Juan Ramón Zarate Toledo
Expediente 1163/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1163/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Juan Ramón Zarate Toledo
Actuaciones
- Principal
Juicio 1163/2022 nueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, contra el auto de trece de julio del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Juan Ramón Zarate Toledo, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Número Siete, de Huimanguillo, Tabasco; sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones y archivo del expediente Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. ????????? Por último, de autos se desprende que no obra el acuse de recibo del oficio 11043-VII-1, dirigido a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco; por lo anterior, a fin de evitar mayores dilaciones reenvíese el mismo. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, doce de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, no ha informado las acciones que está llevando a cabo para dar cumplimiento con el fallo protector; en consecuencia, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérasele por conducto de sus integrantes, a saber: **********. Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. **********. Representante Obrero de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. **********. Representante Patronal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Para que dentro del término de tres días hábiles que se empezaran a computar al siguiente día al en que se le notifique la presente determinación, remitan copia certificada del acuerdo que recayó al requerimiento de ocho de junio de dos mil veintidós, relativo al expediente laboral 607/2017 de su índice. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de ser omisas, de conformidad con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá individualmente una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida y actualización ($96.22 noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192, en relación con el diverso 193, ambos de la Ley de Amparo.
- Principal
Vista la cuenta, se provee: Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, a través del cual remite el juicio de amparo 1069/2022-IV de su índice, dado que, mediante auto de cinco de julio de dos mil veintidós, consideró que, a quien corresponde conocer de la demanda de amparo promovida por ***********, es a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, a efecto de aprovechar el conocimiento previo y evitar resoluciones contradictorias (antecedente 1654/2021-III). Nos avocamos. En consecuencia, y toda vez que en este órgano de control constitucional existe el diverso juicio de amparo 1654/2021-III, promovido por el mismo quejoso de donde deriva el acto reclamado en este juicio, emana de la causa penal 03/2021, a cargo del Juez de Control de la Región Judicial Número Siete, de Huimanguillo, Tabasco; por tanto, este órgano de control constitucional se avoca al conocimiento del citado asunto. Acúsese recibo. Oficina de correspondencia común. En ese tenor, infórmese la presente determinación a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, a fin de equilibrar las cargas de trabajo. Aspectos Generales Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 1163/2022-VII-1. Genérese el expediente electrónico e impreso. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; ello, pues en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Precisión del acto reclamado. Al analizar la demanda de amparo presentada por la quejosa Juan Ramón Zarate Toledo, en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se aprecia que destacan como actos reclamados: a) La negativa de acordar procedente la reconsideración de la pena propuesta en el procedimiento abreviado que fue autorizado por el Vicefiscal de Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, en la causa penal 03/2021. b) La omisión de continuar del juicio en su etapa intermedia. Desechamiento de demanda. En el caso, respecto de los actos reclamados se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 109 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo de la Ley de Amparo referido, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. (.)" Del dispositivo apuntado en párrafos que anteceden, se advierte que el principio de definitividad, conforme al cual existe la obligación legal y deber jurídico de agotar los recursos ordinarios previstos en las leyes antes de acudir al amparo. La falta de cumplimiento de esa obligación acarrea la improcedencia del juicio de amparo. Lo anterior obedece a que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, de tal manera que los recursos ordinarios se constituyen en una especie de filtro, cuyo objetivo es impedir el abuso del juicio de derechos humanos, ya que a través de la substanciación de los recursos o medios de impugnación ordinarios pueden darse por terminados conflictos o litigios que, dada su naturaleza, no tienen razón de ser del conocimiento de los tribunales federales de amparo. Entonces, para que se actualice la causal de improcedencia señalada, es necesario que concurran los requisitos siguientes: a) Que se trate de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales administrativos o de trabajo; b) Que proceda en su contra algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar; y, Casos de excepción al principio: c) Que no tendrán que agotarse esos recursos, juicios o medios de defensa legales, antes de promover el amparo, si en virtud de la interposición de ellos no se obtiene la suspensión de los efectos de los actos de las citadas autoridades; d) Tampoco tendrán que agotarse esos recursos, juicios o medios de defensa legales, antes de promover el amparo, si se obtiene la suspensión de los efectos de los actos de autoridad administrativa o fiscal, pero, con mayores requisitos que los que la Ley de Amparo señala para conceder la suspensión definitiva; y, e) Menos aún deben agotarse recursos, juicios o medios de defensa legales, de naturaleza ordinaria, en los casos en que el acto carezca de fundamentación, lo que se justifica, pues es inútil impugnar previamente lo carente de respaldo jurídico, que es inconstitucional en sí mismo, por violar el artículo 16 de la Carta Magna, dada la omisión de fundamentación. Una vez precisado lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia antes invocada, en razón de que el primero de los requisitos -que el acto reclamado derive de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales administrativos o de trabajo-, se surte en la especie, en virtud que el acto de reclamo consiste en la negativa de acordar procedente la reconsideración de la pena propuesta en el procedimiento abreviado en la causa 03/2021, por pate del Vicefiscal de Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Asimismo, se actualiza el segundo de los requisitos enunciados -proceda algún medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama- en atención a que en contra de dicho acto, procede el medio de impugnación previsto en los artículos 109, fracción XXI, en relación con el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ante el juez de control. Para sustentar tal aserto conviene transcribir el contenido de los mencionados artículos, mismos que establecen: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; (.)". "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." (Lo subrayado es propio) Del contenido de los preceptos invocados se desprende que en el nuevo sistema de justicia penal, el legislador contempló que el Juez de Control fuera un garante de los derechos humanos de las partes; y, por ende, ante las omisiones o negligencia en el desempeño de las funciones de investigación encomendadas al ministerio público, procede el medio de impugnación previsto en los artículos 109, fracción XXI, en relación con el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ante el juez de control. De ahí que, la parte quejosa debió agotar el medio de defensa ordinario antes de acudir a esta instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la tesis I.7o.P.2 P (11a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 3408, Libro 11, Tomo IV, Marzo de 2022, Materia Penal, Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LA FACULTAD EXCLUSIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA SOLICITARLO NO DEBE SER ARBITRARIA, PUES LA APERTURA DE ESA FORMA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO ESTÁ SUJETA A LA AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL JUEZ DE CONTROL. Hechos: Los quejosos promovieron juicio de amparo indirecto contra la negativa del Juez de Control de autorizar la apertura del procedimiento abreviado. El Juez de Distrito desechó de plano la demanda, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por carecer la parte quejosa de interés jurídico al no provocar la resolución reclamada una afectación real y actual en su esfera jurídica, pues la solicitud de apertura del procedimiento abreviado es facultad exclusiva del agente del Ministerio Público. Inconformes, interpusieron recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si bien es cierto es facultad exclusiva del Ministerio Público solicitar la apertura del procedimiento abreviado y que el artículo 201, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales señala como requisito de procedencia que, previo a autorizarlo, el Juez de Control verificará en audiencia que el representante social lo hubiese solicitado, también lo es que esa potestad ministerial no debe ser arbitraria, pues la apertura de esa forma de terminación anticipada del proceso está sujeta a la autorización y supervisión del Juez de Control. Por tanto, la solicitud relativa debe estar fundada y motivada o, en su caso, deberán expresarse las razones por las cuales se considera que es improcedente ejercer dicha facultad, lo que debe calificar el órgano jurisdiccional al resolver sobre su apertura; por lo que la negativa a abrir ese procedimiento sí causa afectación real y actual, pues se impediría la posibilidad de obtener una sanción más leve y en menor tiempo al en que se desahoga el procedimiento ordinario; máxime que su finalidad es no llegar a la etapa de juicio y con un escenario distinto, dado que no existirá contradicción probatoria, tampoco estarán a debate la acreditación del delito ni la responsabilidad, ya que el imputado acepta ser juzgado con los medios de convicción que sustentan la acusación, resultado del convenio asumido por las partes. Justificación: El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el derecho de acceso a la justicia en favor de las personas, en tanto que el artículo 20, apartado A, fracción VII, constitucional establece, entre las formas anticipadas de terminación del proceso penal acusatorio, el procedimiento especial abreviado que será aplicable bajo los supuestos y modalidades establecidas en las leyes secundarias. En ese sentido, aun cuando la solicitud de dicho procedimiento es facultad exclusiva del Ministerio Público, no debe ser considerada arbitraria, pues corresponde al Juez de Control, como rector del proceso, autorizar y resolver en audiencia sobre su procedencia, para lo cual la representación social deberá fundar y motivar su decisión. Es así, porque conforme al artículo 205 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una vez que el Ministerio Público ha realizado la solicitud del procedimiento abreviado y expuesto la acusación con los datos de prueba respectivos, el Juez de Control resolverá la oposición que hubiere expresado la víctima u ofendido, observará el cumplimiento de los requisitos previstos en la fracción III del artículo 201 del código citado, correspondientes al imputado, y verificará que los elementos de convicción que sustenten la acusación se encuentren debidamente integrados en la carpeta de investigación, previo a resolver sobre la autorización del procedimiento abreviado." Asimismo, resulta aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 943, Libro 57, Tomo I, Agosto de 2018, Materia Común, Penal, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad". Asimismo, brinda sustento jurídico la jurisprudencia I.6o.C.J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, del Tomo XV, mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el siguiente rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Por otra parte, no se advierte que la parte quejosa, se encuentre en algún supuesto de excepción de los previstos en los incisos c) y d), tomando en consideración que el acto reclamado deriva de un procedimiento en el que tiene intervención; y, por tanto, no le asiste el carácter de tercera extraña y que el acto reclamado no carece de fundamentación. De lo antes expuesto, se puede concluir que ante la negativa u omisión de coadyuvar del Ministerio Público, que reclama la impetrante de amparo, primero debió acudir ante el Juez de control competente, e interponer el medio de defensa que la ley de la materia contempla, por virtud del cual pudiera ser revocado o modificado el acto reclamado -previo a acudir al presente juicio-; y, por tanto, al no hacerlo así, no se cumplió con el principio de definitividad. No es óbice de lo anterior, la circunstancia de que en la audiencia de diecisiete de agosto del año próximo pasado, se haga referencia a que en ocasión anterior, el quejoso promovió Control Judicial ante la negativa del Ministerio Público de acordar favorablemente sus solicitudes (10:17:15), pues en el caso, la resolución que resolvió dicho recurso no fue señalada como acto reclamado. Por lo que es inconcuso que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes invocada; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se desecha de plano el presente juicio de amparo. Domicilio del quejoso y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta. Asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que señala en su escrito, en razón a que por el momento no hay constancia que los acredite tener registradas su cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se exhorta al trámite electrónico. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Habilitación al personal del Juzgado. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos. Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, considerándose como información reservada la señalada en el artículo 13 de la Ley Federal en comento. Notifíquese personalmente.
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