Juan Rebollo Ucsano

Expediente 1197/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1197/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Rebollo Ucsano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la comparecencia del quejoso ****, por medio de la cual, ratifica su escrito presentado en la oficialía de partes de este órgano de control constitucional el cuatro de octubre del año que transcurre. Por lo que se provee respecto al escrito de referencia lo siguiente: Agréguese a sus autos el escrito signado por el quejoso Juan Rebollo Ucsano, a través del cual desahoga el requerimiento formulado mediante proveído dictado el veinticinco de septiembre de la presente anualidad. En ese tenor, se tiene por desahogada la prevención que le fue formulada a la parte quejosa en el referido proveído; en consecuencia, se tiene por aclarado su escrito inicial de demanda de amparo, promovido contra los actos y autoridades que enseguida se precisan: Actos reclamados La sentencia interlocutoria de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ******************** del índice del juez responsable, la cual tuvo como consecuencia que se negara al quejoso a otorgarle un plazo complementario para el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía, ofrecida por la parte demandada en el juicio de origen. Autoridades responsables Juez del Juzgado Décimo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla en Nicolás Romero, Estado de México. Secretario de Acuerdos del Juzgado Décimo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla en Nicolás Romero, Estado de México. Causal de improcedencia Ahora bien, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio de amparo que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.). Respecto de esta causa de improcedencia que se invoca de oficio, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la reciente jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) interpretó la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo en los siguientes términos: Expuso que en la jurisprudencia P./J. 4/2001 del propio Pleno interpretó que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Agregó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden: "(...) los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Por tanto, estimó el Máximo Tribunal, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Amén de que, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación la dedujo el Pleno de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, concluyó el Máximo Tribunal, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia P./J. 4/2001, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece. De modo tal que, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo". Concepción que, a juicio del Máximo interprete, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que el Tribunal Pleno había calificado a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. El rubro y texto de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) en comento del Máximo Tribunal del País son del tenor siguiente: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Los anteriores razonamientos son aplicables al caso que nos ocupa, toda vez que en la especie el acto reclamado consiste en lo siguiente: La sentencia interlocutoria de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ******************** del índice del juez responsable, la cual tuvo como consecuencia que se negara al quejoso a otorgarle un plazo complementario para el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía, ofrecida por la parte demandada en el juicio de origen. En ese sentido, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente en contra del acto que por esta vía se combate, porque dicho acto se refiere a una cuestión de trámite; esto es, se trata de un acto netamente procesal que tiene como finalidad que se otorgue al quejoso, un plazo complementario para el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía, ofrecida por la parte demandada en el juicio de origen. Lo que evidentemente no constituye un acto dictado en un juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, porque los efectos que el acto reclamado produce no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por lo que, en su caso, las eventuales violaciones deberán reclamarse una vez que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento de origen, siempre y cuando la misma haya sido adversa a los intereses de la parte quejosa. Con lo anterior, se pretende que se continúe con el juicio de origen, sin mayores dilaciones y que los afectados con el fallo correspondiente, al impugnarlo en su caso en Amparo Directo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento que estimen se hubieran cometido. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia, radica en la circunstancia de que la determinación reclamada, pese a ser un acto dictado dentro de un juicio, no transgrede de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo de la quejosa de imposible reparación, pues se tratan de cuestiones meramente de trámite, esto es procesal, lo que se advierte de manera evidente de lo expresado en la propia demanda de amparo. Es indudable, porque ello no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el numeral 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Notificación a la parte quejosa. Dada la trascendencia del presente proveído, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, por única ocasión, comisiónese a cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado, para que notifique a la parte quejosa el presente proveído en el domicilio ubicado en ******************** Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A" SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales. De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso C) Y 29 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el AVISO y se procede notifica a la PARTE QUEJOSA, DEL ACUERDO DE NUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, en virtud de que no acudió a notificarse personalmente a este juzgado. Y que lo conducente dice: " ...Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la comparecencia del quejoso ****, por medio de la cual, ratifica su escrito presentado en la oficialía de partes de este órgano de control constitucional el cuatro de octubre del año que transcurre. Por lo que se provee respecto al escrito de referencia lo siguiente: Agréguese a sus autos el escrito signado por el quejoso Juan Rebollo Ucsano, a través del cual desahoga el requerimiento formulado mediante proveído dictado el veinticinco de septiembre de la presente anualidad. En ese tenor, se tiene por desahogada la prevención que le fue formulada a la parte quejosa en el referido proveído; en consecuencia, se tiene por aclarado su escrito inicial de demanda de amparo, promovido contra los actos y autoridades que enseguida se precisan: Actos reclamados La sentencia interlocutoria de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ******************** del índice del juez responsable, la cual tuvo como consecuencia que se negara al quejoso a otorgarle un plazo complementario para el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía, ofrecida por la parte demandada en el juicio de origen. Autoridades responsables Juez del Juzgado Décimo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla en Nicolás Romero, Estado de México. Secretario de Acuerdos del Juzgado Décimo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla en Nicolás Romero, Estado de México. Causal de improcedencia Ahora bien, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio de amparo que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.). Respecto de esta causa de improcedencia que se invoca de oficio, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la reciente jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) interpretó la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo en los siguientes términos: Expuso que en la jurisprudencia P./J. 4/2001 del propio Pleno interpretó que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Agregó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden: "(...) los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Por tanto, estimó el Máximo Tribunal, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Amén de que, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación la dedujo el Pleno de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, concluyó el Máximo Tribunal, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia P./J. 4/2001, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece. De modo tal que, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo". Concepción que, a juicio del Máximo interprete, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que el Tribunal Pleno había calificado a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. El rubro y texto de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) en comento del Máximo Tribunal del País son del tenor siguiente: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Los anteriores razonamientos son aplicables al caso que nos ocupa, toda vez que en la especie el acto reclamado consiste en lo siguiente: La sentencia interlocutoria de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ******************** del índice del juez responsable, la cual tuvo como consecuencia que se negara al quejoso a otorgarle un plazo complementario para el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía, ofrecida por la parte demandada en el juicio de origen. En ese sentido, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente en contra del acto que por esta vía se combate, porque dicho acto se refiere a una cuestión de trámite; esto es, se trata de un acto netamente procesal que tiene como finalidad que se otorgue al quejoso, un plazo complementario para el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía, ofrecida por la parte demandada en el juicio de origen. Lo que evidentemente no constituye un acto dictado en un juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, porque los efectos que el acto reclamado produce no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por lo que, en su caso, las eventuales violaciones deberán reclamarse una vez que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento de origen, siempre y cuando la misma haya sido adversa a los intereses de la parte quejosa. Con lo anterior, se pretende que se continúe con el juicio de origen, sin mayores dilaciones y que los afectados con el fallo correspondiente, al impugnarlo en su caso en Amparo Directo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento que estimen se hubieran cometido. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia, radica en la circunstancia de que la determinación reclamada, pese a ser un acto dictado dentro de un juicio, no transgrede de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo de la quejosa de imposible reparación, pues se tratan de cuestiones meramente de trámite, esto es procesal, lo que se advierte de manera evidente de lo expresado en la propia demanda de amparo. Es indudable, porque ello no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el numeral 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Notificación a la parte quejosa. Dada la trascendencia del presente proveído, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, por única ocasión, comisiónese a cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado, para que notifique a la parte quejosa el presente proveído en el domicilio ubicado en ******************** Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A" SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales. De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa..." Lo anterior para los efectos conducentes.

  3. Principal

    Con fundamento en el Artículo 27, Fracción I, Inciso c) de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en aviso de nueve de octubre de dos mil veintitrés y por esta vía se notifica al quejoso Juan Rebollo Ucsano los acuerdos de veinticinco de septiembre y cinco de octubre, ambos del año en curso, los cuales, en lo que interesa, señalan: ACUERDO DE VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. (.) Requerimiento a la parte quejosa Resulta necesaria la aclaración de la demanda de cuenta, con fundamento en los artículos 108, 114 y 261 de la Ley de Amparo, se requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído: 1. Aclare cuál es el acto que reclama en el presente juicio. Lo anterior es así, ya que en el apartado relativo al acto reclamado, señala que controvierte la sentencia interlocutoria de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el expediente 95/2023, del índice del juez responsable; mientras que en la parte final de los antecedentes del acto reclamado, señala que solicita el amparo y protección para que se admita el recurso de revocación que tiene como fuente de agravio el auto de treinta y uno de julio del dos mil veintitrés; y en el apartado de la suspensión del acto reclamado, menciona que el acto reclamado consiste en la negativa del desahogo de las pruebas, y solicita la suspensión para que suspenda la etapa probatoria en cuanto a las periciales en materia de grafoscopía y documentoscopía. Una vez desahogada la anterior prevensión, deberá precisar los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, narrando de forma cronológica y ordenada las etapas procesales ocurridas. 3. Exhiba las copias necesarias del escrito con el que desahogue la prevención de mérito, en términos de lo que establece el artículo 110 de la ley en cita, toda vez que el escrito aclaratorio es parte integrante de la demanda de amparo. Se apercibe al promovente, que de no desahogar el requerimiento anterior, o bien, de no exhibir las copias de desahogo, con fundamento el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. (.).

  4. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito del quejoso *****, con el cual pretende desahogar la prevención formulada el veinticinco de septiembre de la presente anualidad. Ahora bien, atendiendo a que la firma que calza el escrito de cuenta es notoriamente distinta a la que aparece estampada en la demanda de amparo y si bien es verdad que el suscrito juzgador no es perito en caligrafía o grafoscopía, también lo es que, ante lo evidente y notorio de la diferencia en las firmas se puede concluir que para detectar esa circunstancia no se requieren de tales conocimientos. Por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al ordenamiento citado en primer término, de conformidad con su artículo 2, requiérase a la parte promovente para que, al momento de la notificación del presente proveído, o dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, comparezca ante la presencia judicial con identificación oficial a fin de ratificar la firma discrepante así como el contenido del ocurso de cuenta. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia número 258, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas. Se apercibe al promovente que de no hacerlo, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta, por no desahogado el requerimiento relativo y en consecuencia se le hará efectivo el apercibimiento decretado mediante proveído de veinticinco de septiembre de la presente anualidad. Notifíquese: personalmente al quejoso.

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