Juan Raúl Rodríguez López

Expediente 688/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
688/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
12/09/2018

Partes del expediente

  • Todas las Partes
  • Juan Raúl Rodríguez López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    I. Causa Estado. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la quejosa no se inconformó con el proveído de veintitrés de agosto del año en curso (fojas 48 a 52), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, toda vez que le ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que interpusiera el recurso de revisión contra dicho acuerdo, como lo prevé el numeral 81, fracción I, inciso d), de la citada ley. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del citado recurso al resto de las partes, toda vez que no les produce agravio el sentido del auto de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, Tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 81, fracción I, inciso d) y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, se declara que el auto en que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo, ha causado estado. II. Se ordena el archivo del expediente. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, y se ordena archivar este juicio, como asunto concluido. III. Valoración. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio, como lo establece la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    I. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de diecisiete de agosto del año en curso (foja 43), fue recibido el oficio 9462/2018, signado por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana con Detenido Tercer Turno, con residencia en esta ciudad, y anexo, del que se advierte que el quejoso Juan Raúl Rodríguez López, recuperó su libertad a las diecinueve horas del ocho del mes y año en curso. II. Presentación de la demanda de amparo indirecto. En el caso concreto, se advierte que mediante comparecencia de siete de agosto de este año (foja 1), ***, en representación de ***, promovió juicio de amparo indirecto, contra las autoridades responsables y por los actos siguientes: No. Denominación: 1 Director de Seguridad Pública Municipal. Ciudad. 2 Comandante de la Policía Fuerza Coahuila Grupo de Reacción. Ciudad. 3 Delegado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila, Delegación Norte I. Ciudad. 4 Coordinador de las Unidades de Investigación de Tramitación Masiva de Casos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Delegación Norte. Ciudad. 5 Agente del Ministerio de la Unidad de Investigación Temprana con Detenido Mesa I de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, Delegación Norte I. Ciudad. 6 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Temprana con Detenido Mesa II de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, Delegación Norte I. Ciudad. Por el acto reclamado consistente en la privación de la libertad llevada a cabo por las autoridades señaladas como responsables, incomunicación, tortura, así como todas los demás actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la citada fecha, se ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número 688/2018; se requirió por conducto del Actuario de la adscripción, la ratificación del quejoso y la notificación de la suspensión de plano a las autoridades responsables del acto reclamado. En esa tesitura, de la razón actuarial de siete de este mes y año (foja 11), se desprende que el quejoso ***, ratificó la demanda de garantías instaurada en su nombre. Asimismo, en virtud de que se asentó que el quejoso se encontraba bien, que no fue golpeado, torturado, ni recibió malos tratos, desde ese momento dichos actos quedaron fuera de la litis constitucional planteada, y se tiene como acto reclamado únicamente la detención de que fue objeto. Al efecto se digitaliza la razón actuarial de siete de agosto del año en curso: De ese modo, mediante proveído de ocho de agosto del propio año (fojas 13 a 16), se admitió a trámite la demanda de amparo de referencia; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Luego, mediante diversos acuerdos se recibieron los informes respecto a la suspensión de plano decretada, así como los justificados solicitados a las autoridades responsables. III. Libertad del quejoso. Del anexo que remitió la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana con Detenido Tercer Turno, con residencia en esta ciudad, consistente en la carpeta de investigación número 00855/PIN/ATDPIN/2018, se advierte que el quejoso Juan Raúl Rodríguez López, salió en libertad a las diecinueve horas del ocho del mes y año en curso (documento con el que se formó el tomo I relativo a pruebas). Al efecto, se digitaliza el documento relativo a la libertad del quejoso: Documental que por tener el carácter de pública se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." IV. Causal de sobreseimiento. Conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia, como en el presente caso, la prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la citada ley, la cual por ende, acarrea el sobreseimiento del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trecientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, la parte quejosa primigeniamente reclamó la detención de que fue objeto, incomunicación, tortura, así como los demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, por parte de las autoridades responsables. En el caso concreto, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana con Detenido Tercer Turno, con residencia en esta ciudad, manifestó que dentro de la carpeta de investigación número 00855/PIN/ATDPIN/2018, el quejoso ***, obtuvo su libertad a las diecinueve horas del ocho de agosto de este año. Lo anterior implica la desaparición total del acto reclamado y sus consecuencias, pues la autoridad de que se trata, restituyó al quejoso en el pleno goce de sus garantías, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose así la causal que se invoca. Apoya lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina treinta y ocho, tomo IX, Junio, de mil novecientos noventa y nueve, del Seminario Judicial de la Federación, registro 193758, con rubro y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento. V. Se deja sin efectos la fecha y hora de la audiencia constitucional. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta minutos del siete de septiembre del año en curso (fojas 13 a 16).

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese para que obre como corresponda, el pedimento de amparo número 377/2018, formulado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, a través del cual realiza los alegatos de su intención, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer referencia de él en la audiencia constitucional. Como lo solicita, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, una vez que se dicte sentencia en el presente juicio de amparo, expídasele copia certificada de la misma y entréguesele previa razón de recibo que se deje en el expediente.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio 9462/2018, signado por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana con Detenido Tercer Turno, de la Región Norte I, con residencia en esta ciudad, y anexo, a través del cual desahoga el requerimiento que se le hizo mediante acuerdo de trece de agosto del año en curso (foja 32), y al respecto remite copia auténtica de las constancias que integran la carpeta de investigación número 000855//PIN/ATDPIN/2018, relativa a los antecedentes del acto reclamado; pónganse a la vista de las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, ténganse como pruebas de la autoridad oficiante, las documentales que acompañó a su oficio de cuenta, las que se admiten y se tienen por desahogadas en atención a su propia naturaleza, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 119 de la Ley de Amparo. Respecto del anexo que remitió la autoridad responsable de que se trata; se ordena formar por separado del presente sumario, el Tomo I relativo a pruebas, a efecto de facilitar el manejo de este expediente, de conformidad con lo que establece el artículo 65, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, del cual, conforme al artículo 91 del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, al no estar integrado en el presente juicio, no es necesaria su digitalización para ser agregado al expediente electrónico, toda vez que el mismo se encuentra a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado.

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