Juan Ramón Medina Martínez
Expediente 886/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 886/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Ramón Medina Martínez
Actuaciones
- Principal
Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintidós. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: Se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
I. Parte quejosa. Gustavo Alfonso Cabrera Borrego, en favor del directo quejoso Juan Ramón Medina Martínez. II. Registro en el libro de gobierno. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 886-2022-I, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. III. Autoridad responsable. Juez Cívico en turno adscrito a la Delegación Poniente de esta ciudad. IV. Desechamiento de la demanda de amparo. Del contenido de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama ante la presente instancia constitucional la privación de la libertad fuera de procedimiento, derivada de un arresto administrativo, incomunicación y tormento; empero, como de la certificación que antecede se desprende que la parte impetrante ya había promovido diversa demanda de amparo, en los mismos términos que la de cuenta, se determina que su tramitación es notoriamente improcedente y por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. Para tal efecto, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción X, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios. Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, si éste se promueve por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y el propio acto reclamado. Es decir, la disposición anterior señala que son necesarios los siguientes elementos para que la causa de improcedencia de la acción constitucional que ocupa la atención quede debidamente demostrada: a) La existencia de un acto reclamado que haya sido materia de un juicio de amparo pendiente de resolución en definitiva; b) Que exista identidad entre el promovente del amparo, las autoridades responsables y el acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, de los datos que constan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se desprende que ante este juzgado se presentó diversa demanda de amparo promovida por Gustavo Alfonso Cabrera Borrego en favor del directo quejoso Juan Ramón Medina Martínez, la cual se registró bajo el número 885-2022-V, contra la misma autoridad, y por los mismos actos que se reclaman en la demanda de amparo de cuenta, que se traducen en la privación de la libertad fuera de procedimiento, derivada de un arresto administrativo, incomunicación y tormento; lo que constituye un hecho notorio, sin que para ello sea menester deducir copia certificada de la misma, de conformidad con lo establecido en el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, al constar los datos atinentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.1o.P. J-25, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, visible en la página 1199, Tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Así como la tesis I.1o.A.14 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1946, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el siguiente rubro: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO. En efecto, en el juicio de amparo 885-2022-V, del índice de este órgano jurisdiccional, se advierte que el promovente reclama la privación de la libertad fuera de procedimiento, derivada de un arresto administrativo, incomunicación y tormento. Por su parte, de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que también fueron señalados como actos reclamados la privación de la libertad fuera de procedimiento, derivada de un arresto administrativo, incomunicación y tormento. De ahí que este tribunal no pueda realizar estudio alguno respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos aquí reclamados por el citado promovente, ya que tal cuestión se encuentra pendiente de resolver en el diverso asunto 885-2022-V, del índice este Juzgado Federal, a que se ha hecho alusión, lo que imposibilita abordar de nueva cuenta tal tópico, pues de hacerlo así, implicaría que la parte quejosa pueda válidamente promover tantos amparos como quisiera, en total detrimento de la impartición de justicia, ya que implicaría emplear más recursos materiales y humanos en analizar algo que será resuelto por la misma instancia federal, situación contradictoria con los fines de buena fe que persigue el juicio de amparo; por tanto, al existir identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio, lo que se traduce en litispendencia, es evidente la actualización de la causa de improcedencia de la acción constitucional que se estudia; por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 del mismo ordenamiento, procede desechar la demanda por su manifiesta improcedencia. Al respecto, es aplicable el criterio establecido en la tesis III.2.P.41 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, consultable en la página 2791, Tomo XXVII, Enero de 2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Novena Época, de rubro: LITISPENDENCIA EN AMPARO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EXISTIENDO UN JUICIO DE GARANTÍAS PENDIENTE DE RESOLVER LOS QUEJOSOS RECLAMAN EN UNO DIVERSO LOS MISMOS ACTOS Y CONTRA IDÉNTICAS AUTORIDADES Y OTRAS DIVERSAS, PERO ÉSTAS NIEGAN LOS QUE LES ATRIBUYEN. V. Domicilio y autorizados. Como lo indica, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones que se dicten en el presente juicio y que así lo ameriten, al usuario (juan183894), toda vez que éste se encuentra registrado con FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), por lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1-2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1-2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, en caso de imposibilidad de notificar en forma electrónica, se le tiene señalando como domicilio físico el que indica. Se comisiona a la oficial judicial A, para que aperture los campos necesarios para la realización de notificaciones electrónicas del presente expediente, en los términos anteriormente apuntados. Asimismo, se le tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Aguirre Rodríguez, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De igual forma, se le tiene proporcionando el correo electrónico que indica, a efecto de establecer comunicaciones no procesales, en razón de la contingencia derivada del covid-19. VI. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21-2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. VIII. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.
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