Juan Ramon Castellanos Aceves
Expediente 853/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 853/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Ramon Castellanos Aceves
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que por auto de cuatro de diciembre del año en curso, se desechó la demanda de amparo, el cual no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, téngase este asunto como totalmente concluido y SE ORDENA SU ARCHIVO JUDICIAL...; respecto de los documentos exhibidos que no están catalogados como originales, su devolución se autoriza desde este momento; asimismo, se previene a la referida parte procesal para que en un plazo de noventa días naturales, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda al local de este juzgado a recoger los documentos que exhibió en original en el presente juicio; bajo apercibimiento que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se observa que transcurrió el término de tres días otorgado a la parte quejosa, mediante auto de quince de noviembre del presente año, para que reconociera la firma que obra al calce del escrito registrado con el número de orden 13829/2018, sin que desahogara ese requerimiento; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto y se tiene por no presentado el ocurso de mérito. Por otra parte, de la citada certificación se advierte que feneció el diverso plazo de cinco días otorgado en el auto preventivo de veintinueve de octubre pasado, cuyo requerimiento desahogó la parte quejosa a través del escrito señalado en el párrafo que antecede; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se tiene como actos reclamados y autoridades responsables únicamente los señalados en los apartados correspondientes de la demanda de amparo y el escrito registrado con el folio 13086/2018. ESTUDIO DE PROCEDENCIA De los preceptos transcritos se advierte que, en caso de actos administrativos seguidos en forma de juicio, la instancia constitucional procede, como primer supuesto, contra la resolución definitiva. Por tal motivo, consideró que hasta que se emita la resolución definitiva procede el amparo y será ese el momento en que el inconforme estará en posibilidad de controvertir las violaciones en el procedimiento y, en su caso, las violaciones que presente la resolución definitiva, que hayan afectado la esfera jurídica del quejoso. De manera excepcional y como segundo supuesto de procedencia, se previó la oportunidad de impugnar actos u omisiones emitidos en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que no constituyan la resolución definitiva, siempre que afecten de manera irreparable los derechos fundamentales de la persona tutelados por la Constitución Federal o los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano sea parte. Lo anterior, porque la afectación que causan o sus consecuencias no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el procedimiento administrativo correspondiente. Sin embargo, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad en caso de que el quejoso obtenga una resolución favorable, sin haber originado afectación alguna en sus derechos o dejar huella en su esfera jurídica. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó como condiciones para promover juicio de amparo indirecto contra actos procesales de imposible reparación, las siguientes: a) Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", entendiéndose como tales aquellos supuestos en que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y b) Que esos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Expuesto lo anterior, de la lectura integra de la demanda y del escrito aclaratorio registrado con el folio 13086/2018, este órgano advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente Por otra parte, el aseguramiento impugnado deriva de una orden de verificación sanitaria que seguida de un dictamen concluirá con la determinación en que se dé destino a los productos asegurados, en términos del artículo 414 de la Ley General de Salud; lo que evidencia que dichos actos administrativos siguen la forma de un juicio, ya que inclusive el quejoso tendrá oportunidad de, una vez emitido el dictamen, hacer valer su garantía de audiencia, pues se le concederá el términos de treinta días para dar cumplimiento a las omisiones advertidas o realizar las manifestación que correspondan. Lo anterior, toda vez que Director Ejecutivo de Supervisión y Vigilancia Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ordenó la verificación sanitaria de los productos que se encontraban en el local comercial del aquí quejoso, y como en el caso acontece, derivado de ésta, se procedió al aseguramiento de diversos productos ante las anomalías detectadas por los verificadores, procediendo a recabar las muestras correspondientes. De ahí que, no constituye la resolución definitiva que resuelve éste, pues se trata de un acto de carácter procedimental. Cuestión que evidencia que la impugnación de la actuación en comento no se ubica en el primer supuesto de procedencia. Respecto de la segunda regla de procedencia, se considera que el acto de que se trata solo incide en aspectos procesales que no producen una afectación a los derechos fundamentales del quejoso consagrados en la Constitución Federal ni en los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano es parte. En efecto, el aseguramiento impugnado tiene como finalidad recabar las muestras necesarias de productos y llevar a cabo su análisis; empero, lo cierto es que esa circunstancia no causa daño o perjuicio directo a los derechos sustantivos del gobernado, a menos que la autoridad sanitaria competente determine cuál será su destino, lo que acontecerá, como ya se precisó, previo dictamen de laboratorio acreditado y después de desahogada la vista por el término de treinta días a la aquí quejosa para que manifieste lo que a su derecho corresponda, en términos de lo previsto por el artículo 411 de la Ley General de Salud. Lo anterior, da lugar a que el trámite administrativo continúe hasta que, en su caso, se emita la resolución definitiva, que podrá resultar favorable a sus intereses; supuesto en que la posible violación que reclama en esta vía quedaría reparada, sin que algún perjuicio le cause el acto que tilda de inconstitucional. Por lo expuesto, respecto del acto que se analiza se considera que la instancia constitucional resulta notoria, manifiesta e indudablemente improcedente por actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b), interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo por cuanto hace a los actos en estudio y las autoridades a las que se atribuyen.
- Principal
Se tiene por recibido el escrito de cuenta, signado aparentemente por el quejoso, por medio del cual pretende dar cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintinueve de octubre del año en curso. Previa revisión del escrito aclaratorio, se precisa que la firma que lo calza, difiere notablemente de la que se estampó al calce de la última foja del ocurso inicial de demanda, así como de la diversa que obra en el ocurso registrado con el folio 13086/2018, por el que pretendió dar cumplimiento al referido auto preventivo. Requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, comparezca a este órgano jurisdiccional, debidamente identificado con documento oficial con fotografía vigente y manifieste bajo protesta de decir verdad, si reconoce como suya la firma que contiene el escrito que se recibe en esta fecha; para lo cual, en su caso deberá acreditar con documentos fehacientes que las firmas que se advierten de la demanda y los escritos aclaratorios las ocupa de forma indistinta en diversos actos en que interviene; apercibido que de no hacerlo en el plazo concedido, se tendrá por no presentado el ocurso que se provee. Asimismo, hágase del conocimiento al promovente, que en caso de que la firma estampada en los escritos de referencia, las que imprima en la diligencia de comparecencia, así como en los documentos que presente en este órgano federal, fueran notoriamente distintas, este Juzgado Federal podrá ordenar de manera oficiosa el desahogo de la prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar la autenticidad de las firmas que la promoción de cuenta.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio remitido vía electrónica, suscrito por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 531/2018 (2245/2018), enviado para notificar el auto de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho a la parte quejosa; lo que aconteció el nueve de noviembre del año que transcurre. Dese de baja la comunicación.
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