Juan Ramón Rios Hernandez

Expediente 1816/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1816/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
09/01/2017

Partes del expediente

  • Juan Ramón Rios Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    IV. Toluca, Estado de México; nueve de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, a través del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por ********************, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya Garcia, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    IV. Toluca, Estado de México; veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente para conocimiento de la parte quejosa. Ahora, la certificación referida evidencia que la parte quejosa no desahogó los requerimientos insertos en auto de veintiocho de noviembre del año en curso; por tanto, se tiene por precluido su derecho para hacerlo. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 21/2002, visible en la página 314 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2002, Tomo XV, Materia Común, Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio". Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento respectivo y en términos del artículo 114 de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda intentada por Juan Ramón Ríos Hernández, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" y otras autoridades; en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones correspondientes. Se requiere al Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, con el objeto de que brinde las medidas de seguridad necesarias a fin de que el actuario judicial adscrito, pueda realizar la diligencia de notificación sin complicación alguna, apercibido que de no cumplir con esa obligación, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya Garcia, que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    IV. Toluca, Estado de México; diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el contenido de la constancia de notificación personal practicada al quejoso Juan Ramón Rios Hernández, el quince de diciembre del año en curso, de las que se advierte que éste manifestó lo siguiente: el 27 de junio me iban a ser la sirugia pero como no tenían la herramienta no me isieron nada esto obra en el expediente 299/2013." Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega la constancia de notificación personal de cuenta para los efectos legales procedentes. En tales condiciones, se tiene por hecha tal aseveración para los efectos legales procedentes, pues en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del referido código supletorio, dicha diligencia tiene pleno valor probatorio, pues al tratarse de una actuación de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en su razón corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Es aplicable, la jurisprudencia publicada con el número quinientos sesenta y tres, página cuatrocientos cinco, del tomo IV, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto son: NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Asimismo, en lo conducente, la tesis publicada en la página doscientos dos, Tomo XI, marzo de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: ACTUACIÓN JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso, por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad." Ahora, a efecto de estar en aptitud de verificar si el promovente del amparo cumple en su totalidad con los puntos de prevención, se estima conveniente precisar que éstos se hicieron consistir en lo siguiente: 1. De conformidad con el artículo 108 fracción IV de la Ley de Amparo, precisaría el acto que en concreto pretende reclamar en el presente asunto, pues si bien es cierto en el capítulo respectivo señala como tal la negativa a practicarle una cirugía, también es cierto que en el capítulo de hechos, manifiesta que ha realizado peticiones y se le ha negado dicha cirugía y que dicha omisión agrava su salud. Lo anterior crea incertidumbre, pues no se advierte con claridad si su intención es sólo reclamar la omisión de realizarle una cirugía, o también la negativa de las autoridades responsables de proporcionarle la atención médica requerida y, sólo a través de dicha aclaración podrá juzgarse sobre la procedencia y legalidad de lo combatido. 2. Debería formular, "bajo protesta de decir verdad" una narración sucinta y cronológica de los hechos o abstenciones que le constan y constituyen antecedentes del acto reclamado, ello en razón de que si bien el promovente señaló un capítulo correspondiente a esa situación, también lo es que tales manifestaciones resultan vagas e insuficientes para apreciar con claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se suscitaron en torno a la emisión de los actos. En el entendido de que el requerimiento formulado en párrafos precedentes, se vierte de manera enunciativa, más no limitativa, por ende, el impetrante del amparo deberá precisar lo siguiente: Cuando (fechas) solicitó la atención médica; Ante que autoridad o autoridades formuló dichas solicitudes (lo cual lleva implícito que deberá proporcionar su denominación correcta). * La fecha y forma en la que tuvo conocimiento o le fue notificado la resolución correspondiente. Si contra tal determinación interpuso algún medio de defensa ordinario, de ser así, deberá indicar ante qué autoridad y el estado procesal que actualmente guarde. O en su caso, si tales actos tienen que ver con alguna medida de seguridad complementada por el centro penitenciario donde está recluido. Dirá en qué consiste dicha medida de seguridad. Si en una temporalidad de un mes a la fecha ha promovido diversos juicios de amparo contra los actos reclamados en la demanda que se provee; en este aspecto tendrá que informar el número de expedientes, ante qué juzgado de Distrito se tramitaron y el estado procesal de los mismos. Lo anterior, con el fin de conocer provisionalmente el acto reclamado y fijarlo de manera clara para que las autoridades puedan rendir sus informes justificados. Aunado a que, debería hacer referencia a cualquier dato que pudiera resultar trascendente para el conocimiento claro y preciso de los antecedentes de los actos reclamados, porque al promover en la vía indirecta es evidente que el Juzgado de Distrito no tiene a su alcance más datos que los proporcionados por la parte agraviada con el fin de conocer provisionalmente los actos combatidos. Establecido lo anterior, en cuanto al punto uno (1) de prevención, del análisis de las manifestaciones vertidas por el quejoso, se aprecia que mediante auto de doce de diciembre de dos mil dieciséis, se tuvo por cumplido. En relación con el punto dos (2), en dicho proveído, se tuvo parcialmente cumplido pues al efecto el impetrante pretendió, bajo protesta de decir verdad, realizar una narrativa de los hechos y abstenciones de los hechos suscitados en torno al acto reclamado, en las que si bien es cierto precisó el mes en la que formuló la petición respectiva (agosto) y que la misma se radicó bajo el expediente 3144AJ/2013, así como señaló que no existe juicio diverso promovido con anterioridad, cierto es también que omitió señalar, ante qué autoridad y si el acto reclamado guarda relación con alguna medida de seguridad complementada por el centro penitenciario donde se encuentra recluido y, en su caso, en qué consiste ésta. Ahora, de la manifestación expuesta por el promovente en la constancia de notificación de cuenta, no se advierte que el quejoso desahogue los requerimientos a que se hizo alusión en el punto de prevención dos (2), por lo anterior, no es dable tener por desahogado el requerimiento formulado al quejoso, razón por la cual subsiste la prevención decretada en el acuerdo indicado; y continua transcurriendo el plazo concedido para tal efecto, por tanto, dígase al quejoso que de no desahogar cabalmente lo solicitado, se hará efectivo el apercibimiento con el que fuera conminado. La anterior consideración encuentra sustento en la jurisprudencia con la clave 2a./J.106/2003, publicada en la página 133, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, noviembre de 2003, tomo XVIII, Novena Época, Materia Común, cuyo rubro y texto son: AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." Se requiere al Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, con el objeto de que brinde las medidas de seguridad necesarias a fin de que el actuario judicial adscrito, pueda realizar la diligencia de notificación sin complicación alguna, apercibido que de no cumplir con esa obligación, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, asistido del SecretarioMarco Antonio Maya Garcia, que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    IV. Toluca, Estado de México; doce de diciembre de dos mil dieciséis. Toluca, Estado de México; doce de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la constancia de notificación personal practicada por el actuario de la adscripción el dos de los actuales, de la que se aprecia que el promovente del amparo realizó diversas manifestaciones con el fin de pretender desahogar los requerimientos formulados en auto de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la diligencia de cuenta para que surta los efectos legales procedentes. En cuanto a su contenido, se tiene por hecha tal aseveración para los efectos legales procedentes, pues en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del referido código supletorio, dicha diligencia tiene pleno valor probatorio, pues al tratarse de una actuación de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en su razón corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número 563, página 405, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tomo IV, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Asimismo, en lo conducente, la tesis publicada en la página 202, del Semanario Judicial de la Federación, Marzo de 1993, Tomo XI, que establece: "ACTUACIÓN JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso, por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad." Ahora, a efecto de estar en aptitud de verificar si los promoventes del amparo cumplen en su totalidad con los puntos de prevención, se estima conveniente precisar que éstos se hicieron consistir en lo siguiente: 1. De conformidad con el artículo 108 fracción IV de la Ley de Amparo, precisaría el acto que en concreto pretende reclamar en el presente asunto, pues si bien es cierto en el capítulo respectivo señala como tal la negativa a practicarle una cirugía, también es cierto que en el capítulo de hechos, manifiesta que ha realizado peticiones y se le ha negado dicha cirugía y que dicha omisión agrava su salud. Lo anterior crea incertidumbre, pues no se advierte con claridad si su intención es sólo reclamar la omisión de realizarle una cirugía, o también la negativa de las autoridades responsables de proporcionarle la atención médica requerida y, sólo a través de dicha aclaración podrá juzgarse sobre la procedencia y legalidad de lo combatido. 2. Debería formular, "bajo protesta de decir verdad" una narración sucinta y cronológica de los hechos o abstenciones que le constan y constituyen antecedentes del acto reclamado, ello en razón de que si bien el promovente señaló un capítulo correspondiente a esa situación, también lo es que tales manifestaciones resultan vagas e insuficientes para apreciar con claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se suscitaron en torno a la emisión de los actos. En el entendido de que el requerimiento formulado en párrafos precedentes, se vierte de manera enunciativa, más no limitativa, por ende, el impetrante del amparo deberá precisar lo siguiente: * Cuando (fechas) solicitó la atención médica; * Ante que autoridad o autoridades formuló dichas solicitudes (lo cual lleva implícito que deberá proporcionar su denominación correcta). * La fecha y forma en la que tuvo conocimiento o le fue notificado la resolución correspondiente. * Si contra tal determinación interpuso algún medio de defensa ordinario, de ser así, deberá indicar ante qué autoridad y el estado procesal que actualmente guarde. * O en su caso, si tales actos tienen que ver con alguna medida de seguridad complementada por el centro penitenciario donde está recluido. * Dirá en qué consiste dicha medida de seguridad. * Si en una temporalidad de un mes a la fecha ha promovido diversos juicios de amparo contra los actos reclamados en la demanda que se provee; en este aspecto tendrá que informar el número de expedientes, ante qué juzgado de Distrito se tramitaron y el estado procesal de los mismos. Lo anterior, con el fin de conocer provisionalmente el acto reclamado y fijarlo de manera clara para que las autoridades puedan rendir sus informes justificados. Aunado a que, debería hacer referencia a cualquier dato que pudiera resultar trascendente para el conocimiento claro y preciso de los antecedentes de los actos reclamados, porque al promover en la vía indirecta es evidente que el Juzgado de Distrito no tiene a su alcance más datos que los proporcionados por la parte agraviada con el fin de conocer provisionalmente los actos combatidos. Establecido lo anterior, en cuanto al punto uno (1) de prevención, del análisis de las manifestaciones vertidas por el quejoso, se aprecia que éste se encuentra cumplido, dado que el promovente precisó que el acto reclamado se hace consistir en la omisión de practicarle una cirugía de nariz con motivo de la petición formulada en el mes de agosto del año en curso. En relación con el punto dos (2), se estima que el mismo se encuentra parcialmente cumplido, pues al efecto el impetrante pretendió, bajo protesta de decir verdad, realizar una narrativa de los hechos y abstenciones de los hechos suscitados en torno al acto reclamado, en las que si bien es cierto precisó el mes en la que formuló la petición respectiva (agosto) y que la misma se radicó bajo el expediente 3144AJ/2013, así como señaló que no existe juicio diverso promovido con anterioridad, cierto es también que omitió señalar el día y el año en el que realizó la petición correspondiente, ante qué autoridad y si el acto reclamado guarda relación con alguna medida de seguridad complementada por el centro penitenciario donde se encuentra recluido y, en su caso, en qué consiste ésta. Por lo anterior, no es dable tener por desahogado el requerimiento formulado al quejoso, razón por la cual subsiste la prevención decretada en el acuerdo indicado; por tanto, dígase al quejoso que de no desahogar cabalmente lo solicitado, se hará efectivo el apercibimiento con el que fueran conminados. La anterior consideración encuentra sustento en la jurisprudencia con la clave 2a./J.106/2003, publicada en la página 133, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, noviembre de 2003, tomo XVIII, Novena Época, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." En tal virtud, en atención a que la manifestación realizada por el quejoso se realizó el dos de diciembre de dos mil dieciséis, el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa para desahogar cabalmente la prevención formulada, se interrumpe por única ocasión y deberá reanudarse hasta el día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Al caso se aplica la tesis III.2o.A.37 K, consultable en la página 1322 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2005, Tomo XXI, Novena Época, del tenor siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE SI NO SE ACATÓ EN SUS TÉRMINOS LA PREVENCIÓN RELATIVA. Con fundamento en el artículo 30, primer párrafo, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe ordenar que se practique en forma personal la notificación relativa al proveído que precisa las razones por las cuales estima que con el ocurso presentado por el quejoso antes del día del vencimiento del término previsto por el artículo 146 de la citada ley, no se cumplieron a cabalidad los requerimientos y prevenciones contenidos en el auto inicial; ello a fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por parte del agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas, cuando aún está en tiempo para hacerlo, pues tal proceder resulta congruente con la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 133, cuyo rubro es: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO." Y la diversa III.2o.A.38K, que se aprecia en la página 1323 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2005, Tomo XXI, Novena Época, la cual establece lo siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA. En atención a la finalidad que anima el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 133, cuyo rubro es: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO.", que no es sino dar oportunidad al quejoso de conocer en forma oportuna y fehaciente cuáles son las deficiencias o irregularidades de su demanda, que no logró solventar mediante el escrito que hubiere presentado con esa intención, es obvio que sin dejar de observar lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, tampoco debe soslayarse lo que prevé el numeral 34, fracción II, de la citada norma, en el sentido de que las notificaciones surten sus efectos el día siguiente al en que se practican, salvo las que atañen a las autoridades responsables. Por ende, al computar el término legal a que se refiere el primero de los preceptos citados, debe estimarse que el plazo de tres días concedido al quejoso para aclarar o subsanar su demanda, se interrumpe por una sola vez, con la presentación del escrito aclaratorio, y se reanuda hasta el día siguiente al en que surte efectos la notificación que se le practique del acuerdo que a ese ocurso recaiga, pues resulta lógico que en ese lapso el interesado no esté en aptitud de hacer precisión alguna, sino que se encuentra en espera de que se le entere legalmente de las razones por las que a pesar de su intento no logró colmar lo requerido para que su demanda no se tenga por no interpuesta, según la prevención inicial." Se requiere al Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, con el objeto de que brinde las medidas de seguridad necesarias a fin de que el actuario judicial adscrito, pueda realizar la diligencia de notificación sin complicación alguna, apercibido que de no cumplir con esa obligación, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya Garcia, que autoriza, firma y da fe.

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