Juan Reyes Betancourt
Expediente 885/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 885/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Juan Reyes Betancourt
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en los estrados la sentencia de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, que dice: Juicio de amparo: 885/2023 Quejoso: ******************** o******************** Jueza: Nadyelly López Guevara Secretaria: Erika de la Cruz Uribe Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 885/2023. R E S U L T A N D O 1. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, mediante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y recibido el mismo día, por razón de turno, en este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción, ******************** o********************por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, por el acto reclamado siguiente: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA.- La resolución interlocutoria emitida por la autoridad responsable de fecha 01 de junio de 2023, mediante la cual resuelve, el incidente de actualización de pensiones vencidas y no pagadas que se hizo valer por la parte actora en lo principal en los autos del expediente 516/2020, relativo al juicio de divorcio necesario promovido por la C. CÁNDIDA GARCÍA ÁLVAREZ, en contra del promovente JUAN REYES BETANCOURT, radicado en la Tercera Secretaría del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado, con residencia en el Municipio de Xochitepec, Morelos (.)" 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, este juzgado admitió la demanda de amparo, pidió a la autoridad responsable su informe justificado, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, tuvo con el carácter de tercera interesada a ********************y ordenó su emplazamiento, el cual se realizó el tres de julio siguiente, sin que compareciera al presente juicio. Asimismo, en dicho auto se hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente, sin que alguna de las partes haya realizado manifestación al respecto; y, fijó día y hora para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el quince de agosto de dos mil veintitrés, en los términos asentados en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el acto reclamado es la resolución interlocutoria dictada en el incidente de actualización de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas, emitida por una autoridad en materia familiar, con ejecución en la circunscripción de este Juzgado Federal que ejerce jurisdicción en amparo en todas las materias. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en este juicio consiste en: Autoridad responsable Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos. Acto reclamado La resolución interlocutoria dictada por el juez responsable el uno de junio de dos mil veintitrés, en el incidente de actualización de pensiones alimenticias provisionales vencidas y no pagadas, derivado del juicio de divorcio necesario ********************(antes ********************), promovido por ********************-aquí tercera interesada-, en contra de ******************** o******************** -aquí quejoso-, en la que declaró procedente el citado incidente, reguló y aprobó parcialmente la planilla de liquidación hasta por la cantidad de $********************(********************pesos ********************moneda nacional), correspondiente al periodo del veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete al treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, y ordenó requerir de pago al deudor alimentario, apercibido que de no hacerlo se procedería al embargo de bienes de su propiedad, suficientes para garantizar el adeudo y con su producto se realizaría pago a la acreedora alimentaria. lll. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos, pues lo aceptó al rendir su informe justificado. Además, remitió copias certificadas del juicio de divorcio necesario ********************(antes ********************), entre las que se encuentran la resolución interlocutoria del incidente de actualización de pensiones alimenticias provisionales vencidas y no pagadas reclamada en este juicio, a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; aseveraciones y documentales que se estiman suficientes para acreditar la existencia del acto reclamado. Oportunidad de la demanda de amparo. La demanda se presentó oportunamente, pues el quejoso fue notificado personalmente de la resolución reclamada, el seis de junio de dos mil veintitrés. Así, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del siete al veintisiete de junio de dos mil veintitrés, descontando el diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de junio del citado año, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; por tanto, si la demanda de amparo se presentó el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, decimotercer día del plazo, es concluyente su oportunidad. Procedencia del juicio de amparo. Las causas de improcedencia del juicio de amparo son una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes; en el caso, éstas no hicieron valer alguna de ellas y no se advierte de oficio su actualización, por tanto, se procede al estudio del fondo del asunto. Además, el presente juicio de amparo resulta procedente en contra de la determinación reclamada, ya que en ésta se liquidaron las pensiones adeudadas por el periodo del veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete al treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en cumplimiento a la medida provisional de pensión alimenticia decretada a favor de ********************, en el expediente de origen, por lo que tal determinación resulta irrecurrible a través de medio ordinario de defensa, conforme al artículo 606 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos. Sin embargo, se considera procedente el presente juicio de amparo, pues se trata de un acto que deriva del cumplimiento o ejecución de una medida provisional de alimentos otorgada dentro del juicio de origen, el cual es susceptible de afectar derechos sustantivos del quejoso, en términos de lo previsto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Ello, porque la autoridad responsable determinó que dicha resolución interlocutoria tenía efectos de mandamiento en forma, esto es, de un auto de ejecución con la orden de requerimiento y, en su caso, ante la falta de pago, se ordenó el embargo de bienes del deudor, lo que se asimila a un auto de exequendo emitido en un juicio ejecutivo mercantil, de allí que por las mismas razones se trate de un acto de imposible reparación, al gozar de similares características, resultando aplicables por analogía los razonamientos contenidos en la jurisprudencia 1a./J. 6/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 164629, del contenido siguiente: "AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO. Conforme al artículo 1,392 del Código de Comercio, presentada la demanda en la vía ejecutiva mercantil, acompañada del título ejecutivo, el juez dictará auto con efectos de mandamiento en forma para que el deudor sea requerido de pago, y en caso de que no pague se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y las costas del juicio, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de la persona nombrada por éste. Ahora bien, el auto con efectos de mandamiento en forma o auto de exequendo no tiene meros efectos declarativos, sino que implica la comprobación por parte del juez del cumplimiento de los requisitos para disponer la intimación de pago al deudor y, en su defecto, el embargo de sus bienes, es decir, dicho auto ordena la afectación de un bien o de un conjunto de bienes del demandado para asegurar cautelarmente la eventual ejecución de una pretensión de condena planteada en juicio y que el demandado no pueda disponer de él, lo cual procede incluso con la autorización para hacer uso de la fuerza pública y allanar el domicilio del deudor en caso de resistencia. Esto es, el auto de exequendo contiene un mandato que se concreta con la sola emisión de la orden de requerir el pago de un adeudo en el acto mismo del requerimiento y una amenaza consistente en la prevención al deudor de que si no efectúa el pago se le embargarán bienes suficientes para cubrir el adeudo y las costas, lo que no será motivo de análisis en la resolución que ponga fin al juicio, la cual sólo decidirá la suerte de la pretensión de fondo del asunto, ni se examinará en otro momento del juicio, pues el ejecutado únicamente podrá oponer excepciones después de realizados el emplazamiento y el embargo, y reclamar su monto o la calidad de la cosa embargada una vez cumplida la diligencia, pero sin poder reclamar, por ejemplo, la emisión del auto de exequendo con apoyo en un título que no traiga aparejada ejecución. Sobre tales premisas, se concluye que contra el auto de exequendo dictado en un juicio ejecutivo mercantil procede el amparo indirecto, en términos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, sin esperar a que se practique el embargo, por constituir un acto de ejecución irreparable dentro del juicio, pues una vez ejecutada la orden, la impugnación del embargo sólo puede tener por efecto remediar vicios propios de éste, pero no la legalidad de la propia orden, que requiere como presupuesto estar fundada en un título que traiga aparejada ejecución. Lo anterior, porque tal perjuicio no es susceptible de reparación dentro del juicio, ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable que levantara el embargo, ya que no podría restituirse al quejoso en la afectación sufrida por el tiempo en que éste estuvo en vigor, derivado del auto de exequendo." Antecedentes del acto reclamado. Previo al estudio del asunto, es pertinente hacer una relación de las actuaciones que integran el juicio de controversia familiar sobre divorcio necesario ********************(antes ********************), promovido por ********************-aquí tercera interesada-, en contra de ******************** o******************** -aquí quejoso-, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos, así como del incidente de actualización de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas del que deriva el acto reclamado, en la forma siguiente: Mediante auto de nueve de octubre de dos mil catorce, se admitió a trámite la demanda de divorcio necesario presentada por ********************-aquí tercera interesada-, en contra de ******************** o******************** -aquí quejoso-, la cual se radicó en el Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos (actualmente Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos), y en la que entre otras, la actora solicitó se decretara como medida precautoria provisional, una pensión alimenticia a su favor y a cargo del demandado, por virtud de que padecía la enfermedad crónica degenerativa de ********************, que le impedía allegarse por sí misma de los medios necesarios para su subsistencia. En resolución interlocutoria de veinte de marzo de dos mil quince, se negaron las medidas provisionales solicitadas por la actora, entre ellas, la pensión alimenticia provisional; determinación que fue confirmada en la sentencia de apelación emitida el veinticuatro de noviembre de dos mil quince, en el toca civil ******************** del índice de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. No obstante, respecto a las medidas provisionales solicitadas, la actora principal promovió incidente contemplado en el artículo 233, último párrafo, del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, que en resolución interlocutoria de trece de septiembre de dos mil dieciséis, se declaró improcedente. Contra esa determinación, la actora principal interpuso el recurso de apelación, al que se le asignó el número de toca civil ******************** del que correspondió conocer a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, que en resolución de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, revocó la resolución apelada y decretó, entre otras medidas provisionales, una pensión alimenticia a favor de ********************-aquí tercera interesada-, y a cargo de ******************** o******************** -aquí quejoso-, por la cantidad que resulte de un salario mínimo diario vigente en el Estado de Morelos. En contra de dicha determinación el demandado ******************** o********************promovió el juicio de amparo ********************del que correspondió conocer al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, que en sentencia de diez de julio de dos mil diecisiete, emitida por la Jueza Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, negó el amparo solicitado por el ahí quejoso. Seguido el juicio en lo principal y desahogadas que fueron las pruebas ofrecidas por las partes, el veintidós de febrero de dos mil veintidós -año correcto-, se emitió sentencia definitiva en la controversia familiar de origen, en la que se tuvo por disuelto el vínculo matrimonial entre las partes, se decretó la disolución de la sociedad conyugal, previa liquidación que se formulara en ejecución de sentencia, se decretó a favor de la actora y a cargo del demandado una pensión alimenticia definitiva por la cantidad que resultara de un salario mínimo diario vigente en el Estado de Morelos y se ordenó levantar todas y cada una de las medidas provisionales decretadas. En contra de dicha sentencia definitiva el demandado ******************** o********************interpuso el recurso de apelación, al que se le asignó el número de toca civil ********************del que correspondió conocer a la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, que en sentencia de siete de diciembre de dos mil veintidós, modificó la sentencia definitiva en lo relativo a la pensión alimenticia decretada a favor de la actora ********************y a cargo de ******************** o********************la cual fijó en la cantidad de $********************(********************pesos ********************moneda nacional) mensuales. Por otro lado, se precisa que la actora en el juicio de origen, promovió dos incidentes de actualización de pensiones alimenticias provisionales adeudadas y no pagadas. En el primero, se emitió resolución interlocutoria el trece de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se declaró fundado dicho incidente y se aprobó la planilla de liquidación hasta por la cantidad de $********************(********************pesos ********************moneda nacional), correspondientes a las pensiones alimenticias provisionales que el demandado incidentista dejó de cubrir del diecisiete de enero de dos mil diecisiete hasta el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, por lo que se ordenó requerir al demandado ******************** o********************para que al momento de la diligencia hiciera el pago de dicha cantidad, y en caso de no hacerlo, se le embargaran bienes de su propiedad, suficientes para garantizar el adeudo, hecho lo cual, se hiciera trance y remate de lo embargado, para que con su producto se pagara a la acreedora alimentaria. Respecto del segundo incidente, se emitió resolución interlocutoria el trece de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se declaró procedente (sic) dicho incidente y se aprobó la planilla de liquidación hasta por la cantidad de $********************(********************pesos ********************moneda nacional), correspondiente a las pensiones alimenticias provisionales que el demandado incidentista dejó de cubrir del mes de noviembre de dos mil diecisiete al mes de agosto de dos mil veintiuno, por lo que se ordenó requerir al demandado ******************** o********************para que al momento de la diligencia hiciera el pago de dicha cantidad, y en caso de no hacerlo, se le embargaran bienes de su propiedad, suficientes para garantizar el adeudo y con su producto se realizara pago a la acreedora alimentaria. Inconforme con esa determinación ******************** o********************promovió el juicio de amparo indirecto ********************del que correspondió conocer a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, en el cual se emitió sentencia el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, por la Jueza Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, para el efecto de que el juez de origen, dejara insubsistente la resolución interlocutoria reclamada y dictara otra en la que estudiara, valorara y atendiera a la totalidad de los argumentos referidos por el demandado incidentista -ahí quejoso-, en el escrito de desahogo de vista del incidente planteado (en lo relativo a que al monto de la pensión alimenticia provisional decretada, no debían aplicarse los incrementos al salario mínimo por cada uno de los años calculados, por no estar expresada dicha cuestión en la resolución que fijó los alimentos provisionales). Una vez que causó ejecutoria dicha determinación se requirió el cumplimiento del juicio de amparo, por lo que el juzgador responsable emitió la resolución interlocutoria de uno de junio de dos mil veintitrés, en la que declaró procedente (sic) el incidente y se aprobó la planilla de liquidación hasta por la cantidad de $********************(********************pesos ********************moneda nacional), correspondientes a las pensiones alimenticias provisionales que el demandado incidentista dejó de cubrir del veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete al treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, por lo que se ordenó requerir al demandado ******************** o********************para que al momento de la diligencia hiciera el pago de dicha cantidad, y en caso de no hacerlo, se le embargaran bienes de su propiedad, suficientes para garantizar el adeudo y con su producto se realizara pago a la acreedora alimentaria. La resolución interlocutoria antes señalada constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Estudio del concepto de violación. El quejoso en su único concepto de violación aduce que la autoridad responsable, en la resolución interlocutoria reclamada de uno de junio de dos mil veintitrés, vulnera en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que dicha determinación carece de una debida fundamentación y motivación, así como de congruencia y exhaustividad; además, vulnera entre otros, los principios de proporcionalidad y equidad alimentaria, previstos en el artículo 46 del Código Familiar, y numerales 25, 187, 191, 192, 275 y 410 del Código Procesal Familiar, ambos para el Estado de Morelos. Lo anterior, por considerar el quejoso, en esencia, que es incorrecto el actuar del juzgador responsable, pues al resolver el incidente de actualización de pensiones alimenticias provisionales vencidas y no pagadas, no tomó en consideración que en la sentencia de siete de diciembre de dos mil veintidós, emitida en el toca civil ********************por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con la cual se puso fin a la controversia familiar de divorcio necesario ********************(antes ********************), del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos, se le condenó al pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de la actora ********************-aquí tercera interesada-, por la cantidad de $********************(********************pesos ********************moneda nacional) mensuales, misma que refiere se debió aplicar al momento de actualizar la planilla de liquidación, regulada y aprobada en la sentencia interlocutoria aquí reclamada. Ello, indica el impetrante de amparo, porque la resolución interlocutoria reclamada fue emitida con posterioridad a la sentencia que resolvió en definitiva la controversia familiar en lo principal, que es donde se encuentran acreditados fehacientemente los ingresos que percibe el demandado incidentista -aquí quejoso- y que constituye la verdad legal, además de que a su consideración se actualiza la figura de la cosa juzgada refleja, conforme a la tesis aislada con registro digital 2023767 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, de rubro: "COSA JUZGADA REFLEJA. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ENCUENTRA ELEMENTOS PARA CONSIDERARLA ACTUALIZADA SE CONVIERTE EN UNA CUESTIÓN DE ORDEN PÚBLICO QUE FACULTA AL TRIBUNAL DE AMPARO PARA ANALIZARLA DE OFICIO Y ALLEGARSE DE PRUEBAS, INCLUSO, SUPERVENIENTES, QUE LE PERMITAN ASUMIR UNA DECISIÓN RESPECTO A SI AÚN SUBSISTE LA FIRMEZA DE DICHA FIGURA JURÍDICA." Asimismo, insiste el quejoso en que se debió tomar en consideración dicha sentencia que resolvió en definitiva, en la que se redujo el monto de la pensión alimenticia decretada, porque durante el procedimiento no variaron las circunstancias por las que se impuso la pensión, además de que al momento de emitir la sentencia interlocutoria reclamada, la autoridad responsable contaba con las pruebas que adquirieron el carácter de supervenientes, consistentes en los diversos informes de autoridad que de oficio se ordenaron recabar en el juicio de origen, pues no consideró que los importes que determinó en la planilla de liquidación se encuentran fuera de las posibilidades del aquí quejoso para su cumplimiento, ya que corresponden al doble del importe al que fue condenado en la sentencia definitiva; además de que lo considerado en la pensión alimenticia provisional, corresponde a la época y circunstancias que para entonces prevalecían y no a la realidad económica en que siempre se ha encontrado el impetrante de amparo. De ahí que, afirma el quejoso, procede la reducción del monto de la pensión alimenticia, incluso a través de la sentencia que se emita en el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en la jurisprudencia con registro digital 198475, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito de rubro: "ALIMENTOS, PENSIÓN PROVISIONAL, DISMINUCIÓN DE LA. PROCEDE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).", así como la diversa tesis con registro digital 162786, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "MOTIVACIÓN POR REFERENCIA. NO ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS." Son inoperantes los argumentos expuestos en el único concepto de violación, precisando que en el presente asunto opera el principio de estricto derecho, toda vez que no se advierte que el quejoso se encuentre en alguno de los supuestos de suplencia de la queja previstos en el artículo 79, fracciones II, VI y VII, de la Ley de Amparo. En ese sentido, se tiene que el quejoso parte de la premisa falsa de considerar que el juzgador responsable, al momento de emitir la resolución interlocutoria reclamada del incidente de actualización de pensiones alimenticias provisionales vencidas y no pagadas, debió tomar en consideración la sentencia de siete de diciembre de dos mil veintidós, emitida en el toca civil ********************por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con la cual se puso fin a la controversia familiar de divorcio necesario ********************(antes ********************), del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos, y en la que se le condenó al pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de la actora ********************-aquí tercera interesada-, por la cantidad de $********************(********************pesos ********************moneda nacional) mensuales, misma que refiere se debió aplicar al momento de actualizar la planilla de liquidación, regulada y aprobada en la resolución interlocutoria aquí reclamada; por ello, las conclusiones a las que arribó resultan igualmente desacertadas. Lo anterior, porque contrario a lo que aduce, el juez responsable no tenía la obligación de tomar en consideración para el dictado de la resolución interlocutoria reclamada, el monto de pensión alimenticia definitiva que fue fijado en favor de ********************, mediante resolución de siete de diciembre de dos mil veintidós, emitida por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca civil ********************, respecto del recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso en contra de la sentencia definitiva de veintidós de febrero de dos mil veintidós, que puso fin a la controversia familiar sobre divorcio necesario. Es así, pues el incidente de actualización de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas del que deriva el acto reclamado en este juicio, tuvo por objeto liquidar la cantidad adeudada y no pagada, fijada con motivo de la pensión provisional decretada previo al dictado de la sentencia que puso fin a la controversia familiar; esto es, en la resolución emitida el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca de apelación ********************, en la que se fijó a favor de ********************una pensión alimenticia provisional por la cantidad que resultara a razón de un salario mínimo diario vigente en el Estado de Morelos. Al respecto, importa precisar que el hecho de haberse fijado una cantidad por concepto de pensión alimenticia definitiva, previo a la emisión de la resolución interlocutoria reclamada en la presente instancia constitucional, no implica que por ello deba variar la cantidad que fue fijada como pensión alimenticia provisional, pues ello atentaría contra los principios de legalidad y seguridad jurídica del que gozan todas las decisiones judiciales, ya que se estaría variando dicha determinación sin que medie para ello el recurso legal correspondiente, pues como se advierte del capítulo de antecedentes, la resolución en la que se decretó el pago de una pensión alimenticia provisional en favor de la aquí tercera interesada a razón de un salario mínimo diario vigente en el Estado de Morelos, se emitió y adquirió firmeza legal previo a la emisión de la sentencia que puso fin a la controversia familiar. Es así, porque el Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en su artículo 422, señala que las resoluciones judiciales firmes dictadas en juicios de alimentos tienen autoridad de cosa juzgada mientras no se alteren o cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la pretensión que se dedujo en el proceso correspondiente, y siempre y cuando se solicite su modificación a través de la interposición de un juicio posterior, lo que no se configura en el caso en particular, ya que de autos no se advierte pretensión alguna o resolución encaminada a modificar el monto fijado como pensión alimenticia provisional, mismo que fue tomado en consideración para la actualización de la planilla de liquidación objeto de análisis en la interlocutoria reclamada. Ello, porque de las constancias del juicio de origen, se tiene que en la resolución emitida el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca de apelación ********************, se fijó a favor de ********************-aquí tercera interesada-, una pensión alimenticia provisional por la cantidad que resultara a razón de un salario mínimo diario vigente en el Estado de Morelos, toda vez que a través de dicho medio ordinario de defensa se revocó la diversa resolución interlocutoria de trece de septiembre de dos mil dieciséis, en la que se había declarado improcedente el incidente planteado en términos del artículo 233, último párrafo, del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, por la actora en lo principal y actora incidentista. Lo anterior, por considerar que si bien las mismas medidas provisionales solicitadas en el incidente se habían peticionado desde el escrito inicial de demanda y ya habían sido analizadas en resolución interlocutoria de veinte de marzo de dos mil quince -que incluso en su momento había confirmado la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca de apelación civil ********************-, no se inadvirtió por dicha Sala que la recurrente -aquí tercera interesada-, refirió que su padecimiento de salud (********************), se había ido acentuando con el curso del tiempo, con pronósticos y perspectivas cada vez más severos, cuyas manifestaciones son las dolencias constantes y agudas en sus articulaciones que visiblemente le impiden valerse por sí misma, así como la continua revisión y consulta médica especializada y la adquisición de medicamentos; por tanto, se declaró procedente dicho incidente y decretó la pensión alimenticia provisional en los términos ya señalados -a razón de un salario mínimo diario vigente en el Estado de Morelos-. En contra de dicha resolución de la Sala de apelación, el aquí quejoso promovió el juicio de amparo indirecto ********************del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, en el que en sentencia de diez de julio de dos mil diecisiete, emitida por la Jueza Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en auxilio del juzgado citado en primer término, resolvió negar la protección de la justicia federal a ******************** o******************** -aquí quejoso-. Por tanto, se tiene que el aquí quejoso en su momento estuvo en condiciones de combatir la resolución que decretó la medida provisional de alimentos, lo cual realizó a través del amparo indirecto antes señalado, en el que se le negó la protección de la justicia federal, con lo cual adquirió firmeza la determinación ahí reclamada, sin que se advierta que ésta hubiere sido modificada con posterioridad. Además, es incorrecta la afirmación del quejoso en el sentido de que el juez responsable debió tomar en consideración en la resolución incidental reclamada la diversa resolución de siete de diciembre de dos mil veintidós, emitida en el recurso de apelación ********************, por la cual se resolvió en definitiva la controversia familiar de origen, porque como lo especificó el juez responsable en la propia resolución de uno de junio de dos mil veintitrés -acto reclamado en este juicio-, los incidentes de liquidación, aún y cuando tienen objeto y contenido propios como conflictos jurisdiccionales de cognición, sólo tienen como fin primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, en el caso, establecer el monto de las pensiones alimenticias provisionales vencidas y no pagadas, pero no pueden modificar, anular o rebasar lo decidido en las resoluciones que pretenden liquidar, porque atentaría contra los principios fundamentales del proceso, como la seguridad jurídica, la invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada. Es decir, no tienen el efecto de desconocer un derecho ya decidido ni implican una segunda oportunidad para las partes a efecto de impugnar lo decretado en la resolución que se pretende liquidar; de ahí que se consideren inoperantes los argumentos expuestos en el concepto de violación por el aquí quejoso, pues como se dijo, la resolución incidental reclamada, únicamente se circunscribe a liquidar las pensiones alimenticias adeudadas, por ello, en términos del artículo 619 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, únicamente se admite la excepción de pago, como así fue analizado por el juez responsable en la resolución reclamada. Por tanto, resulta igualmente inoperante que opere la cosa juzgada refleja que aduce el aquí quejoso, respecto de la sentencia que resolvió en definitiva la controversia familiar de divorcio necesario de origen, pues como ya se refirió, el objeto de la resolución incidental reclamada, consiste en liquidar las pensiones alimenticias de las que el demandado incidentista no demostrara haber cubierto su pago, más no determinar circunstancia alguna respecto del monto fijado en concepto de pensión alimenticia provisional, por tanto, resulta igualmente inaplicable la tesis aislada que refirió con registro digital 2023767. Lo anterior, porque además es importante destacar que la pensión alimenticia se establece en dos etapas distintas, una provisional y otra definitiva; la primera, se determina una vez presentada la demanda o bien después de iniciado el procedimiento y tiene como finalidad evitar un grave e irreparable daño a las partes, en tanto se emite la sentencia que ponga fin a la controversia, y la segunda, se da al dictarse la sentencia definitiva, considerando los elementos de prueba que aportan las partes en el contradictorio. Incluso, de lo anterior se puede deducir claramente que lo aquí alegado por el quejoso, no puede ser materia del presente juicio de amparo, pues éste únicamente se circunscribe a analizar la legalidad de la resolución que liquidó la cantidad ya previamente fijada como pensión provisional en una resolución que actualmente goza de firmeza, pues en todo caso, es tal determinación la que pudiera causarle perjuicio. Ello, pues la resolución interlocutoria emitida en el incidente de actualización de pensiones alimenticias provisionales vencidas y no pagadas (acto aquí reclamado), es una consecuencia directa de la resolución emitida en el toca de apelación ********************, del índice de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, ya que tiene como objeto dar liquidez a la cantidad fijada como pensión alimenticia provisional en favor de ********************, por lo que no puede desconocerse en la misma lo ya definido en la determinación a la que da cumplimiento, la que incluso como se dijo, en su momento fue impugnada por el aquí quejoso a través del amparo indirecto ********************del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, mismo en el que se negó el amparo al impetrante. Sirve de aplicación la jurisprudencia 1a./J. 58/2009, con registro digital 166030, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "ALIMENTOS. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA RESPECTO DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINÓ SU MONTO PROVISIONALMENTE, SI ANTES DE RESOLVERSE EL JUICIO DE GARANTÍAS SE DICTA LA SENTENCIA DEL JUICIO NATURAL EN QUE SE FIJA LA PENSIÓN ALIMENTICIA DEFINITIVA (LEGISLACIONES PROCESALES CIVILES DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y GUERRERO). Conforme a dichas legislaciones, ante la solicitud alimentaria del acreedor el Juez puede emitir por lo menos dos determinaciones que habrán de regir hasta el dictado de la sentencia que, en su caso, fije el monto definitivo de la pensión respectiva: una indiscutible, que es la que establece que el deudor debe cubrir alimentos provisionales, y otra cuestionable, relativa al monto de la pensión provisional, el cual debe respetar los principios de equidad, justicia y proporcionalidad; de manera que tanto el acreedor como el deudor alimentario pueden controvertir dicho monto en el juicio de amparo indirecto por tratarse de un acto que afecta derechos sustantivos -previo agotamiento del recurso de apelación, en el caso del Estado de Guerrero-; el acreedor, por considerar que ésta resulta insuficiente para asegurar su subsistencia durante la tramitación del juicio de alimentos, y el deudor, por estimar que representa más de lo que puede dar o de lo que aquél requiere para su manutención durante ese tiempo; lo cual genera una afectación que no puede resarcirse con el mero dictado de la sentencia que fija el monto de la pensión definitiva, ya que ésta no incide en la etapa provisional de alimentos, en tanto que su objeto consiste únicamente en determinar el monto alimentario que habrá de regir desde la sentencia y hasta que la obligación alimentaria se extinga por alguna causa legal, además de que no tiene efectos restitutorios o indemnizatorios. En ese sentido, se concluye que no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, por cambio de situación jurídica, respecto del amparo indirecto promovido contra la resolución dictada en un juicio de alimentos que determina su monto provisionalmente, si antes de resolverse el juicio de garantías se dicta la sentencia del juicio natural en que se fija la pensión alimenticia definitiva, pues si bien es cierto que esta sentencia hace cesar la pensión provisional y genera una situación jurídica que se traduce en el reconocimiento pleno del derecho del acreedor alimentario y en la determinación de una pensión sustentada en las pruebas ofrecidas por las partes, también lo es que no repercute en la situación jurídica creada con motivo de la pensión provisional que, como medida cautelar, es de naturaleza transitoria o temporal y, por tanto, subsiste exclusivamente hasta que se dicta la sentencia que resuelve la controversia planteada, y regula las necesidades alimentarias surgidas durante la tramitación del juicio de alimentos donde pueden afectarse derechos de los acreedores o deudores alimentarios, los cuales no disminuyen, incrementan o resarcen con el dictado de la sentencia, pues ésta no tiene por objeto modificar, confirmar o revocar la pensión provisional, ni corregir la insuficiencia o excesividad del monto provisional de alimentos y las consecuencias que tuvo en el patrimonio del acreedor o del deudor alimentario; de ahí que es posible analizar el acto reclamado sin afectar la situación creada por el nuevo que no se reclamó en el amparo solicitado." El criterio transcrito si bien se refiere al supuesto en el que previo a resolver el juicio de amparo en contra de la resolución que determinó el monto de la pensión alimenticia provisional, se dicta la sentencia en el juicio natural en que se fija la pensión alimenticia definitiva, en lo que interesa se considera aplicable en las consideraciones del Máximo Tribunal del País, respecto a que si bien la pensión definitiva hace cesar la pensión provisional y genera una situación jurídica que se traduce en el reconocimiento pleno del derecho del acreedor alimentario y en la determinación de una pensión sustentada en pruebas ofrecidas por las partes, no repercute en la situación creada con motivo de la pensión provisional que, como medida cautelar, es de naturaleza transitoria y temporal y, por tanto, subsiste exclusivamente hasta que se resuelve la controversia planteada. Sin embargo, esa circunstancia, según lo señalado en el criterio antes transcrito, no tiene por objeto modificar, confirmar o revocar la pensión provisional, ni corregir la insuficiencia o excesividad del monto provisional de alimentos, lo cual resulta relevante en este asunto, pues como se explicó, en su caso, el aquí quejoso estuvo en condiciones de impugnar la resolución que fijó la pensión alimenticia provisional, a través del juicio de amparo, que como se ya dijo, sí promovió y en su momento le fue negado el amparo y protección de la justicia federal. Sin que el hecho de que se hubiere dictado sentencia definitiva en la controversia familiar de origen durante el lapso en que se dictó la resolución interlocutoria reclamada, implique que a través de dicha determinación se deba desconocer el derecho a los alimentos provisionales decretados a favor de la acreedora alimentaria -aquí tercera interesada-. Igualmente, sirve de aplicación por las razones que la informan la tesis I.8o.C.180 C, con registro digital 196189, emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL NO IMPUGNADA. LA CONDENA A SU PAGO, EN LA SENTENCIA DEFINITIVA, NO CONSTITUYE UNA CONDENA RETROACTIVA. Si el Juez decretó condena en contra por el pago de alimentos atrasados y ésta se refiere al pago de la pensión provisional que dejó establecida el propio juzgador y que nunca se impugnó durante el procedimiento; y que no se cumplió por el deudor en estricto derecho no es una condena retroactiva puesto que no comprende ningún periodo anterior a la presentación de la demanda de alimentos, sino que se trata de una determinación que se emitió para hacer cumplir con un mandato judicial dictado después de que se admitió la demanda, por el propio juzgador; y que había omitido cumplimentar el deudor alimentista. La retroactividad es la afectación de derechos adquiridos bajo la vigencia de una ley anterior, lo que en el caso no sucede, ya que la determinación del Juez de que se cumpla con tal obligación previamente decretada y firme no puede constituir una aplicación retroactiva al no existir afectación a algún derecho adquirido." Es decir, a través de la resolución interlocutoria reclamada que liquidó las pensiones alimenticias adeudadas y no pagadas, únicamente se está haciendo cumplir la resolución que decretó la pensión alimenticia provisional, ante la omisión de cumplimiento en que incurrió el demandado incidentista, sin que importe para ello que dicha resolución interlocutoria de uno de junio de dos mil veintitrés, se hubiere emitido con posterioridad a la de siete de diciembre de dos mil veintidós, que resolvió en definitiva el juicio de controversia familiar de origen, en donde refiere el quejoso que se encuentran acreditados fehacientemente los ingresos que percibe y que constituye la verdad legal; porque como se dijo, dicha sentencia definitiva rige por cuanto a los alimentos definitivos, no así respecto de los provisionales adeudados o no pagados en su momento por el aquí quejoso, correspondientes al periodo liquidado (veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete a treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno). De igual forma, es inoperante el argumento de que se debió tomar en consideración lo resuelto en definitiva, en donde se redujo el monto de la pensión alimenticia provisional, porque durante el procedimiento no variaron las circunstancias por las que se impuso dicha pensión; ello, porque como se señaló, a través de la resolución reclamada únicamente se está haciendo cumplir una determinación que en su momento el quejoso no cumplió, sin que se le conceda la oportunidad de analizar nuevamente el monto fijado en concepto de pensión alimenticia provisional, el cual incluso fue confirmado a través de la sentencia del juicio de amparo que el quejoso promovió en contra de tal determinación -en la que se negó el amparo-. Ahora bien, respecto a las pruebas supervenientes que refiere el impetrante de amparo, relativas a diversos informes de autoridad recabados de oficio por el juzgador responsable, el quejoso no expresó argumento tendiente a evidenciar que las hubiere ofrecido como pruebas en el incidente ni en qué le beneficiaban a efecto de demostrar que hubiere cumplido con la obligación de pago, que es la excepción que como se dijo, estaba en condiciones de hacer valer en el incidente, puesto que dicha determinación no implica que se pueda volver a analizar el monto ya decretado en concepto de pensión alimenticia provisional ni la capacidad económica del quejoso, como incorrectamente lo afirma en este juicio, sino que únicamente tiene por objeto liquidar las pensiones alimenticias provisionales adeudadas -que no fueron cubiertas en su oportunidad por el demandado incidentista-. De igual forma, la reducción del monto de la pensión alimenticia tampoco puede ser objeto de análisis en el presente juicio, pues en su momento dicha cuestión fue impugnada por el aquí quejoso a través del amparo indirecto ********************del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, en el que se determinó negar el amparo y protección de la justicia federal, que es el medio de defensa en donde se señala el supuesto que establece el criterio de rubro: "ALIMENTOS, PENSIÓN PROVISIONAL, DISMINUCIÓN DE LA. PROCEDE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).", y que es en donde igualmente pudo tener aplicación la diversa tesis con registro digital 162786, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "MOTIVACIÓN POR REFERENCIA. NO ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS.", pero no así en este juicio, en la forma pretendida por el aquí quejoso. Así, al ser inoperantes los argumentos expuestos en el único concepto de violación analizado, se niega el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ******************** o********************contra el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Erika de la Cruz Uribe, quien autoriza y da fe, el ocho de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la presente audiencia se genera de manera electrónica. En Cuernavaca Morelos, a las diez horas con veinticinco minutos del quince de agosto de dos mil veintitrés, día y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública, Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia sin asistencia de las partes, no obstante de encontrarse debidamente notificados de ello del juicio de amparo 885/2023, promovido por *******; sin asistencia de las partes. Luego, a fin de relacionar las constancias que obran en autos, el secretario hace constar que se da lectura a cada una de ellas, entre las que se encuentran por su importancia, el escrito inicial de demanda, auto admisorio e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Enseguida la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, la Jueza declara abierto el periodo probatorio: El secretario procede a dar cuenta con las pruebas que anexó el quejoso a su escrito de demanda y las que adjuntó la autoridad responsable a su informe. A lo anterior la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza jurídica las pruebas documentales, exhibidas por la por la parte quejosa y la autoridad señalada como responsable, con lo anterior se cierra el presente periodo. Luego, la Jueza declara abierto el periodo de alegatos: Se da cuenta que ninguna de las partes los formuló; asimismo, se hace constar que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no presentó pedimento. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de lo actuado, quedan los autos en estado de resolución. Doy fe. (Firmado electrónicamente) Nadyelly López Guevara Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos (Firmado electrónicamente) Rosa María Luna Mercado Secretaria del Juzgado En veinticinco de febrero de dos mil veintidós Rosa María Luna Mercado, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, certifica: que la hora del cierre de la audiencia contenida en la evidencia criptográfica correspondiente a las firmas electrónicas, no coincide con la hora de la audiencia precedente, en razón de la carga de trabajo existente en este órgano jurisdiccional, tanto en audiencias como trámite y atención a las partes que asisten a consultar sus expedientes. Doy fe.
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Cuernavaca, Morelos, diez de agosto de dos mil veintitrés. ... Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por el quejoso *******, mediante el cual solicita copias simples de todo lo actuado en el presente juicio de amparo. Atento a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a su costa, en días hábiles dentro del horario establecido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, copia de las actuaciones judiciales que refiere en su escrito de cuenta, previa toma de razón que de su recibo se deje asentada en autos. Al margen de lo anterior, se hace del conocimiento de la promovente que con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél; y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente Notifíquese.
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Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que por acuerdo de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con el informe justificado de la autoridad responsable Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos; por lo que entre la fecha de notificación de ese informe a la quejosa y el día de hoy -señalado para la audiencia constitucional-, no media un plazo de al menos ocho días. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117, segundo y cuarto párrafo de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional para las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.
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