Juan Refugio Rangel Cardona

Expediente 84/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 47 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
84/2021
Año
2021
Actuaciones
47
Última actuación
03/11/2021

Partes del expediente

  • Juan Refugio Rangel Cardona
  • Juez de Oralidad Penal de la Primera Región de Guanajuato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 47.

  1. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Autoridad informa notificación a autoridades. Visto lo de cuenta, se tiene al Encargado del Departamento de Correspondencia y Archivo de la Fiscalía General del Estado, con sede en Guanajuato, en atención a su contenido, se le tiene informando que se hizo la entrega de los comunicados 20475, 20478 y 20479, dirigidos a las autoridades responsables, con los que se les notifica la sentencia dictada en autos el dieciocho de octubre pasado, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. 2. Imposibilidad de entrega de comunicado. Respecto del diverso comunicado 20480, indica que no fue posible su entrega, dado que no existe la autoridad señalada como responsable, pues su denominación correcta es Jefe de Célula de la Dirección General de Investigaciones Adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Homicidios, por lo que devuelve el oficio de cuenta. 2.1. Atento a lo anterior, a fin de que la autoridad responsable quede debidamente notificada, se ordena la reexpedición del oficio de cuenta, con la denominación correcta.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, siendo las once horas con cuarenta y seis minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintiuno Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de la secretaria Karla del Rosario Herrera Bacab, procede a celebrar la audiencia en el expediente electrónico del presente juicio 84/2021, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. La Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron por escrito estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención, no obstante que este órgano jurisdiccional ha reanudado los plazos conforme al citado Acuerdo General. La Secretaria relaciona como principales constancias del expediente la demanda de amparo, auto admisorio, informes justificados de las autoridades responsables, asimismo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de siete de abril de dos mil veintiuno y se tiene como inexistente a las autoridades señaladas como Ministerio Público de las Unidades Especializadas de Homicidios y Agentes Ministeriales adscritos en dicha unidad, ambos de Salvatierra, Guanajuato. A lo anterior, el Juez acuerda: Ténganse por hecha la relación de constancias que antecede y como inexistentes a las autoridades precisadas, para los efectos legales a que hubiere lugar. Acto seguido, el Juez declara abierto el período probatorio y el Secretario da cuenta con las documentales exhibidas por la autoridad responsable; y sobre el particular el Juez determina: Téngase por hecha la relación de las pruebas que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes hizo manifestaciones en esta vía. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de partes a formular alegatos dada su omisión. Sin más alegatos por relacionar, se declara cerrada la presente fase. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, ni más alegatos que reproducir, se dan por concluidas las etapas anteriores de esta audiencia; por lo que el Juez procede a dictar la siguiente: S E N T E N CI A VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 84/2021, que promovió Juan Refugio Rangel Cardona, contra actos del Juez de Oralidad Penal de la Primera Región de Guanajuato y otras autoridades, este órgano jurisdiccional ha decidido: Sobreseer el juicio de Amparo; y, Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERO. Precisión del acto reclamado. El quejoso hace consistir los actos reclamados en: Incomunicación, tortura; y Privación ilegal de la libertad SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49, 50, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado se ejecutó por autoridad con residencia dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia no quedó acreditada. Al rendir su informe con justificación, las autoridades que se enlistan lo hicieron de la manera siguiente: No. Autoridad Sentido 1 Juez de Oralidad Penal de la Primera Región de Guanajuato. Niega 2 Juez de Oralidad Penal de la Segunda Región de Guanajuato. Niega 3 Juez de Oralidad Penal de la Tercera Región de Guanajuato. Niega 4 Juez de Oralidad Penal de la Cuarta Región de Guanajuato. Niega 5 Juez de Oralidad Penal de Celaya, Guanajuato. Niega 6 Juez de Oralidad Penal de Guanajuato, Guanajuato. Niega 7 Juez de Oralidad Penal de Salvatierra, Guanajuato. Niega 8 Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, Región "C", Celaya Guanajuato. Niega 9 Agente adscrito a la Unidad Especializada en combate al Secuestro, Guanajuato, Guanajuato. Niega 10 Titular de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Niega 11 Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios. Niega 12 Coordinador de Investigaciones Especializadas de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Niega 13 Célula de Investigaciones de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Niega 14 Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Niega Las autoridades relacionadas en el cuadro que antecede negaron la totalidad de los actos reclamados. Asimismo, las autoridades Juez de Oralidad Penal de Guanajuato, Guanajuato y Ministerio Público de la Unidad Especializada en Homicidio de Guanajuato, Guanajuato, fueron omisas en rendir su informe justificado, no obstante que se encontraban debidamente notificadas, sin embargo, de las constancias remitidas por el Juez de Oralidad Penal de Acámbaro, Guanajuato, se advierte que dichas autoridades no participaron en la emisión del acto ni en su ejecución, por tanto, se tiene por inexistente los actos reclamados a aquéllas. De igual forma, respecto al acto reclamado consistente en la incomunicación y tortura, el Juez de Oralidad Penal de Acámbaro, Guanajuato y el Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de Michoacán, negaron la existencia de dichos actos, mismo que se corrobora de la constancia de ratificación de demanda, levantada el tres de febrero de dos mil veintiuno por el actuario adscrito a este Juzgado, de la que se advierte que se dio fe del estado físico del quejoso, no encontrando lesiones, asimismo, en dicha acta se asentó que el propio quejoso manifestó que no había sido golpeado por ninguna persona. Por ende, ante la inexistencia del acto reclamado a las citadas autoridades, se sobresee en el juicio, en términos de la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. CUARTO. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó demostrada. El Juez de Oralidad Penal de Acámbaro, Guanajuato y el Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de Michoacán, aceptaron la existencia de los actos reclamados, consistente en orden de aprehensión y su ejecución -privación de la libertad-. Lo que se corrobora con el contenido de los discos ópticos que el juez responsable presentó como prueba, relativa a la causa penal 1P0219-80, así como el oficio JOACAM/685/2019 el cual contiene la orden de cumplimentación de orden de aprehensión. Que merece valor probatorio de documental pública conforme a los artículos 210-A, en relación con el diverso 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." QUINTO. Improcedencia del juicio de Amparo. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio es una cuestión de orden público analizable aun de oficio, lo aleguen o no las partes, y debe ocurrir previo al análisis de fondo del asunto, porque de actualizarse alguna causal de improcedencia, haría innecesario el estudio de la litis constitucional planteada. En la especie se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; ." Del precepto trascrito se advierte, que el juicio de garantías es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar esa nueva situación jurídica. Es decir, la causa de improcedencia de mérito se surte, cuando se producen los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado haya motivado una situación jurídica determinada. b) Que por virtud de una resolución posterior se produzca una diversa situación jurídica que sustituya la anterior. c) Que esta resolución sea de tal naturaleza que permita la subsistencia de la nueva situación jurídica creada, aun a pesar de que fueran ciertas las violaciones cometidas en el acto que originó la situación precedente, de modo que éstas deban considerarse consumadas irreparablemente en el juicio de amparo de que se trata, por no poder subsanarse sin afectar la nueva situación jurídica; estos es, sin desconocer eficacia a la resolución emitida en segundo término, que es posterior y diversa del acto reclamado. Para que se actualice el supuesto que antecede, es preciso que entre las actuaciones procesales que generaron una y otra situación jurídica, no exista un vínculo de subordinación, sino que sean autónomas entre sí, que una no derive ni sea consecuencia necesaria de la otra, pues de lo contrario, la segunda de ellas no podría subsistir si la primera adolece de vicios que pudieran determinar su ineficacia jurídica, sólo así, la nueva situación podría permanecer incólume aunque la primera se invalidara. Por esa razón, se habla en estos casos, de una consumación irreparable de las violaciones que pudieran derivar del acto reclamado, ya que al no apoyarse la nueva situación jurídica en él, el amparo no podría conducir a un resultado práctico, porque incluso en el supuesto de que llegara a concederse la protección, no se modificaría la nueva situación jurídica. Lo anterior encuentra apoyo, por analogía, en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a. CXI/96, con número de registro 199808. Ahora, en el caso concreto, el quejoso reclamó la orden de aprehensión dictada en su contra fuera de procedimiento. Empero, de lo informado por el Juez responsable al emitir su informe justificado y del contenido del disco que envió como apoyo, el cual fue valorado en párrafos que anteceden, se evidencia que se dictó orden de aprehensión en contra del aquí quejoso. Sin embargo, de las propias constancias se advierte que dicha orden de aprehensión fue cumplimentada el tres de febrero de dos mil veintiuno, que el nueve de febrero siguiente, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de Juan Refugio Rangel Cardona, por el hecho que la ley señala como delito de Homicidio Calificado, previsto y sancionado por los artículos 138, 140, en relación con el 153 fracción 1, primer y segundo párrafo, en relación con los artículos 9, 13 y 20 primer párrafo, tercer supuesto del código penal vigente en el Estado de Guanajuato, cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de Marco Enrique Villagómez Aragón. Auto de vinculación del que del que se advierte, que se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso. Por tanto, al reclamarse en el presente juicio de amparo una orden de aprehensión emanada de un procedimiento judicial, donde posteriormente se decretó auto de vinculación a proceso, implica un cambio de situación jurídica, pues basta el dictado del auto que resuelve la situación jurídica de la parte quejosa, para que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas, pues ante dicha situación, no puede decidirse sobre el caso, sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial, motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia invocada respecto del acto reclamado por la quejosa, procede sobreseer en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XVII, todos de la Ley de la Materia. Por lo expuesto y fundado se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan Refugio Rangel Cardona, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Recepción de oficio. Visto lo de cuenta, se tiene al Encargado del Departamento de Correspondencia y Archivo de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, remitiendo los acuses de recibido de los oficios 2391/2021, 2396/2021 y 2398/2021; con los que acredita su entrega a las autoridades responsables; de lo que este juzgador toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. 2. Diferimiento anticipado. Toda vez que de las constancias que envió la autoridad referida en el párrafo que antecede, se desprende que los comunicados fueron entregados el veintidós y veintitrés de septiembre del año actual; mientras que se señalaron las diez horas con cuatro minutos del siete de octubre del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, para la fecha en cita se encontrará transcurriendo el plazo para que las responsables rindan el informe justificado que les fue requerido. 2.1. Por tanto, se difiere de manera anticipada la celebración de la audiencia constitucional y se señalan las ONCE HORAS CON CINCUENTA Y SEIS MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Javier Ivan Contreras Osorio, que da fe.

  4. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Visto lo de cuenta, se tiene a los respectivos Coordinadores, tanto de la Cédula de Investigación de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), como de Investigaciones Especializadas, ambos de la Fiscalía General del Estado, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, rindiendo informe justificado; en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente.

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