Juan Ramón Trejo García
Expediente 690/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 23 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 690/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 19/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Juan Ramón Trejo García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México; por medio del cual, en cumplimiento al proveído de dos de agosto último, acusa recibo de las constancias que se devolvieron. En consecuencia, se toma conocimiento de lo informado para los efectos legales correspondientes y se deja sin efectos el apercibimiento de multa con el que se le conminó al Juzgado oficiante. Notifíquese por lista a las partes, en términos de lo que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dos de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada el doce de julio dos mil veintiuno, emitida por este Juzgado, en el que se sobreseyó el presente juicio de amparo, promovido por Juan Ramón Trejo García, por propio derecho, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso a, que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; . Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; . En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. En atención a lo anterior, se estima que este EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional sobreseyó el juicio de amparo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del capítulo quinto, ordinal 15, del Acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Toda vez que ya no es necesaria la retención de las constancias remitidas por la responsable Juez Supernumerario del Juzgado Civil de Jilotepec, Estado de México, consistente en un tomo de pruebas derivadas del expediente 60/2020, en apoyo a su informe justificado, en consecuencia, devuélvanse dichas constancias a su lugar de origen, y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a la referida autoridad, para que en el plazo de TRES DÍAS computados legalmente, acuse recibo de las constancias que se le envían. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o de omitir informar la imposibilidad legal que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237 fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta días de unidades diarias de medida y actualización, en el supuesto de incumplimiento, equivalentes a $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 M.N). Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa y Asesora Jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública y a las demás partes por lista electrónica, en los términos que al efecto establecen los artículo 2, fracción XII y 16, fracción II del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
VISTOS, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo indirecto 690/2020-II, formado con motivo de la demanda promovida por ---------------------, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales C. U. T. A. y K. T. A., contra actos de la Legislatura LX del Estado de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por oficio número 13345/2020, suscrito por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, en el que se declaró legalmente incompetente ese Juzgado, para conocer del asunto 633/2020- IV-D, de su índice, fue recibido el siete de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez y turnado a este Juzgado Décimo de Distrito, el mismo día, Juan Ramón Trejo, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales C. U. T. A. y K. T. A., demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: III.- AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: 1).- La Legislatura del Estado Libre y Soberano de México. 2).- El Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México. 3.- El Secretario de Gobierno. 4).- El Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano del Estado de México. 5).- El Juez Civil Supernumerario De Primera Instancia Del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México. IV.- ACTOS RECLAMADOS: A) De las autoridades que se señalan en los incisos 1), 2), 3) Y 4) se reclaman los siguientes actos: 1.- La aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del Código Civil del Estado de México, publicado en el periódico oficial del Estado, más específicamente el artículo 4.228 del Código Civil del Estado de México. Se hace notar que la Ley antes precisada, se reclama a partir de su primer acto de aplicación en relación con la quejosa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, mismo que se llevó a cabo el día 15 de julio de 2020, y que bajo protesta de decir verdad tuve conocimiento el día 31 de agosto de 2020, fecha en que fui emplazado formalmente al juicio 604/2020 radicado en el Juzgado Civil de Jilotepec, Estado de México. B) De la autoridad que se señala en el inciso 5) se reclaman los siguientes actos: 1.- Los actos tendientes a la aplicación del artículo 4.228 del Código Civil del Estado de México. EJECUTORA: H. JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA, DISTRITO JUDICIAL DE JILOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SE RECLAMA LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2020. SEGUNDO Trámite del juicio. El trece de octubre de dos mil veinte, este Juzgado Federal admitió la demanda de amparo a trámite con el número 690/2020-II; se requirió su informe justificado a las autoridades responsables; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, quien no formuló pedimento; se ordenó emplazar a la tercera interesada ------------, quien fue emplazada al sumario el siete de noviembre de dos mil veintiuno; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El nueve de febrero último, este Juzgado desechó la prueba testimonial ofertada por el quejoso, por las razones ahí expuestas; en contra de este acuerdo el inconforme interpuso recurso de queja el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. El seis de mayo de este año, se recibió en el Juzgado el testimonio de la resolución de quince de abril de esta anualidad, del recurso de queja civil 25/2021, del índice, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en el que declaró fundado el medio de impugnación hecho valer por el quejoso, para el efecto de que se emitiera de nueva cuenta el auto respectivo, en relación a la testimonial ofrecida por el quejoso, a lo cual, en esa data, se desechó de nueva cuenta el medio de convicción aludido, por las consideraciones ahí señaladas; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se celebró al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estado Unidos; 33 fracción IV, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 49, de la de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Apartado Cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso Acuerdo General 53/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ya que los actos reclamados tienen ejecución dentro del Municipio de Jilotepec, en donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la Litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en aptitud de resolver la Litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda, y las diversas constancias que obran en el juicio, se advierte que la parte quejosa, reclama: 1. De la Legislatura LX del Estado de México: El Decreto número 70, relativo a la aprobación y expedición del Código Civil del Estado de México, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, de siete de junio de dos mil dos, en específico el artículo 4.228. 2. Del Gobernador Constitucional del Estado de México: La promulgación y publicación del Decreto número 70, relativo al Código Civil del Estado de México, de siete de junio de dos mil dos, en específico el artículo 4.228. 3. Del Secretario General de Gobierno del Estado de México: El refrendo del Decreto número 70, relativo al Código Civil del Estado de México, de siete de junio de dos mil dos, en específico el artículo 4.228. 4. De la Jefa del Departamento del Periódico Oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México: La publicación del Decreto número 70, relativo al Código Civil del Estado de México, de siete de junio de dos mil dos, en específico el artículo 4.228. 5. Del Juez Supernumerario del Juzgado Civil de Jilotepec, Estado de México: El auto de quince de junio de dos mil veinte, únicamente en la porción donde decretó provisionalmente a favor de la tercera interesada la guarda y custodia de los menores y, aplicó el artículo 4.228, del Código Civil del Estado de México. TERCERO. Existencia del acto. Son ciertos los actos reclamados, ya que las siguientes autoridades responsables, al rendir sus informes justificados aceptaron los actos a cada una de ellas atribuidos, en específico: 1. Legislatura LX del Estado de México: El Decreto número 70, relativo a la aprobación y expedición del Código Civil del Estado de México, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, de siete de junio de dos mil dos, en específico el artículo 4.228. 2. Gobernador Constitucional del Estado de México: La promulgación y publicación del Decreto número 70, relativo al Código Civil del Estado de México, de siete de junio de dos mil dos, en específico el artículo 4.228. 3. Secretario General de Gobierno del Estado de México: El refrendo del Decreto número 70, relativo al Código Civil del Estado de México, de siete de junio de dos mil dos, en específico el artículo 4.228. 4. Jefa del Departamento del Periódico Oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México: La publicación del Decreto número 70, relativo al Código Civil del Estado de México, de siete de junio de dos mil dos, en específico el artículo 4.228. 5. Juez Supernumerario del Juzgado Civil de Jilotepec, Estado de México: La emisión del auto de quince de junio de dos mil veinte, y la aplicación en ese auto, del artículo 4.228, del Código Civil del Estado de México. Informes que, dado su carácter de documento público por haber sido emitido por autoridades en ejercicio de sus funciones, merecen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Además las leyes y reglamentos no son objeto de prueba; por ende la existencia de los actos señalados en los puntos 1, 2, 3 y 4, del considerando anterior, resultan ser un hecho notorio para este Juzgado; por lo tanto, la existencia de las normas reclamadas, se desprende de la publicación del Decreto y la disposición legal impugnada en la Gaceta de Gobierno del Estado de México. Por su parte, el Juez responsable, remitió en apoyo a su informe justificado copia certificada del juicio de controversia de derecho familiar número 604/2020, el cual obra en un tomo de pruebas por separado y se le concede pleno valor probatorio de conformidad con los ordinales 129, 197 y 202, del Código Federal citado. CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo merece estudio preferente, por ser una cuestión de orden público, lo aleguen o no las partes, tal y como lo estatuye el artículo 62, de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, este Juzgado estima que respecto del proveído reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;. A efecto de acreditar la causal de improcedencia invocada, es menester destacar los antecedentes del expediente 604/2020: 1. Por escrito de quince de julio de dos mil veinte, presentado en el Juzgado Civil del Gobierno del Estado de México, Xóchitl Olivia Alonzo Ontiveros, demandó como prestaciones: a) la fijación y pago de una pensión alimenticia provisional en favor de sus menores hijos C. U. T. A. y K. T. A.; b) el aseguramiento de la pensión alimenticia; y, la guarda y custodia provisional de los menores (foja 1 a 7 del tomo de pruebas). 2. El quince de julio de dos mil veinte, el Juez Supernumerario del Juzgado Civil de Jilotepec, Estado de México, tuvo por recibida y admitida la demanda, ordenó emplazar al demandado (por exhorto), aquí quejoso y fijó las medidas provisionales: la guarda y custodia de los menores en favor de la actora, tomando como base los antecedentes de su demanda que habitaban con ella los infantes, y determinó como pensión alimenticia provisional del 40% (cuarenta por ciento), del total de las percepciones ordinarias y extraordinarias que percibiera el demandado, y tuvo por recibidas las pruebas de la actora (foja 8 a 11 del tomo de pruebas). 3. El treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se emplazó al demandado Juan Ramón Trejo (foja 37 del tomo de pruebas). 4. El catorce de septiembre de dos mil veinte, el Juez natural tuvo por contestada la demanda de Juan Ramón Trejo y previno su demanda reconvencional y, el veintidós de ese mes y año, tuvo por admitida la reconvención, y ordenó emplazar a la parte demandada (foja 38 a 56 del tomo de pruebas). Así, del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desprende el principio de definitividad, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga a su alcance para modificar o revocar la resolución que estime le causa perjuicio. De lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que les produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la ley y en la jurisprudencia. Es ilustrativa de lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito1, que indica: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Cabe señalar que los casos de excepción, esto es, los supuestos en los que no resulta necesario agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto, están previstos en la propia fracción que se analiza y son los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Lo anterior implica que, salvo las excepciones destacadas, de no agotarse los recursos o medios de defensa que procedan en contra del acto reclamado el juicio de amparo que en su caso se promueva, resultará improcedente. Así pues, para que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Bajo este contexto, y a fin de apuntalar la determinación de este Juzgado, se debe tomar en cuenta que el acto que se analiza consiste en el auto de quince de junio de dos mil veinte, en el que el Juez Supernumerario del Juzgado Civil de Jilotepec, Estado de México, entre otras cosas, decretó provisionalmente a favor de la tercera interesada la guarda y custodia de los menores. En ese orden, los artículos 1.192, 1.360, 1.366, 1.377 y 1.378, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, en su orden, dicen: Artículo 1.192.- Las resoluciones judiciales son: I. Decretos, cuando sean simples determinaciones de trámite; II. Autos, son decisiones que tienden al impulso y desarrollo del procedimiento; III. Sentencias o autos interlocutorios, cuando deciden un incidente promovido antes o después de la sentencia definitiva, o bien decidan alguna cuestión procesal entre partes; IV. Sentencias definitivas, cuando decidan el fondo del litigio en lo principal. Artículo 1.360. Se reconocen como recursos los siguientes: I. Revocación; II. Apelación; III. Queja.. Artículo 1.377. Las sentencias definitivas son apelables con efecto suspensivo, salvo cuando la ley determine lo contrario. Artículo 1.378. Son apelables las sentencias interlocutorias y los autos que específicamente señala este Código. La apelación, en este caso, se admitirá sin efecto suspensivo, salvo cuando la ley disponga lo contrario. De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, permite considerar que los decretos son simples determinaciones de trámite; que los autos son decisiones que tienden al impulso y desarrollo del procedimiento; que son sentencias o autos interlocutorios, cuando deciden un incidente promovido antes o después de la sentencia definitiva, o bien decidan alguna cuestión procesal entre partes y sentencias definitivas, cuando decidan el fondo del litigio en lo principal, asimismo, como dato relevante se advierte que la procedencia del recurso de apelación es de naturaleza casuística, pues, el artículo 1.378, estatuye que serán apelables los autos que de manera específica señala el propio código adjetivo civil local. Asimismo, el artículo 1.362 del código procesal citado, versa: Artículo 1.362. Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables. La disposición transcrita establece la existencia del recurso de revocación contemplado para resoluciones de los tribunales en los procedimientos civiles, procedente contra decretos y autos dictados en la instancia, que no son apelables, lo cual implica una procedencia genérica establecida por el legislador. En ese contexto, la revocación procede por exclusión respecto de los autos y decretos que no sean apelables, tal como lo establece la tesis emitida por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito2, que expone: REVOCACIÓN, ES PROCEDENTE CONTRA AUTOS NO APELABLES EL RECURSO DE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Cuando un acuerdo no constituye una sentencia definitiva o auto que pudiera ser confirmado, invocado o modificado a través del recurso de apelación, de conformidad con lo previsto en el numeral 423 del Código de Procedimientos Civiles, en consecuencia, aquél es combatible mediante el diverso recurso de revocación, de acuerdo con el artículo 419 del propio ordenamiento legal, en el que se establece que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez o tribunal que los dictó o por el que los sustituya en el conocimiento del negocio. De lo transcrito, alude que en contra del acto como el que reclama el quejoso, procede el recurso de revocación previsto en la legislación de la materia de donde deriva el acto reclamado. Lo anterior es así, pues a través de ese medio de defensa legal, puede lograr la modificación, revocación o nulificación del acto que tacha de ilegal. Para corroborar la procedencia del recurso de revocación, es menester verificar que se encuentren colmados los requisitos previamente señalados. En ese sentido, por lo que respecta al requisito señalado en el inciso a) se encuentra satisfecho, dado que el acto reclamado lo llevó a cabo el Juez Supernumerario del Juzgado Civil de Jilotepec, Estado de México, esto es, proviene de un tribunal judicial. Respecto al inciso b), también se encuentra satisfecho, al tenor de lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, específicamente en el artículo 1.362, donde se establece la procedencia del recurso de revocación. En ese sentido, si la quejosa reclama en la presente instancia constitucional el auto por el que se inadmitió la reconvención, entonces es inconcuso que dicha actuación puede ser nulificada conforme al recurso aludido, tomando en consideración que el auto que ahora reclama, no fue dictado dentro de alguna audiencia. Con relación al inciso c), también se encuentra satisfecho, ya que la tramitación del recurso debe hacerse dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, es decir, en la citada controversia. Finalmente, se encuentra acreditado el requisito mencionado en el inciso d), habida cuenta que con la resolución que se dicte derivado de la substanciación del recurso de revocación, el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado. Sirve de apoyo, por analogía la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito3, de epígrafe: ALIMENTOS PROVISIONALES. LA DETERMINACIÓN QUE LOS DECIDE ES RECLAMABLE MEDIANTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). El artículo 2.139 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, establece que la sentencia que concede alimentos será apelable sin efecto suspensivo, sin embargo, hay resoluciones como el auto que concede alimentos en forma provisional que no son sentencias y por ende no son impugnables a través del recurso de apelación previsto en el artículo 1.366 de esa legislación, sino mediante el recurso de revocación, de conformidad con el diverso numeral 1.362, que señala: Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el Juez o tribunal que los dictó, previo a la instauración del juicio de garantías. Así como, el criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito4, que señala: ALIMENTOS PROVISIONALES. SUPUESTOS EN QUE PUEDEN CONTROVERTIRSE LAS DETERMINACIONES RELATIVAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PREVIO AL AGOTAMIENTO DEL RECURSO DE REVOCACIÓN (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 2.110 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO). En términos de los artículos 2.107 al 2.110 y 5.40 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, la admisión de la demanda implica que las acciones, elementos o sujetos materia de admisión, formen parte del proceso litigioso y la orden de emplazamiento del demandado. En cambio, conforme a los diversos preceptos 5.43 al 5.45, ante la solicitud alimentaria del acreedor el Juez puede emitir por lo menos dos determinaciones cautelares que habrán de regir hasta el dictado de la sentencia que, en su caso, fije el monto definitivo de la pensión respectiva: Una indiscutible, que es la que establece que el deudor debe cubrir alimentos provisionales, y otra cuestionable, relativa al monto de la pensión provisional; una tercera, la improcedencia de la solicitud de alimentos. Estas tres determinaciones son independientes del auto que admite la demanda, pues la procedencia o improcedencia de la pensión alimentaria provisional depende de los requisitos previstos en los artículos 4.126 al 4.144, 4.403 y 4.404 (concubinato) del Código Civil del Estado de México; razones por las cuales, el artículo 2.110 del invocado código procesal no es aplicable a esas determinaciones, pues sólo refiere que el auto que admite la demanda no es recurrible. En ese contexto, tanto el acreedor como el deudor alimentario pueden controvertir dichas resoluciones en juicio de amparo indirecto por tratarse de un acto que afecta derechos sustantivos, previo agotamiento del recurso de revocación, en los supuestos siguientes: En términos del artículo 5.74 del código primeramente citado, las resoluciones dictadas fuera de la audiencia inicial y el auto que negó la procedencia de la pensión alimenticia provisional son revocables, pues dicho precepto establece que los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables acorde con las reglas generales y las medidas cautelares dictadas en la audiencia inicial conforme al artículo 5.75, fracción IV, del mismo ordenamiento, también son impugnables en revocación. Aunado, de que el promovente es parte dentro del procedimiento número 604/2020, y no se surtió ninguna causa de excepción para agotar el principio de definitividad precisado en ese proveído. No pasa desapercibido para este Juzgado, las manifestaciones del quejoso, en relación a la observancia del interés superior del menor; sin embargo, la institución interés superior del menor, no constituye por sí misma una excepción al principio de definitividad; pues, para ello se debe estudiar cada caso en particular, para determinar si existe o no una afectación. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado sobre casos concretos en los que los niños y las niñas, eventualmente, pudieran encontrarse en circunstancias o en alguna situación de vulnerabilidad, como ocurre cuando se les cita para rendir testimonio en el juicio de divorcio necesario de sus padres, o bien, cuando puedan ser sometidos a un peritaje psicológico. En ese contexto, este Juzgado no advierte que el acto reclamado atente contra el interés superior de los menores, pues, no estamos ante un acto procesal que los coloque en una situación especial de vulnerabilidad, ya que de autos no se desprende que la tercera interesada represente para los infantes un peligro para su integridad física y emocional. Aunado, de que en la demanda de origen, se aprecia que la actora tenía en su custodia a los menores. Los anteriores razonamientos encuentran sustento en la Jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación5, al resolver la contradicción de tesis 265/2013, que refiere: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Entonces, al no encontrarnos en alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, y no existir afectación al interés superior de los menores, el quejoso estaba obligado a agotar el recurso de revocación previamente a promover el juicio de amparo, en términos de lo desarrollado en la presente determinación. Por todo lo anterior, es que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b, Constitucional, de conformidad con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento, y lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, respecto del auto de quince de junio de dos mil veinte. Sobreseimiento que se hace extensivo a la inconstitucionalidad del precepto legal 4.228, del Código Civil del Estado de México, que se reclama con motivo del primer acto concreto de aplicación que se materializó en el auto dictado por el Juez responsable el quince de junio de dos mil veinte, dentro del expediente 604/2020. Ello, debido a que no puede desvincularse el estudio de la norma con el que concierne a su aplicación, pues, éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley por sí sola, considerada en abstracto; por lo que, la vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la norma. Así, al ser improcedente el juicio de amparo respecto del acto de aplicación, también debe sobreseerse, en cuanto al ordenamiento en el que se apoya, a saber: numeral 4.228, del Código Civil de la entidad. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 254, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación6, que versa: LEYES, AMPARO CONTRA, Y CONTRA ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS. SOBRESEIMIENTO. Si se impugna la constitucionalidad de una ley no a raíz de su sola vigencia, por afectar desde luego a la parte quejosa, sino a consecuencia de actos concretos de aplicación, y la sentencia sobresee el juicio respecto a todos los actos de aplicación de la ley, y en el recurso se combate únicamente la sentencia en cuanto negó el amparo respecto a la ley, no así en cuanto sobreseyó el juicio a propósito de los actos de aplicación, lo anterior tiene como consecuencia que deba revocarse la negativa del amparo y decretarse el sobreseimiento del juicio, también en relación a la ley que se reclama, porque si se impugnó su constitucionalidad por haberse producido actos de aplicación, y tocante a éstos se sobreseyó el juicio, y contra el sobreseimiento no se inconforma el recurrente, desaparecidos los actos de aplicación, el sobreseimiento debe pronunciarse también sobre la ley. Asimismo, cobra aplicación la tesis aislada sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País7, que aduce: LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACION. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto de l acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya. Al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, este Juzgado se encuentra impedido para entrar al estudio y análisis del fondo de los actos reclamados. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 74, 75, 77, 79, 119 y 217 de la Ley de Amparo se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se Sobresee en el juicio de amparo, promovido por ----------, contra los actos precisados en el considerando segundo, y por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo constitucional. Notifíquese; vía electrónica al quejoso y Asesora Jurídica Wendy Vázquez Escalona, por correo electrónico al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y a las demás partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal Así lo resolvió René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, asistido de Abel Mejía Campos, Secretario que autoriza y da fe, hasta hoy doce de julio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos el escrito de cuenta, signado por ----------, en su carácter de representante especial de los menores de iniciales C.U.T.A. y K.T.A., por medio del cual, solicita el acceso al expediente electrónico con el nombre de usuario "--------". Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3°, de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo con el usuario proporcionado; por tanto, instrúyase al Analista Jurídico Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que realice las gestiones necesarias. Notifíquese; a las partes por medio de lista, en los términos que establece el artículo 21, del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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