Juan Rangel Contreras

Expediente 1691/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1691/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Rangel Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, comuníquese lo anterior a las partes y archívese el presente asunto como concluido. Destrucción de expediente. Ahora, de conformidad con el artículo 20, fracción IV, capítulo sexto respecto de los expedientes destruibles, previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis de asuntos destruibles, ya que se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; por tanto, una vez transcurrido más de tres años a partir del día de la data, de conformidad con el punto 8.1.2 apartado 4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, procédase a su destrucción material.. Valoración documental. El presente expediente se encuentra concluido, por lo que se estima que no es de relevancia documental ni conservable, sino destruible, en términos de los artículos 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de documento. Finalmente, como existen documentos exhibidos por la parte quejosa en el presente juicio, de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, hágase la devolución de las documentales que exhibió con su demanda, previa toma de razón que por su recibo se deje en autos, dejándose en su lugar copia cotejada de las mismas; asimismo, déjese constancia en el libro de control y en el acta de entrega, una vez que se realice la transferencia del presente asunto al Área Coordinadora de Archivos, y, désele vista, a fin de que acuda al local de este juzgado dentro de un plazo de noventa días, a recoger los mismos, apercibido que de no hacerlo, serán destruidos junto con el presente expediente. Notifíquese; y, personalmente al quejoso.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27 FRACCION I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE FECHA VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SINTESIS DICE: De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, comuníquese lo anterior a las partes y archívese el presente asunto como concluido. Destrucción de expediente. Ahora, de conformidad con el artículo 20, fracción IV, capítulo sexto respecto de los expedientes destruibles, previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis de asuntos destruibles, ya que se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; por tanto, una vez transcurrido más de tres años a partir del día de la data, de conformidad con el punto 8.1.2 apartado 4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, procédase a su destrucción material.. Valoración documental. El presente expediente se encuentra concluido, por lo que se estima que no es de relevancia documental ni conservable, sino destruible, en términos de los artículos 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de documento. Finalmente, como existen documentos exhibidos por la parte quejosa en el presente juicio, de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, hágase la devolución de las documentales que exhibió con su demanda, previa toma de razón que por su recibo se deje en autos, dejándose en su lugar copia cotejada de las mismas; asimismo, déjese constancia en el libro de control y en el acta de entrega, una vez que se realice la transferencia del presente asunto al Área Coordinadora de Archivos, y, désele vista, a fin de que acuda al local de este juzgado dentro de un plazo de noventa días, a recoger los mismos, apercibido que de no hacerlo, serán destruidos junto con el presente expediente. Notifíquese; y, personalmente al quejoso.

  3. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que el Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, no ha dado cumplimiento al requerimiento de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, toda vez que ya trascurrió el plazo en exceso de tres días que se le concedió. Se impone la multa. En consecuencia, dado que a la fecha la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que la Justicia Federal no está ni puede estar bajo ninguna circunstancia supeditada al arbitrio de la autoridad responsable, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintiuno de septiembre de la anualidad que trascurre y se impone al Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, la multa por el equivalente a ********************, cantidad que resulta de multiplicar cien días por ******************** que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización vigente, al momento de la imposición de la multa (año dos mil veintitrés), la cual deberá hacerse efectiva por conducto de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de México "1", una vez que cause firmeza el presente proveído. Requerimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere por última vez a la responsable, para que en el término de tres días, contados a partir de que surta efectos la presente notificación, dé cumplimiento a la sentencia de amparo, esto es; "De manera inmediata realice las gestiones administrativas necesarias (con la autoridad que corresponda), a fin de que en el término de quince días, compruebe a este Juzgado Federal, que le sean depositadas y/o entregadas las cantidades que por concepto del pago de la pensión, le correspondan a la persona quejosa ********************, conforme al dictamen de otorgamiento de pensión ********************, de catorce de octubre de dos mil veintidós, en los términos establecidos en el mismo y a partir del mes en que le corresponde; debiendo remitir a este Juzgado de Distrito las constancias que así lo acrediten". Lo anterior es así, toda vez que de conformidad con los artículos 192, 193, 194 y 195 de la Ley de Amparo, referentes a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de derechos humanos, se advierte que el espíritu de dichas disposiciones legales es el que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de los derechos fundamentales violados, mediante la ejecución de la sentencia es una cuestión legal de orden público que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios, pues de estimarlo de otra forma, resultaría contrario a los fines del juicio de amparo y alteraría la jerarquía de las normas jurídicas. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad que de ser omisa a lo anterior; o bien, de no manifestar el impedimento que le asista para ello, se le impondrá a la persona física que ostente el cargo de la autoridad requerida, una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 237, fracción I, 238, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado para seguir el trámite de inejecución que incluso puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

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