Juan Ramírez Soto
Expediente 463/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 463/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Juan Ramírez Soto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; tres de mayo de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de catorce de abril de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes el auto que desechó la demanda promovida por ***; háganse las anotaciones en el libro respectivo. ARCHIVO Y DESTINO DEL EXPEDIENTE. Por otro lado, visto el estado de autos, se advierte que en el presente expediente no existe actuación alguna que realizar, promoción pendiente por acordar o documento original por devolver, además de que el expediente electrónico coincide fiel e íntegramente con el expediente físico, por lo que con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo y 214, ambos de la Ley de Amparo, con esta fecha se archiva el presente asunto como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen.I
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; catorce de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente...I
- Principal
...Previo citatorio dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa ****, y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista la resolución y/o proveído de catorce de abril de dos mil veintitrés, a través del cual se determina: Pachuca de Soto, Hidalgo; catorce de abril de dos mil veintitrés. LA PARTE QUEJOSA CUMPLE REQUERIMIENTO. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso *****, mediante el cual da cumplimiento al acuerdo de prevención de veintiocho de marzo de este año. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Cabe hacer mención que la razón del numeral citado en segundo término radica en evitar que los juzgadores de amparo continúen con un juicio que nova a rendir frutos cuando se actualicen causales cuyas características puedan advertirse desde la presentación de la demanda y no requieran de mayor prueba para su demostración. Así, al examinar la demanda y el escrito mediante el cual el amparista desahogó la prevención formulada por auto de veintiocho de marzo pasado, se estima actualizada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción en la fracción XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) A su vez, los artículos 17 y 18 del mismo ordenamiento, establecen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De los preceptos antes transcritos, se desprenden los lineamientos básicos en cuanto a la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo, siendo la regla genérica el término de quince días hábiles, los cuales deben comenzar a computarse a partir de tres momentos, a saber: a) Desde el día siguiente a aquel en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución reclamada. b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución. c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del acto o su ejecución. En el entendido de que, de no promoverse el juicio de amparo en dicho término, se reputará consentido el acto de que se trate. Sin embargo, existen diversas hipótesis de excepción, las cuales se encuentran contenidas en las cuatro fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues en esos casos el término será de treinta días, ocho años o siete años, incluso en cualquier tiempo. De manera que, cuando el acto reclamado consista en una norma general autoaplicativa o en un proceso de extradición, la parte quejosa cuenta con treinta días para acudir a la tutela constitucional. En cambio, en materia penal, las únicas excepciones al plazo de quince días, se actualizan cuando se trate de una sentencia definitiva condenatoria, en cuyo caso el amparo podrá promoverse dentro del plazo de ocho años; y, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional, supuestos en los que el amparo podrá promoverse en cualquier tiempo. Por último, en los supuestos específicos de la materia agraria, el plazo será de siete años. En ese contexto, atendiendo al sentido de la norma legal invocada, es claro que las oportunidades legales para la incoación del juicio de amparo son las establecidas de manera específica por el legislador federal, por lo que en atención al principio lógico supremo de tercero excluido, si algún acto de autoridad no se encuentra específicamente previsto en cualquiera de las porciones normativas que integran el artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para acudir a la tutela constitucional siempre será el genérico de quince días. En ese sentido, el artículo 17 de la Ley de Amparo establece que el plazo genérico para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, lapso que en el presente caso debe observarse, ya que en la especie no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción previstas en las fracciones de tal numeral. En el caso, como lo precisó el quejoso en el escruto aclaratorio de cuenta, el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: La resolución emitida el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, por medio de la cual el juez responsable efectuó la calificación de la detención en la causa penal 8/2023, en la cual, ratificó de legal la detención y retención del quejoso. Por tanto, si el acto reclamado fue dictado dentro del procedimiento penal ordinario, en el caso, no se actualiza alguna causa de excepción; por lo que debe ceñirse a la regla genérica de promoción del juicio de amparo, es decir, al plazo de quince días. En ese tenor, atendiendo a la naturaleza de la resolución reclamada, la cual fue emitida en audiencia en presencia del imputado, se desprende que el quejoso fue notificado del acto reclamado el mismo dieciséis de enero de dos mil veintitrés; entonces, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley de Amparo, el término para la promoción de la demanda de amparo debe iniciar desde el día siguiente a aquel en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del auto reclamado. Luego, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 82, establece: Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; b) Por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante legal; c) En las instalaciones del Órgano jurisdiccional, o d) En el domicilio que éste establezca para tal efecto. Las realizadas en domicilio se harán de conformidad con las reglas siguientes: 1) El notificador deberá cerciorarse de que se trata del domicilio señalado. Acto seguido, se requerirá la presencia del interesado o su representante legal. Una vez que cualquiera de ellos se haya identificado, le entregará copia del auto o la resolución que deba notificarse y recabará su firma, asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. Asimismo, se deberán asentar en el acta de notificación, los datos de identificación del servidor público que la practique; 2) De no encontrarse el interesado o su representante legal en la primera notificación, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio, y 3) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique; II. Lista, Estrado o Boletín Judicial según corresponda, y III. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, en cuyo caso se publicará por una sola ocasión en el medio de publicación oficial de la Federación o de las Entidades federativas y en un periódico de circulación nacional, los cuales deberán contener un resumen de la resolución que deba notificarse. Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación. En el caso, se tiene que el quejoso fue notificado de la resolución que pretende reclamar en la presente instancia constitucional en la misma data en que se celebró la audiencia respectiva, es decir, el propio dieciséis de enero de dos mil veintitrés; entonces, dicha notificación surtió efectos al día hábil siguiente (diecisiete de enero de dos mil veintitrés); por lo que, el término para la presentación de la demanda de amparo inició al día hábil siguiente, es decir, el dieciocho del mismo mes y año. Entonces, el término para la promoción del juicio de amparo, transcurrió del dieciocho de enero al ocho de febrero de dos mil veintitrés. Por lo que, si la demanda de amparo fue presentada hasta el veinticuatro de marzo del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, es evidente que se promovió fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. Lo anterior, conduce a afirmar que el acto reclamado fue consentido tácitamente; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Es aplicable por su relación la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 235 del Tomo XI, correspondiente al mes de Junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita. En consecuencia, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo; de ahí que procede desechar de plano la demanda promovida por ***. Es importante señalar que la causa de improcedencia invocada es manifiesta porque, como se expuso, se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Además, es indudable porque se tiene la certeza y plena convicción de que efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal modo, aun y cuando se admitiera la demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. I
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. VISTA CON EL CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual el Juez Penal de Control del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo Hidalgo, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, remite copia auténtica del acta mínima de la audiencia de sobreseimiento de veintinueve de marzo del año en curso, emitida en la causa penal *** y del disco versátil digital que contiene la audiencia en mención. En términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con tales constancias, dese vista a las partes por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento dado al fallo protector. Bajo el apercibimiento de que, de no realizar alguna manifestación sobre el particular, este juzgado resolverá lo concerniente con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable...M-VIII
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