Juan Ramón Flores Guerrero
Expediente 1345/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1345/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/07/2019
Partes del expediente
- Juan Ramón Flores Guerrero
Actuaciones
- Principal
A sus autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, a través del cual informa que el cuatro de julio de dos mil diecinueve, dentro de los autos de la queja 180/2019, se dictó un proveído en el que se desechó la misma, de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes.
- Principal
Ténganse por recibidos los comunicados signados por los secretarios del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, visto su contenido y como lo solicitan, infórmeseles que hasta la fecha se encuentra pendiente de resolver el impedimento formulado en autos, mismo que por razón de turno, le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, dentro del impedimento 194/2018, para su debido conocimiento se ordena remitir a los expedientes 846/2019 y 848/2019, de su índice, copias certificadas de dicho impedimento.
- Principal
citatorio. por este medio de lista se notifica al quejoso la SENTENCIA que dice: Zapopan, Jalisco, once de junio de dos mil diecinueve. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 400/2019, promovido por Dennis Marisol Franco Miramontes, contra los actos que reclama de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, con sede en Guadalajara, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito exhibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el veinte de febrero de dos mil diecinueve, remitido, por razón de turno, a este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Dennis Marisol Franco Miramontes, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- a).- Ordenadora: SECRETARÍA DE MOVILlDAD DEL ESTADO DE JALISCO, CON DOMICILIO EN LA FINCA MARCADA AVENIDA PROLONGACIÓN ALCALDE, SIN NÚMERO, DE LA COLONIA JARDINES ALCALDE, DE LA MUNICIPALIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO. b).- Ejecutora: I.- LA OFICIAL DE TRANSITO LLAMADA CLAUDIA REBECA RAYAS VALENCIA, CON DOMICILIO EN LA FINCA MARCADA AVENIDA PROLONGACIÓN ALCALDE, SIN NÚMERO, DE LA COLONlA JARDINES ALCALDE, DE LA MUNICIPALIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO. II.- LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO, CON DOMICILlO EN LA CALLE PEDRO MORENO, NÚMERO 281, DE LA COLONIA CENTRO, DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO. IV.- ACTOS RECLAMADOS.- a).- Del SECRETARIA DE MOVILlDAD DEL ESTADO DE JALISCO, reclamo la expedición de la "CÉDULA DE NOTlFICACIÓN DE INFRACClONES", contenido en el documento con número de folio 28614096-3 del índice de dicha dependencia, con fecha de expedición 02 de febrero del 2019 dos mil diecinueve. b).- De LA OFICIAL DE TRANSITO LLAMADA CLAUDIA REBECA RAYAS VALENCIA, se reclama la ejecución de la "CÉDULA DE NOTlFICACIÓN DE INFRACClONES", contenido en el documento con número de folio 28614096-3 del índice de la Secretaria de Movilidad del Estado de Jalisco, con fecha de expedición 07 02 de febrero del 2019 dos mil diecinueve. c).- De LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO, se reclama la ejecución de la "CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE INFRACClONES", contenido en el documento con número de folio 28614096-3 del indice de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, con fecha de expedición 02 de febrero del 2019 dos mil diecinueve, fijando un monto excesivo de multa, resultando ser la cantidad de $12,673.00 doce mil seiscientos setenta y tres pesos 00/100 M.N" (Transcripción literal) Asimismo, mediante el escrito aclaratorio de demanda, recibido el cinco de marzo del año en curso (fojas 32 y 33), se tuvo al quejoso señalando lo siguiente: "I. La autoridad que se señalada como responsable de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, es al Titular de la Comisaría General de Vialidad de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en razón de ser el encargado de la apliación de las sanciones a quienes incurran en infracciones, lo anterior de conformidad a lo establecido en el numeral 22 fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de Jalisco. II. La autoridad que se señala como responsable de la Secretaría de Planeación, ADminsitración y Finanzas del Estado de Jalisco, es al Titular de la Subsecretaría de Finanzas, quien es el encargado de ordenar y cumplimentar el procedimientos adminsitrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales y otros, de acuerdo a lo establecido en el artículo 52 fracción VI del Reglamento Interno de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco". [.] Ahora bien y por lo que ve a la C. Frida Gabriela Gutiérrez Rosete, si es mi deseo sea autoridad responsable a quien se le reclama el siguiente acto: 1.- La emisión del acta de alcoholimetría y control de cabina 0702/19, la cual quedará solamente señalada en la cédula de notificación de infracción con folio 28614096-3 del índece de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de Jalisco; sin que de la misma se le haya entregado copia alguna para mi adecuada defensa, limitándose la autoridad señalada como responsable y que quedara señalada como ejecutoria en el inciso I del capítulo de autoridades responsables de mi escrito inicial de demanda, a hacer mención de la misma, por lo que se violenta en mi perjuicio el debido proceso, y transgrede el derecho humano de legalidad y el principio de seguridad jurídica contemplado en los numerales 14 y 16 de la Carta Magna." (Transcripción literal) SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Previa aclaración (fojas 32 y 33), por auto de seis de marzo de dos mil diecinueve (fojas 34 a 41), se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual se había registrado con el número 400/2019; se solicitó informe justificado a las responsables; se le dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó al tenor del acta que antecede. Luego, por auto de dos de abril del año en curso (fojas 64 a 68), se dio vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por la Comisaria Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, con sede en Guadalajara, para que manifestara dentro del plazo de quince días, si era su deseo ampliar la demanda de amparo en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; sin que se haya pronunciado al respecto. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado , atendiendo a que se reclaman actos preponderantemente administrativos, con ejecución dentro del ámbito territorial en el cual este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Cambio de titular. Se hace del conocimiento de las partes que a partir del uno de junio de dos mil diecinueve, funge como titular de este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, Helmuth Gerd Putz Botello . Sirve de apoyo por analogía a lo anterior, la jurisprudencia 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe y contenido dicen: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" Cabe precisar que no es obstáculo para el dictado de la presente resolución, el que la audiencia constitucional la haya iniciado el licenciado Édgar Estuardo Vizcarra Pérez, entonces Juez de este órgano jurisdiccional, y la sentencia la dicte, en fecha distinta, el licenciado Helmuth Gerd Putz Botello, ahora titular del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, pues en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, la audiencia de ley es un sólo acto procesal, compuesto por las etapas de pruebas, alegatos y sentencia, por lo que la circunstancia de que el titular dicte el fallo, no constituye una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo que amerite su reposición. Tiene aplicación por analogía, la jurisprudencia 129/2000, sustentada por el Pleno del más Alto Tribunal del país, cuyo rubro y texto son: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SI LAS PRUEBAS Y ALEGATOS LOS RECIBE UN JUEZ DE DISTRITO Y LA SENTENCIA LA EMITE EN DIVERSA FECHA EL QUE LO SUSTITUYE, ELLO NO DA LUGAR A LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, PORQUE NO SON ACTOS PROCESALES DISTINTOS, SINO UNO SOLO. El primer párrafo del artículo 155 de la Ley de Amparo dispone: "Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público; acto continuo se dictará el fallo que corresponda.". De lo expuesto se infiere que la audiencia constitucional comprende los periodos de pruebas, alegatos y sentencia; ahora bien, si un Juez de Distrito recibe las pruebas y alegatos, y la sentencia la dicta en diversa fecha el Juez que legalmente lo sustituye, dicha sustitución no puede llevar a sostener que se trate de un diverso acto, pues conforme a la disposición transcrita se trata de un solo acto procesal, por lo que tal circunstancia no constituye violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de garantías que amerite su reposición, siempre y cuando el acta haya sido firmada" TERCERO. Fijación de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo , de la lectura integral de la demanda y de la totalidad de las constancias integrantes del presente sumario constitucional, se advierte que la parte quejosa reclama: > Al Titular de la Comisaría General de Vialidad de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco: la aplicación de la sanción respecto a la infracción contenida en folio número 28614096-3. > Del Subprocurador Fiscal de la Secretaria de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco (en su denominación correcta): la orden para cumplimentar los procedimientos administrativos de ejecución y, por ende, hacer efectivos los créditos fiscales. > De la perito Frida Gabriela Gutiérrez Rosete: la emisión del acta de alcoholimetría y control de cabina 0702/2019, misma que quedó señalada en la cédula de notificación de infracción, con número de folio 28614096-3. > A la policía vial Claudia Rebeca Rayas Valencia: la ejecución de la cédula de notificación de infracciones, contenida en el documento con folio número 28614093-3. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Subprocurador Fiscal de la Secretaria de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, en virtud que al rendir su informe justificado (folios 47 a 49), negó la existencia de los actos que se le reprocharon, sin que la parte quejosa desvirtuara tal negativa con prueba alguna. Por tanto, con fundamento en lo establecido en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo , procede sobreseer en el juicio. Es aplicable a este caso, la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos treinta y seis, del tomo VI, materia común, 1917-2000, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 394266, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". QUINTO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables Comisaría Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco y la policía vial Claudia Rebeca Rayas Valencia, al momento de rendir su informe justificado (fojas 50 a 63), admitieron la existencia de los actos reclamados, consistentes en la emisión de la cédula de notificación de infracción 28614093-3, lo que constituye una confesión, de acuerdo con lo señalado en el precepto 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por su parte, la perito Frida Gabriela Gutiérrez Rosete, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante que fue oportunamente requerida para ello, según se aprecia del acuse de recibo del oficio por el que se solicitó tal información (folio 45); por tanto, en términos de lo establecido en el artículo 142 de la Ley de Amparo , opera la presunción de certeza del acto reclamado. SEXTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, se analizarán las causales de improcedencia relativas al juicio constitucional, ya que se trata de una cuestión de orden público y estudio preferente, bien sea que las invoquen las partes o de oficio las aprecie el órgano jurisdiccional, conforme a lo preceptuado por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior, encuentra plena correspondencia en la tesis de jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo parte VIII, página doscientos sesenta y dos, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el caso, ninguna de las partes planteó alguna causal de improcedencia, ni de oficio se advierte su actualización, luego entonces, el juicio se estima procedente y debe analizarse la constitucionalidad del acto. SÉPTIMO. Estudio del fondo del asunto. En tales condiciones, se procede al estudio de los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, los cuales no se transcriben pero se tienen por reproducido como si a la letra se insertase. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, visible en la página 830, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, el motivo de disenso en el que se aduce que se violenta su derecho fundamental de legalidad reconocido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la autoridad responsable fundó y motivó indebidamente la cédula de notificación de infracción aquí reclamada, en la medida que fue omisa en establecer en forma expresa y clara el monto de la sanción impuesta. En efecto, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , indica que todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse; principio que se encuentra reflejado en el numeral 13 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco . Así, debe entenderse por fundamentación la expresión de los preceptos legales aplicables al caso y por motivación las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Además, es necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se explique razonadamente por qué se surten las hipótesis normativas que se invocan. Al respecto es aplicable la siguiente jurisprudencia número 204 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 166, Tomo VI, Apéndice Semanario Judicial de la Federación 2000, Séptima Época, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Por ello, todo acto en general que emita o realice una autoridad, debe tener como sustento las disposiciones constitucionales, legales o reglamentarias que instituyan su capacidad para conocer, decidir o actuar en un determinado asunto y materia que se somete a su jurisdicción; ya que, para que el acto de autoridad sea jurídicamente válido, es necesario además, la adecuación entre tales fundamentos con los motivos aducidos, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis previstas en la normativa por los cuales se causó la expedición del acto. A su vez, es conveniente precisar que se produce la falta de fundamentación y motivación cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica, se trata de la ausencia total de dichos requisitos. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad no contiene tal ausencia, sino que se invoca preceptos legales inaplicables al caso, impidiendo la adecuación a la hipótesis normativa, y existirá una incorrecta motivación, en el supuesto en que se indican las razones que tuvo en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas está no se ajustan al contenido de la norma legal que se aplica en el caso. Es aplicable la jurisprudencia I.3o.C. J/47, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 1964, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo". Ahora, en atención a la expedición de un acto de autoridad identificado como una multa de infracción cuyo monto no se encuentre especificado, debe decirse que al imponerse a un particular, la autoridad se encuentra obligada a señalar una suma y así, pormenorizadamente, los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, pues tales elementos deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa, y con base en ello señalar la que corresponda al caso en concreto. Dicho criterio se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 127/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Diciembre de 1999, cuyo robro y texto establecen: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima". Asimismo, debe precisarse que para fijar una multa y que ésta no resulte excesiva y, por tanto, violatoria del artículo 22 constitucional, resulta necesario que se faculte a la autoridad sancionadora con el objeto de que se encuentre en condiciones de correlacionar dos elementos, a saber: a) Que exista correspondencia entre la cuantía de la multa y las condiciones económicas del infractor. b) Que la sanción pecuniaria tome en cuenta la gravedad de la falta. Sin embargo, de la cédula de notificación de infracción con folio 28614096-3, emitida por la Agente de la Policía Vial Claudia Rebeca Rayas Valencia, adscrita a la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, el dos de febrero de dos mil diecinueve, no se advierte que la autoridad responsable la hubiese individualizado, dado que, en el caso concreto, fue omisa en señalar monto alguno, pues de tal infracción se advierte que únicamente se citó: ". A las personas que conduzcan vehículos de automotor bajo el influjo de alcohol y se les detecte una cantidad superior de 0.25 a 0.40 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, se les sancionará con multa equivalente de ciento cincuenta a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Perito: Frida Gabriela Gutiérrez Rosete, 4752 Punto de control: Modulo 14 Resultado de la prueba: 0.31 miligramos de alcohol por litro de aire espirado Número de prueba: 4150 Acta de Alcoholimetría y Control de Cabina: 0702/19 (.)" Además, con lo indicado no se advierte que se tomara en cuenta la capacidad económica de la infractora, la gravedad de la conducta a sancionar y la mayor o menor trascendencia del asunto en que se cometió la falta, dado que sólo se limitó a parafrasear el contenido del artículo 186, fracción I, de la Ley de Movilidad de Transporte del Estado de Jalisco, así como los elementos por los que consideró acreditada la conducta de la infractora, pues no se estableció el monto correspondiente, por lo que es precisamente esa falta de individualización, por parte de la autoridad que la impone, lo que conduce a considerar que una multa es contraria a lo dispuesto por los artículos 16 y 22 de la Constitución Federal. Lo anterior es así, se insiste, porque en la infracción en estudio se sancionó a la quejosa, por conducir un vehículo automotor bajo el influjo de alcohol, no obstante, ello en modo alguno justifica que se viole lo dispuesto por los numerales 16 y 22 de nuestra Constitución, al establecer al infractor la multa prevista en ley correspondiente. Efectivamente, de la citada infracción no se advierte lo relativo a la individualización de la sanción impuesta, de ahí que no se colmaron los requisitos formales de fundamentación y motivación, lo que provoca incertidumbre jurídica en la parte quejosa, pues el vicio formal detectado le impide conocer el monto respecto del cual se le impuso la multa y con base en cuáles preceptos legales, así como las razones, motivos y elementos que consideró para graduar la multa, situación que incuestionablemente constituye una violación al principio de legalidad que consagra el artículo 16 Constitucional y, a su vez, en el precepto 22 de dicha Carta Magna. Es así, pues como se precisó, la primera norma constitucional invocada impone a todas las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, lo que se traduce en que se deben expresar los fundamentos de derecho y los motivos de hecho que sean considerados para su dictado. Además debe existir siempre adecuación entre unos y otros, todo lo anterior con la finalidad de que el gobernado conozca los hechos que se le atribuyen, así como la ley aplicada por la autoridad para emitir en su contra el acto de molestia, para el efecto de que esté en posibilidad de impugnarlo si considera que la cita y aplicación de dichos fundamentos fueron incorrectos, o bien, que los hechos no fueron acordes con la motivación citada. En ese contexto, es evidente que la autoridad responsable señalada transgredió en perjuicio de la quejosa el principio de legalidad establecido en los preceptos 16 y 22 de la Carta Magna, pues al realizar la cédula de notificación de infracción impugnada no precisó el monto de la multa impuesta, por lo que no la individualizó. Cobra aplicación a lo antes expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 17/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 59, que señala: "MULTAS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE FIJAS LAS ESTABLECIDAS EN PRECEPTOS QUE PREVÉN UNA SANCIÓN MÍNIMA Y UNA MÁXIMA. El establecimiento de multas fijas es contrario a los artículos 22 y 31, fracción IV, de la Constitución, por cuanto que al aplicarse a todos los infractores por igual, de manera invariable e inflexible, propicia excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares. En virtud de ello, los requisitos considerados por este Máximo Tribunal para estimar que una multa es acorde al texto constitucional, se cumplen mediante el establecimiento, en la norma sancionadora, de cantidades mínimas y máximas, lo que permite a la autoridad facultada para imponerla, determinar su monto de acuerdo a las circunstancias personales del infractor, tomando en cuenta su capacidad económica y la gravedad de la violación". En mérito de los razonamientos jurídicos expuestos, es procedente otorgar el amparo para los efectos que se precisarán en líneas subsecuentes. OCTAVO. Efectos del amparo. En ese orden de ideas, a fin de restituir a la parte accionante del juicio de amparo en el pleno goce de sus derechos constitucionales violados, el amparo y la protección de la Justicia Federal se otorga para el efecto de que la autoridad responsable: Deje insubsistente la cédula de notificación de infracción con folio 28614096-3, emitida por la Agente de la Policía Vial Claudia Rebeca Rayas Valencia, adscrita a la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, el dos de febrero de dos mil diecinueve, y sus consecuencias. Concesión que se hace extensiva respecto del acto reclamado a la perito Frida Gabriela Gutiérrez Rosete. Finalmente, no se soslaya que algunos de los criterios de jurisprudencia y tesis invocados en la presente resolución, se integraron conforme al texto de la Ley de Amparo anterior; sin embargo, al no oponerse a las disposiciones de la nueva ley de la materia, resultan aplicables, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, y 124 de la Ley de Amparo; se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Dennis Marisol Franco Miramontes, contra los actos que reclamó del Subprocurador Fiscal de la Secretaria de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, dadas las razones expuestas en el considerando cuarto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Dennis Marisol Franco Miramontes, en términos y para los efectos preciados en el último considerando de esa resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Helmuth Gerd Putz Botello, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, hasta el día de hoy once de junio de dos mil diecinueve, que lo permitieron las labores del Juzgado, asistido del licenciado Juan Alberto Ramírez Díaz, Secretario del Juzgado, con quien actúa y da fe. CEGS El juez La secretaria
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