Juan Ramirez Rodriguez

Expediente 714/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
714/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
26/09/2019

Partes del expediente

  • Juan Ramirez Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. La certificación de cuenta patentiza que, dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no se inconformó contra el proveído de veintisiete de agosto pasado, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia; en tal virtud, se tiene por consentida dicha determinación para los efectos legales procedentes; en el libro de gobierno háganse las anotaciones respectivas. Por otro lado, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; por tanto, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues en el presente asunto se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    SE LISTA AVISO DE LA QUEJOSA Toluca, Estado de México; veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta evidencia que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de nueve de agosto de dos mil diecinueve; en consecuencia, este Juzgado Federal procede a realizar el estudio de las constancias que integran el presente juicio para verificar el cumplimiento dado al fallo protector. En tal virtud, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal examina si el fallo protector está o no cumplido. Al caso, es aplicable la jurisprudencia publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo contenido es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de establecer el correcto o incorrecto cumplimiento otorgado a la sentencia de amparo, es necesario precisar lo siguiente: El presente juicio de amparo se promovió por Juan Ramírez Rodríguez, contra actos de la Legislatura del Estado de México y otras autoridades, de quienes reclamó: La discusión, aprobación, refrendo, expedición, promulgación, publicación y primer acto de aplicación del decreto por el cual se creó el artículo 95, fracción I, inciso C, rango 6, de las tarifas del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en el ejercicio fiscal 2019 (pago de derechos por servicios prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, derivado de la inscripción de la sentencia ejecutoria emitida dentro del Juicio Ordinario Civil 201/2017, sobre usucapión, radicado en el Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec Estado de México). Luego, mediante sentencia dictada por este juzgado, el quince de julio de dos mil diecinueve, se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Ramírez Rodríguez, por las razones y para los efectos precisados en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del considerando último.". Los efectos sobre los cuales se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal consistieron en: "a) En lo sucesivo, no se aplique a la parte quejosa el artículo 95 fracción I, inciso C, rango 6, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. b) Dicha protección constitucional se hace extensiva al cobro y liquidación del derecho combatido que le fue efectuado al quejoso, por ende, se deberá devolver, actualizada de forma debida, la cantidad que resulte de la diferencia entre las cantidades de $19,718.00 (diecinueve mil setecientos dieciocho pesos moneda nacional), correspondiente al volante de trámite exhibido y la cuota mínima establecida en la porción normativa aplicada. c) En la inteligencia de que el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar en su totalidad al gobernado del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral, pues, ello implicaría un despropósito; sino que la protección constitucional tiende a desincorporar de la esfera de la parte quejosa la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deba pagar por el servicio, lo que, en todo caso, deberá hacer con base en la menor tarifa que establece la ley, por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata.". Expuesto lo anterior, mediante oficio presentado el siete de agosto del año en curso, la Directora Técnico Jurídica y de Igualdad de Género, así como representante legal de la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, comunicó la forma en que dio cumplimiento a la sentencia de amparo, remitiendo para tal efecto copia certificada de un cheque que ampara la cantidad de $19,283.36 (diecinueve mil doscientos ochenta y tres pesos 36/100), suscrito a nombre de Juan Ramírez Rodríguez; además, manifestó que no se aplicará el numeral 95, fracción I, inciso c), rango 6 de la tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. Por tanto, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia Común, página 122, cuyo contenido es: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta evidencia que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de nueve de agosto de dos mil diecinueve; en consecuencia, este Juzgado Federal procede a realizar el estudio de las constancias que integran el presente juicio para verificar el cumplimiento dado al fallo protector. En tal virtud, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal examina si el fallo protector está o no cumplido. Al caso, es aplicable la jurisprudencia publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo contenido es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de establecer el correcto o incorrecto cumplimiento otorgado a la sentencia de amparo, es necesario precisar lo siguiente: El presente juicio de amparo se promovió por Juan Ramírez Rodríguez, contra actos de la Legislatura del Estado de México y otras autoridades, de quienes reclamó: La discusión, aprobación, refrendo, expedición, promulgación, publicación y primer acto de aplicación del decreto por el cual se creó el artículo 95, fracción I, inciso C, rango 6, de las tarifas del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en el ejercicio fiscal 2019 (pago de derechos por servicios prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, derivado de la inscripción de la sentencia ejecutoria emitida dentro del Juicio Ordinario Civil 201/2017, sobre usucapión, radicado en el Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec Estado de México). Luego, mediante sentencia dictada por este juzgado, el quince de julio de dos mil diecinueve, se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Ramírez Rodríguez, por las razones y para los efectos precisados en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del considerando último.". Los efectos sobre los cuales se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal consistieron en: "a) En lo sucesivo, no se aplique a la parte quejosa el artículo 95 fracción I, inciso C, rango 6, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. b) Dicha protección constitucional se hace extensiva al cobro y liquidación del derecho combatido que le fue efectuado al quejoso, por ende, se deberá devolver, actualizada de forma debida, la cantidad que resulte de la diferencia entre las cantidades de $19,718.00 (diecinueve mil setecientos dieciocho pesos moneda nacional), correspondiente al volante de trámite exhibido y la cuota mínima establecida en la porción normativa aplicada. c) En la inteligencia de que el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar en su totalidad al gobernado del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral, pues, ello implicaría un despropósito; sino que la protección constitucional tiende a desincorporar de la esfera de la parte quejosa la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deba pagar por el servicio, lo que, en todo caso, deberá hacer con base en la menor tarifa que establece la ley, por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata.". Expuesto lo anterior, mediante oficio presentado el siete de agosto del año en curso, la Directora Técnico Jurídica y de Igualdad de Género, así como representante legal de la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, comunicó la forma en que dio cumplimiento a la sentencia de amparo, remitiendo para tal efecto copia certificada de un cheque que ampara la cantidad de $19,283.36 (diecinueve mil doscientos ochenta y tres pesos 36/100), suscrito a nombre de Juan Ramírez Rodríguez; además, manifestó que no se aplicará el numeral 95, fracción I, inciso c), rango 6 de la tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. Por tanto, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia Común, página 122, cuyo contenido es: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; trece de agosto de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito firmado por José Gabriel Estrada García, autorizado en términos amplios del quejoso Juan Ramírez Rodríguez, por medio del cual solicita le sean devueltos los documentos y constancias que exhibió en el juicio. Atento a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 280 del Código citado, devuélvanse al promovente los anexos exhibidos en el presente asunto, previa toma de razón y copia de los mismos que para constancia se deje en el expediente. Notifíquese.

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