Juan Raymundo Yanez Razo
Expediente 1655/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1655/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 29/03/2017
Partes del expediente
- Juan Raymundo Yanez Razo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintinueve de marzo de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a través del cual remite el original del juicio de amparo 1655/2016-III Juicio de Amparo Indirecto 1655/2016-III en 85 fojas, toca de apelación 722/2016 en 36 fojas, expediente 1057/2012 en 197 fojas, incidente de Liquidación de pensiones vencidas deducido del expediente 1057/2012 en 98 fojas y un sobre con dos dvd´s de audiencias así como, testimonio de la ejecutoria dictada el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete en el expediente 53/2017 de su índice estadístico; cuyos puntos resolutivos son: "PRIMERO. En la materia de revisión, se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege a JUAN RAYMUNDO YAÑEZ RAZO, por propio derecho, en contra del acto que reclamo de la Primera Sala Familiar Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, dictado en el toca de apelación número 722/2016." En atención a lo anterior, de conformidad con el numeral 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se agregan a los autos el oficio y testimonio de referencia; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y acúsese recibo. Asimismo, del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la revisión interpuesta desglósense las actuaciones posteriores a la remisión del presente expediente y, una vez hecho lo anterior, agréguense éstas al sumario constitucional en el cual se actúa y, el citado cuaderno de antecedentes manténgase por separado. Devuélvase a la responsable, las constancias remitidas como complemento a su informe justificado. En otro orden, del estado procesal de autos se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: 1. Este expediente es susceptible de depuración, pues en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa (punto vigésimo primero, inciso IV). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3 El original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, pues encuadran en las hipótesis previstas en el punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III, del Acuerdo General Conjunto de referencia. 4. El cuaderno de antecedentes derivado del cuaderno principal es susceptibles de destrucción, pues encuadran en la hipótesis prevista en el Punto Vigésimo, inciso I del acuerdo general conjunto de mérito 5. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; nueve de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de mérito, de los que se advierte que por acuerdo de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa Juan Raymundo Yáñez Razo, en contra de la sentencia de cuatro de enero de dos mil diecisiete; y, toda vez que se certificó que obran en autos las constancias de notificación del proveído de referencia, así como de la sentencia impugnada, remítase el expediente en que se actúa debidamente integrado, el oficio original de expresión de agravios, así como copia del mismo, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, para la substanciación del recurso de revisión hecho valer. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
III. Toluca, Estado de México; diecinueve de enero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por recibido el escrito de cuenta suscrito por el quejoso Juan Raymundo Yáñez Razo, a través del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el cuatro de enero de dos mil diecisiete; por tanto, con fundamento en los artículos 81 fracción l, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la resolución referida. Con copia certificada de los insertos necesarios fórmese el cuaderno de antecedentes; por lo que hace al original del escrito de expresión de agravios, así como copia simple de éste remítase al Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Segundo Circuito, en turno para la tramitación del citado medio de impugnación. Con fundamento en el artículo 89 de la Ley de amparo, una vez que este juzgado Federal cuente con las constancias de notificación del presente proveído remítase el expediente original y escrito de agravios dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al que se integre el presente expediente al Tribunal Colegiado competente, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.
- Principal
III. Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 1655/2016-III, promovido por Juan Raymundo Yánez Razo, en contra de la Primera Sala Familiar de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Juan Raymundo Yánez Razo solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE "Ordenadora: A) LA SALA DE LO FAMILIAR EN TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, BAJO EL TOCA 722/2016, CON RESIDENCIA EN TOLUCA ESTADO DE MÉXICO. Ejecutoras: B) JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA, BAJO EL EXPEDIENTE 1057/2012. CON RESIDENCIA EN TENANGO DEL VALLE ESTADO DE MÉXICO." ACTOS RECLAMADOS 1.- en fecha 24 de agosto del 2016, el juez determinó sentencia del INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE PENSIONES NO PAGADAS, a favor de la parte actora C. MAYTE CID DEL PRADO HERNÁNDEZ, donde el JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA, determinó que debía pagar a favor de mis dos menores hijos la cantidad de $73,800.00 por concepto de pensiones atrasadas por lo cual en mi contestación de la demanda del incidente manifesté ya había pagado por lo cual mi abogado que me representó en el incidente NO me manifestó que día era la audiencia de ley y la presentación de testigos como hice saber al juez primero en mi contestación de dicha demanda por lo cual tuve la necesidad de apelar dicha resolución del juez primero de primera instancia. 2.- EN FECHA 6 DE OCTUBRE DEL 2016, LA SALA RESOLVIO A FAVOR DE LA PARTE ACTORA EN EL CUAL CONFIRMA DICHA SENTENCIA POR EL JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA POR LO CUAL SOLICITO la protección y justicia en el amparo directo." SEGUNDO. Derechos humanos invocados. El quejoso señaló como derechos humanos violados, el contenido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Recibida la demanda de amparo en este juzgado de distrito, se registró con el número 1655/2016-III, por auto de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, se admitió; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se llevó a cabo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 48 en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito; al reclamarse un acto dictado por un tribunal del orden civil y cuya residencia se localiza dentro del territorio donde se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es conveniente precisar que los actos reclamados son: 1. Del Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México: la resolución interlocutoria de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis emitida en el incidente de liquidación de pensión alimenticia, deducido del expediente 1057/2012, relativo a la disolución del vínculo matrimonial promovida por Mayte Cid del Prado Hernández, en contra de Juan Raymundo Yañez Razo: 2. De la Primera Sala Familiar de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México: la resolución de seis de octubre de dos mil dieciséis, emitida en el toca 722/2016, la cual confirma la diversa de veinticuatro de agosto de ese mismo año. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Presidenta de la Primera Sala Familiar de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y el Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos reclamados. A lo anterior es aplicable, la jurisprudencia publicada con el número 278, en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 246389, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se corrobora con las constancias que la primera autoridad envió, consistentes en el toca de apelación 722/2016, expediente 1057/2012, incidente de liquidación en pensiones vencidas deducido del expediente citado y un sobre amarillo con dos DVD´S de audiencias; constancias a las cuales se les concede pleno valor probatorio por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y en términos de los artículos 128, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. CUARTO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, de las constancias de autos, valoradas anteriormente, destacan por su importancia los antecedentes siguientes: 1) Mediante escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil doce, la aquí tercero interesada Mayte Cid Prado Hernández, demandó al hoy quejoso Juan Raymundo Yañez Razo, el divorcio incausado y el pago de una pensión alimenticia a favor de sus hijos, entre otras prestaciones (fojas 1 a la 3 del expediente 1057/2012). 2) El asunto le correspondió conocerlo al Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, quien en auto de veintitrés de agosto de dos mil doce lo admitió a trámite y ordenó emplazar al demandado (fojas 9 a 11 Ídem). 3) Seguido el trámite del juicio, el veinte de septiembre de dos mil doce se emitió la sentencia respectiva en la cual se declaró disuelto el vínculo matrimonial, se aprobó el convenio presentado y se declaró que había causado ejecutoria por ministerio de ley al ser irrecurrible (fojas 36 a 40 ídem). 4) Posteriormente, Mayte Cid Prado Hernández, promovió incidente de liquidación de pensiones alimenticias vencidas, mismo que se admitió a trámite y se resolvió el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, condenado al quejoso al pago de $73,851.05 (setenta y tres mis ochocientos cincuenta y un pesos 05/100 moneda nacional, fojas 69 a 75 del incidente respectivo). 5) En desacuerdo con la misma, la parte actora promovió recurso de apelación, el cual se registró con el número de toca 722/2016, ante la Primera Sala Familiar de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien en resolución de seis de octubre de dos mil dieciséis determinó confirmar la sentencia apelada (fojas 22 a 33 del toca 722/2016). Las determinaciones descritas en los incisos 4) y 5) constituyen los actos reclamados en la presente instancia constitucional. QUINTO. Análisis de causas de improcedencia. Previo el estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia o sobreseimiento invocadas por las partes o advertidas de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Conviene establecer que para que el juzgador de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada por el quejoso, es necesario previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución procesal en virtud de la cual, en un primer momento del juicio de amparo, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos procesales que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a proveer, y si no lo están, de una manera manifiesta y ostensible, debe sobreseer en el juicio, abstenerse de conocer de ella y concretarse a emitir una providencia en la que se expresen los motivos por los cuales estimó que no se puede entrar al conocimiento del asunto, por faltar los presupuestos del conocimiento de mérito. En suma, constituye un obstáculo que impide se resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado ante la falta de oportunidad, fundamento o derecho para acudir ante la potestad jurisdiccional. Lo que se traduce en un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o pertinencia de la acción intentada. Sobre el particular, respecto al acto reclamado al Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, consistente en la resolución interlocutoria de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis emitida en el incidente de liquidación de pensión alimenticia, deducido del expediente 1057/2012, este Juzgador estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El texto del precepto anteriormente transcrito, establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto, en el supuesto de que, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En esa tesitura, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Luego, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En ese orden de ideas, es de sostenerse que, en el caso concreto, este juzgador advierte la concurrencia de la mencionada causa de improcedencia, respecto del acto señalado. Tal circunstancia, pues como se especificó en los antecedentes de los actos reclamados, en contra de la resolución que en este considerando se analiza (de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis emitida en el incidente de liquidación de pensión alimenticia, deducido del expediente 1057/2012), la parte quejosa promovió recurso de apelación, el cual se registró con el número de toca 722/2016, ante la Primera Sala Familiar de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien en resolución de seis de octubre de dos mil dieciséis determinó confirmar la sentencia apelada. Con lo antes expuesto, es inconcuso que en el caso se actualiza la causa de improcedencia referida, porque el acto de autoridad reclamado ya no surte efectos sobre su esfera jurídica, y en consecuencia, no hay motivo para que se estudie la legalidad o ilegalidad del mismo, al no existir derecho fundamental que reparar, ya que como ha quedado evidenciado, la resolución reclamada, quedó sustituida por la ejecutoria emitida el seis de octubre de dos mil dieciséis, por la Primera Sala Familiar de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca de apelación 722/2016, formado con motivo del recurso hecho valer por el propio quejoso contra el acto aquí reclamado, la cual destruyó los efectos del acto motivo del amparo; razón por la cual, con apoyo en lo previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio. Es aplicable, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Novena Época, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 193758, que dispone: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma brinda apoyo la diversa jurisprudencia 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Tomo VII, Novena Época, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196820 , que establece: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Así como la tesis publicada en la página 1492 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Civil, Novena Época, con registro 165869, del contenido siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." Bajo esa directriz, al haber cesado los efectos del acto reclamado señalado, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer el presente juicio de amparo únicamente por la autoridad y acto especificado en el presente considerando. SEXTO. Estudio del fondo del asunto. Dado que las partes no invocaron causas de improcedencia y este juzgado federal no advierte alguna otra en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se estudiará tanto el acto reclamado (resolución de seis de octubre de dos mil dieciséis, emitida en el toca 722/2016, emitida por la Primera Sala Familiar de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México), así como los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea necesario transcribirlos, porque aun así se examinarán las cuestiones de derecho conducentes a apreciar la legalidad del acto reclamado, además en la Ley de Amparo no existe precepto alguno que establezca la obligación de citarlos textualmente. A lo anterior sirve de apoyo, la tesis publicada en la página 406, del Semanario Judicial de la Federación, abril de 1992, Tomo IX, Materia Común, Octava Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del registro 219558, cuyo contenido es: ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, sólo se infiere la exigencia relativa a que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tener o no por demostrada su existencia legal, pero no la tocante a transcribir su contenido traducido en los fundamentos y motivos que los sustentan, sin que exista precepto alguno en la legislación invocada, que obligue al juzgador federal a llevar a cabo tal transcripción, y además, tal omisión en nada agravia al quejoso, si en la sentencia se realizó un examen de los fundamentos y motivos que sustentan los actos reclamados a la luz de los preceptos legales y constitucionales aplicables, y a la de los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de garantías." Así como la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, publicada en la Página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 2010, Tomo XXXI, Materia Común, Novena Época, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, con el registro 164618, cuyos rubro y texto establecen: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." No obstante lo anterior, en síntesis, el peticionario del amparo indica que el acto reclamado transgrede en su perjuicio las garantías de legalidad y audiencia que tutelan los artículos 14 y 16 constitucionales, porque: a) Se violan las garantías de fundamentación y motivación. b) Se violó su derecho de audiencia, ya que su abogado nunca le informó que tenía que presentarse a la audiencia de ley con sus testigos, por lo que se debe de reponer el procedimiento en la etapa de desahogo de pruebas. Conceptos de violación que se estudian a la luz de lo argumentado estrictamente, es decir, no ha lugar a suplir la deficiencia de la queja, por imperar el principio de estricto derecho en términos del artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al no ubicarse en alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 79 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, las argumentaciones que se plasma en el inciso a), el impetrante del amparo aduce transgresión en su perjuicio de lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por violarse las garantías de fundamentación y motivación. Tal argumento resulta inoperante, toda vez que el solicitante del amparo no precisa porqué motivo, razón o circunstancia se transgredieron las garantías de fundamentación y motivación, menos aún las razones por las cuáles arriba a tal circunstancia, cuál sería la "correcta" o "exacta" fundamentación y motivación y, en su caso, cómo trascendería en su beneficio la "correcta" o "exacta" fundamentación y motivación; lo cual se torna indispensable, pues sólo así esta potestad federal podría examinar si se causa algún perjuicio. Todo lo anterior ya que, el acto reclamado es de estricto derecho; por ende, en el presente asunto no puede hacerse un examen general de la resolución impugnada para determinar cuáles violaciones resultan y qué cuestión planteada dejó de analizarse, y así, es menester que la parte solicitante del amparo, vía conceptos de violación, evidencie la ilegalidad del acto reclamado. Al respecto aplica la jurisprudencia I.4o.A. J/33, publicada en la página 1406 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2004, Tomo XX, Novena Época, cuyo rubro y texto son: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES SI NO SE REFIEREN A LA PRETENSIÓN Y A LA CAUSA DE PEDIR. Los conceptos de violación o agravios deben indefectiblemente encontrarse vinculados y relacionados con el contexto litigioso que se sometió a la jurisdicción ordinaria. Como antecedente conviene puntualizar el contenido de la frase "pretensión deducida en el juicio" o petitum al tenor de lo siguiente: a) La causa puede ser una conducta omitida o realizada ilegalmente, o bien, el acto ilícito que desconoce o viola un derecho subjetivo que es motivo de la demanda y determina la condena que se solicita al Juez que declare en su sentencia, es decir, es la exigencia de subordinación del interés ajeno al propio; b) La pretensión o petitum es la manifestación de voluntad de quien afirma ser titular de un derecho y reclama su realización; c) El efecto jurídico perseguido o pretendido con la acción intentada y la tutela que se reclama; y, d) El porqué del petitum es la causa petendi consistente en la razón y hechos que fundan la demanda. Así las cosas, los conceptos de violación o agravios deben referirse, en primer lugar, a la pretensión, esto es, al qué se reclama y, en segundo lugar, a la causa petendi o causa de pedir, que implica el porqué de la pretensión, incluyendo los fundamentos o razones y los hechos de la demanda, así como las pruebas (que son la base de lo debatido). La conexión o relación de estas últimas sólo debe darse con los hechos, que son determinantes y relevantes para efectos de la pretensión, en virtud de ser el único extremo que amerita y exige ser probado para el éxito de la acción deducida, tal como lo establecen los artículos 81 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En tal orden de ideas, si la quejosa no señala la parte de las consideraciones de la sentencia que reclama, motivo de controversia, o se limita a realizar meras afirmaciones, bien sean generales e imprecisas o sin sustento o fundamento, es obvio que tales conceptos de violación son inoperantes y no pueden ser analizados bajo la premisa de que es menester que expresen la causa de pedir." Y la diversa publicada con la clave 1a./J. 81/2002, en la página 61 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2002 Tomo XVI, Novena Época, del contenido siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." Por otra parte, el diverso concepto de violación sintetizado en el inciso b), es inoperante porque es repetitivo al agravio que el quejoso planteó ante la Sala responsable y omite impugnar los fundamentos de la resolución reclamada que dio respuesta a tales agravios, por lo que debe concluirse que dicho concepto de violación es inoperante, ya que, por una parte, en el amparo no se debe resolver si el fallo de primer grado estuvo bien o mal dictado, sino si los fundamentos de la sentencia interlocutoria reclamada que se ocuparon de aquellos agravios son o no violatorios de derechos fundamentales; y por otra, si tales fundamentos no aparecen combatidos en la demanda de amparo, se mantienen incólumes para regir la sentencia que se reclama. En efecto, respecto al agravio que se analiza, la autoridad responsable, respondió lo siguiente: (.) Seguido el orden y método preestablecido, por lo que hace a los agravios contenidos bajo los arábigos cuatro (4) y cinco (5), que hace consistir en que el abogado realizó la contestación del incidente nunca le manifestó cuando habría de ser la audiencia incidental y que lo dejó en estado de indefensión por lo que solicita se reponga el procedimiento a la etapa de ofrecimiento de pruebas ya que le causa agravio a su derecho de defensa y su garantía de audiencia, los mismos resultan inatendibles. Lo anterior se afirma toda vez que, analizados los mismos, de ellos no se advierte que el recurrente exponga manifestación alguna tendiente a atacar los fundamentos y consideraciones en que se sustenta el fallo recurrido, sino que se limita a referir que el abogado le causa diversos agravios. Máxime a lo anterior a que, como se dijo en líneas que preceden, de ninguna manera se ha visto vulnerado el derecho a una defensa adecuada, ni la garantía de audiencia, con los que cuenta el ahora recurrente, por lo que el hecho de que el profesionista no se le haya indicado la fecha de la audiencia incidental, no lo releva de deber de realizar las gestiones necesarias para que se vieran desahogadas sus pruebas, toda vez que, el que fue notificado de la fecha en que habría de llevarse a cabo la audiencia incidental, así como de las cargas procesales que en materia probatoria le corresponden, lo fue el ahora recurrente JUAN RAYMUNDO YÁÑEZ RAZO, y no su abogado patrono, según se desprende de la razón de notificación del auto de fecha trece de julio de dos mil dieciséis. (.)" Consideraciones que el quejoso no controvirtió, en la que le dieron respuesta a los motivos de inconformidad planteados en el concepto de violación en estudio. Al respecto, es permisible invocar la jurisprudencia II.1o. J/9, publicada en la página 39 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 82, octubre de 1994, Octava Época, del registro 210137, que establece: CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. Si el quejoso, substancialmente repite en sus conceptos de violación, los agravios hechos valer ante el tribunal responsable, pero omite impugnar los fundamentos de la sentencia reclamada, que dieron respuesta a tales agravios, debe concluirse que dichos conceptos son inoperantes pues, por una parte en el amparo no se debe resolver si el fallo de primer grado estuvo bien o mal dictado, sino si los fundamentos de la sentencia reclamada que se ocuparon de aquellos agravios, son o no violatorios de garantías; y por otra, si tales fundamentos no aparecen combatidos en la demanda de amparo, se mantienen vivos para continuar rigiendo la sentencia que se reclama." En esas condiciones, al no quedar demostrado en autos la inconstitucionalidad de la resolución reclamada y resultar inoperantes e infundados los conceptos de violación esgrimidos, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones III, inciso b), VII, de la Carta Magna; 1, fracción I, 73, 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Juan Raymundo Yánez Razo, por propio derecho, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Juan Raymundo Yánez Razo, contra el acto, autoridad y por las razones expuestas en el último punto considerativo de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; quien actúa con el Secretario de Juzgado Víctor Manuel Rendón Sosa, que autoriza y da fe.
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