quejosos, tal como lo prevé el numeral 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Ilustra, la jurisprudencia 67/2017, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 263, del libro 44, julio de 2017, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2014703, de rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Ahora bien, para una mejor comprensión del problema jurídico sometido a la consideración de este Tribunal Constitucional, es necesario realizar una síntesis de los antecedentes jurídicos que dieron origen al acto reclamado, los cuales se desprenden del archivo que en PDF se contiene en los discos DVD que adjuntó a su informe justificado el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de los cuales se desprende lo siguiente: 1. En proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, donde tuvo por recibido el oficio 57/2021, signado por el agente del Ministerio Público de la Federación, en el cual ejercitó acción penal en contra del aquí quejoso********************,entre otros, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de: Homicidio, previsto en el artículo 302 y sancionado por el 307, en relación con el 64 bis, a su vez en concordancia con los diversos 7º fracción I (delito instantáneo), 8 (hipótesis de acción dolosa), 9 párrafo primero (hipótesis de conocer y querer), 13 fracción VIII (autoría indeterminada) del Código Penal Federal, cometido en agravio de: 1) JUAN ENRIQUE ROMERO CAUDILLO. 2) EDGAR ALEJANDRO ALONSO MENDOZA. 3) ANTONIO GUTIÉRREZ QUIROZ. 4) ANTONIO GUTIÉRREZ LÓPEZ. 5) CÉSAR VICENTE MORA PÉREZ. 6) CARLOS OCTAVIO MONTAÑO ZÚÑIGA. 7) DAVID FLORES TINAJERO. 8) JOSÉ ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. 9) ABRAHAM FLORES SOTO. 10) JOSÉ MANUEL AGUILAR GARCÍA. 11) MARTÍN FELIPE GARCÍA PINEDA. 12) VÍCTOR HUGO REYNOSO TEJEDA. 13) JUAN CARLOS VALDÉS GALINDO. 14) JUAN MANUEL SÁNCHEZ ALERIANO. 15) HÉCTOR JESÚS ARANA HERNÁNDEZ. 16) JUAN DANIEL GALVÁN GONZÁLEZ. 17) CARLOS ADONAY GARCÍA GONZÁLEZ. 18) CHRISTIAN ALEJANDRO CERVANTES BOTELLO. 19) EDGAR RAMÍREZ MAYORAL. 20) MARIO ALBERTO VALENCIA VÁZQUEZ. 21) JOSÉ ANTONIO MENDOZA MARTÍNEZ. 22) GUSTAVO CORNEJO GARCÍA. 23) OMAR HURTADO MARTÍNEZ. 24) RAFAEL ESQUEDA VALLE. 25) JESÚS MANUEL DE LA CRUZ PÉREZ. 26) JESÚS RICARDO VÉLEZ LÓPEZ. 27) VÍCTOR MANUEL ÁLVAREZ OVALLE. 28) FRANCISCO DANIEL MAGALLÓN TORRES. 29) JESÚS JEOVANI MENDOZA MARTÍNEZ. 30) J. JESÚS RIVAS ORTEGA. 31) LUIS FERNANDO CERVANTES SOTELO. 32) HÉCTOR MANUEL CHAVOYA ZÚÑIGA. 33) LÁZARO SÁNCHEZ PAREDES. 34) RAFAEL QUINTERO MARTÍNEZ. 35) JOSÉ GERARDO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ. 36) ENRIQUE DAMIÁN MORALES RIVERA. 37) JORGE SÁNCHEZ ARIAS. 38) JESÚS ANTONIO CRUZ. 39) JUAN ETZAEL OROZCO VENEGAS. 40) JUAN ÁVALOS MARTÍNEZ y 41) SER HUMANO DESCONOCIDO. Además, resolvió por separado el pedimento relativo a la petición de captura solicitada por el fiscal, por diversos indiciados. 2. El veintisiete de abril de dos mil veintiuno, el Agente del Ministerio Público de la Federación, dentro de la averiguación previa AP/PGR/DGCAP/ZCXIX/72/2015, ejerció acción penal en contra del aquí quejoso y otros, al haberse acreditado los elementos del cuerpo del delito de homicidio. 3. Previo haberse subsanado determinadas deficiencias en la referida indagatoria penal, el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en esta ciudad, libró la correspondiente orden de aprehensión solicitada por el Fiscal Federal, en contra del aquí quejoso y otros. Determinación que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. Una vez narrado lo anterior, cabe precisar que el quejoso********************, esencialmente en sus conceptos de violación se duele de que el dictado de la orden de aprehensión girada en su contra, vulnera en su perjuicio los derechos humanos de libertad, legalidad y seguridad jurídica, consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Toda vez que -dice- no existen datos suficientes para acreditar los elementos objetivos del delito, que sean suficientes para sostener la acusación del Ministerio Público; además de no existir pruebas suficientes para proponer el ejercicio de la acción penal, lo anterior porque un testimonio singular que no fue robustecido, no puede, por sí solo satisfacer las exigencias constitucionales. Dichos argumentos, como se anticipó, son fundados suplidos en su deficiencia, que opera en favor del investigado, ahora quejoso. En efecto, las garantías de seguridad jurídica son los derechos subjetivos públicos a favor de los gobernados oponibles a los órganos estatales, a fin de exigirles se sujeten a un conjunto de requisitos previos a la comisión de actos que pudieran afectar la esfera jurídica de los individuos, para no dejarlos en estado de indefensión o en incertidumbre, lo cual hace posible la existencia de condiciones de igualdad y libertad para todos los sujetos de derechos y obligaciones. Por lo que, contienen la prohibición para las autoridades de llevar a cabo actos de afectación contra particulares y cuando los realicen deben cumplir con los requisitos previamente establecidos, con el fin de no vulnerar la esfera jurídica de los individuos a los que el acto está dirigido, por lo cual las autoridades deben de respetar irrestrictamente los cauces que el orden jurídico pone a su alcance para su actuación. Ahora bien, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa señala: "Artículo 14. (...) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)". Lo anterior, contempla el derecho a las formalidades esenciales del procedimiento, por lo que se analizará si previo a la emisión del acto, la autoridad responsable se ajustó a los lineamientos previstos en el diverso numeral 16, párrafo segundo, de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, anterior a la reforma publicada el dieciocho de junio de dos mil ocho, en la parte que interesa, establece: "Artículo 16. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. (...)". En consecuencia, para la emisión de una orden de aprehensión deben cumplirse los siguientes requisitos: 1. Se libre por una autoridad judicial; 2. Preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad; 3. Existan datos que acrediten el cuerpo del delito; y, 4. Hagan probable la responsabilidad del imputado. El primer requisito se encuentra satisfecho, toda vez que de manera correcta la autoridad responsable señaló ser competente para conocer del asunto, en atención a que los hechos sucedieron en Tanhuato, Michoacán de Ocampo, demarcación territorial donde ejerce jurisdicción, con competencia mixta. Además, se advierte que el ilícito imputado es de carácter federal, porque los agentes del mismo tenían el carácter de servidores públicos de ese fuero al momento de los hechos (agentes de la Policía Federal) y lo cometieron con motivo de sus funciones El segundo requisito está acreditado, toda vez que en la indagatoria de origen se advierten las denuncias de: 1. Cintia Esquivel Chávez y J. Margarito Romero Caudillo, de veintitrés de mayo de dos mil quince, quienes refieren ser esposa y hermano, respectivamente, de Juan Enrique Romero Caudillo -cadáver 6- (Fojas 1 a 4, tomo III). 2. Rosa María Mendoza Vázquez y Yaneli Rocío Alonso Mendoza, de veintitrés de mayo de dos mil quince, quienes refieren ser madre y hermana, respectivamente, de Edgar Alejandro Alonso Mendoza -cadáver 1 (Fojas 11 a 14, tomo III). 3. Clara Elisa López Araujo y Rafael Gutiérrez Quiroz, de veintitrés de mayo de dos mil quince, quienes refieren ser esposa y hermano, respectivamente, de Antonio Gutiérrez Quiroz -cadáver 5- (Fojas 38 a 39, tomo III). 4. Clara Elisa López Araujo y Rafael Gutiérrez Quiroz, de veintitrés de mayo de dos mil quince, quienes refieren ser madre y tío, respectivamente, de Antonio Gutiérrez López -cadáver 30- (Fojas 38 a 39, tomo III). 5. María de Jesús Amezcua Briones y Gloria Leticia Pérez Jiménez, de veintitrés de mayo de dos mil quince, quienes refieren ser esposa y madre, respectivamente, de César Vicente Mora Pérez - cadáver 4- (Fojas 48 a 51, tomo III). 6. Ana Patricia Esmeralda Zúñiga Salazar y Francisco Javier Montaño Villarruel, de veintitrés de mayo de dos mil quince, quienes refieren ser madre y padre, respectivamente, de Carlos Octavio Montaño Zúñiga -cadáver 23- (Fojas 60 a 63, tomo III). 7. María Socorro Tinajero Ramírez y Gabriela Flores González, de veintitrés de mayo de dos mil quince, quienes refieren ser madre y prima, respectivamente, de David Flores Tinajero - cadáver 29- (Fojas 74 a 76, tomo III). 8. María Socorro Tinajero Ramírez y Gabriela Flores González, de veintitrés de mayo de dos mil quince, quienes refieren ser tía y hermana, respectivamente, de José Antonio Flores González -cadáver 18- (Fojas 74 a 76, tomo III). 9. Mayra Janette López Zúñiga y Angélica Zúñiga Santillán, de veintitrés de mayo de dos mil quince, quienes refieren ser esposa y suegra, respectivamente, de Abraham Flores Soto -cadáver 14- (Fojas 94 a 95, tomo III). 10. María del Refugio Esparza Mendoza y María Patricia Ramírez Meza, de veintitrés de mayo de dos mil quince, quienes refieren ser esposa y tía, respectivamente, de José Manuel Aguilar García -cadáver 34- (Fojas 102-103, tomo III). 11. María Teresas Vázquez Barajas y Graciela Pineda Téllez, de veintitrés de mayo de dos mil quince, quienes refieren ser pareja sentimental y madre, respectivamente, de Martín Felipe García Pineda -cadáver 34- (Fojas 112 a 113, tomo III). 12. Luis Alberto Reynoso Tejeda y Héctor Israel Gutiérrez Ortiz, de veintitrés de mayo de dos mil quince, quienes refieren ser hermano y amigo, respectivamente, de Víctor Hugo Reynoso Tejeda -cadáver 31- (Fojas 119 a 121, tomo III). 13. Yanett Barajas Guzmán y Juana Temores Rodríguez, de veintitrés de mayo de dos mil quince, quienes refieren ser esposa y vecina, respectivamente, de Juan Carlos Valdés Galindo - cadáver 11- (Fojas 132 a 135, tomo III). 14. Estefanía Sánchez López y Mayra Alejandra Sánchez Aleriano, de veintitrés de mayo de dos mil quince, quienes refieren ser esposa y vecina, respectivamente, de Juan Manuel Sánchez Aleriano -cadáver 37 bis- (Fojas 144 a 145, tomo III). 15. María de San Juan Hernández Villa y Socorro Monserrat Enríquez Villa, de veintitrés de mayo de dos mil quince, quienes refieren ser madre y prima, respectivamente, de Héctor Jesús Arana Hernández -cadáver 16- (Fojas 153 a 154, tomo III). 16. Claudia González Lara y Juan Francisco Galván López, de veintitrés de mayo de dos mil quince, quienes refieren ser madre y padre, respectivamente, de Juan Daniel Galván González -cadáver 9- (Fojas 163 a 167, tomo III). 17. Claudia González Lara y Juan Francisco Galván López, de veintitrés de mayo de dos mil quince, quienes refieren ser madre y padre, respectivamente, de Carlos Adonay García González -cadáver 15- (Fojas 163 a 167, tomo III). 18. Miguel Ángel Cervantes Rivas y César Humberto Cervantes Téllez, de veintitrés de mayo de dos mil quince, quienes refieren ser padre y conocido, respectivamente, de Christian Alejandro Cervantes Botello -cadáver 34 bis- (Fojas 174 a 175, tomo III). 19. Guillermo Ramírez Torres y Rafael Mayoral Ramírez, de veinticuatro de mayo de dos mil quince, quienes refieren ser padre y abuelo, respectivamente, de Edgar Ramírez Mayoral -cadáver 2- (Tomo III Fojas 184-185). 20. Jessica Guadalupe Valencia Vázquez y Johana Melina Ruiz Amezcua, de veinticuatro de mayo de dos mil quince, quienes refieren ser hermana y esposa, respectivamente, de Mario Alberto Valencia Vázquez -cadáver 32- (Fojas 190 a 191, tomo III). 21. Verónica Mendoza Martínez y Martha Alicia Medrano García, de veinticuatro de mayo de dos mil quince, quienes refieren ser madre y tía, respectivamente, de José Antonio Mendoza Martínez -cadáver 21- (Fojas 200 a 201, tomo III). 22. Anahí Elizabeth Cornejo García y Talía Cecilia Martínez Durán, de veinticuatro de mayo de dos mil quince, quienes refieren ser hermana y concubina, respectivamente, de Gustavo Cornejo García -cadáver 24- (Fojas 221 a 222, tomo III). 23. Jorge Miguel Rodríguez Olalde y Ericka Eunice Hurtado Martínez, de veinticuatro de mayo de dos mil quince, quienes refieren ser amigo y hermana, respectivamente, de Omar Hurtado Martínez -cadáver 10- (Fojas 229 a 230, tomo III). 24. Maria Ann Zamora Romero y Jesús Esqueda Valle, de veinticuatro de mayo de dos mil quince, quienes refieren ser esposa y hermano, respectivamente, de Rafael Esqueda Valle -cadáver 7- (Fojas 236 a 237, tomo III). 25. María Esther Pérez Vera y Yuri Palma Pérez, quienes refieren ser sobrino y primo, respectivamente, de Jesús Manuel De la Cruz Pérez -cadáver 3- (Fojas 240, tomo III). 26. Maria del Socorro Hernández Velázquez y Silviano Vélez Aguilar, de veinticuatro de mayo de dos mil quince, quienes refieren ser esposa y hermano, respectivamente, Jesús Ricardo Vélez López - cadáver 22- (Fojas 254 a 255, tomo III). 27. María de la Cruz Álvarez Ovalle y Heriberto Álvarez Ovalle, de veinticuatro de mayo de dos mil quince, quienes ser hermana y hermano, respectivamente, de Víctor Manuel Álvarez Ovalle -cadáver 6 bis- (Fojas 264 a 267, tomo III). 28. Adriana Torres Guzmán y María Susana Magallón Padilla, de veinticuatro de mayo de dos mil quince, quienes refieren ser madre y prima, respectivamente, de Francisco Daniel Magallón Torres - cadáver 13- (Fojas 273 a 274, tomo III). 29. Verónica Mendoza Martínez y Martha Alicia Medrano García, del veinticuatro de mayo de dos mil quince, por el que refieren ser madre y tía, respectivamente, de Jesús Jeovani Mendoza Martínez -cadáver 8- (Fojas 280 a 281, tomo III). 30. Mayra Yadira Ureña Ochoa y J. Jesús Rivas Sahagún, de veinticuatro de mayo de dos mil quince, quienes refieren ser esposa y padre, respectivamente, de J. Jesús Rivas Ortega -cadáver 35- (Fojas 305 a 307, tomo III). 31. Ramona Cervantes Sotelo y Guadalupe Torres Alejo, de veinticuatro de mayo de dos mil quince, quienes refieren ser madre y pareja, respectivamente, de Luis Fernando Cervantes Sotelo -cadáver 35 bis- (Fojas 313 a 315, tomo III). 32. Catarino Zúñiga Miranda e Imelda García Morales, de veinticuatro de mayo de dos mil quince, quienes refieren ser abuelo y concubina, respectivamente, de Héctor Manuel Chavoya Zúñiga -cadáver 25- (Fojas 340 a 341, tomo III). 33. María Guadalupe Sánchez Paredes y César Sánchez Paredes, de veinticuatro de mayo de dos mil quince, por el que refieren ser hermana y hermano, respectivamente, de Lázaro Sánchez Paredes -cadáver 27- (Fojas 351 a 352, tomo III). 34. Lizbeth Quintero Villarruel y Ofelia Martínez Rojo, de veinticinco de mayo de dos mil quince, quienes refieren ser hija y madre, respectivamente, de Rafael Quintero Martínez -cadáver 17- (Fojas 533 a 535, tomo III). 35. Claudia Priscila Salazar Aceves y Verónica Hernández Gutiérrez, de veinticinco de mayo de dos mil quince, quienes refieren ser concubina y hermana, respectivamente, de José Gerardo Hernández Gutiérrez - cadáver 20- (Fojas 542 a 544, tomo III). 36. Enrique Morales González y María Guadalupe Rivera Mendoza, de veinticinco de mayo de dos mil quince, quienes refieren ser padre y tía, respectivamente, de Enrique Damián Morales Rivera -cadáver 1 bis- (Fojas 552 a 554, tomo III). 37. Carmen Sánchez López y Miguel Sánchez Arias, de veintiséis de mayo de dos mil quince, quienes refieren ser expareja y hermano, respectivamente, de Jorge Sánchez Arias -cadáver 26- (Fojas 112 a 115, tomo IV). 38. Christian Alberto Rodríguez Salcedo y Nancy Guillermina Hernández Rodríguez, de veintiséis de mayo de dos mil quince, quienes refieren ser cuñado y esposa, respectivamente, de Jesús Antonio Cruz -cadáver 12- (Fojas 140 a 144, tomo IV). 39. Olga Lilia Venegas García y Juan Ramón Orozco González, de cinco de junio de dos mil quince, quienes refieren ser madre y padre, respectivamente, de Juan Etzael Orozco Venegas -cadáver 19- (Fojas 622 a 624, tomo IV). 40. Elizabeth Ávalos Martínez y Miguel Ávalos Godínez, de nueve de julio de dos mil quince, quienes refieren ser hermana y padre, respectivamente, de Juan Avalos Martínez -cadáver 37- (Fojas 286 a 287, tomo V), y En relación a 41) Jesús Ernesto Salazar Castillo -cadáver 28-, si bien al momento del libramiento del mandato de captura que nos ocupa no había identificación y por tanto denuncia particular, lo cierto es que el delito cometido en su agravio es de prosecución oficiosa y fue cometido en el mismo momento que los anteriores, porque la noticia criminal dada al fiscal investigador por los otros es suficiente para tener por satisfecho el requisito procedimental. El tercer requisito también está colmado, debido a que la autoridad responsable analizó y tuvo por acreditado el cuerpo del delito, haciendo relación y valoración del acervo probatorio que el fiscal investigador recabó y el consignador hizo llegar a la causa penal de origen. Ahora bien, en relación al cuarto requisito, se advierte que está parcialmente cubierto. Lo anterior resulta así, toda vez que al analizar la probable responsabilidad del aquí quejoso, la autoridad responsable únicamente argumentó respecto al grado de participación de los inculpados. Es decir, omitió pronunciarse respecto a que no exista acreditada alguna causa de licitud o excluyente de culpabilidad. En mérito de lo anterior, el Juez responsable no respetó las formalidades esenciales del procedimiento. En efecto, el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. (..)". Del análisis del precepto transcrito se contempla la garantía de mandamiento escrito, en que se funde y motive la causa legal para cometer el acto de molestia contra un particular, comúnmente denominada garantía de legalidad. Por fundamentación se entiende, expresar con exactitud los preceptos legales aplicables al caso, sustentados en una disposición normativa de carácter general, pues las autoridades sólo pueden hacer lo que la Ley les permite. Por motivación, indicar las circunstancias especiales, causas inmediatas y modalidades del caso particular por las cuales considera que los hechos encuadran dentro del marco general correspondiente establecido por la Ley; así, la motivación implica la adecuación entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso específico en que éste va a operar o surtir efectos. Además, la garantía de legalidad (fundamentación y motivación), comprendida en el artículo 16 de la Carta Magna, se traduce en la obligación de citar los preceptos legales, sustantivos o adjetivos en que se apoye toda determinación, así como los razonamientos lógico-jurídicos del porqué el caso concreto se ajusta a esas hipótesis normativas. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó, que para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto, se ajusta en los presupuestos de la norma que invoca. El anterior criterio se sustentó en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 143, del volumen 97-102, tercera parte de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente tenor: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En ese sentido, para que un acto se considere fundado y motivado, es necesario que en este se expresen los preceptos jurídicos que establezcan la hipótesis a la cual son aplicados, así como la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. En síntesis, debe expresarse el precepto que se considere aplicable al caso, la razón por la cual se estima de esa manera y que exista una relación lógica entre esos dos razonamientos. Lo anterior tiene como finalidad que el gobernado conozca en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de autoridad, de manera que sea evidente y claro para las partes poder controvertir, en su caso, la decisión tomada. Luego, no basta que los actos de autoridad contengan una motivación meramente formal, sino que se requiere, además, para cumplir con la finalidad mencionada, que dichos actos sean congruentes, suficientes y precisos; exponiéndose, se reitera, los hechos relevantes, citando la norma aplicable y expresando un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la subsunción realizada. Es sustento de lo argumentado, la jurisprudencia 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 162, del tomo XXII, diciembre de 2005, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Así como, la jurisprudencia 43, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página 1531, del Tomo XXIII, mayo de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 175082, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción". En conclusión, en materia penal la formalidad de fundamentación y motivación, se cumple, en el caso de una orden de aprehensión, cuando se razona lógica y jurídicamente con los medios de prueba aportados por el Ministerio Público la forma en que se actualiza la comisión del ilícito materia de la acción penal. Para ello, el juez debe expresar el delito que se imputa y el lugar, tiempo y circunstancias de su ejecución. Además, con qué probanzas se establece que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Al respecto, los artículos 134, párrafos primero a tercero, y 195 del Código Federal de Procedimientos Penales, vigente para los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio, establecen: "Artículo 134. En cuanto aparezca de la averiguación previa que se han acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, en los términos del artículo 168, salvo en los casos previstos en este Código y demás disposiciones aplicables, el Ministerio Público ejercitará la acción penal ante los tribunales y expresará, sin necesidad de acreditarlo plenamente, la forma de realización de la conducta, los elementos subjetivos específicos cuando la descripción típica lo requiera, así como las demás circunstancias que la ley prevea. No obstante lo dispuesto por la fracción II del artículo 15 del Código Penal Federal, el Ministerio Público podrá ejercitar la acción penal en los términos del párrafo precedente y, en su caso, las excluyentes del delito que se actualicen por la falta de los elementos subjetivos del tipo, serán analizados por el juzgador después de que se haya dictado el auto de formal prisión o de sujeción a proceso según corresponda, sin perjuicio del derecho del inculpado de acreditar ante el propio Ministerio Público la inexistencia de los mencionados elementos subjetivos del tipo. Para el libramiento de la orden de aprehensión, los tribunales se ajustarán a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional y en el 195 del presente Código. (...) Artículo 195. Cuando estén reunidos los requisitos del artículo 16 constitucional, el tribunal librará orden de aprehensión, reaprehensión o comparecencia, según el caso, contra el inculpado, a pedimento del Ministerio Público. La resolución respectiva contendrá una relación sucinta de los hechos que la motiven, sus fundamentos legales y la clasificación provisional que se haga de los hechos delictuosos, y se transcribirá inmediatamente al Ministerio Público para que éste ordene a la policía su ejecución. Como se pone de manifiesto en los textos legales aludidos, es ineludible para el Juez del proceso la determinación de la probable responsabilidad del imputado, que conforme a lo establecido por el artículo 168, párrafo penúltimo, del Código Federal de Procedimientos Penales, señala: "Artículo 168. (...) La probable responsabilidad del indiciado se tendrá por acreditada cuando, de los medios probatorios existentes, se deduzca su participación en el delito, la comisión dolosa o culposa del mismo y no exista acreditada a favor del indiciado alguna causa de licitud o alguna excluyente de culpabilidad. (...)". Lo resaltado es propio. Por tanto, si en el mandato de captura que se analiza el Juez responsable sólo expresó los medios de prueba que permiten deducir la participación del aquí quejoso en el delito, pero omitió todo lo restante, aun cuando sólo está legalmente autorizado para no analizar el apartado relativo a la fracción II del artículo 15 del Código Penal Federal, es evidente que violó en perjuicio de los quejosos la garantía de legalidad contemplada en el numeral 16 Constitucional. Aspecto que no permite analizar el fondo del asunto, por un lado, debido a que implicaría que este órgano de control constitucional, llegado el punto relativo, tuviera que sustituir la ausencia de razonamientos del Juez de origen, aspecto vedado en materia de Amparo, y por el otro, dado que se advierte de las constancias de la causa, el delito que se refiere fue cometido en el transcurso de un conflicto en que ambas partes usaron armas de fuego y en medio de una deflagración, así como la existencia de una cadena de mando presente con motivo de las funciones que los imputados ejercían en ese momento. Es así, porque respecto al cuerpo del delito, el Juez responsable señaló que el veintidós de mayo de dos mil quince, aproximadamente entre las ocho horas con cuarenta minutos y las diez horas con cuarenta minutos, elementos de la Policía Federal al mando del inspector Evaristo Jasso Galván, a bordo de vehículos oficiales de dicha corporación con los números 15470, 14777, 17110, 15459, 16952, 16973, 14297, 17010, 17016 y 16956, circulaban sobre la carretera Nogales-México, 15D, a la altura del tramo carretero Guadalajara-Ecuandureo, límites de los Estados Michoacán-Jalisco, kilómetro 371.5, cuando se percataron de la presencia de un vehículo de la marca Toyota, color blanco, doble cabina, con caja, que circulaba en la misma dirección, cuyos tripulantes al notar su presencia, los agredieron con disparos de armas de fuego, por lo que repelieron la agresión y en persecución del vehículo Toyota y sus tripulantes, ingresaron al Rancho "El Sol", ubicado sobre la carretera nacional número 15 México-Nogales, Autopista de Occidente México- Guadalajara, a la altura del kilómetro 370, municipio de Tanhuato, donde hubo enfrentamiento con armas de fuego que se prolongó por algunas horas, entre los Policías Federales y los civiles del vehículo Toyota y demás personas que se encontraban en dicho inmueble; interviniendo además un helicóptero de la corporación, al término del cual, debido al intercambio de disparos e incendio de una bodega, fallecieron cuarenta personas, anteriormente referidas como víctimas directas. Dicho segmento fáctico lo adecuó a la hipótesis normativa que prevé el delito de homicidio simple por participación indeterminada, previsto y sancionado en los artículos 302 y 307, en relación con los diversos 13, fracción VIII, y 64 bis del Código Penal Federal, que establecen: "Artículo 13. Son autores o partícipes del delito: (...) VIII. Los que sin acuerdo previo, intervengan con otros en su comisión, cuando no se pueda precisar el resultado que cada quien produjo. (...). Para los sujetos a que se refieren las fracciones VI, VII y VIII, se aplicará la punibilidad dispuesta por el artículo 64 bis de este Código." "Artículo 64 bis. En los casos previstos por las fracciones VI, VII y VIII del artículo 13, se impondrá como pena hasta las tres cuartas partes de la correspondiente al delito de que se trate y, en su caso, de acuerdo con la modalidad respectiva." "Artículo 302. Comete el delito de homicidio: el que priva de la vida a otro." "Artículo 307. Al responsable de cualquier homicidio simple intencional que no tenga prevista una sanción especial en este Código, se le impondrán de doce a veinticuatro años de prisión." De ahí que, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, se impone que el Juez del proceso no solamente realice la determinación correspondiente, sino que analice los aspectos subyacentes que revelan los medios de prueba puestos a su consideración, para resolver si no existe acreditada alguna causa de licitud o excluyente de culpabilidad. Sentado lo anterior, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Federación solicitado por el quejoso********************. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado del Titular de la Policía Federal Ministerial, al no haberse reclamado por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Ilustra, la jurisprudencia J/12, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 41, número 55, julio de 1992, de la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218867, de rubro y texto: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuidos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios." OCTAVO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso a efecto que la Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la orden de aprehensión de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal 2/2021; y, 2. Emita otra, en la que purgue los vicios de forma advertidos, ajustándose a los parámetros señalados en la presente determinación. En consecuencia, toda vez que los vicios de forma advertidos no pueden ser abordadas [motu proprio] por este órgano de control constitucional, ya que se relacionan con las atribuciones del Juez, lo procedente es conceder a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado y para los efectos arriba especificados; en el entendido, se reitera, de que ello no impide a dicha autoridad que la nueva resolución sea de la misma naturaleza o pueda variar de la que aquí se analiza, pero purgando los vicios de forma que se señalan en el considerando SÉPTIMO. Por tanto, al haberse otorgado a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación propuestos en la demanda de amparo, al existir los vicios de forma precisados. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 113, del volumen 151-156, tercera parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 237681, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACION. EL ESTUDIO DE LOS QUE BASTAN PARA CONCEDER EL AMPARO ES SUFICIENTE PARA LA LEGALIDAD DE LA SENTENCIA. Si el juzgador considera fundada una violación invocada y estima que es suficiente para conceder la protección constitucional a los quejosos, resulta innecesario entrar al estudio de los demás conceptos de violación hechos valer en la demanda. Por último, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. NOVENO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto,?? fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por********************, contra los actos reclamados de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo; del Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Uruapan; el Administrador del Centro de Justicia Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte y la Administradora del Centro de Justicia Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Comandante de la Guardia Nacional, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero, apartado I, de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a********************, contra los actos que reclama de la Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, así como del Titular de la Policía Federal Ministerial consistentes en la orden de aprehensión dictada en contra del aquí quejoso******************** dentro de la causa penal 2/2021, y su ejecución, por las razones expuestas en el considerando séptimo de esta sentencia y para los efectos en el considerando octavo de esta resolución. TERCERO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma [en forma electrónica] René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, hasta el día de hoy en que lo permitieron las labores de este juzgado, ante la secretaria Marcela Cortez Ruíz, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Se notifica por lista a la parte tercera interesada la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por********************, contra los actos reclamados de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo; del Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Uruapan; el Administrador del Centro de Justicia Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte y la Administradora del Centro de Justicia Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Comandante de la Guardia Nacional, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero, apartado I, de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a********************, contra los actos que reclama de la Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, así como del Titular de la Policía Federal Ministerial consistentes en la orden de aprehensión dictada en contra del aquí quejoso******************** dentro de la causa penal 2/2021, y su ejecución, por las razones expuestas en el considerando séptimo de esta sentencia y para los efectos en el considerando octavo de esta resolución. TERCERO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de esta sentencia.

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