Juan Raúl García Martínez

Expediente 1153/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1153/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
29/03/2023

Partes del expediente

  • Juan Raúl García Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado actual que guardan los autos relativos al juicio de amparo en que se actúa, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren recurrido la sentencia constitucional emitida el ocho de diciembre de dos mil veintidós, terminada de engrosar el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en la que se decretó el sobreseimiento dentro del presente juicio de amparo 1153/2022-VI; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de amparo, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Por otra parte, de la certificación que antecede y del estado actual que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que no existen cuestiones pendientes por resolver, ni mandatos por cumplimentar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados a este cuaderno; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este asunto, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Dalia Ivet Sáenz Saldaña, Secretaria que actúa y da fe.

  2. Principal

    VI..De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico a la parte tercero interesada víctima de identidad protegida L.Y.S.C., representada por E.C.N., por conducto de su asesor víctimal Rosalío Padrón ceballos, la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.

  3. Principal

    VI..De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico a la parte tercero interesada víctima de identidad protegida L.Y.S.C., representada por E.C.N., por conducto de su asesor víctimal Rosalío Padrón ceballos, la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.

  4. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo 1153/2022-VI, promovido por Juan Raúl García Martínez, contra actos de la Jueza del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario de la Tercera Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN Y DATOS DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, turnado a este Juzgado de Distrito el diez siguiente, Juan Raúl García Martínez, promovió juicio de amparo indirecto, en el que, como autoridades responsables y actos reclamados señaló lo siguiente. AUTORIDADES RESPONSABLES. Licenciada Rosalía Gómez Guerra, Jueza del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario de la Tercera Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS: "La resolución que resuelve solicitud de revisión de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dictada el día veintiocho de octubre de 2022, por la Jueza responsable en los autos de la carpeta procesal 108/2022, en la que determinó que no es procedente el cese de la prisión preventiva oficiosa, porque ya existe sentencia condenatoria, apoyándose en argumentos dogmáticos que contravienen los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los estándares internacionales especialmente los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos". Asimismo, narró los antecedentes del caso, señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 constitucionales y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA. Por acuerdo de once de noviembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de garantías, se registró en el libro de gobierno bajo el número 1153/2022-VI; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó el emplazamiento de los tercero interesados; y, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos tuvo verificativo según el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en los términos de los artículos 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y puntos Segundo y Tercero del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece; ya que en la especie la ejecución de los actos reclamados tienen eficacia jurídica dentro de la demarcación territorial en la que este Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario de garantías, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia número 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de dos mil, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, se tiene que los actos que el quejoso Juan Raúl García Martínez reclama, consisten en: La resolución dictada en audiencia de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, dentro de la carpeta procesal CP/108/2020, por la Jueza del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario de la Tercera Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en la que declaró improcedente el cese de la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso Juan Raúl García Martínez. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Jueza del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario de la Tercera Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado (fojas 100 a 110 y un disco óptico que obra en poder de la secretaría). En consecuencia, los actos reclamados deberán tenerse por ciertos al tenor de la jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, lo anterior se corrobora con las documentales que anexaron a su informe y el disco óptico que obra en poder de la secretaría, a las que se les confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, por tratarse de documentos públicos, las cuales forman parte del presente expediente. Cobra aplicación la jurisprudencia número 226, del Pleno del Alto Tribunal, con número de registro digital 394182, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número 940, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, visible a página 1538, que dice: "IMPROCEDENCIA. Siendo el Juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causa que la funde." Pues bien, en el presente asunto, este juzgador estima que se actualiza el supuesto de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, mismo que dispone siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." De conformidad con lo dispuesto en el artículo y fracción transcritos, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que en tratándose de violaciones a los artículos 19 o 20 constitucionales, solo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia en cita. Cabe señalar que el acto reclamado en el presente juicio es la resolución dictada en audiencia de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, dentro de la carpeta procesal CP/108/2020, por la Jueza del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario de la Tercera Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en la que declaró improcedente el cese de la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso Juan Raúl García Martínez. Posteriormente, de las constancias que allegó la autoridad responsable a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2, del citado ordenamiento legal, se desprende que el treinta de enero de dos mil veintitrés, la Sala Colegiada en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, confirmó la sentencia condenatoria dictada por la Jueza del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario de la Tercera Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, dentro de la carpeta procesal CP/108/2020, en la que se condenó al quejoso Juan Raúl García Martínez, por el delito de violación equiparada agravada, cometido en agravio de la menor de iniciales L.Y.S.C. En esa tesitura, es evidente la actualización de la causal prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de derechos fundamentales cuando por virtud de un cambio de situación jurídica deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica, a pesar de que en el caso como el que nos ocupa, se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en tal supuesto, solamente la sentencia de primera instancia firme hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia de mérito, como así acontece. Ello es así, dado que si bien es cierto el agraviado señaló como acto reclamado la transgresión a su derecho de libertad personal tutelado en los artículos 19 y 20 Constitucionales, con motivo de la de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta por la Jueza de origen; lo cierto es que, al haberse confirmado la sentencia condenatoria dictada por la responsable dentro de la carpeta procesal CP/108/2020, en la que se condenó al quejoso Juan Raúl García Martínez, por el delito de violación equiparada agravada, cometido en agravio de la menor de iniciales L.Y.S.C., es indudable que este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para analizar la resolución impugnada al haber operado un cambio de situación jurídica. Puesto que, al encontrarse firme la sentencia condenatoria decretada por la responsable dentro de la carpeta procesal CP/108/2020, han quedado consumadas irreparablemente las posibles violaciones acaecidas en la determinación de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en la que en la que declaró improcedente el cese de la prisión preventiva oficiosa impuesta al agraviado Juan Raúl García Martínez, pues ahora el quejoso adquirió irrefutablemente el carácter de sentenciado, por lo que su libertad personal ya no se encuentra sujeta a la medida cautelar impuesta por la Jueza de origen, en virtud de que la naturaleza de la misma radica en asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sino que, ahora, con la resolución de treinta de enero de dos mil veintitrés, emitida por la Sala Colegiada en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, que confirmó la sentencia condenatoria dictada por la jueza responsable dentro de la carpeta procesal CP/108/2020, la libertad personal del agraviado Juan Raúl García Martínez, se encuentra a disposición del Juez de Ejecución respectivo, para el cumplimiento de su condena. De modo que, la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa impuesta por la Jueza del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario de la Tercera Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, ya no rige la situación jurídica del quejoso en lo atinente a su libertad personal, pues ahora su privativa obedece a la pena de prisión impuesta, misma que deberá compurgar en el centro de reclusión respectivo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1, página 720, con número de registro 2000631, que dice lo siguiente: "PRISIÓN PREVENTIVA. COMPRENDE EL TIEMPO EN QUE LA PERSONA SUJETA AL PROCEDIMIENTO PENAL PERMANECE PRIVADA DE SU LIBERTAD, DESDE SU DETENCIÓN HASTA QUE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CAUSE ESTADO O SE DICTE LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO. Conforme al artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso, además de que en toda pena de prisión que imponga una sentencia se computará el tiempo de la detención. En ese sentido, la prisión preventiva comprende el lapso efectivo de privación de la libertad -en cualquiera de los casos que prevé la constitución- desde la detención -con motivo de los hechos- de la persona sujeta al procedimiento penal, hasta que la sentencia de primera instancia cause estado o se dicte la resolución de segundo grado que dirima en definitiva su situación, sin que deba sumarse a ese lapso el periodo en que se resuelve el juicio de amparo que, en su caso, se promueva; no obstante lo anterior, si se concede la protección constitucional para que se deje sin efectos la sentencia y se reponga el procedimiento, en ese supuesto también debe considerarse como prisión preventiva el tiempo en que esté privado de su libertad para llevar a cabo las actuaciones que correspondan a la fase del proceso repuesto y hasta que se dicte de nuevo resolución definitiva y firme". Asimismo, en lo conducente, cobra aplicación la tesis aislada sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 97-102, Primera Parte, Séptima Época, materia penal, registro 232762, página 121, con rubro y texto siguientes: "LIBERTAD PERSONAL, RESTRICCION DE LA (CAMBIO DE SITUACION JURIDICA). La libertad personal puede restringirse por cuatro motivos: la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos de que se ha hablado, se llama situación jurídica; de modo que cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, y por lo mismo, desaparecen los efectos del acto reclamado, y es improcedente el amparo contra la situación jurídica anterior. Esta tesis, sostenida por la Primera Sala de esta Suprema Corte, bajo el número 186, página 389, de la Segunda Parte, del Apéndice de Jurisprudencia 1917-1975, la ratifica el Pleno." Así como la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, correspondiente al mes de diciembre del año de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, página 219, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En tales circunstancias, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto del acto que reclama el quejoso Juan Raúl García Martínez, a la Jueza del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario de la Tercera Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, al haber sobrevenido la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. En virtud de lo anterior, este órgano de control constitucional se encuentra legalmente imposibilitado para pronunciarse respecto al fondo del problema jurídico planteado, en atención a la existencia de la causa que hace improcedente el juicio constitucional respecto al acto reclamado precisado con antelación acorde con lo previsto en la jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 70, octubre de 1993, página 57, que indica lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR ANALIZAR EL ESTIDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Por otra parte, es necesario mencionar que en el caso no procede analizar si se actualiza diverso motivo de improcedencia en contra de tales actos, en virtud de que basta que se estime actualizado uno de ellos para que el sobreseimiento en el juicio constitucional sea legal, de ahí que este órgano jurisdiccional prescindirá de su estudio, al no poder variar el sentido de lo ya resuelto. Al respecto, encuentra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 54/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 414, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Finalmente, no se soslaya que las constancias que se tomaron en consideración para decretar el sobreseimiento en el presente juicio hayan sido exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 63 de la Ley de Amparo, tal y como aconteció en este asunto. Lo anterior tiene sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 54/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1279, del Libro VIII, Mayo de 2021, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en su rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 74, 75, 76, 77, 215 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Juan Raúl García Martínez. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, hasta el día veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, fecha en que se terminó de engrosar, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que actúa y da fe.

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