Juan Ramon Infante Guerrero
Expediente 1198/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1198/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juan Ramon Infante Guerrero
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Causa estado Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Destrucción. Acorde a lo establecido en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. No existen documentos originales Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Asunto de no relevancia documental En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. Análisis del cumplimento. Mediante ejecutoria de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: "I. Deje sin efecto el proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, únicamente en lo relativo a la parte que reservó la solicitud del padre no custodio, para requerir por el cumplimiento del convenio que obra en autos, en lo relativo a las convivencias acordadas. II. En su lugar dicte otro, con libertad de jurisdicción, en el que, previo a resolver sobre la pertinencia de que se realicen dichas convivencias, mediante un análisis exhaustivo de la totalidad de las constancias que obran en el juicio de origen y privilegiando el interés superior del menor quejoso, resuelva sobre la pertinencia de reanudar las convivencias entre el citado agraviado y su progenitor, conforme a los términos del convenio respectivo, o en su caso, establezca los medios de prueba que son necesarios recabar a efecto de poder concluir con lo anterior, determinando entonces de forma provisional, lo conducente a ese régimen, hasta en tanto se resuelva el incidente de regulación de visitas que se encuentra en trámite, debiendo emitir la resolución que corresponda, debidamente fundada y motivada. Sin que las consideraciones del presente fallo, conminen a la responsable a decretar la continuidad de las convivencias en uno u otro sentido, pues es claro que corresponderá al juez responsable determinar dicha circunstancia con los elementos que obren en la actualidad en dicho expediente, o bien, ordenar recabar los que considere necesarios, para definir si la citada convivencia sea más perjudicial que beneficiosa, debiendo exponer las razones y fundamentos en que sustente su resolución. Siendo que con la emisión de esa determinación se estimará cumplida la presente ejecutoria, pues al haberse advertido la omisión de fundar y motivar la reserva de pronunciarse sobre ese tópico, es claro que con la actuación del juez donde defina si cuenta o no con elementos para pronunciarse al respecto, o bien, ordene recabar alguna prueba para esos fines, lo realizará precisamente atenta la libertad de jurisdicción otorgada. " Marco jurídico. Es oportuno reflexionar que la autoridad responsable se encuentra obligada a dar cumplimiento al fallo protector, de modo tal, que debe realizar todos y cada uno de los actos determinados en él y en los cuales se traduce el núcleo esencial de las obligaciones exigidas. Si tal sentencia es cumplida en los términos en que se ordenó, el asunto quedará concluido y se ordenará su archivo. Sin embargo, puede suceder que, al tratar de realizar ese cumplimiento, la autoridad responsable no se ciña estrictamente a lo determinado en el fallo, sino que lo haga de manera parcial o incompleta, en cuyo caso habrá "defecto", o bien, que vaya más allá de lo que se ha ordenado, hipótesis en la cual existirá "exceso" en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En términos generales existe defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, cuando ésta se ejecuta de manera parcial o incompleta, esto es, sin analizar todas aquellas prestaciones que se determinaron en el fallo. Dicho de otro modo, habrá defecto en la ejecución, cuando la autoridad responsable realice menos deberes jurídicos que los ordenados o impuestos en el fallo protector. Existe exceso en la ejecución de la sentencia, cuando la autoridad responsable sobrepasa lo que manda la sentencia de amparo, es decir, extralimita su ejecución. En otras palabras, habrá exceso, cuando la autoridad responsable ejecute más actos que los deberes ordenados o impuestos en la ejecutoria. Encuentra apoyo lo referido con anterioridad en la tesis cuyo contenido es el siguiente: "EJECUCIÓN, DEFECTO DE. NATURALEZA. El defecto de ejecución consiste en dejar de hacer algo de lo que la resolución de cuya ejecución se trate, disponga que se lleve al cabo o se realice, y no en efectuar una ejecución que por cualquier motivo, sea irregular, pues el vocablo defecto, no está empleado en este segundo sentido por la Ley de Amparo, sino en el primero, ya que dicho ordenamiento, al hablar de exceso o defecto en la ejecución, emplea el segundo de esos términos, en contraposición al primero, queriendo significar con el vocablo exceso sobrepasar lo que mande la sentencia de amparo, extralimitar su ejecución y con el vocablo defecto, realizar una ejecución incompleta, que no comprenda todo lo dispuesto en el fallo" También es aplicable en lo conducente la tesis que dice: "QUEJA POR EXCESO O DEFECTO DE EJECUCIÓN, RESPECTO DE UNA SENTENCIA QUE OTORGÓ EL AMPARO PARA EFECTOS. El exceso en el cumplimiento de una ejecutoria que concede el amparo para efectos, de conformidad con los artículos 77, fracción III, 80 y 190 de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, en relación con lo dispuesto en el artículo 95, fracción IX, del ordenamiento legal citado, implica que la autoridad responsable al pronunciar nueva sentencia, rebase o decida puntos diversos de los que determinan el alcance de la protección otorgada en el fallo constitucional; el defecto en la ejecución, entraña que la responsable omita el estudio y resolución de alguna de las cuestiones que le ordenó resolver la ejecutoria que concedió el amparo, conforme a los términos y fundamentos legales de la propia ejecutoria con la que está vinculada" Acciones de cumplimiento. Ahora bien, de los autos se advierte que mediante oficio recibido el dieciséis de agosto pasado, la autoridad responsable remitió copia certificada de la comparecencia de las partes en el juicio de origen ante la citada autoridad, con un convenio que pone fin a la controversia de la que deriva el presente juicio de amparo, mismo que la aludida responsable elevó a la categoría de sentencia ejecutoriada, con valor de cosa juzgada. Luego, si bien de las constancias de autos, se desprende que la concesión del amparo fue para que el juez responsable, dejara insubsistente la resolución reclamada, en su lugar emitiera otra en la que resuelva Tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, II, primera parte, julio a diciembre de 1988, página 217, Octava Época. Tesis aislada de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, II, primera parte, julio a diciembre de 1988, página 241, Octava Época. sobre la pertinencia de reanudar las convivencias entre el citado agraviado y su progenitor; sin embargo, dado el convenio celebrado entre las partes en dicho juicio y que al efecto remitió la responsable en copia certificada, se tiene que se modificó el régimen de convivencias pactado originalmente en el juicio de origen, lo cual fue sancionado por el juzgador, por lo que, debe declararse que en el presente juicio no hay materia para la ejecución de la sentencia aquí dictada, de conformidad con el artículo 196, de la legislación en cita. Recurso de inconformidad. Consecuentemente, hágase del conocimiento de las partes este proveído, para los efectos del artículo 201 de la Ley de Amparo (recurso de inconformidad) y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días a que se refiere el diverso 202 del propio ordenamiento, archívese el expediente como asunto concluido. Sirve de apoyo a la anterior determinación, en lo conducente, la jurisprudencia de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Cabe hacer hincapié en que aun cuando las tesis que se invocan interpretan normas de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, son aplicables al caso en términos del artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril del propio año, en atención a que no se oponen a su contenido. Devolución de constancias. En otro aspecto, por ser innecesaria su retención, devuélvanse a la autoridad responsable, las constancias que se exhibieron en este asunto. Notifíquese; hágase personalmente a las partes.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de constancias Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta que remite el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito. Llegada de autos A través de dicha comunicación, se remiten, a su vez, los autos de este juicio de amparo 999/2022-III, un cuaderno de pruebas, tres discos compactos y el testimonio de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en el amparo en revisión 692/2023 de su estadística y 122/2023 del índice del aludido Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Noveno Circuito. Acúsese recibo, agréguense únicamente las actuaciones originales que contiene el cuaderno de antecedentes y destrúyanse las copias certificadas que obran glosadas en el mismo, por ser innecesarias; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes el contenido de la ejecutoria que se acompaña al oficio de cuenta, en cuyos puntos resolutivos se determinó: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo indirecto 999/2022 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, promovido por Giovanni Efrén Camarillo, en términos de la parte final del último considerando de esta ejecutoria." Ahora bien, de la ejecutoria emitida por el tribunal de alzada, se advierte que se ordena se deje insubsistente todo lo actuado dentro del presente juicio de amparo; que se emita de un nuevo acuerdo de admisión de demanda de amparo; y que ese acuerdo sea firmado por la suscrita y el respectivo secretario, en la misma fecha que sean autorizados. Consideraciones previas Como primer punto, debe precisarse que la reposición del procedimiento ordenada por el tribunal colegiado, obedece a que diversos acuerdos, entre ellos, el auto inicial y la sentencia, dictados en el presente asunto, fueron firmados electrónicamente por el respectivo secretario que dio fe, un día antes a la fecha en que se dice se dictó el acuerdo; mientras que la titular de este juzgado, los firmó, también electrónicamente, en la data correspondiente (un día después a la firma por parte de la persona secretaria). En ese sentido, el aludido tribunal resolutor, consideró que esa situación evidentemente no puede ser legal, dado que una actuación judicial no puede ser autorizada con firma electrónica por quien da fe, antes de su emisión. Además, dichas violaciones fueron consideradas como de aquellas que trascienden al resultado de la sentencia definitiva y que causaron perjuicio a la parte quejosa. Pues bien, sentado lo anterior, de forma respetuosa, este juzgado de distrito no comparte el criterio del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, por las siguientes consideraciones: 1. Si bien la formalidad contenida en los artículos 60, 61 y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de esta última legislación en cita; implica una seguridad jurídica para las partes, en el sentido de que el funcionario judicial que emite la determinación, cuenta con las facultades para ello, y lo hace ante quien da fe de la emisión del acto; igualmente cierto es que, como también lo precisa el tribunal superior, el artículo 26 Ter del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Conejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, posibilita y faculta a firmar los acuerdos, autos, decretos y/o resoluciones, a través de una firma electrónica previamente autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, estatuye que el único acto que sigue a la firma de la persona secretaria, es la firma del juez o jueza, o de la persona titular del juzgado respectivo, con lo que se culmina el PROCESO DE APROBACIÓN de la actuación judicial o resolución correspondiente. Esto es, que la firma de la persona titular, aprueba la determinación propuesta y firmada, previamente, de forma electrónica (también) por la persona secretaria. Por tanto, sostener que una determinación no puede ser firmada con anterioridad -aún un día antes- por la persona secretaria y aprobada posteriormente, incluso un día después, por la persona titular, al considerarlo evidentemente ilegal, dado que una actuación judicial no puede ser autorizada con firma electrónica por quien da fe, antes de su emisión; implica desconocer dicha porción normativa, así como el proceso de firma electrónica, contenido también en el "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que aboga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo". Cierto, pues el actual esquema de firma electrónica del Poder Judicial de la Federación, proscribe que una resolución sea materialmente firmada, en primer término, por la persona secretaría y, en segundo lugar, por la persona titular, como culminación del proceso de aprobación. Por tanto, sostener actualmente la interpretación dada a los referidos preceptos, haría materialmente imposible la emisión de cualquier determinación por los órganos judiciales, incluso, la propia ejecutoria que ahora, pues técnicamente es firmada de forma electrónica, en primer lugar, por la persona secretaria (quien solo debería dar fe de su dictado) y, posteriormente por la persona o personas titulares de los órganos judiciales (quien en sí, dictan las mismas). Al caso resulta aplicable, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 2a./J. 21/2023 (11a.)1, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "FIRMA ELECTRÓNICA. SU SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL JUEZ Y DEL SECRETARIO EN DÍA INHÁBIL Y EN FECHA POSTERIOR A LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA Y, EN SU CASO, DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO SON VICIOS DE TRASCENDENCIA SUPERIOR QUE AMERITEN REVOCAR LA SENTENCIA RECURRIDA Y REPONER EL PROCEDIMIENTO. [ . . . ] 2. Contrario a lo determinado, en todo caso, tal hipótesis de hecho no se considera una violación que efectivamente trascienda al resultado de la sentencia definitiva y que cause perjuicio, en el caso, a la parte quejosa, puesto que las determinaciones precisadas por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, -así como toda determinación-, fueron notificadas con posterioridad, a las partes, en los términos de la Ley de Amparo; con lo cual se asegura el pleno conocimiento de lo resuelto, por la totalidad de las partes actuantes, lo que se demuestra, verbigracia, con los escritos de ampliación de demanda y alegatos presentados por la parte quejosa; los informes con justificación de las autoridades designadas como responsables; el pedimento formulado por la agente del Ministerio Público de la Federación; ello, además, sin que dichas partes se hubiesen inconformado con dicha circunstancia. Aún más, sin que ello hubiese sido motivo de agravio en el recurso de revisión hecho valer. De ahí que este juzgado de distrito considere que en la especie, tales violaciones no reúnen las precitadas características de que efectivamente trasciendan al resultado de la sentencia definitiva y que cause perjuicio a la parte recurrente; y, como consecuencia, se advierta la inaplicabilidad de la jurisprudencia 1a./J. 65/99. Tampoco se estima aplicable la tesis 1a. XV/2000 ni la jurisprudencia P./J. 3/97, en la medida en que, en la especie, como bien lo refiere el propio tribunal resolutor, sí existen las firmas de emisión, fe y aprobación, emanadas tanto de la persona secretaria como de la persona titular de este juzgado. Por el contrario, en el caso se estiman aplicables, por analogía, las siguientes jurisprudencias: Jurisprudencia 1a./J. 41/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 569 del libro 19, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de junio de 2015, Décima Época, con registro digital 2009408, que dice lo siguiente: "RECURSO DE RECLAMACIÓN. SU INTERPOSICIÓN NO ES EXTEMPORÁNEA SI SE REALIZA ANTES DE QUE INICIE EL PLAZO PARA HACERLO. [ . . . ] Así como la Jurisprudencia 1a./J. 39/2019 (10a.) también de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual aparece en la página 863 del libro 66, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de mayo de 2019, Décima Época, con registro digital 2019973, que dice lo siguiente: RECURSO DE REVISIÓN ADHESIVA. SU INTERPOSICIÓN ES OPORTUNA, AUN SI SE PRESENTA ANTES DE QUE SEA NOTIFICADO EL ACUERDO POR EL QUE SE ADMITE EL PRINCIPAL. [ . . . ] Manifestaciones que se asientan, se insiste, de forma respetuosa, a fin de no contrariar el principio constitucional de privilegio del fondo sobre la forma. En ese sentido se cita la Jurisprudencia 1a./J. 29/2021 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1374 del libro 7, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de noviembre de 2021, Undécima Época, con registro digital 2023791, que dice lo siguiente: "PRINCIPIO DE PRIVILEGIO DEL FONDO SOBRE LA FORMA. LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EN LA VÍA INCORRECTA NO ES UN MERO FORMALISMO QUE PUEDA OBVIARSE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 17, PÁRRAFO TERCERO, CONSTITUCIONAL). [ . . . ] Cumplimiento a la ejecutoria No obstante lo antes expuesto, en estricto acatamiento a la resolución emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, se emite el auto de admisión de demanda, es en los siguientes términos: Admisión Vista la demanda promovida por Giovanni Efrén Camarillo Hernández, contra actos que atribuye al Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí y de otras autoridades, con copias y un anexo que acompaña; con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, XII, y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite en sus términos; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 999/2022-III. Incidente de suspensión Tramítese por separado el incidente de suspensión que se solicita. Requerimiento de informe justificado Pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se les solicita. Requiérase a las responsables para que en caso de que sea cierto el acto que se les atribuye, al rendir el respectivo informe justificado, se remitan las constancias a que alude el artículo 117, párrafo cuarto, de la ley de la materia, enviando el duplicado o bien copias certificadas, legibles, completas y ordenadas en forma consecutiva del expediente de que se trate, a fin de analizar su constitucionalidad; con el apercibimiento que de no hacerlo, se impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, de la ley en consulta. Indíquese a las autoridades responsables que preferentemente deberán remitir el informe de ley y las constancias solicitadas en el párrafo anterior, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal) del servidor público que lo suscriba. Vista al agente del Ministerio Público Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5°, fracción IV, de la ley reglamentaria, a quien se le exhorta para que su actuación se dé desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Audiencia constitucional Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Alegatos En la inteligencia de que las partes podrán comparecer a formular alegatos por escrito, salvo en los supuestos expresamente previstos en el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues en estos casos preferentemente se procurará que se formulen por escrito y en la hipótesis de que el deseo de las partes sea hacerlo de manera verbal, entonces, deberán presentarse minutos previos a la celebración de la aludida audiencia. Causas de sobreseimiento Requiérase a las partes para que en caso de actualizarse alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64 de la ley de referencia, de lo contrario se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente de conformidad con el numeral 251 de la citada legislación. Pruebas De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la parte quejosa la documental que se adjuntó al escrito de demanda; misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza y podrá ser considerada al momento de dictar la resolución correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia constitucional. Autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ricardo Humberto Preciado Jiménez y Luis Antonio López López, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentre legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral; y, en los mismos términos a la diversa persona que señala, por así solicitarlo. Consulta expediente electrónico Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto, a través de los usuarios que se proporcionan para tal efecto. Medios electrónicos Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Diferimientos En otro orden, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional que se den en el presente asunto, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles de forma personal, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Notificación a las autoridades responsables Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Apoya lo expuesto, la tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Transparencia y acceso a la información pública En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Juicio en línea Finalmente, se exhorta a las partes, lo que incluye a las autoridades responsables, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Notifíquese personalmente.
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