Juan Ricardo Nuño Carral y Otros.

Expediente 432/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
432/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
30/07/2015

Partes del expediente

  • Juan Ricardo Nuño Carral y Otros.
  • Romy Olivia Perera Rosado y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el cual se desechó la demanda de amparo, sin que el promovente lo haya hecho valer; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS AL PROMOVENTE EL ACUERDO QUE DICE: Agréguese a los autos el escrito signado por Esther Mendoza Ponce, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido en auto de veinticinco de marzo del año en curso; en consecuencia, con la demanda de amparo que promueve Esther Mendoza Ponce, en su carácter de apoderada de Juan Ricardo Nuño Carral y Romy Olivia Perera Rosado, contra actos del Delegado Estatal de la Comisión Nacional de la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros; fórmese expediente y realícese las anotaciones en el Libro de Gobierno de este juzgado. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del contenido del escrito de demanda, se considera respetuosamente, que en este asunto se actualiza la causa de improcedencia derivada del artículo 61, fracción XXIII, en relación al artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo. HIPÓTESIS NORMATIVA "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De los artículos transcritos se deduce que la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, siempre que esos actos emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio. Asimismo, de una interpretación correlacionada de dichos artículos se advierte la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o cosas una afectación material a derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues lo que se pretende es que tales actos puedan ser impugnados de inmediato, los cuales pueden producirse tanto en juicios propiamente dichos como en procedimientos seguidos en forma de juicio HECHOS En el caso, del análisis de la demanda de cuenta, se advierte que la parte quejosa reclama el acuerdo dictado en la audiencia de conciliación llevada a cabo en la CONDUCEF (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros), en el expediente número 214/300/13307, de tres de marzo de dos mil quince, en que la autoridad responsable previno a la parte promovente para que el día catorce de abril de dos mil quince, exhibiera la identificación oficial de sus poderdantes (aquí quejosos), apercibida que de no hacerlo, se ordenaría el archivo del expediente como concluido. CONCLUSIÓN De lo anterior se concluye que el acto aquí reclamado, por su naturaleza procesal, no constituye un acto de imposible reparación, debido a que el hecho de que la autoridad señalada como responsable haya solicitado a la apoderada de los quejosos la presentación de las credenciales de elector originales, apercibiéndola que de no cumplir, se ordenaría el archivo del asunto, se considera respetuosamente que no atenta de manera cierta e inmediata derecho sustantivo de los protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la materialización o no del apercibimiento realizado, depende de la voluntad de la parte quejosa de cumplir con lo solicitado; de ahí que, en este momento no se actualice un perjuicio inminente o real, ante el carácter futuro e incierto de las consecuencias del acto reclamado. Bajo este orden de ideas, se concluye que los quejosos no han sufrido hasta el momento, algún perjuicio real, personal y directo en su esfera jurídica, ni tampoco se advierte que el perjuicio de que se trata pudiera ser de ejecución inminente, sino que podrían ser de realización incierta, por depender de la voluntad de la parte quejosa de cumplir con lo solicitado por la responsable y, por ende, el presente juicio de amparo resulta improcedente. Tiene aplicación al caso, la siguiente tesis: Época: Novena Época Registro: 182459 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Enero de 2004 Materia(s): Administrativa Tesis: I.7o.A.261 A Página: 1475 COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF). EL APERCIBIMIENTO DE IMPONER UNA SANCIÓN PECUNIARIA A LA INSTITUCIÓN FINANCIERA EN CASO DE NO ASISTIR A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN RELACIONADA CON LA PRESENTACIÓN DE UNA RECLAMACIÓN, NO LE DEPARA NINGÚN PERJUICIO. Conforme al artículo 67 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la Condusef debe correr traslado a la institución financiera con la reclamación presentada por el usuario y citarla para que acuda a la celebración de la audiencia de conciliación con el apercibimiento de aplicar una sanción pecuniaria en caso de inasistencia; sin embargo, esa situación no le depara ningún perjuicio real y directo, puesto que la aplicación de esa medida depende de la conducta que sea adoptada por la institución, la cual tiene la opción de acudir a la junta conciliatoria sin que ello le genere algún vínculo obligatorio, con lo que se evitará que se haga efectivo el apercibimiento decretado en su contra. Por otro lado, es importante manifestar que en todo procedimiento seguido en forma de juicio y en los procedimientos jurisdiccionales, la admisión a trámite de una instancia conlleva la formulación de un apercibimiento, consistente en la aplicación de una sanción de carácter procesal o económico, situación que por sí misma no otorga legitimación para acudir al juicio de garantías, a no ser que se impugne la constitucionalidad del precepto normativo que sirve de fundamento para la formulación del apercibimiento, hipótesis en la que es evidente la aplicación de la norma que se pretende impugnar, como se advierte de los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubros: "MULTA. EL SOLO APERCIBIMIENTO DE IMPONERLA CONSTITUYE ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY QUE LO PREVÉ Y OTORGA INTERÉS PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO, SI LA AUTORIDAD ESTABLECE CON PRECISIÓN LA SANCIÓN PECUNIARIA EN CASO DE QUE EL GOBERNADO INCUMPLA EL REQUERIMIENTO." (tesis 2a. XXXIX/99) y "SEGURO SOCIAL. EL APERCIBIMIENTO DE MULTA CONFORME AL REGLAMENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS POR INFRACCIÓN A LA LEY RELATIVA Y SUS REGLAMENTOS, CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." (jurisprudencia 2a./J. 5/2000). SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA ORIGEN DE ESTE JUICIO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO QUE SEÑALA LO SIGUIENTE: Analizada la demanda de amparo promovida por Esther Mendoza Ponce, quien se ostenta como apoderada de Juan Ricardo Nuño Carral y Romy Olivia Perera Rosado; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), anótese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y regístrese el juicio de amparo con el número 432/2015, que le corresponde. PREVENCIÓN PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del contenido de la demanda de amparo, se advierten irregularidades que deben ser subsanadas, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVAS Los artículos 108, fracciones I, III y V, 112 y 114, fracción II de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto de promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación (.) Artículo 112.- Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. (.) Artículo 114.- El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse cuando: (.) II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley". De los artículos y fracciones trascritas, se advierte la facultad del Juez de Distrito de prevenir a la parte quejosa, para que realice las aclaraciones pertinentes, cuando dentro del escrito de demanda encuentre alguna irregularidad; se hubiere omitido alguno de los requisitos que señala el artículo 108 de la Ley de Amparo. Asimismo, el precepto enunciado en el párrafo anterior, dispone que la demanda de amparo deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley autorice, en la que se expresará la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; asimismo, el quejoso manifestará, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. HECHOS En ese orden de ideas, se advierte que el acto reclamado por la promovente en la demanda de amparo consiste en el acuerdo dictado en la audiencia de conciliación llevada a cabo en la CONDUSEF (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros), en el expediente 214/300/13307, de tres de marzo de dos mil quince, en que la responsable previno a la promovente para que el día catorce de abril de dos mil quince, fecha señalada para la celebración de la nueva audiencia de conciliación, exhiba identificación oficial vigente de Juan Ricardo Nuño Carral y Romy Olivia Perera Rosado, apercibida que de no hacerlo se ordenará el archivo del expediente como concluido. Asimismo, el promovente se ostenta como apoderada legal de Juan Ricardo Nuño Carral y Romy Olivia Perera Rosado, sin embargo, únicamente exhibió copia simple del poder que le fue otorgado a su favor. CONCLUSIÓN Por tanto, se concluye respetuosamente que la demanda de amparo es irregular en cuanto a la representación que la promovente dice tener, para acreditar el carácter de apoderada legal, en razón de que únicamente acompañó a su escrito de demanda copia simple del poder con el cual pretende acreditar la personalidad con que se ostenta. REQUERIMIENTO Por lo tanto, a efecto de permitir el efectivo acceso a la jurisdicción en favor de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se requiere a la promovente para que, en el plazo de cinco días, realice lo siguiente: Exhiba documento original o constancia certificada con la cual acredite la personalidad que dice tener, esto es, como apoderada legal de Juan Ricardo Nuño Carral y Romy Olivia Perera Rosado. APERCIBIMIENTO Apercíbase a la parte promovente del amparo que de no dar cumplimiento al requerimiento antes formulado, en el término indicado, se tendrá por NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Hágase saber a la promovente el delito en que pudieran incurrir quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial en un juicio de amparo, previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta de a trescientos días: I.- Al quejoso, a su abogado autorizado o ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta como su autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Justo Rodríguez Gómez, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la promovente, con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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