JUAN RAMÓN OMAÑA RAMÍREZ y Otros.

Expediente 1067/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 36 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1067/2017
Año
2017
Actuaciones
36
Última actuación
17/07/2019

Partes del expediente

  • JUAN RAMÓN OMAÑA RAMÍREZ y Otros.
  • Juan Ramón Omaña Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de julio de dos mil diecinueve. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables.

  2. Principal

    MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Vista la diligencia del Actuario adscrito a este juzgado, de veinticuatro del actual, se advierte que el quejoso ....Z, solicita copia de todo lo actuado en el presente juicio de amparo; al efecto, como lo solicita el justiciable, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, y toda vez que se desprende que se encuentra privado de su libertad con motivo de la imposición de una pena, lo que ocasiona la suspensión de sus derechos civiles y políticos, por lo que existe la presunción de que no cuenta con ingreso alguno que le permita costear la expedición de las copias que solicita; por tanto, expídasele gratuitamente -por esta única ocasión- y, por conducto del diligenciario adscrito a este órgano de control constitucional, en virtud de que no tiene designada persona autorizada en el presente asunto, entréguese copia simple de las constancias que integran este expediente de amparo, en el lugar donde se encuentra recluido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 27/2014 (10ª.) aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO. ES PROCEDENTE LA ENTREGA DE LAS MISMAS EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. La gratuidad de la justicia que consagra el artículo 17 constitucional consiste en que las personas no tienen que efectuar ninguna erogación a los tribunales por la impartición de la justicia, lo cual genera como efecto la prohibición para que éstos exijan retribución por la función que desempeñan dentro del Estado. Este principio constitucional busca evitar que los obstáculos económicos vulneren el derecho de tutela judicial efectiva, los que han de entenderse como todos aquellos costos que los justiciables deben afrontar para acceder a la tutela jurisdiccional, los cuales dificultan el ejercicio del derecho fundamental. En ese tenor, si bien el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo abrogada, es claro al imponer al interesado la obligación de cubrir a quien las solicita el costo de las copias certificadas, en aras de respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para la emisión de su determinación, en respuesta a la petición formulada. De manera que si el quejoso comparece a manifestar su impedimento para cubrir tal gasto y tanto de su afirmación como de autos, se desprende que se encuentra privado de su libertad con motivo de la imposición de una pena, pues su condición jurídica ocasiona la suspensión de derechos políticos y civiles, es obvio que, salvo prueba en contrario, no cuente con ingreso alguno; por tanto, el cobro por la expedición de las copias referidas, incluso por concepto de los materiales necesarios, será gratuita con la condición de que con claridad se soliciten las constancias respecto de las que requiera copias y sean de utilidad para su defensa, quedando a criterio del juzgador la determinación de ser o no conducentes. Asimismo, si el peticionario de garantías manifiesta, sin que de autos se advierta lo contrario, que no tiene designada persona autorizada para las actuaciones judiciales derivadas del proceso, hace evidente su impedimento físico de allegarse por su cuenta de las copias certificadas solicitadas, por lo que resulta materialmente imposible que tenga a la vista las referidas documentales, puesto que al estar recluido y no contar con persona autorizada para imponerse de los autos, no es factible que consulte los mismos de forma personal como tampoco que acuda a recibir los documentos solicitados en caso en que hubiera sido obsequiada su petición. Por tanto, procede que se ordene entregar dichas copias en el lugar donde se encuentra recluido. [Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Tomo I, Junio de 2014, Materia Común, página 347, con número de registro digital: 2006793.] Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra interno.

  3. Principal

    MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de junio de dos mil diecinueve. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar la determinación adoptada por la responsable sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el cinco de julio de dos mil dieciocho (fojas 115 a 118), -que en su oportunidad causó ejecutoria-, se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso ......, para efectos de que el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-OAXACA", residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, realizara lo siguiente: ".Deberá reorganizar en términos del procedimiento previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal y mediante la resolución correspondiente, las actividades del quejoso.... , tomando en cuenta su perfil, gobernabilidad y seguridad de la prisión, antecedentes médicos o algún otro antecedente relevante; puesto que el derecho a una reinserción social debe basarse en actividades laborales, la capacitación para éstas, la atención a la salud, la educación y el deporte; lo que deberán hacer de su conocimiento. Así, mediante oficio de siete de agosto de dos mil dieciocho, la Directora Jurídica, en ausencia del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-OAXACA", residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, informó el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo las constancias correspondientes; por lo que el veintisiete siguiente, en un primer análisis, se tuvo por cumplido el fallo protector, por las consideraciones ahí vertidas (fojas 150 y 151). Inconforme con tal resolución el quejoso ...., mediante diligencia de notificación de uno de septiembre del año próximo pasado, interpuso recurso de inconformidad; motivo por el cual, en proveído de seis de septiembre siguiente, se le dio trámite al mismo, del que correspondió conocer al entonces Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, bajo el número de toca de inconformidad 130/2018. Medio de impugnación en el que el Tribunal de Alzada, por ejecutoria pronunciada el once de abril del año en curso, declaró fundado, en atención a que las autoridades responsables no atendieron todos los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, ante lo cual, procedió revocar el acuerdo recurrido por el que se tuvo por cumplida la sentencia; por lo que, mediante proveído de veintinueve de abril siguiente, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", residente en Miahuatlán, Oaxaca. Con motivo de ello, la encargada de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-OAXACA", residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante oficio de cinco de junio del actual, remitió las constancias respectivas al cumplimiento de amparo (fojas 224 a 237). Ahora, del examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió con la misma, toda vez que desde el veinticuatro de septiembre del año pasado, hasta el cinco de junio del presente año, reorganizó las actividades del quejoso tomando en cuenta el comportamiento, habilidades y ubicación del amparista, por lo que registró participaciones en las actividades como limpieza de módulo y costura de balones; asimismo, se implementó el programa denominado "autoempleo", conforme lo dispuesto en el numeral 97 de la Ley de Ejecución Penal, que establece que en dicho programa las personas privadas de su libertad realicen una actividad lícita desarrollada por ellos mismos, por lo que el impetrante del amparo se encuentra inscrito a los talleres de papiroflexia y filigrana, los cuales realiza diariamente; lo anterior lo corrobora con las copias certificadas que acreditan lo anterior, por lo que se aprecia que las actividades laborales del quejoso son con posterioridad a la fecha en que causó ejecutoria el fallo protector, esto es, el veinticinco de julio de dos mil dieciocho (foja 127). En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión.

  4. Incidental

    MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 1067/2017, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse negado, la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

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