Juan Ramón Perera Reyes
Expediente 1/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juan Ramón Perera Reyes
- Juan Carlos Castillo Jimenez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado electrónicamente por la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita se le remitan las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa a efecto de proveer lo que en derecho corresponda en el juicio de amparo ********************, de su índice; al respecto, como lo solicita la oficiante, remítasele la totalidad de los autos del presente biinstancial y en su ausencia fórmese cuaderno de antecedentes, al cual se le deberán colocar los respectivos sellos de archivo, dado que por proveído de diecisiete de enero del año en curso, se archivó el mismo. Cúmplase.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a trece de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de quince días para que la parte a la que le pudiera causar perjuicio la resolución de catorce de febrero de dos mil veintitrés, en la que se declaró infundada la denuncia de incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad ********* del índice de este juzgado, interpusiera recurso de inconformidad, sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2º y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse declarado infundada la denuncia de incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después del TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS y pasados treinta días de la citada fecha. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio a la autoridad responsable.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Vistos los autos, para resolver la denuncia de incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2023 del índice de este Juzgado, promovida por el denunciante . RESULTANDO: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE DENUNCIA. Mediante escrito de depositado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, y remitido a este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado, por razón de turno al día siguiente, , denunció el incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 del índice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el quince de julio de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación, que aduce se advierte del contenido de la copia simple del oficio NO.213301EL354452, de dos de mayo de dos mil veintidós, incumplimiento que atribuye a la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con sede en la Ciudad de México y/o quien legalmente lo represente. SEGUNDO. RADICACIÓN. Por acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, se dio trámite a la citada denuncia y se ordenó dar vista a las partes a fin de que manifestaran lo que a sus intereses conviniera por el término de tres días. TERCERO. DESAHOGO DE VISTA. No obstante que la autoridad de quien se reclama el incumplimiento a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, rindió el informe que le fuera requerido, en proveído de ocho de febrero del año en curso, se determinó que era improcedente tener por rendido el aludido informe, en virtud de que fue rendido de manera extemporánea. Además, en el propio acuerdo en cita, al haber transcurrido el plazo que dispone el artículo 210, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se turnó el presente asunto a fin de que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, se emitiera la resolución que derecho proceda; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para resolver la presente denuncia por incumplimiento a la declaratoria de inconstitucionalidad 1/2018, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 210, fracción I, párrafo tercero, de la Ley de Amparo así como el 49 y 57, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se denuncia un acto que carece de efectos materiales de ejecución, y de las documentales que exhibió el denunciante es factible concluir que tiene su residencia en esta ciudad. SEGUNDO. LEGITIMACIÓN Y ACREDITACIÓN DE REQUISITOS. El artículo 210 de la Ley de Amparo, establece que, si con posterioridad a la entrada en vigor de una declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplica el o los artículos invalidados en perjuicio de alguna persona, ésta puede denunciar los actos frente a un juez de distrito y éste, a su vez, de ser el caso, requerirá a las autoridades denunciadas para que dejen sin efectos los actos que contengan dicha aplicación. Por tanto, la resolución de tales denuncias implica analizar si una autoridad aplicó algún precepto normativo declarado inválido contra la persona denunciante y ello, por su parte, conlleva verificar el cumplimiento de tres requisitos indispensables, a saber, (i) que exista una declaratoria general de inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (ii) que haya surtido sus efectos dicha declaratoria y (iii) que con posterioridad a ello se le hayan aplicado dichos preceptos al denunciante. En el caso, el denunciante afirma que mediante el oficio No. 213301EL354452, de dos de mayo de dos mil veintidós, la autoridad denunciada Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con sede en la Ciudad de México, dio respuesta a una petición que le formuló, a través de la que le solicitó la autorización de consumo personal y recreativo de Cannabis, y que en la señalada respuesta se aplicaron en su perjuicio los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", y 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", de la Ley General de Salud, que fueron declarados inválidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018. Ahora, para demostrar su afirmación y como sustento de su denuncia, esto es, para acreditar el acto en el cual se incumplió con la declaratoria general de inconstitucionalidad de que se duele el denunciante, éste exhibió como prueba de su parte: Copia simple del oficio No. 213301EL354452, de dos de mayo de dos mil veintidós, signado por la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con sede en la Ciudad de México. Copia simple de la credencial para votar, expedida a su nombre por el Instituto Nacional Electoral. Ahora bien, ambas documentales fueron exhibidas en copia simple. La segunda de éstas, no encuentra relación alguna con el acto de aplicación de los preceptos legales declarados inconstitucionales, los que fueron motivo de la declaratoria general de inconstitucional ya citada, por lo que para efectos de demostrar ese acto resulta irrelevante. La primera de las señaladas documentales, también fue exhibida en copia simple. Esta documental de conformidad con lo establecido por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 3 de este último cuerpo de leyes, dispone que el valor de las pruebas aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial. En el caso, la fotocopia de un documento proviene de un descubrimiento de la ciencia, equiparable a la fotografía, pues lo que implica fotocopiar un documento es obtener una reproducción del mismo que también puede ser una diversa copia, o posiblemente el original del fotocopiado. En este orden de ideas, es innegable que la copia simple aportada como prueba por parte del denunciante, a lo sumo podría alcanzar el valor de indicio. De igual manera, es importante señalar que en autos no existe un diverso dato que corrobore el contenido de la copia simple del documento exhibido por el denunciante, máxime que el informe rendido por la autoridad denunciada se determinó no aceptarlo por haberlo rendido fuera del plazo que la ley le concedía para ello. Así las cosas, si para resolver lo conducente a la denuncia que hace valer el promovente, éste se limitó a exhibir una copia simple del oficio en el que, a su decir, se incurrió en incumplimiento a una declaratoria general de inconstitucionalidad, resulta inconcuso que no es factible considerar que demostró, de manera fehaciente, el incumplimiento que atribuye a la autoridad denunciada. Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 21/98, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso". Esto es así, en razón a que con la copia simple de que se ha tratado, no es factible considerar que se pueda demostrar, de manera fidedigna, que el oficio exhibido haya sido emitido por la autoridad a quien se le atribuye su emisión, tampoco que el contenido de ese oficio sea el que pudo plasmar su emisor, ni ninguno de los datos que en el propio documento se contienen, sino a lo sumo se podría alcanzar el valor de indicio, para lo cual sería necesario presumir que el denunciante pudiera conducirse con buena fe, lo que es insuficiente para determinar si su reclamo pudiera ser o no fundado. Así las cosas, al no haberse demostrado fehacientemente uno de los requisitos indispensables para acreditar que la denuncia de incumplimiento de una declaratoria general de inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta innecesario efectuar el estudio respecto a la comprobación de la acreditación de los dos diversos requisitos restantes. Ello es así, pues a nada práctico conduciría determinar si existe una declaratoria general de inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que tal declaratoria esté surtiendo sus efectos legales conducentes, pues, se insiste, en el caso no se ha acreditado la aplicación de precepto alguno, dado que no se demostró la existencia de acto alguno emitido por la autoridad denunciada en el que incurriera en el hecho denunciado. Por lo expuesto y fundado, se resuelve. ÚNICO. Es INFUNDADA la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad promovida por , por derecho propio, contra actos de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con sede en la Ciudad de México. Notifíquese por lista de acuerdos al denunciante y por oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación y a la autoridad denunciada.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Xalapa, Veracruz, a ocho de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio y anexo, signado por el Secretario en funciones de Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve el exhorto 21/2023 con número de orden 96/2023, en el que se le encomendó notificar a la autoridad responsable Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y/o quien legalmente lo represente, con sede en esa ciudad, el oficio 1006/2023 relativo al auto de radicación de este asunto. Atento a lo anterior, acúsese recibo y dese de baja la comunicación oficial de referencia, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que corresponda, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días previsto por el artículo 210, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran manifestaciones respecto a la denuncia de incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad respecto a la sentencia de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, sin que lo hayan hecho en el plazo indicado. Por tanto, con fundamento en el párrafo quinto, de la fracción I, del referido precepto legal, túrnense los presentes autos a fin de que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente auto, se resuelva lo que en derecho proceda respecto a la denuncia formulada. Atento a lo asentado en los dos párrafos anteriores, agréguese sin mayor proveer, las manifestaciones que a través del segundo oficio de cuenta, realiza la autoridad aplicadora Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, a través de la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de dicha comisión, con sede en Ciudad de México, en desahogo a la vista que se le concedió en auto de veintitrés de enero del presente año, respecto a la denuncia de incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad. Lo anterior, toda vez que el oficio en el que la citada autoridad formula sus manifestaciones fue recibido a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el siete de febrero de dos mil veintitrés; es decir, fue presentado de manera extemporánea, pues de la certificación secretarial de cuenta se advierte que el término de tres días que concede el artículo 210, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, para desahogar la vista que le fue concedida mediante auto de veintitrés de enero del presente año, transcurrió del uno al tres de febrero siguiente, al haber sido notificada por oficio el treinta y uno de enero pasado. Finalmente, como lo solicita la autoridad responsable, téngase como su domicilio y como sus delegados a los mencionados en su informe, de conformidad con lo estipulado por los numerales 9, párrafo primero, y 28, fracción II, de la Ley de Amparo, y tómese en consideración el correo que proporciona para establecer comunicación no procesal con ella. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Luis Alberto Vázquez del Orbe, Secretario que autoriza y da fe.
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