Juan Ramírez Bernal

Expediente 389/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
389/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
17/03/2017

Partes del expediente

  • Juan Ramírez Bernal

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos los autos y la certificación secretarial, se desprende que transcurrió el plazo de cinco días, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que ese auto ha quedado firme. En consecuencia, archívese el presente juicio como definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. El presente expediente es susceptible de ser destruido y no es de relevancia documental; asimismo, este expediente deberá conservarse en el archivo de este Juzgado por el término de tres años a partir de esta fecha. Notifíquese.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa, el auto de dos de marzo de dos mil diecisiete, en el que: "Téngase por recibida la demanda de amparo promovida contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 389/2017-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En términos de lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede analizar en su integridad la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. De la lectura de los antecedentes y conceptos de violación expresados en la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama a la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, el siguiente acto: El acuerdo dictado el siete de febrero del año en curso, en el juicio laboral 1311/2017, en lo relativo a la fecha programada para la celebración de la audiencia bifásica, la cual se fijó para el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. Respecto del acto reclamado descrito con antelación, este Juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 77, este último en sentido contrario, dada la imposibilidad jurídica de restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos ante una eventual concesión de amparo, por circunstancias de tiempo que subyacen al trámite y resolución del propio juicio biinstancial. En ese contexto, el efecto jurídico de una sentencia de amparo es restituir a la propia agraviada en el pleno goce de derecho humano violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, si el acto reclamado es de carácter positivo, u obligando a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir por su parte lo que el mismo exija, si aquél es negativo o implique una omisión. Lo anterior se corrobora al tener presente que el efecto de la sentencia en que se otorgue el amparo y protección de la justicia federal, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, lo que permite afirmar que el juicio de amparo persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho humano violado. De ese modo, para el caso en que se advierta que existe imposibilidad jurídica para producir los efectos restitutorios de la sentencia protectora, el juicio de amparo será improcedente. En el caso, el acto reclamado consiste en el acuerdo dictado el siete de febrero del año en curso, en el juicio laboral 1311/2016, en lo relativo a la fecha programada para la celebración de la audiencia bifásica, la cual se fijó para el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, pues aduce la parte quejosa que esa data se encuentra fuera de los plazos establecidos en la ley. Al respecto, el suscrito advierte que aun cuando es evidente que la fecha señalada para la audiencia de ley, es ilegal, porque no se fijó dentro de los quince días siguientes, como lo dispone el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo, lo cierto es que los efectos de una sentencia protectora no podrían concretarse, en razón de que para la fecha en la cual la autoridad responsable estaría obligada a dar cumplimiento a la sentencia de amparo estaría muy cercana, la data señalada para la continuación de la audiencia bifasica. Ello es así, pues en el supuesto de que la demanda de amparo se admitiera, conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo, este Juzgado deberá fijar fecha para la celebración de la audiencia constitucional dentro de los treinta días hábiles siguientes, es decir, para el catorce de abril de dos mil diecisiete, aproximadamente, siempre y cuando no sea declarado inhábil ningún día de abril con motivo de la semana santa. Luego, para el hipotético supuesto de que durante el trámite del juicio no acaeciera algún motivo legal que pudiera generar el diferimiento de la audiencia constitucional, se emitiría la sentencia correspondiente ese mismo día catorce de abril de dos mil diecisiete, la cual se notificaría por medio de lista que se publicara en este Juzgado el diecisiete de abril del mismo año; notificación que surtiría sus efectos, el dieciocho de abril próximo. En las relatadas circunstancias, dicho fallo podría hacerse exigible hasta que transcurriera el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes interpongan recurso de revisión, por lo cual, el plazo para su impugnación transcurriría del diecinueve de abril al tres de mayo de la actual anualidad, sin contar los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de abril, así como uno de mayo, por ser inhábiles, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Así las cosas, una vez que transcurriera dicho lapso, el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, se procedería a emitir el acuerdo para requerir el cumplimiento a la autoridad responsable. De ese modo, si el auto en el cual se requeriría a la autoridad su cumplimiento, se le notificaría mediante oficio entregado al día hábil siguiente, esto es, el ocho de mayo de dos mil diecisiete y se le otorgaría un plazo de tres días para tal efecto, el cual fenecería el once de mayo del año multicitado, por lo cual resultaría contrario a la finalidad perseguida por la parte quejosa, obligar a la responsable a dejar insubsistente el acuerdo reclamado para que emitiera otro en el cual señalara una data más cercana para la celebración de la audiencia bifásica, si en el auto que se impugna se programó el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, para su celebración. Por ende, en caso de proceder así, incluso se ocasionaría con la sentencia protectora una dilación mayor en el trámite del juicio natural, pues para que la audiencia de mérito pudiera llevarse a cabo, sería necesario que se notificara a las partes con diez días de anticipación la nueva fecha que se fijara para tal efecto, lo cual no podría llevarse a cabo antes del veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, de ahí que la admisión de la demanda atentaría contra los postulados restitutorios del juicio de amparo. En este sentido, al quedar en evidencia que no sería posible concretar los efectos de una sentencia protectora, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista , en relación con el 77, de la Ley de Amparo, este último a contario sensu. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su demanda de amparo. Ahora, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala, por así haberlo solicitado expresamente y tratarse de la parte trabajadora. Desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto, con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Se hace del conocimiento de las partes que, a fin de respetar el derecho a la intimidad, en la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información que por normativa se clasifique como reservada, confidencial o datos personales. Notifíquese personalmente a la parte promovente."

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