Juan Rivera Altamirano
Expediente 446/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 446/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Juan Rivera Altamirano
- Integrantes del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Con el oficio por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, mediante el cual informa el sobreseimiento del amparo directo 152/2022, de su índice, sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento, toda vez que en auto de veintiséis de septiembre del año en curso, la superioridad aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y se ordenó el archivo definitivo el presente asunto, por tanto glósese únicamente para que obre como corresponda. Por otro lado, hágase del conocimiento a las partes para los efectos legales procedentes que el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, tomó posesión como titular de este juzgado Federal, Karina Castillo Flores. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el oficio enviado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el cual fue firmado por el Secretario de Acuerdos del *****************, residente en Acapulco de Juárez, por medio del cual acusa recibo e informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo que dio lugar al expediente ****************. En ese orden de ideas, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En consecuencia, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 20, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, el presente cuaderno de antecedes, transcurridos seis meses a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el escrito presentado por Juan Rivera Altamirano, por propio derecho, quien promueve demanda de amparo contra actos de los Integrantes del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número 446/2022 y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo y anexos de la misma, se advierte de manera categórica que Juan Rivera Altamirano, reclama de los Integrantes del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, la sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictada en el recurso de revisión interpuesto, misma que confirmó la sentencia definitiva de diecisiete de marzo de dos mil veinte, emitida en el expediente de origen TJA/SRCH/2018/2018, por el Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. Atento a lo anterior, el que aquí juzga considera que este juzgado de distrito no es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo en estudio. Lo anterior es así, pues el artículo 170, de la Ley de Amparo, dispone: "El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." Por su parte, el artículo 47 de la referida Ley, establece: ".Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." Preceptos que en el caso concreto, nos permiten establecer los siguientes postulados: I. Por sentencias definitivas debe entenderse aquellas que decidan el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas; y II. La competencia para conocer del amparo en contra de tales sentencias definitivas, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, desde luego en la vía directa; debiendo incluso ser presentado ante la autoridad responsable, como lo dispone el artículo 47 de la Ley de Amparo. En tal contexto, se arriba a la convicción de que la sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictada por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el recurso de revisión misma que confirmó la sentencia definitiva de diecisiete de marzo de dos mil veinte, emitida en el expediente de origen TJA/SRCH/2018/2018 por el Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, constituye una sentencia definitiva, porque decidió el juicio en lo principal. De ahí que la demanda debe ser examinada mediante el juicio de amparo directo por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, Guerrero, en turno, en términos del Acuerdo General 72/2004 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la especialización de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Primer Circuito. En tal virtud, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer de la presente demanda; por consiguiente, se determina remitir el presente expediente, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en Turno, con residencia en Acapulco, Guerrero, para que resuelva lo que en derecho corresponda. Fórmese, cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias del expediente en que se actúa, para los efectos legales procedentes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; y, como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas Alejandro Rivera Altamirano, Oscar González Flores y Hugo De Jesús Morillon Cisneros, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Víctor Hugo Alonso Sánchez, quien no cuenta con dicho registro, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el escrito presentado por Juan Rivera Altamirano, por propio derecho, quien promueve demanda de amparo contra actos de los Integrantes del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número 446/2022 y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo y anexos de la misma, se advierte de manera categórica que Juan Rivera Altamirano, reclama de los Integrantes del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, la sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictada en el recurso de revisión interpuesto, misma que confirmó la sentencia definitiva de diecisiete de marzo de dos mil veinte, emitida en el expediente de origen TJA/SRCH/2018/2018, por el Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. Atento a lo anterior, el que aquí juzga considera que este juzgado de distrito no es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo en estudio. Lo anterior es así, pues el artículo 170, de la Ley de Amparo, dispone: "El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." Por su parte, el artículo 47 de la referida Ley, establece: ".Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." Preceptos que en el caso concreto, nos permiten establecer los siguientes postulados: I. Por sentencias definitivas debe entenderse aquellas que decidan el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas; y II. La competencia para conocer del amparo en contra de tales sentencias definitivas, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, desde luego en la vía directa; debiendo incluso ser presentado ante la autoridad responsable, como lo dispone el artículo 47 de la Ley de Amparo. En tal contexto, se arriba a la convicción de que la sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictada por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el recurso de revisión misma que confirmó la sentencia definitiva de diecisiete de marzo de dos mil veinte, emitida en el expediente de origen TJA/SRCH/2018/2018 por el Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, constituye una sentencia definitiva, porque decidió el juicio en lo principal. De ahí que la demanda debe ser examinada mediante el juicio de amparo directo por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, Guerrero, en turno, en términos del Acuerdo General 72/2004 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la especialización de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Primer Circuito. En tal virtud, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer de la presente demanda; por consiguiente, se determina remitir el presente expediente, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en Turno, con residencia en Acapulco, Guerrero, para que resuelva lo que en derecho corresponda. Fórmese, cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias del expediente en que se actúa, para los efectos legales procedentes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; y, como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas Alejandro Rivera Altamirano, Oscar González Flores y Hugo De Jesús Morillon Cisneros, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Víctor Hugo Alonso Sánchez, quien no cuenta con dicho registro, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.
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