Juan Ramos Martínez
Expediente 419/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 15 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 419/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 19/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Juan Ramos Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
El diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se da cuenta con una promoción con folio 15298. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por Michelle Blanca Magnolia García del Real, autorizada de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvasele los documentos a que refiere, previa copia certificada que se deje en sustitución; asentando constancia de su recibo. Asimismo, toda vez que es un hecho notorio la emergencia sanitaria que vive el país actualmente derivada del virus COVID-19; infórmesele que podrá generar su cita conforme a las reglas previstas en capítulo II del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, para presentarse físicamente en este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas a veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. VISTOS, para resolver la denuncia de repetición del acto reclamado, dentro de los autos del juicio de amparo 419/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. El presente juicio de amparo fue instado por Juan Ramos Martínez en contra de actos del Tesorero del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, y otras autoridades; juicio en el cual, el dieciocho de julio de dos mil diecinueve se dictó sentencia (fojas 121 a 136), en la que por una parte se decretó el sobreseimiento y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "Por consiguiente, ante lo fundado de los argumentos de disenso examinados, lo que procede en el caso es conceder a Juan Ramos Martínez, el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que las autoridades responsables no apliquen al quejoso los artículos 38 a 50 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, en la parte que resultaron inconstitucionales, y se calcule el impuesto predial por el año de dos mil diecinueve, aplicando las cantidades de menor cuantía, señaladas en el artículo 45 de la citada ley; y como consecuencia de lo anterior, la responsable exactora Tesorero del Municipio de Guadalupe, Zacatecas deberá devolver la diferencia existente entre lo pagado y lo determinado conforme al monto de menor cuantía señalado, previa actualización. Lo anterior es lógico y jurídicamente razonable, sobre todo si se toma en cuenta, no sólo que, atento al vicio constitucional que se advirtió en este fallo, debe eliminarse la inseguridad jurídica causada por la violación del derecho de legalidad tributaria, dada la falta de precisión en cuanto a los criterios de aplicación y, por consiguiente, la discrecionalidad que se otorga a la autoridad para la propia aplicación, sino también que aunque no hay parámetros suficientes para establecer la verdadera capacidad contributiva de los propios causantes, sí existe certeza de que todo bien, con las características expresadas en determinada categoría, revelan la capacidad contributiva mínima prevista en la categoría de menor cuantía. (.) En la inteligencia de que la concesión de amparo no obliga al Congreso ni al Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, a llevar a cabo acto alguno en cumplimiento a la presente sentencia, dado que su actuación como autoridades legislativas solo se tradujo en la discusión, aprobación, sanción, expedición y promulgación de la norma declarada inconstitucional, sin que la concesión del amparo las obligue a dejar insubsistentes sus actos dentro del proceso legislativo, pues no afecta la vigencia de la norma cuestionada, ni la priva de su eficacia general." En esa guisa, por acuerdo de ocho de agosto de dos mil diecinueve (fojas 150 a 152), causó ejecutoria la sentencia dictada y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Tesorero Municipal de Guadalupe, Zacatecas. Así las cosas, una vez que la responsable aportó las constancias relativas al acatamiento al fallo protector, mediante proveído de treinta de agosto de esta anualidad (fojas 186 a 187), se declaró cumplida la sentencia protectora. SEGUNDO. Trámite de la denuncia de repetición del acto reclamado. Por escrito recibido el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, Juan Ramos Martinez, interpuso denuncia de repetición del acto reclamado, atribuida a las autoridades responsables Ayuntamiento y Tesorero, del Municipio de Guadalupe, Zacatecas. Mediante auto de dos de diciembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la denuncia planteada; se requirió a las autoridades responsables para que en el plazo de tres días, rindieran el informe respectivo, lo que así realizaron tal y como se advierte de sus ocursos obrantes a fojas 232 y 236, y en esa guisa, mediante auto de diecinueve de los presentes se ordenó emitir la resolución respectiva, que ahora se procede a dictar. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de repetición del acto reclamado, en términos del artículo 199 de la Ley del Amparo. SEGUNDO. Estudio del asunto. Resulta necesario precisar que la figura de la repetición del acto reclamado se encuentra regulada en los artículos 107, fracción XVI, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y 199 de la Ley de Amparo; y se configura cuando una vez otorgada la protección de la Justicia Federal respecto de cierto acto autoritario, que se consideró inconstitucional, la responsable insiste en lesionar la esfera jurídica del gobernado, incidiendo en la esfera jurídica del quejoso con un acto u omisión ulterior en los mismos términos que el primero, con el mismo sentido de afectación y que reproduce la violación de los derechos que fueron protegidos en el fallo constitucional. Bajo esa tesitura, se colige que el objeto de la institución en comento consiste en salvaguardar los efectos de la cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de las sentencias de amparo. Así, los propósitos que persigue este procedimiento consisten en obligar a la autoridad responsable para que deje insubsistente el acto denunciado como repetitivo y en el caso de ser procedente, previa la secuela procesal, separar de su cargo a la responsable y consignarla ante el Juez de Distrito que corresponda para la instrucción del proceso respectivo. Para la existencia de la repetición del acto reclamado, se requiere que el acto denunciado sea idéntico en la violación de los derechos humanos que involucró aquél que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, de manera tal que se advierta claramente que el nuevo acto está basado en los mismos supuestos y motivaciones que el órgano jurisdiccional tomó en consideración y declaró inconstitucionales al otorgar la protección solicitada por la parte quejosa. A su vez, para determinar si existe o no repetición del acto reclamado, es menester comparar el acto que fue objeto de la concesión del amparo, con el nuevo que se acusa de reiterativo, considerando de manera fundamental los efectos vinculatorios de la sentencia que concedió el amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 68/98 pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 195588, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Septiembre de 1998, página 412, con el rubro y texto siguientes: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PARA DETERMINAR SI EXISTE, DEBE EFECTUARSE UN ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA NUEVA RESOLUCIÓN DENUNCIADA COMO REPETICIÓN Y AQUELLA QUE FUE MATERIA DEL FALLO PROTECTOR. Tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, resulta ineludible para la autoridad que deba resolver el incidente que por repetición del acto reclamado se le plantee, procurarse todos los elementos de convicción necesarios para el legal pronunciamiento, siendo particularmente necesario allegarse ambas resoluciones, la reclamada y la que se denuncia como repetición, sin perjuicio de otros elementos que pudieran resultar idóneos, a fin de que el juzgador esté en posibilidad legal de efectuar el debido análisis comparativo y determinar así, mediante la correcta valoración de todos los elementos de juicio, si el acto denunciado incurre en los mismos vicios que aquel impugnado en el juicio de garantías y objeto del fallo protector. Consecuentemente, si el Juez de Distrito resuelve el incidente sin tales elementos, procede devolverle los autos para que falle con apego a derecho." En el caso concreto, el acto reclamado por el que se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa, consistió en: La discusión, aprobación, sanción y expedición, así como la promulgación, del Decreto 110, que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, para el ejercicio fiscal de 2019, en particular los artículos 38 a 50; y su aplicación mediante la determinación y cobro del Impuesto predial de dos mil diecinueve, consignado en los recibos números 119255, 119254 y 119282, de uno y tres de mayo de dos mil diecinueve Así, los efectos de la ejecutoria de amparo, al declarar la inconstitucionalidad del citado artículo fueron, esencialmente, los siguientes: "(.) para el efecto de que las autoridades responsables no apliquen al quejoso los artículos 38 a 50 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, en la parte que resultaron inconstitucionales, y se calcule el impuesto predial por el año de dos mil diecinueve, aplicando las cantidades de menor cuantía, señaladas en el artículo 45 de la citada ley; y como consecuencia de lo anterior, la responsable exactora Tesorero del Municipio de Guadalupe, Zacatecas deberá devolver la diferencia existente entre lo pagado y lo determinado conforme al monto de menor cuantía señalado, previa actualización. Lo anterior implicó que la autoridad exactora devolviera a la parte quejosa las cantidades pagadas por el quejoso, después de calcular el impuesto predial a su cargo, conforme a los efectos del fallo protector. Ahora, del análisis integral del escrito de denuncia de repetición del acto reclamado se advierte que dicha repetición deriva de: La negativa de calcular el impuesto predial de los inmuebles a nombre del quejoso, con base en las cantidades de menor cuantía contenidas en el precepto 45 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas. En ese contexto, para establecer si en el caso se actualiza la denuncia de repetición del acto reclamado, debe considerarse como premisa básica que los órganos que conozcan del juicio de amparo tienen la obligación de garantizar que en materia de amparo contra leyes, los efectos de una sentencia protectora no únicamente se limiten al primer acto de aplicación de la norma declarada inconstitucional, sino que deben asegurar que esa protección también tenga la eficacia suficiente para dejar insubsistente toda aplicación futura que llegaren a materializar las mismas disposiciones jurídicas que ya no resulten de observancia obligatoria para el quejoso. En ese sentido, los efectos del amparo contra una ley impiden que ésta le sea aplicada válidamente al quejoso en el futuro, e implica que los actos posteriores al primer acto de aplicación, apoyado en la ley declarada contraria a la Constitución Federal, deben quedar insubsistente por virtud del fallo protector. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia número P./J. 112/99, con registro 192846, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." Asimismo, es menester destacar que el procedimiento oficioso de cumplimiento de sentencias contra leyes tributarias debe comprender, simultáneamente, todo lo relacionado con diversos pagos posteriores fundados en la ley declarada inconstitucional, aunque los mismos tengan origen en distintas causas generadoras del gravamen; lo anterior, toda vez que el quejoso no tiene obligación de impugnar cada uno de los pagos de la contribución pagada, en atención a que el juicio de amparo sólo es procedente contra el primer acto de aplicación y, por ende, si obtiene el amparo, puede exigir la devolución de aquello que hubiera enterado por concepto de ese tributo durante el lapso en que transcurrió el juicio trátese o no de aquél que generó el primer acto de aplicación. Máxime que de estimarse lo contrario, el contribuyente tendría que promover tantos juicios como pagos hubiera realizado, lo cual desnaturalizaría el principio en materia de amparo contra leyes, que sanciona, con la improcedencia del juicio, la impugnación de ulteriores actos de aplicación, diversos al primero. Lo anterior se estima así, toda vez que la protección constitucional debe comprender los pagos realizados con posterioridad al primer acto de aplicación de la norma declarada inconstitucional, ya que si el hecho generador del tributo nace con la titularidad de ese derecho real, el efecto de la concesión del amparo contra una ley debe ser el de desincorporar de su esfera jurídica la correspondiente obligación tributaria, con independencia del número de ocasiones en que ésta se origine, ya que el principio de relatividad de las sentencias impide ampliar los efectos de la sentencia estimatoria hacia personas distintas del quejoso, pero no restringe el derecho de éste para evitar que se le aplique en un número indeterminado de veces. En esa guisa, constituye una obligación de la autoridad que conozca del amparo indirecto incorporar dentro del trámite relativo la gestión de la insubsistencia de todo acto de aplicación de la norma declarada inconstitucional en perjuicio del quejoso, siempre y cuando sea posterior al primer acto de aplicación. Es por ello que cuando existen actos posteriores de aplicación de la norma declarada inconstitucional, en los que las autoridades, dictan actos a sabiendas de que dicha ley declarada inconstitucional ya no obligaba al quejoso por virtud del amparo concedido, éstos deben ser controvertidos a través de la denuncia de repetición del acto reclamado, en tanto que ésta es la vía expresamente instituida para juzgar todo lo relativo a la reiteración de una conducta que ya fue sentenciada en el juicio de garantías. Sirven de apoyo a la anterior conclusión, la tesis 2a. CII/98 de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 195753, que a continuación se reproduce. "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE ESTE INCIDENTE EN CONTRA DE RESOLUCIONES FUNDADAS EN UN PRECEPTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR SENTENCIA FIRME, RESPECTO DEL QUEJOSO. En diversos criterios el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que los efectos de una sentencia que otorga el amparo al quejoso en contra de una ley, no sólo son los de protegerlo respecto del acto de su aplicación que, en su caso, hubiera reclamado, sino también consisten en que el ordenamiento declarado inconstitucional no pueda ser válidamente aplicado al promovente en el futuro, ya que si así se hiciere, la autoridad incurriría en violación a la sentencia protectora que constituye cosa juzgada (jurisprudencia 5/1989 y tesis VII/89). En consecuencia, si una autoridad emite un nuevo acto de afectación en perjuicio del quejoso, que se sustenta, precisamente, en la norma declarada inconstitucional por sentencia firme, es evidente que para combatirlo procede el incidente de repetición del acto reclamado previsto en el artículo 108 de la Ley de Amparo, pues éste tiene por objeto determinar si el nuevo acto de autoridad reitera las mismas violaciones de garantías individuales que motivaron la concesión del amparo, contra el acto de aplicación reclamado en el juicio de garantías, hipótesis que se actualiza de acreditarse que la posterior actuación encuentra su fundamento en el mismo precepto ya declarado inconstitucional respecto del quejoso." Ahora, es pertinente destacar que el impuesto predial previsto en los artículos 38 a 50 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2019, constituye un tributo que se entera a través del sistema de autoliquidación, en razón que de dichos preceptos se desprende un imperativo para el contribuyente de aplicar una hipótesis legal que contempla la calificación del hecho imponible así como las operaciones aritméticas a seguir, es decir, es el contribuyente quien tiene la obligación de acudir ante la autoridad a erogar el tributo, sin que necesariamente deba existir una resolución administrativa por parte de la autoridad para liquidar el impuesto. Se invoca por guardar relación, en lo conducente, con el argumento expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 11/2008, con registro 170176, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, materia Administrativa, página 659, con el rubro y contenido siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA TRATÁNDOSE DE AUTOLIQUIDACIONES FISCALES EN MATERIA DEL IMPUESTO PREDIAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). De los artículos 51, 71, 79, 92, 93, 95, 122, 148, 149 y 152 del Código Financiero del Distrito Federal, se advierte que el impuesto predial lo calcula y determina el propio contribuyente bimestralmente, lo que significa que autoliquida dicha contribución por imperativo legal, para lo cual aplica preceptos relacionados con la calificación del hecho imponible y las operaciones aritméticas a seguir, por lo que no se trata de un acto realizado a nombre de la administración tributaria ni puede considerarse como un acto administrativo, ya que nace sin la participación de los órganos estatales que tienen a su alcance la potestad de comprobación. En ese tenor, el juicio de amparo es el medio idóneo para impugnar esa autoliquidación definitiva a pesar de que no se trate de un acto de autoridad, si es que en ella se aplicaron normas declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la jurisprudencia, con la finalidad de hacer eficaz, real, vinculativa y extensiva la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo, a cualquier tipo de aplicación de la ley inconstitucional, aunque provenga de particulares, siempre que por imperativo legal exista la obligación de aplicarse, ya que de lo contrario el gobernado tendría que tolerar el acto de aplicación hasta que la autoridad fiscal emita al respecto una resolución administrativa, lo que en algunos casos nunca sucederá, ya sea porque fue correcto el cálculo o por no generar un acto administrativo fundado en una ley declarada contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el entendido de que en este tipo de juicios será necesario señalar como actos destacados a la propia liquidación del particular y su posible ejecución, y nombrar como autoridad responsable al órgano estatal que originalmente tiene esa atribución fiscal -que normalmente recae en la autoridad de recaudación-, para que en términos del artículo 149, párrafo segundo, de la ley de la materia, exponga las razones que impiden aplicar ese beneficio, sin que sea materia de la litis constitucional el correcto cumplimiento de la determinación del impuesto predial." Así las cosas, el momento en que se enteran las contribuciones a través de la autoliquidación tiene especial relevancia en el caso concreto, pues en este supuesto, la vía para obtener la devolución de las cantidades enteradas con posterioridad a la ejecutoria de amparo es la prevista en las leyes fiscales para recuperar el pago de lo indebido, y solo ante la negativa ficta o expresa de la autoridad responsable para reintegrar el monto indebidamente erogado, que se equipara a una reiteración de lo declarado inconstitucional en la ejecutoria, se podrá configurar una repetición del acto reclamado. Lo anterior obedece a que tratándose del sistema de recaudación de contribuciones a través del sistema de autoliquidación, no existe un acto imputable al fisco, de manera que no habría autoridad alguna a la cual atribuirle la repetición del acto reclamado, a menos que, a la que le corresponda esa restitución, se resista a devolver el pago indebido, lo que sólo quedará acreditado hasta que niegue, en forma ficta o expresa, la solicitud de devolución de lo pagado, que le formule el quejoso, momento a partir del cual ya podrá considerarse que hubo una repetición que amerita ser sancionada. Robustece el argumento planteado, la tesis de jurisprudencia P./J. 74/2009, con registro 166816, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Julio de 2009, materia administrativa, que a continuación se reproduce: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE DENUNCIARLA CONTRA LA NEGATIVA A DEVOLVER EL PAGO DE LO INDEBIDO. La solicitud de insubsistencia de los actos emitidos por la autoridad administrativa, cuya fecha sea posterior al día en que adquirió definitividad la protección constitucional concedida al quejoso contra una ley tributaria, debe tramitarse por cuerda separada a través de la denuncia de repetición del acto reclamado, al ser la vía expresamente instituida para juzgar lo relativo a la reiteración de una conducta ya sentenciada en el juicio de garantías, en términos del artículo 108 de la Ley de Amparo. Por otra parte, si el contribuyente, a pesar de haber obtenido el amparo en sentencia firme, continúa enterando la contribución relativa a través de su autoliquidación, la vía para obtener la devolución de las cantidades enteradas con posterioridad a la ejecutoria es la prevista en las leyes fiscales para recuperar el pago de lo indebido, y solamente ante la negativa ficta o expresa para hacerlo, tal proceder, equiparable a una reiteración de lo declarado inconstitucional en la ejecutoria, también podrá denunciarse como repetición del acto reclamado, al órgano jurisdiccional que conoció del juicio de amparo indirecto, a fin de que, en su caso, se conmine a las autoridades renuentes a respetar la sentencia estimatoria. Lo anterior obedece a que tratándose del sistema de recaudación de contribuciones a través del sistema de autoliquidación, no existe un acto imputable al fisco, de manera que, en principio, no habría autoridad alguna a la cual atribuirle la repetición del acto reclamado, a menos que, a la que le corresponda esa restitución, se resista a devolver lo indebidamente pagado." En el caso concreto, como ya se dijo, los efectos del fallo protector se concretaron en que las autoridades responsables no apliquen al quejoso los artículos 38 a 50 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, en la parte que resultaron inconstitucionales, y en consecuencia, se calcule el impuesto predial por el año de dos mil diecinueve, aplicando las cantidades de menor cuantía, señaladas en el artículo 45 de la citada ley; y a consecuencia de lo anterior, la autoridad exactora Tesorero del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, se encuentra obligada a devolver la diferencia existente entre lo pagado y lo determinado conforme al monto de menor cuantía señalado en la porción normativa del precepto declarado inconstitucional, previa actualización. Al respecto, la parte quejosa denunció la repetición del acto reclamado, aduciendo de manera toral que el Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, por conducto de su Tesorería Municipal, se niega a calcular el impuesto predial de las cuentas prediales a su nombre, con base en las cantidades de menor cuantía contenidas en el precepto 45 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas. Para demostrar su dicho, acompañó las documentales consistentes en el estado de cuenta de doce de noviembre de dos mil diecinueve en relación a los números prediales ahí asentados (fojas 214 a 222); el acuse original del informe emitido por el Tesorero del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, dirigido al titular de la Comisión Estatal de la Defensa del Contribuyente, en relación a la queja administrativa CEDECON-ZAC-QR-107-2019, substanciada ante dicho órgano administrativo (fojas 223 a 224); una constancia signada por el director técnico jurídico de la referida comisión, en relación al contenido de una llamada realizada el diecinueve de noviembre de este año entre el ahí firmante y el quejoso (foja 225); y una copia simple de una credencial de elector a nombre del peticionario de amparo (foja 226). Documentales que resultan ineficaces para acreditar la repetición del acto reclamado, pues de su contenido no se advierte que el quejoso haya pagado el impuesto predial para el año de dos mil diecinueve, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 38 a 50 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, a través del sistema de autoliquidación, ni mucho menos, que solicitó la devolución de la cantidad enterada y que a su vez haya recaído una negativa ficta o expresa por parte del tesorero municipal de Guadalupe, Zacatecas para acceder a dicha devolución. Sin que pueda aducirse que es la autoridad exactora la que tenga que realizar el cálculo en el que desaplique el precepto declarado inconstitucional, y una vez hecho lo anterior, el quejoso pueda proceder a erogar el tributo, pues como ya se explicó, el impuesto predial previsto en la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2019, constituye un tributo que se entera a través del sistema de autoliquidación, pues es el contribuyente quien tiene la obligación de aplicar un cálculo y determinación específica para pagar el tributo, sin necesidad de que la autoridad fiscal emita una resolución administrativa. Y como ya se dijo, al tratarse el impuesto de mérito, de aquel que se entera a través del sistema de autoliquidación, la parte disidente en primer lugar deberá pagar el impuesto predial con base en el cálculo y determinación específica contemplados, entre otros, en el precepto 45 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2019, y una vez hecho lo anterior, deberá acudir ante la autoridad exactora para tramitar el pago de lo indebido con motivo de la aplicación del precepto declarado inconstitucional, y solo ante la negativa ficta o expresa de la autoridad responsable para reintegrar el monto indebidamente erogado, que se equipara a una reiteración de lo declarado inconstitucional en la ejecutoria, se podrá considerarse actualizada la repetición del acto reclamado, la cual en su caso podrá denunciarse, con el fin de que se conmine a las autoridades renuentes a respetar la sentencia estimatoria, lo anterior de conformidad con la tesis de jurisprudencia P./J. 74/2009, con registro 166816, emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, transcrita previamente. En consecuencia, se declara infundada la denuncia de repetición del acto reclamado promovido por la parte quejosa, acorde a los motivos y fundamentos ya expuestos. Por lo expuesto, fundado y, con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 199, 217 y 218 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE ÚNICO. Se declara infundada la denuncia de repetición del acto reclamado, promovida por el quejoso Juan Ramos Martínez, en contra de las autoridades responsables Ayuntamiento y Tesorero, del Municipio de Guadalupe, Zacatecas. Notifíquese y personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Álvaro Augusto Alvarez Rendón, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6937/2019 de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretario que autoriza. Doy fe.
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El diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción con folio 18862. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta; y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe relativo a la repetición del acto reclamado respecto de la autoridad responsable Tesorero del Municipio de Guadalupe, Zacatecas. Atento a lo anterior, emítase la resolución respectiva dentro del término de tres días siguiente a la legal notificación del presente auto a las partes, de conformidad con el supracitado precepto legal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6937/2019 de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante Jesús Romero Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. María del Carmen*
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El diez de diciembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con las promociones registradas con folio 18413 y 18414. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a diez de diciembre de dos mil diecinueve. Ténganse por recibido el escrito remitido por la delegada de la autoridad responsable Tesorero Municipal de Guadalupe, Zacatecas, mediante el cual realiza manifestaciones en torno al cumplimiento del informe solicitado en auto de dos de diciembre del año en curso, y pide se le conceda una prórroga para tal fin. Atento a lo anterior, por única ocasión se le concede la prórroga que solicita, a fin de que remita a este Tribunal Federal dicho informe y con ello se emita la resolución correspondiente. Por otra parte, agréguese el escrito signado por la Síndico del Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, mediante el cual rinde informe relativo a la denuncia de repetición del acto reclamado promovida por el quejoso; asimismo, ténganse por hechas las manifestaciones que realiza, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Jesús Romero Hernández, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. HGO.
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