Juan Ramón Corona Temores
Expediente 471/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 27 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 471/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 24/11/2023
Partes del expediente
- Juan Ramón Corona Temores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
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MEDIANTE OFICIO SE TIENE A LA DIVERSA AUTORIDAD, REMITIENDO CONSTANCIAS EN CUMPLIMIENTO DADO AL FALLO PROTECTOR, MISMA QUE SE DAN VISTA A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO SE MANIFIESTE, BAJO APERCIBIMIENTO DE NO HACERLO SE LE TENDRA POR CONFORME.
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Visto el oficio de cuenta, que suscribe el Coordinador Jurídico de la Dirección de lo Contencioso de la Dirección Jurídica de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en representación del Gobernador del Estado de Jalisco, mediante el cual en atención al requerimiento formulado, informa su imposibilidad para cumplir con la sentencia emitida, por los motivos expuestos; por tanto, agréguese a los autos y téngase a la responsable informando lo conducente.
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Téngase por recibido el oficio remitido por la Coordinadora de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual en atención al requerimiento formulado por oficio 50958/2023, informa su imposibilidad para cumplir con la sentencia emitida, por los motivos expuestos; por tanto, agréguese a los autos y téngase a la responsable informando lo conducente.
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Téngase por recibido el oficio de cuenta que suscribe electrónicamente la Actuaria Judicial adscrita al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la resolución pronunciada el treinta y uno de octubre de la presente anualidad, en el toca de revisión principal que en su parte resolutiva establece lo siguiente: ".PRIMERO. Se modifica la resolución recurrida de cuatro de octubre de dos mil veintidós, dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en el juicio de amparo indirecto 471/2022. SEGUNDO. Queda firme el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo indirecto de origen, por lo que ve a las autoridades responsables, Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, Órgano Interno de Control de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, Órgano Interno de Control de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, Contraloría del Estado de Jalisco, Gobernador del Estado de Jalisco, Congreso del Estado de Jalisco, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco, el Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco y la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, por los motivos y razonamientos expuestos en los considerandos cuarto, quinto y primera parte del sexto de la presente ejecutoria. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, contra los actos que reclama del Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco; que precisados quedaron y para los efectos que se indican en la parte final del último considerando de esta ejecutoria...". En consecuencia, acúsese el recibo correspondiente a la Superioridad, glósese el cuaderno de antecedentes respectivo y notifíquese a las partes lo antes resuelto para los fines legales correspondientes. Por otra parte, tomando en consideración que se concedió el Amparo y la Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para el efecto de que: ".Dicte los acuerdos que correspondan en los que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 140 a 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, justifique que notificó a la demandada el proveído de seis de abril de dos mil veintidós, por el que requirió el cumplimiento del laudo en el juicio laboral 1319/201329; realice las medidas correspondientes a fin de que se reinstale al quejoso conforme a lo determinado en el laudo de once de junio de dos mil diecinueve; tome las medidas pertinentes para lograr el pago de las cantidades laudadas y contenidas en la planilla de liquidación (veintiocho de abril de dos mil veintiuno); requiera a la entidad pública demandada para que registre y contabilice en el presupuesto de egresos del presente ejercicio las cantidades a que fue condenada en el laudo dictado en el referido juicio laboral; y, sólo en caso de que las partidas se encuentren agotadas, lo incluya en el inmediato siguiente, comprobando en su caso, el impedimento material para ello; vinculando a los funcionarios públicos que estime pertinentes para lograr su ejecución, apercibiéndolos con la imposición de multas de diez a cien veces la Unidad de Medida y Actualización y/o con la suspensión en el ejercicio de sus cargos por quince días sin goce de sueldo. En el entendido que de persistir con el incumplimiento, debe hacer efectiva la sanción pecuniaria con cargo al patrimonio del ente demandado y en lo personal a los funcionarios públicos vinculados, quienes deben estar plenamente identificados, y en su caso, solicitar al Congreso del Estado de Jalisco la suspensión del cargo por quince días sin goce de sueldo de los funcionarios electos mediante voto popular, para lo cual deberá explicar y justificar las razones por las que el desacatar una sentencia ejecutoriada sí es una falta grave. Lo anterior significa un mandato para que la propia responsable sea quien realice los actos subsecuentes al reclamado, necesarios para tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales, pues a ella corresponde hacerlo conforme a lo establecido en los artículos 140 a 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; de modo que, los efectos del cumplimiento del amparo, se circunscriben al núcleo esencial de la directriz fijada y su acatamiento lo constituye el cese de la omisión destacada y el impulso del procedimiento en la etapa en que se encuentra. Por consiguiente, una vez encauzado el procedimiento natural en los términos apuntados, es decir, una vez cumplimentados los puntos destacados a los que se circunscribió la concesión de la presente ejecutoria, será obligación del tribunal burocrático, vigilar el procedimiento de ejecución y culminarlo bajo su estricta responsabilidad, acatando las normas constitucionales y convencionales. En consecuencia, el Juzgado de Distrito en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, emitirá las medidas que sean necesarias para la eficaz observancia de esta ejecutoria, en el señalado plazo razonable y estrictamente determinado; apercibiendo al órgano jurisdiccional burocrático, que de abstenerse o no actuar, se le impondrá al Presidente la sanción prevista en los artículos 237, fracción I, y 258 de la Ley de Amparo vigente, que consiste en multa de CIEN días de valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que conforme a la publicación de diez de enero de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación se determinó que a partir de febrero sería diario de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 m.n.), por tanto, la medida de apercibimiento decretada corresponde a un monto de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 m.n.); sanción que se aplicaría sin perjuicio de la posibilidad de iniciar el procedimiento de inejecución de sentencia, enviando el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya resolución podría culminar en la separación del cargo y su consignación para determinar su responsabilidad penal." Por tanto, se equiere a las autoridades responsables, para que en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, de cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el juicio de garantías en que se actúa, cuyos efectos quedaron precisados en líneas precedentes, y en un lapso igual le informe lo relativo a este Juzgado de Distrito, apercibido que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cien a mil días de salario mínimo.
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