Juan Rangel Hernández

Expediente 43/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
43/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
30/01/2019

Partes del expediente

  • Juan Rangel Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    ...VISTA LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA...SE DECLARA QUE HA QUEDADO FIRME EL AUTO POR EL QUE SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA...SE ORDENA SU ARCHIVO DEFINITIVO...EL EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO...

  2. Principal

    ...NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE...

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EN VIRTUD DE NO HABER CUMPLIDO CON EL AVISO FIJADO EN PUERTA , EL AUTO DE CATORCE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO QUE ESTABLECE: Querétaro, Querétaro, catorce de enero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de garantías promovida por JUAN RANGEL HERNÁNDEZ por propio derecho y ostentándose ALBACEA DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE MÓNICO RANGEL ARIAS; contra actos del Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y otra autoridad, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 43/2019, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Al respecto, con la finalidad de dar certeza jurídica al presente proveído, conviene precisar que el acto que la parte quejosa señala como reclamado es: La resolución de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictada dentro del toca civil número 1510/2018 del índice de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro; que confirmó la interlocutoria, que declaró procedente el incidente de acumulación del juicio 1556/2017, radicado en el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en Querétaro, al 63/2016 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial de Querétaro. En cumplimiento a lo anterior, después de analizar la presente demanda de garantías, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu. Lo anterior es así, en virtud de que los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De acuerdo con el precepto legal transcrito, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación y la determinación emitida por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, consistente en la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictada dentro del Toca civil número 1510/2018 de su índice; que confirmó procedente el incidente de acumulación del juicio 1556/2017 radicado en el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en Querétaro, al 63/2016 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial de Querétaro; no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y en caso de existir alguna violación, ésta sería de carácter procesal, en contra de la cual por regla general resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En el caso se considera que no se actualiza esa hipótesis, pues de existir alguna violación, ésta sería reparable en caso de obtener sentencia favorable, en el juicio de origen, de donde emana el acto reclamado, o en su defecto, podría combatirse en la vía directa; al combatirse la sentencia definitiva, como violación procesal de conformidad con el artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." Ello es así, en razón de que en la resolución recurrida, la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, únicamente atañe a aspectos procesales como es confirmar la procedencia de la acumulación del juicio 1556/2017 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en Querétaro, al 63/2016 del índice del Juzgado Cuarto de esa misma materia y sede; lo que pone de manifiesto que el acto reclamado versa en afectación a derechos adjetivos, pero no es acto del procedimiento que cause un perjuicio o lesión en la esfera jurídica sustantiva del quejoso. Lo anterior, ya que el acto reclamado tiene características netamente formales, en razón de que la responsable no ha emitido sentencia en los autos del juicio de origen, y por ende, al declarar procedente la acumulación que el demandado -tercero interesado- instó en el juicio natural, sólo tiene como finalidad lograr la economía de los juicios y evitar sentencias contradictorias, dado que no comprende intrínsecamente las cuestiones debatidas en las controversias; es por esto que las decisiones que declaran procedente el incidente de acumulación, sólo tienen efectos intraprocesales, y por ende, no pueden catalogarse como un acto que dentro del juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, es decir, que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicanos es parte, tales como la vida, la libertad, la propiedad, etcétera, pues los objetivos que la acumulación pretende alcanzar no modifican los derechos substantivos de las partes que intervienen en los juicios acumulados, por lo que, si tanto los fines jurídicos que persigue, como los efectos que produce son puramente procesales, se colige que la unión de los pleitos que hasta antes de esa determinación se tramitaron por separado para los litigantes no representa perdida de derecho alguno; dado que el resultado que con arreglo a nuestra ley produce la acumulación, es el de unificar la tramitación de varios negocios para que se resuelvan en una sola audiencia las cuestiones que en todos ellos se ventilan, es lógico suponer que todos aquellos derechos que tienen los litigantes dentro de los procedimientos cuya unificación se pretende, no pueden ser ni de hecho son afectados al decretarse la acumulación de los juicios, luego entonces, es evidente que el acto que se reclama de ningún modo afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la carta magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. De manera que tal violación se traslada su reclamación en la vía extraordinaria hasta la sentencia final del juicio, pues esta no trasciende para el caso de que sea favorable a los intereses de la parte quejosa, pues se subsanarían las posibles violaciones cometidas durante el procedimiento y, por el otro lado, en el supuesto de que tal determinación le sea desfavorable, puede reclamarla como violación procesal en el juicio de amparo que promueva en contra de tal sentencia, a fin de que sea reparada tal violación. Ciertamente, la materia del acto reclamado se traduce en una violación procesal reclamable en amparo directo, en el supuesto que el ahora quejoso no obtengan sentencia definitiva favorable. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Por tanto, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que el acto reclamado, consistente en la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictada dentro del toca civil número 1510/2018 del índice de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro; en la que confirmó la procedencia del incidente de acumulación del juicio 1556/2017 radicado en el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en Querétaro, al 63/2016 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial de Querétaro, no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, ya que se insiste, dicha determinación se trata de un acto procesal, al tratarse de cuestiones relativas al procedimiento; por tanto, dada su propia naturaleza intraprocesal e intermedia, el acto reclamado consabido no genera contra la esfera jurídica de derechos del peticionario una ejecución que sea de imposible reparación; en virtud de que como se dijo, la acumulación de juicios es una figura estrictamente procesal que permite que dos o más juicios se unan (material y jurídicamente hablando) para que se ventilen como un solo procedimiento y se resuelvan en un mismo laudo; ello para evitar resoluciones que, de otro modo, podrían resultar contradictorias; sin que dicha figura afecte o impacte en un derecho sustantivo; de ahí que si en un juicio civil se declara procedente o improcedente el incidente de acumulación, la posible afectación que se llegara a producir a las partes sería meramente procesal y no sustantiva. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el numeral 107, fracción V de la invocada Ley, esté último aplicado a contrario sensu, el cual que dispone que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sirve de apoyo la jurisprudencia en materia común del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 32/2016 (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2013364, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, Pag. 5, del contenido siguiente: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo en vigor; con fundamento en el artículo 113 de la misma legislación, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías que promueve JUAN RANGEL HERNÁNDEZ por propio derecho y ostentándose como ALBACEA Y REPRESENTACIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE MÓNICO RANGEL ARIAS, por notoriamente improcedente. Sin que pase desapercibido el hecho de que el quejoso no acreditó el carácter de albacea de la sucesión a bienes de MÓNICO RANGEL ARIAS con la cual también compareció a juicio, al no exhibir documento alguno que así lo demostrara, sin embargo, ante la notoria improcedencia del juicio que intenta, se llega al sentido en el que se emite el presente auto. Por otra parte, se tiene como domicilio procesal el que señala en su demanda, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Carlos Gerardo Méndez Vázquez, en virtud de que se encontró registrada su cedula profesional el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y a la diversa persona que refiere únicamente para oír y recibir notificaciones hasta en tanto acredite tener debidamente registrada su cedula profesional en el mencionado Sistema. Por otro lado, con sustento en el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para practicar cualquier notificación o emplazamiento que surjan en el presente asunto, con el fin de no entorpecer el trámite del presente juicio. Ahora bien, para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 6, 8, 9, 68, 71, 110, 113, 117, 118 y Segundo transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, así como en los considerandos Décimo Quinto, Décimo Sexto y artículo 33, fracción III, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes que las sentencias que emita el Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas, salvaguardando los datos personales concernientes a los promoventes identificados e identificables; haciéndoles saber de igual manera el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición, podría entenderse como el consentimiento de que se publiquen. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que emite las reglas y acuerdos generales correspondientes a la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso del FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre del dos mil catorce, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente; en la inteligencia de que el Acuerdo General de mérito establece que la integración del expediente electrónico iniciará para este Vigésimo Segundo Circuito en una tercera etapa, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, haga la declaratoria correspondiente que se publique en el Diario Oficial de la Federación, conforme al artículo Segundo Transitorio, fracciones I y II, del propio Acuerdo General Conjunto.

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