Juan Ricardo Áviles Molina
Expediente 414/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 414/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 16/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Juan Ricardo Áviles Molina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el diecinueve de noviembre de dos mil veinte (fojas 51 a 62), en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, inciso a), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Incidente de suspensión Por cuanto hace al cuaderno original del incidente de suspensión, es destruible, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el, inciso c), del artículo 21, de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión fue negada la medida cautelar respecto a los actos reclamados. En diverso aspecto, como lo dispone el artículo 20, fracción II, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. De igual forma, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Sin que sean necesarios requerir a las partes para devolución de documentos o billetes de depósito al no constar estos en autos.
- Principal
Relación de constancias Enseguida, la Secretaria con quien actúa hace relación de las constancias de autos y da cuenta con: La demanda de amparo promovida por Juan Ricardo Avilés Molina (fojas 2 a 3). Auto de cuatro de septiembre de dos mil veinte (fojas 5 a 8) por el que se admitió la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. Constancia de notificación al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito (fojas 46-47). Informe con justificación que rindió: Director de Desarrollo Económico, Social y Fomento Agropecuario del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala (fojas 12-14) Auto de quince de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se otorgó vista a la parte quejosa, a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo (fojas 32-35). Auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte, por el cual, en atención a la vista otorgada para ampliar la demanda de amparo, se tuvo por recibido el escrito signado por el quejoso, pero no se tuvo por ampliada su demanda (foja 43-44) Todo lo anterior consta en autos A lo que el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que anteceden, para que surtan los efectos legales procedentes. Asimismo, la Secretaria, certifica: que el plazo de quince días concedido a la parte quejosa para que ampliara la demanda de amparo realizada en acuerdo de quince de octubre de dos mil veinte (fojas 32 a 35), transcurrió como a continuación se representa: Parte Notificación Surte efectos Inicia y concluye término Días inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo Quejosa 16 de octubre de 2020 (foja 38) 19 de octubre de 2020 Del 20 de octubre al 10 de noviembre de 2020 24, 25, 31 de octubre y 1, 2, 7, y 8 de noviembre de 2020 A lo que el Juez acuerda: se hace efectivo el apercibimiento formulado en el proveído de referencia, por lo que se tiene por perdido su derecho y se continúa con el procedimiento conforme a la demanda inicialmente planteada. Acto seguido, se abre el período de pruebas: la Secretaria da cuenta con las siguientes: Quejosa La documental que acompañó a su escrito de demanda (foja 4). Autoridad responsable Las documentales exhibidas por la responsable cuando rindió su informe justificado (fojas 15-25 y 40). Enseguida, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales aportadas por la parte quejosa y autoridad responsable, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza; al no existir pruebas pendientes de desahogo se cierra la presente etapa. Período de alegatos Se abre la etapa de alegatos, en la que la Secretaria da cuenta con los presentados por la parte quejosa el trece de octubre actual (foja 27), y al no existir más alegatos por relacionar, se cierra la fase respectiva. Por otro lado, la Secretaria CERTIFICA: 1.- Que no existen promociones pendientes por acordar recibidas hasta la fecha y hora señaladas para el desahogo de la presente audiencia, tanto en la Oficialía de Partes Común, como de la Oficialía de partes de este Juzgado de Distrito. 2.- El presente Juicio de amparo se encuentra debidamente integrado, es decir, todas las partes están debidamente emplazadas y las constancias que remitieron las autoridades responsables con sus informes justificados se encuentran, en orden cronológico, certificado, sellado y foliado. Doy Fe. Conclusión del acta Al no existir promoción pendiente de acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, se tiene por desahogada la presente audiencia constitucional y con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, se procede a dictar la sentencia siguiente. S E N T E N C I A. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 414/2020-III, promovido por Juan Ricardo Avilés Molina; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda de garantías. Por escrito presentado el tres de septiembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día Juan Ricardo Avilés Molina, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: "IV.- AUTORIDAD o AUTORIDADES RESPONSABLES. - "Director de Desarrollo Económico, Social y Fomento Agropecuario del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala" ACTO RECLAMADO: "a) Reclamo concretamente actos de molestia, toda vez que la autoridad responsable tiene el propósito de impedirme ejercer el comercio lícito que desarrollo en avenida Morelos, colonia Centro, Calpulalpan, Tlaxcala, en el que la autoridad responsable me lo ha expresado por escrito del existe la existencia y exigencia del acto reclamado fuera de un procedimiento judicial b) Reclamo concretamente que la autoridad responsable de una forma y de otra me trata de privar de mi producto de mi trabajo c) Reclamo concretamente que la autoridad responsable trata de vedarme el ejercicio de la libertad de trabajar el comercio ." (sic) SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El promovente del amparo manifestó que se violan en su perjuicio los derechos humanos consagrados en el artículo 1, 5 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimaron pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinte (fojas 5-9), este Juzgado de Distrito registró la demanda de amparo con el número de juicio 414/2020-III, y la admitió a trámite, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó dar la legal intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para que se llevara a cabo la audiencia constitucional. CUARTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, previo diferimiento. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, toda vez que se reclaman actos a diversas autoridades que se encuentran dentro de la jurisdicción donde este Juzgado de Distrito ejerce su competencia. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda y a las constancias del presente juicio de amparo, se concluye que la parte quejosa reclama: Impedimento de ejercer actos de comercio en la avenida Morelos, colonia Centro, Calpulalpan, Tlaxcala. la cancelación del permiso para ejercer actos de comercio en la avenida Morelos, colonia Centro, Calpulalpan, Tlaxcala. Privación del producto de trabajo como comerciante. Señalado el acto reclamado, por cuestión de técnica, se analizará la certeza o inexistencia del mismo, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia del acto recamado En principio procede a analizar la existencia del acto reclamado como: Privación del producto de trabajo como comerciante. Así, la autoridad responsable al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, sin prueba en contrario, consecuentemente, al ser inexistente el acto reclamado se debe sobreseer en el juicio, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." El motivo de sobreseimiento previsto en dicho numeral prevé dos situaciones, la primera, la clara demostración de la inexistencia del acto reclamado y, la segunda, la falta de prueba de su existencia en la audiencia del juicio (cuando la responsable lo niega). Respecto de la primera, la "inexistencia" propiamente dicha, implica una prueba directa de que no existe el acto reclamado. En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/95, estableció que la existencia del acto reclamado debe analizarse en relación con la fecha en la cual se presentó la demanda de amparo (lo que marca el inicio del juicio de garantías), por ello, si el acto es posterior a ese evento, debe concluirse que, al incoarse la acción constitucional, el acto reclamado era inexistente, atento a la primera hipótesis. De igual manera, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 469/94 determinó que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Criterio que se encuentra plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de rubro "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA." Tocante a la "falta de prueba de la existencia del acto", aunque es un principio generalmente reconocido en el derecho, en materia de cargas probatorias, que las negativas no son susceptibles de demostrarse; sin embargo, cuando en el juicio de amparo la autoridad responsable niega el acto reclamado, tal negativa puede ser desvirtuada por una prueba directa de la existencia de dicho acto. Luego, si no se aporta alguna prueba para demostrar que el acto reclamado existe, no cabe otra cosa que dar por concluido el juicio con el sobreseimiento por falta de materia Aquí, debe hacerse hincapié en que la reversión de la carga de la prueba que impone la ley a la parte quejosa, parte de un supuesto, la afirmación de su inexistencia hecha por la autoridad señalada como responsable; en cambio, la falta de manifestación o informe, produce una presunción de certeza, según previene el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo. El artículo 75 tercer párrafo del ordenamiento referido, prevé: "El órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto". El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 8/964, estableció que por virtud de una previsión de tal naturaleza, ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de amparo, sino también al Juez de Distrito para allegarse oficiosamente de todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que tienen con el acto reclamado, pues de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad del acto. Conviene destacar que la parte promovente del amparo puede aportar sus pruebas hasta la audiencia del juicio, por tanto, a pesar de la negativa de la autoridad o lo patente que pueda parecer la inexistencia, el juez de distrito debe reservar el sobreseimiento hasta el dictado de la resolución correspondiente, pues debe dar oportunidad a la parte quejosa de agotar su derecho de aportar pruebas Ahora bien, este juzgador estima inexistentes los actos reclamados consistentes en "la privación del producto de trabajo de comercio", toda vez que la autoridad responsable antes enunciada negó la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba en contrario. En este contexto, es evidente que al resultar inexistente el acto reclamado, lo que lo procedente es sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Ahora bien, respecto de los actos reclamados consistentes en: Impedimento de ejercer actos de comercio en la avenida Morelos, colonia Centro, Calpulalpan, Tlaxcala. la cancelación del permiso para ejercer actos de comercio en la avenida Morelos, colonia Centro, Calpulalpan, Tlaxcala. Son ciertos los actos reclamados atribuidos al Director de Desarrollo Económico, Social y Fomento Agropecuario del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala (fojas 12-14), quien al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los mismos, lo que se corrobora con las constancias que remitió como anexo al mismo, específicamente el oficio DEYS/0310/2020, de veintiséis de agosto de dos mil veinte, suscrito por la responsable, mismo que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, al tratarse de documento público expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones; por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a las autoridades precisadas. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, parte SCJN, materia común, con el registro 394182, de título y contenido siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena.". Con la valoración de pruebas verificada en la forma indicada se satisface el requisito previsto en la fracción III, del artículo 74 de la Ley de Amparo, en que se establece que la sentencia de amparo debe contener la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. QUINTO. Oportunidad en la presentación de la demanda de derechos. Para determinar si la demanda fue presentada oportunamente, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que dispone los plazos para la interposición del juicio de amparo atendiendo al acto que se reclama, según se advierte de su contenido: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". En ese orden de ideas, toda vez que el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I a IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, se debe estar al plazo general que es de quince días. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, existen tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del mismo. Cabe destacar que dichas hipótesis son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. En segundo lugar, en el caso concreto, el quejoso Juan Ricardo Avilés Molina, manifestó en su demanda de amparo que tuvo conocimiento del acto reclamado el veinticinco de agosto de dos mil veinte (foja 2) y presentó su demanda el tres de septiembre del mismo año, por lo que su demanda de amparo está en tiempo, pues el término de quince días para presentarla, transcurrió del veintisiete de agosto al veintiuno de septiembre de dos mil veinte, sin contar los días inhábiles; como se advierte a continuación: AGOSTO DE 2020 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 Inhábil 2 Inhábil 3 4 5 6 7 8 Inhábil 9 Inhábil 10 11 12 13 14 15 Inhábil 16 inhábil 17 18 19 20 21 22 Inhábil 23 Inhábil 24 25 Fecha de conocimiento 26 Surte efectos 27 Día 1 28 Día 2 29 Inhábil 30 Inhábil 31 Día 3 SEPTIEMBRE DE 2020 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 Día 4 2 Día 5 3 Día 6 Presentación de la demanda 4 Día 7 5 Inhábil 6 Inhábil 7 Día 8 8 Día 9 9 Día 10 10Día 11 11 Día 12 12 Inhábil 13 Inhábil 14 Inhábil 15 Inhábil 16 Inhábil 17 Día 13 18 Día 14 19 Inhábil 20 inhábil 21 Día 15 Vence el término 22 23 24 25 26 Inhábil 27 Inhábil 28 29 30 Inhábil Inhábil SEXTO. Causales de improcedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador lo advierta de oficio, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de La Ley de Amparo. Al respecto, no obstante la certeza del acto reclamado, este órgano de control constitucional se encuentra imposibilitado para analizar los conceptos de violación hechos valer en contra del acto reclamado, toda vez que en el presente caso se actualiza una causal de improcedencia, cuyo estudio resulta ser de carácter preliminar a cualquier otro punto, por tratarse de una cuestión de orden público, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como a la tesis de jurisprudencia 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 262, tomo Parte VIII, Quinta Época, del Apéndice de 1985, la cual es del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Al respecto, en cuanto a los actos reclamados consistentes en el impedimento de ejercer actos de comercio en la avenida Morelos, colonia Centro Calpulalpan, Tlaxcala, así como la cancelación del permiso para ejercer actos de comercio en la avenida Morelos, colonia Centro Calpulalpan, Tlaxcala; sin embargo, este Juzgado federal considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 4 y 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, por no haber expresado conceptos de violación, por las siguientes razones: El artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 6 y 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, se desprende que los mismos establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.)XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) VIII. Los conceptos de violación." De lo anterior, se desprende que la demanda deberá formularse por escrito, en la que se expresen, entre otros requisitos, el concepto o conceptos de violación; entendiéndose por ello los razonamientos lógico- jurídicos vertidos por la quejosa, tendentes a exponer en qué consiste la violación constitucional a cargo de las responsables en sus actos de autoridad, dicha formulación debe motivar al juzgador a conceder el amparo impetrado, por tanto, su expresión debe ser de la manera más clara y exacta que sea posible. La postura que en antaño se seguía respecto a la forma de expresión de los conceptos de violación, exigía su enunciación siguiendo las normas de la lógica formal, como un verdadero silogismo jurídico que contuviera una premisa mayor integrada por la garantía constitucional; una premisa menor, que comprendía el acto de autoridad que desconoce o conculca la garantía y por una conclusión donde se establecía el motivo por el que el acto reclamado debía ser nulificado por la justicia de la Unión al momento de resolver el caso demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. En la actualidad estas exigencias han sido superadas, acorde a los criterios del alto tribunal de la nación, pues ahora será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 68/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII, Agosto de 2000, visible a página 38, con número de registro 191384, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.". Luego la regla general, es que el amparo resulta improcedente en términos del numeral 108, fracción VIII, en relación con el artículo 61, fracción XXIII, de la referida ley. Empero esa regla admite excepciones, la ley permite que pese a que no se expresen conceptos de violación, ni se aclare la causa de pedir, el operador jurídico pueda examinar la constitucionalidad de un acto, incluso en el caso en que se omita la expresión de los conceptos de violación, hipótesis previstas en el artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo. Se dice que por regla general, porque puede acontecer que el acto reclamado resulte ser inconstitucional en sí mismo, caso en que la ausencia o deficiencia de los conceptos de violación no impide al órgano jurisdiccional entrar al análisis del mencionado acto, o bien que quien acude al amparo sea uno de los sujetos privilegiados por el supuesto de excepción al principio de estricto derecho previsto en el artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo, hipótesis que en el caso en particular no se actualizaron por tratarse de la materia del amparo de una cuestión administrativa de estricto derecho. Del examen integral de la demanda de garantías se desprende que la parte quejosa no expuso razonamientos lógico-jurídicos, tendentes a evidenciar la contravención a la Carta Magna con respecto de los actos reclamados en el presente juicio de garantías, esto es, no llegó a evidenciar su contravención con alguno de los derechos humanos consagrados por algún canon constitucional, pues los únicos conceptos de violación, los formula con relación a la vista de ampliación que le fue otorgada el quince de octubre del año actual (fojas 32-35), misma que en proveído de veintiuno de octubre del año actual (fojas 43-44), no se le tuvo por ampliada al no cumplir con los requisitos del numeral 108 de la Ley de Amparo; pero ningún concepto de violación, respecto de los actos reclamados como: impedimento de ejercer actos de comercio en la avenida Morelos, colonia Centro Calpulalpan, Tlaxcala, así como la cancelación del permiso para ejercer actos de comercio, reclamados a la Directora de Desarrollo Económico, Social y Fomento Agropecuario del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, lo cual constituye la materia de estudio en el presente juicio de garantías, siendo requisito esencial en el juicio de garantías contra leyes el formular conceptos violatorios en los que pondere la violación al Pacto Federal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, XVI, Diciembre de 2002, visible a página 61, con número de registro 185425, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse.". De lo anterior, se sigue que, dada la improcedencia de la acción de amparo generada por la ausencia de conceptos de violación en contra de los actos reclamados a la autoridad Directora de Desarrollo Económico, Social y Fomento Agropecuario del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, en términos de la fracción XXIII del numeral 61 vinculada con el numeral 108, fracción VIII, antes invocados, procede decretar el sobreseimiento por esos actos, con base en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, quien esto resuelve estima que también se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". En estrecha relación con lo anterior, es pertinente destacar que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" Por su parte, el artículo 5º de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". A efecto de acreditar esta aseveración, debe partirse de que la causal invocada prevé la improcedencia del juicio constitucional contra actos que no afecten los intereses jurídicos ni legítimos de la parte solicitante del amparo. En ese aspecto, es menester señalar que el interés jurídico o bien el legítimo constituyen un presupuesto procesal del juicio de amparo que se encuentra prescrito en el artículo 107, fracción I, de la Constitución, y los diversos 5, fracción I, 6 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo , los que, en esencia, disponen que el promovente del amparo debe acreditar una afectación a su interés jurídico o bien al legítimo para que proceda su demanda constitucional. Esta afectación constituye un perjuicio al agraviado, el que se entiende como una transgresión de un derecho tutelado o interés legítimo individual o colectivo, que produce determinado acto o ley; la cual faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente a demandar el cese de dicha transgresión; asimismo, se precisa que para ello se tiene que afectar la esfera de quien lo reclame, sea de manera directa o por su especial situación. El "perjuicio" mencionado debe ser actual, pronto a suceder o que inminentemente se causará, ello por referirse a una situación que está provocando detrimento en la esfera jurídica del gobernado en el momento de promoverse el amparo, pues cuando la afectación solo es futura e incierta no es susceptible de considerarse para efectos del juicio constitucional. Luego, resulta indispensable demostrar la existencia del interés jurídico tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios, o del trabajo. En cambio, en supuestos diversos, quien acude al juicio de amparo debe ubicarse en alguno de las hipótesis siguientes: a) Ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o, b) Acudir al juicio aduciendo un interés legítimo. En ese sentido, es indispensable precisar que el interés jurídico en el juicio de amparo se concibe cuando el acto o ley que se reclama causa un perjuicio a la esfera del gobernado que permiten a su titular acceder a esta instancia constitucional; entendiendo por esfera jurídica el cúmulo de derechos y obligaciones que por razones de una, varias normas, o circunstancias de hecho en situaciones específicas, lo vinculen debido a una relación jurídica, o conexión de bienes afectados en razón de una necesidad o existencia de elementos de identificación. Apoyan lo anterior, en lo conducente, los criterios de los rubros que siguen: "INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO" e "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO" . Así, se arriba al convencimiento de que para que el juicio de amparo sea procedente se requiere que el quejoso tenga interés jurídico o legítimo, lo que ocupa probarse fehacientemente y no con base en presunciones, y que el mismo se vea agraviado; en la inteligencia de que la naturaleza intrínseca de la ley, acto u omisión reclamadas es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera jurídica del quejoso, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no lo afecten real y efectivamente. Las figuras del interés jurídico y legítimo están vinculadas estrechamente con el principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo, según el cual el acto o ley que se reclamen debe causar un perjuicio a la persona que se estime afectada. De esta manera, dicho interés sólo lo tiene el titular del derecho afectado (jurídico), o a quien le recaiga un perjuicio actual, real y jurídicamente relevante (legítimo) y no quien únicamente tenga un interés simple o legalmente irrelevante; lo cual se determinará según la naturaleza intrínseca del acto, ley u omisión reclamados. Como corolario de lo expuesto, tenemos que, atendiendo a la naturaleza del acto o ley reclamados y a la de la autoridad que lo emite, la parte quejosa debe acreditar el interés jurídico o legítimo que le asiste cuando promueve la acción constitucional, en los términos siguientes: Interés jurídico: es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y que el acto o ley de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Interés legítimo: debe acreditarse la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial- apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Demostrando tales puntos, la parte quejosa estará legitimada para ejercer la acción; de lo contrario, el amparo resultará improcedente. Así, en el presente caso, la quejosa reclama Impedimento de ejercer actos de comercio en la avenida Morelos, colonia Centro Calpulalpan, Tlaxcala, La cancelación del permiso para ejercer actos de comercio en la avenida Morelos, colonia Centro Calpulalpan, Tlaxcala, Asimismo, acude a esta instancia constitucional aduciendo un interés jurídico, al sostener una afectación a su esfera jurídica derivada de ser la titular (propietaria y poseedora) de un puesto semifijo ubicado en: la avenida Morelos, colonia Centro Calpulalpan, Tlaxcala, dedicado al comercio de ropa. Por lo anterior, tiene la carga probatoria de acreditar dicho interés para poder determinar si hubo o no una afectación por parte de la responsable a ese derecho subjetivo. Al respecto, previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, es menester verificar si la parte quejosa acredita que la titularidad que dice detentar sobre el puesto semifijo que defiende -o bien respecto del diverso señalado como la cancelación del permiso, se sustenta en un título reconocido por la ley. En primer término, resulta oportuno precisar que, si bien es cierto la autoridad responsable al momento de rendir su informe aceptó el acto reclamado, aduciendo que el permiso de comercio con que contaba el quejoso, lo era de manera verbal (foja 12) y que conforme a la constancia exhibida por la parte quejosa al momento de presentar su demanda de amparo, consistente en el oficio número DEYS/0310/2020, de veintiséis de agosto de dos mil veinte, expedido por la Directora de Desarrollo Económico, Social y Fomento Agropecuario, dirigido a Juan Ricardo Ávila Molina (foja 4), se advierte que es una notificación que indica: "le vengo a notificar la cancelación y perdida de permiso para ejercer actos de comercio formal dentro del local comercial", mismo que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, al tratarse de documento público expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones; se advierte que el quejoso al momento de llevarse a cabo el acto reclamado -impedimento de ejercer actos de comercio-, contaba con permiso verbal. Sin embargo, se toma en consideración que la autoridad responsable no señaló la temporalidad del permiso verbal que refiere; asimismo, el quejoso no acreditó la vigencia de dicho permiso para ejercer actos de comercio, en la avenida Morelos, colonia Centro Calpulalpan, Tlaxcala, por lo que no se tiene por acreditado el interés de la parte quejosa, atendiendo al hecho de que no acredita tener la titularidad de algún derecho para realizar dicha actividad, pues omitió exhibir el permiso, licencia o autorización vigente que la faculte para ello (respecto de cualquiera de los puestos señalados) en términos de lo establecido en el artículo 77 del Bando de Policía y Buen Gobierno aplicable al Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala. En tales condiciones, toda vez que los sobreseimientos decretados constituyen un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no se entrará al análisis de los conceptos de violación hechos valer por el peticionario del amparo, pues esto impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo IX, Enero de 1992, visible en la página 115, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1o, 73 a 79 y 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. - SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías, promovido por Juan Ricardo Avilés Molina, por su propio derecho, contra la autoridad responsables y por los actos precisados en los considerandos tercero y último de la presente resolución.
- Principal
R E S U E L V E: ÚNICO. - SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías, promovido por Juan Ricardo Avilés Molina, por su propio derecho, contra la autoridad responsables y por los actos precisados en los considerandos tercero y último de la presente resolución.
- Incidental
Apertura de audiencia El Juez declaró abierta la audiencia, sin la asistencia personal de las partes, ni de persona que legalmente las represente. Relación de constancias En cumplimiento a su inmediato acuerdo, la Secretaria hace relación de las constancias de autos y da nueva cuenta con lo siguiente: - Copia de la demanda de amparo y anexo (fojas 1 a 3). - Auto de cuatro de septiembre de dos mil veinte, donde se proveyó respecto de la suspensión provisional (fojas 33 a 38) - Interlocutoria de uno de octubre de dos mil veinte (fojas 33 a 34), en la cual se negó la suspensión definitiva a Juan Ricardo Avilés Molina, respecto de la autoridad responsable precisada en el último considerando de dicha resolución. -Auto de treinta de octubre de dos mil veinte, por el que se tuvo a la parte quejosa, solicitando la modificación o revocación de la suspensión provisional, por lo que se otorgó un término de tres días a las partes a fin de que ofrecieran pruebas o manifestaran lo que estimaran pertinente (fojas 49-50). - Auto de diez de noviembre actual, mediante el cual se tuvo a la autoridad responsable Directora de Desarrollo Económico, Social y Fomento Agropecuario de Calpulalpan, Tlaxcala, desahogando la vista otorgada y al efecto exhibió diversas documentales (fojas 59-66) A lo anterior el Juez acuerda: Téngase hecha la relación de constancias. Pruebas A continuación se abre el período probatorio, en el que la Secretaria da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa al momento de interponer el presente incidente, consistentes en: Original del recibo de pago con número de folio 1507, fecha de emisión tres de agosto de dos mil veinte, concepto comercio semifijo diario (foja 46). Recibo de pago original con número de folio 6599, fecha de emisión veinte de noviembre de dos mil diecinueve, concepto comercio semifijo (foja 47). Recibo de pago original número 2526, de dieciséis de abril de dos mil diecisiete (foja 48). Recibo de pago original de ocho de octubre de dos mil dieciocho (foja 48). Recibo de pago oficial, número de folio 6280fecha de pago dieciséis de febrero de dos mil dieciocho (foja 48) Asimismo, con las ofrecidas por la Directora de Desarrollo Económico, Social y Fomento Agropecuario de Calpulalpan, Tlaxcala, consistentes en: -copia certificada del oficio de notificación DEYS/0407/2020 (foja 59). -copia certificada del oficio de solicitud DEYS/0410/2020 (foja 60). - copia certificada del inventario con número de oficio DEYS/0409/2020 (foja 61). - Copia certificada de la fe pública redactada por el Juez Municipal de Calpulalpan Tlaxcala, con número 199/2020 (foja 62-66) El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 143 de la Le de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia naturaleza, las pruebas documentales con que se da cuenta y, se cierra esta etapa. El Juez acuerda: Sin pruebas de las partes se cierra esta etapa. Alegatos Acto continuo, se abre la etapa de alegatos, en la que la Secretaria hace constar los alegatos de la Directora de Desarrollo Económico, Social y Fomento Agropecuario del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, no así las demás partes. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la autoridad responsable, se cierra esta fase. Conclusión de la audiencia Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, y el Juez procede a dictar la resolución que en derecho corresponda. R E S O L U C I Ó N V I S T O S los autos, para resolver sobre la modificación o revocación de suspensión definitiva negada en el incidente derivado del juicio de amparo 414/2020-III; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Solicitud de suspensión. Juan Ricardo Avilés Molina, solicitó la suspensión definitiva contra actos de la Directora de Desarrollo Económico, Social y Fomento Agropecuario del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, que hizo consistir en: "a). Reclamo concretamente ACTOS DE MOLESTIA, toda vez que la Autoridad Responsable tiene el Propósito evidente de impedir ejercer el comercio licito que desarrollo (.) b). Reclamo concretamente que la Autoridad Responsable de una forma y de otra me trata de privar de mi producto de mi trabajo. c). Reclamo concretamente que la Autoridad Responsable trata de venderme el ejercicio de la libertad de trabajar el comercio, en la Avenida Morelos, y en las diferentes calles de la Colonia Centro del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala. SEGUNDO. Admisión del incidente de suspensión. Mediante auto de cuatro de septiembre de dos mil veinte (fojas 4 a 11), se admitió a trámite el incidente de suspensión, solicitó a las autoridades responsables su informe previo, proveyó sobre la suspensión provisional y, fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental. TERCERO. Audiencia incidental. Por interlocutoria de uno de octubre de dos mil veinte (fojas 33 a 38), se negó la suspensión definitiva a Juan Ricardo Avilés Molina, respecto de la Directora de Desarrollo Económico, Social y Fomento Agropecuario del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala. CUARTO. Incidente de modificación o revocación de suspensión definitiva negada. En escrito presentado el veintinueve de octubre actual, la parte quejosa solicitó la revocación de la suspensión definitiva dictada en el presente incidente de suspensión derivado del juicio de amparo principal 414/2020-III, manifestando que había surgido hecho superveniente, para tal efecto acompañó las pruebas que consideró pertinentes para demostrar su dicho. En auto de treinta de octubre actual, se ordenó la apertura del incidente de modificación o revocación de la suspensión definitiva y se señaló fecha y hora para su verificativo (foja 49-50). En auto de diez de noviembre del año en curso, la responsable desahogó la vista otorgada y al efecto realizó manifestaciones y exhibió pruebas documentales (foja 67) C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es competente para conocer y resolver respecto del incidente de revocación a la suspensión definitiva, acorde a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, 125, 128, 146, 147 y 154 de la Ley de Amparo, y al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Consideración previa. A efecto de determinar si es procedente que se revoque la suspensión definitiva dictada por este juzgado, debe de tenerse presente el texto del artículo 154 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 154. La resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión". Así como la tesis IV.3o.C.2 K, publicada en la página 1024 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, Novena Época, establece: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA POR HECHO SUPERVENIENTE. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DEL INCIDENTE DE REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA INTERLOCUTORIA QUE LA CONCEDE O NIEGA. Para la procedencia del incidente de revocación o modificación de la suspensión definitiva por hecho superveniente, previsto en el artículo 140 de la Ley de Amparo, es necesario que concurran los siguientes requisitos: a) El acaecimiento de un hecho posterior o coetáneo a la resolución dictada cuya modificación o revocación se pretende; b) Que ese hecho sea de tal naturaleza que cambie la situación jurídica que tenían las cosas antes de resolver sobre la suspensión definitiva; c) Que el hecho invocado como superveniente guarde relación directa con los actos reclamados suspendidos o, en su caso, con aquellos por los que se negó la medida cautelar; y, d) Que no se haya pronunciado sentencia ejecutoria en el juicio de amparo de que se trate. Además, para la calificación del hecho superveniente no deben tenerse en cuenta los actos reclamados ni el capítulo de suspensión tal como fueron planteados en la demanda de garantías que motivó el juicio del que deriva el incidente respectivo, sino únicamente la situación jurídica que creó la resolución de suspensión definitiva, toda vez que la finalidad que se persigue con la tramitación del incidente por hecho superveniente consiste en demostrar que el hecho acarrea como consecuencia natural y jurídica la revocación o modificación fundada de la concesión o negativa de dicha suspensión definitiva". Al tenor del dispositivo y criterio transcritos, los supuestos para modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión, en este caso definitiva, son: El acaecimiento de un hecho posterior o coetáneo a la resolución cuya modificación o revocación se pretende; Que ese hecho sea de tal naturaleza que cambie la situación jurídica que tenían las cosas antes de resolverse la suspensión; Que el hecho superveniente guarde relación directa con los actos reclamados suspendidos o, en su caso, con aquéllos por los que se negó la medida cautelar; y, Que no se hubiere pronunciado sentencia o, que una vez pronunciada, ésta no haya adquirido firmeza. De lo anteriores requisitos, a juicio de este órgano jurisdiccional, no se encuentran acreditados por los motivos que a continuación se explican. TERCERO. No se acredita hecho superveniente. Precisados los requisitos, debe establecerse qué se entiende por hecho superveniente, para ello conviene recurrir a los criterios que sobre el tema han emitido los órganos del Poder Judicial de la Federación. La tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXXV, página dos mil treinta y siete, que señala: "CAUSA SUPERVENIENTE. Por causa superveniente debe entenderse la verificación, con posterioridad al auto de suspensión, de un hecho que cambia el estado jurídico en que las cosas estaban colocadas al resolverse el incidente y de tal naturaleza, que ese cambio lleve consigo, como consecuencia natural y jurídica, la revocación fundada y motivada de la suspensión". Asimismo, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 159/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, página mil ciento noventa, que establece: "JURISPRUDENCIA. SU EMISIÓN Y PUBLICACIÓN NO CONSTITUYEN UN HECHO SUPERVENIENTE PARA EFECTOS DE MODIFICAR O REVOCAR EL AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO EN QUE RESUELVA SOBRE LA SUSPENSIÓN. La resolución de una solicitud en materia de suspensión se lleva a cabo en dos momentos: 1. Al analizar los hechos o acontecimientos circunscritos al caso concreto relacionado con las partes, actos, lugares y situaciones que los rodean, esto es, los elementos fácticos derivados del propio expediente relativo al juicio constitucional; y, 2. Al valorar la aplicabilidad del derecho al contrastar si los hechos cumplen con los requisitos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo señalan al efecto, así como la jurisprudencia aplicable al caso emitida para interpretar las leyes respectivas. No obstante lo anterior, dicha medida cautelar puede modificarse o revocarse por hechos supervenientes, los cuales se refieren a los acontecimientos posteriores al dictado de la resolución y, por excepción, con anterioridad, pero que sean desconocidos por el Juez y alteren a los que al efecto se hubieren analizado en dicha etapa, y resulten ser de tal magnitud que provocaran la modificación o revocación de la suspensión, los cuales deben tener relación directa con el caso concreto y los sucesos que generaron el juicio de amparo. Por tanto, al ser la jurisprudencia una interpretación de la ley, esto es, un criterio de aplicación obligatoria de los órganos jurisdiccionales facultados para ello y relacionado con el análisis del derecho que lleva a cabo el Juez, su emisión y publicación no constituyen un hecho superveniente en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo, para efectos de modificar o revocar la resolución dictada con motivo de la suspensión". De lo anterior, se infiere que por hecho superveniente se entiende la verificación de determinadas circunstancias que cambien el estado jurídico en que las cosas estaban colocadas al resolverse sobre la suspensión, de tal suerte que ese cambio venga a provocar la insubsistencia de las condiciones de procedencia que se tomaron en cuenta para otorgar la suspensión definitiva al quejoso. Aunado a lo anterior, cabe destacar que el hecho superveniente no es sólo aquel que cronológicamente acontece con posterioridad al tiempo en que el Juez de Distrito resuelve sobre la suspensión, sino también el que haya acontecido con anterioridad a la emisión de la resolución relativa a la suspensión, pero que al emitirse ésta las partes lo desconocían o no pudieron recabar pruebas sobre él y aportarlas en el juicio por lo que el juez las desconocía, siempre que dichas situaciones no sean imputables a la parte que invoca la causa superveniente. Al respecto, es aplicable la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 52, Sexta Parte, página sesenta y cuatro, que literalmente establece: "SUSPENSIÓN. REVOCACIÓN POR CAUSA SUPERVENIENTE. La revocación por causa superveniente a que se refiere el artículo 140 de la Ley de Amparo, no debe entenderse estrechamente referida al caso en que acontezca un hecho con posterioridad al auto que concedió o negó la suspensión, y puede ser aplicado el precepto en los casos en que, aunque el hecho aducido haya acontecido con anterioridad a dicho auto, las partes no hayan tenido conocimiento del tal hecho, o no hayan podido recabar antes pruebas sobre el mismo, siempre y cuando en ambos casos, la situación apuntada no haya sido imputable en alguna forma a la parte que invoca la causa superveniente de revocación". Ahora, como hecho superveniente se hace valer que el quejoso exhibe las siguientes documentales: Original del recibo de pago con número de folio 1507, fecha de emisión tres de agosto de dos mil veinte, concepto comercio semifijo diario (foja 46). Recibo de pago original con número de folio 6599, fecha de emisión veinte de noviembre de dos mil diecinueve, concepto comercio semifijo (foja 47). Recibo de pago original número 2526, de dieciséis de abril de dos mil diecisiete (foja 48). Recibo de pago original de ocho de octubre de dos mil dieciocho (foja 48). Recibo de pago oficial, número de folio 6280fecha de pago dieciséis de febrero de dos mil dieciocho (foja 48) Documentales públicas a las cuales se les concede eficacia demostrativa plena de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en su numeral 2°, párrafo segundo. Es aplicable a la anterior consideración la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, consultable en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, tomo VI, página 153, de título y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". De lo que se infiere que el primer requisito para la procedencia del incidente de revocación a la suspensión, consistente en el hecho posterior o coetáneo a la resolución dictada cuya revocación se pretende, lo pretende acreditar la parte quejosa, con el hecho de que el doce de octubre actual, se ubicó en el lugar donde dice desempeña actos comercio, y llegaron las autoridades responsables, y le manifestaron que por no contar con permiso para ejercer el comercio en la vía pública, procedieron a decomisar su mercancía y también refiere que dinero en efectivo; dicho hecho efectivamente ocurrió después del dictado de la audiencia incidental de uno de octubre actual, como se demuestra con la acta de hechos de doce de octubre del año en curso, exhibida por la responsable (foja 62), donde se demuestra que se llevó a cabo la diligencia en donde el Juez Municipal de Calpulalpan, Tlaxcala, dio fe de la diligencia llevada a cabo por la Directora de Desarrollo Económico, Social y Fomento Agropecuario, respecto al retiro de un puesto semifijo ubicado en avenida Morelos esquina con avenida Unión en la colonia Centro de esta Ciudad, propiedad del quejoso Juan Ricardo Avilés Molina, por no contar con permiso; pero dicho hecho no cambia el estado jurídico en que las cosas estaban colocadas al resolverse sobre la suspensión definitiva. Máxime que por cuanto hace al segundo requisito consistente en que el hecho sea de tal naturaleza que cambie la situación jurídica que tenían las cosas antes de resolver sobre la suspensión definitiva; al respecto no se tiene por cumplido dicho requisito, pues antes de pronunciarse la interlocutoria de uno de octubre actual, de la que se analiza su revocación o modificación, el quejoso no contaba con permiso actual para ejercer actos de comercio en la vía pública, pues al valorar la única prueba que exhibió junto con su demanda de amaro, consistente en el oficio DEYS/0310/2020 dirigido al hoy quejoso, de veintiséis de agosto de dos mil veinte, suscrito por el Director Desarrollo Económico, Social y Fomento Agropecuario, del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, donde el Director de Desarrollo Económico, Social y Fomento Agropecuario, hace del conocimiento del quejoso, que deberá abstenerse de seguir ejerciendo actos de comercio informal en la avenida Morelos; no acreditó tener un derecho que la quejosa pretenda conservar De tal manera, con las pruebas exhibidas por la quejosa en el presente incidente de modificación o revocación de suspensión definitiva, relativas a las siguientes: Original del recibo de pago con número de folio 1507, fecha de emisión tres de agosto de dos mil veinte, concepto comercio semifijo diario (foja 46). Recibo de pago original con número de folio 6599, fecha de emisión veinte de noviembre de dos mil diecinueve, concepto comercio semifijo (foja 47). Recibo de pago original número 2526, de dieciséis de abril de dos mil diecisiete (foja 48). Recibo de pago original de ocho de octubre de dos mil dieciocho (foja 48). Recibo de pago oficial, número de folio 6280fecha de pago dieciséis de febrero de dos mil dieciocho (foja 48) No se advierte, permiso de comercio actual a su nombre para realizar actos de comercio vigente, por lo que no se demuestra el derecho que la quejosa pretende preservar, a través de la suspensión provisional derivado del juicio de amparo 414/2020-III, pues tal medida no pude hacerse extensiva a que se permita a la quejosa seguir realizando actos de comercio, si no cuenta con permiso de autoridad competente vigente. Aplica a lo anterior la Tesis: IV.3o.A.1 A, emitida por Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página: 1463, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Época: Novena Época, Registro: 182526, de texto y rubro al tenor siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA UNA ORDEN DE CLAUSURA. PARA OBTENERLA DEBE DEMOSTRARSE NO SÓLO EL INTERÉS JURÍDICO PRESUNTIVO SINO, ADEMÁS, EXHIBIR OTROS DOCUMENTOS DE PRUEBA PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DEL DERECHO QUE SE PRETENDE PRESERVAR. Para obtener la suspensión provisional en contra de una orden de clausura de un negocio de distribución de gas licuado de petróleo no sólo es necesario que el quejoso demuestre el interés jurídico presuntivo para la realización de la actividad reglamentada, con el permiso de distribución mediante estación de gas licuado de petróleo expedido por la Secretaría de Energía, el dictamen de factibilidad o el contrato de arrendamiento respectivos, sino que además debe exhibir otros documentos o principios de prueba, presupuestos de la actividad, verbigracia, los permisos o licencias de uso de suelo, construcción y edificación expedidos por la autoridad municipal correspondiente, toda vez que al resolver sobre la suspensión, los tribunales de amparo deben verificar la existencia del derecho cuya preservación pretende obtener el quejoso a través de la suspensión del acto reclamado y, en el caso, para poder desarrollar la actividad reglamentada se requiere que en el lugar geográfico se expida el permiso de uso de suelo y factibilidad para desarrollar esa actividad, lo que es propio de autoridades de desarrollo urbano y ordenamiento territorial; ello es así, ya que el objeto de la medida cautelar es conservar derechos y no constituirlos en favor de los gobernados." Así como, la Tesis: XXI.1o.P.A.88 A, emitida por Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página: 1825, Tomo XXVII, Marzo de 2008, Época: Novena Época, Registro: 170003, de texto y rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA UNA ORDEN DE CLAUSURA DE UN PUESTO SEMIFIJO. PARA SU PROCEDENCIA EL QUEJOSO DEBE ACREDITAR QUE CUENTA CON EL PERMISO CORRESPONDIENTE EXPEDIDO POR EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, Y NO CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 114/99). De la jurisprudencia 2a./J. 114/99, derivada de la contradicción de tesis 132/98, entre las sustentadas por el Séptimo y el Tercer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 557 del Tomo X, octubre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE LA CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, CUANDO LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO NO HA SIDO REVALIDADA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).", que sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se aprecia que es improcedente la suspensión del acto reclamado cuando el quejoso no cuenta con la licencia de funcionamiento vigente. Por otra parte, el artículo 24 del Reglamento de Vía Pública del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, prevé que quienes ejercen el comercio en forma temporal y en vía pública -puestos semifijos- tendrán la obligación de contar con permiso provisional o definitivo, previo pago de los derechos correspondientes, es decir, no les exige contar con la licencia de funcionamiento a que se refieren los artículos 2, fracción II, y 10 del Reglamento de Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, pues incluso el precepto 11 de este último ordenamiento señala que aquella actividad quedará sujeta a las disposiciones contenidas, entre otros reglamentos, en el de vía pública, que, como se dijo, exige únicamente un permiso provisional o definitivo expedido por el aludido Municipio; por ende, al no ubicarse los puestos semifijos en el supuesto de los giros mercantiles, no es necesario que el quejoso acredite contar con licencia de funcionamiento, para la procedencia de la suspensión provisional contra la orden de clausura de aquéllos, lo que hace inaplicable la mencionada jurisprudencia." Motivos por los cuales no se considera que existe un cambio de situación jurídica bajo la que se concedió la suspensión definitiva, dado que no se cuentan con nuevos elementos que no se tuvieron a la vista al momento de proveerse sobre la misma. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 144, 154, 215 y 217, todos de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E: PRIMERO. Se declara infundado el incidente de revocación de suspensión definitiva, en términos del considerando tercero de esta interlocutoria.
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