Juan Ramón Carrillo Gódinez
Expediente 380/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 380/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 16/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Juan Ramón Carrillo Gódinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, el licenciado Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: El término de quince días que prevé el artículo 202 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintitrés de octubre al quince de noviembre de dos mil diecisiete, sin contar el veintiocho y veintinueve de octubre, así como del uno al cinco y once y doce de noviembre, sin que se haya interpuesto recurso de inconformidad en contra de la resolución que tuvo por cumplida la sentencia de amparo; Se realizó una búsqueda en el libro de promociones recibidas por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta Ciudad, así como en la Oficialía de Partes de este Juzgado, ya sea física o electrónicamente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin que se haya localizado alguna por medio de la cual se interponga el recurso correspondiente. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; En el presente juicio de amparo la parte quejosa no solicitó la suspensión definitiva de los actos; en consecuencia, no se tramitó incidente alguno al respecto y, por ende, no existe certificado de depósito alguno. Doy fe. En la misma fecha el secretario da cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 202, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución por la que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso, secretario que autoriza y da fe. Megm
- Principal
CERTIFICACIÓN. El dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, el secretario licenciado Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso que el término a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo, transcurrió para el quejoso del once al diecisiete de octubre de la presente anualidad, sin contar el catorce y quince, por haber sido sábados y domingos, así como el doce por ser inhábil conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo, y el trece por haberse declarado inhábil mediante circular del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. CUENTA. En la misma fecha, el secretario da cuenta al juez con la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, concretamente con las constancias remitidas por la autoridad responsable a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se analizará si dicha resolución se encuentra cumplida. En sentencia de cinco de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 160 a 189), que causó ejecutoria el veintinueve del mismo mes y año, este juzgado concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado para los efectos de que: El artículo 102, fracción II, inciso b), de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que prevé el derecho por inscripción de documentos relacionados con bienes inmuebles, fuera desincorporado de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. En consecuencia, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas devolviera la contribución erogada por el amparista con fundamento en el precepto legal citado, en el recibo de pago F 6923821 de treinta de marzo de dos mil diecisiete, lo que debía incluir su respectiva actualización. En ese orden de ideas, del recibo de pago F 6923821 (foja 22) se desprende que el quejoso Juan Ramón Carrillo Godínez erogó por concepto de inscripciones de documentos relacionados con bienes inmuebles la cantidad de $13,443.00 (trece mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos con cero centavos, moneda nacional). En cumplimiento de lo anterior, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas exhibió copia certificada de la devolución por pago indebido 652/2017, referente al recibo fiscal F 6923821; documento que ampara la devolución de $13,678.25 (trece mil seiscientos setenta y ocho pesos con veinticinco centavos, moneda nacional), realizada el cuatro de octubre de dos mil diecisiete (fojas 218), asimismo, comunicó que se abstendría de aplicar al promovente del amparo, el precepto legal declarado inconstitucional en el fallo protector emitido en autos. Se advierte, entonces, que el quejoso erogó por concepto del derecho por inscripción de documentos relativos a bienes inmuebles la cantidad de $13,443.00 (trece mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos con cero centavos, moneda nacional); y que la autoridad devolvió al amparista la cantidad de $13,678.25 (trece mil seiscientos setenta y ocho pesos con veinticinco centavos, moneda nacional). Ahora bien, como se expuso, los efectos de la concesión de amparo conllevan que la contribución base de la demanda de amparo fuera devuelta, debidamente actualizada. Para tal efecto, en términos del artículo 8 del Código Fiscal para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. El pago por concepto de derecho por inscripción de documentos relativos a bienes inmuebles, erogado en el recibo fiscal materia del presente juicio de amparo, se reitera, se realizó el treinta de marzo de dos mil diecisiete (foja 22), por la cantidad total de $13,443.00 (trece mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos con cero centavos, moneda nacional). Por su parte, la devolución de la cantidad referida se realizó el cuatro de octubre del año en curso (foja 218). Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero de dos mil diecisiete entre el índice para el mes de septiembre de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores a los del periodo involucrado). Esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. No obstante, en el caso, se advierte que a la fecha de devolución de la cantidad pagada indebidamente (cuatro de octubre de la presente anualidad), no se encontraba publicado el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) correspondiente al mes de octubre de la presente anualidad, sino hasta el diez del mes y año en curso. De ahí que sea correcto estimar que el factor aplicable con respecto a la fecha de devolución del pago indebido sea el del mes de septiembre del año en curso. Así, el índice nacional de precios al consumidor para el mes de agosto fue de 127.513, y para el mes de febrero de 125.318. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de la contribución erogada: 1.0175. La división se esquematiza a continuación: INPC AGOSTO 2017 127.513 1.0175 INPC FEBRERO 2017 125.318 En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por los conceptos en comento, se obtiene que el monto de dicha contribución actualizada es de: NÚMERO DE RECIBO CANTIDAD EROGADA CANTIDAD ACTUALIZADA DIFERENCIA DE ACTUALIZACIÓN A FAVOR DE LOS QUEJOSOS F 6923821 $13,443.00 $13,678.25 $235.25 En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por el derecho en comento, se obtiene que el monto de dicha contribución actualizada es de $13,678.25 (trece mil seiscientos setenta y ocho pesos con veinticinco centavos, moneda nacional). Es decir, $235.25 (doscientos treinta y cinco pesos con veinticinco centavos, moneda nacional) de actualización en favor del quejoso. Lo que pone en evidencia la devolución del pago indebido con su respectiva actualización; y por tanto que se han acatado en su totalidad los efectos del fallo protector, al habérsele restituido lo pagado indebidamente. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firmó el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del licenciado Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso, Secretario que autoriza.- DOY FE. Megm
- Principal
CUENTA. El seis de octubre de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta al juez con el oficio registrado con el número 13346. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, seis de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el cual remite la copia certificada de la actuación realizada en cumplimiento a la ejecutoria de este juicio; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de tres días, manifieste lo que estime pertinente, bajo apercibimiento que, de oficio, este juzgado resolverá lo conducente. NOTIFÍQUESE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso, Secretario que autoriza y da fe. Megm
- Principal
El licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre CERTIFICA: Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para las autoridades responsables del siete al veintidós del mes y año en curso; y para el quejoso y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito del ocho al veinticinco de septiembre del presente año, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Asimismo se certifica lo siguiente: Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. Se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión; por lo que tampoco se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. Que existe no existen tomos de prueba por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta a la Juez con la certificación secretarial que antecede. Conste. El Secretario. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia pronunciada por este órgano jurisdiccional el cinco de septiembre del presente año, en la que por una parte sobreseyó, por otra negó y por último concedió al quejos el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en razón de lo anterior, con apoyo en lo previsto por los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa de artículo 2 de la ley de la metería, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. REQUERIMIENTO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase únicamente a las autoridades responsables Secretario de Finanzas, Jefe de la Oficina Recaudadora de Rentas, adscrita al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Zacatecas, todos con sede en esta ciudad y Tesorero Municipal de Guadalupe, Zacatecas, para que a más tardar dentro del plazo de tres días hábiles den cumplimiento de manera total al fallo protector en los siguientes términos: "a) El artículo 102, fracción II, inciso b, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, que prevé el derecho por inscripción de documentos relacionados con bienes inmuebles, sea desincorporado de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas devuelva las contribuciones erogadas por la amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el recibo F 6923821 de treinta de marzo de dos mil diecisiete, lo que debe incluir la actualización fiscal correspondiente." APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la ley de la materia, se apercibe a las autoridades responsables que en caso de que no dar cumplimiento en el término indicado se harán acreedoras de forma singular a una multa equivalente a CINCUENTA DÍAS de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este circuito para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Lo anterior, en términos del artículo 192, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna. Es aplicable al respecto la tesis siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto. En otro aspecto, se hace constar que al no haberse aperturado incidente de suspensión, no se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Ángeles
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