Juan Rafael Ramírez Zamora

Expediente 566/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
566/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
09/08/2021

Partes del expediente

  • Juan Rafael Ramírez Zamora
  • Jueza Cuadragésimo Noveno Penal de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a nueve de agosto de dos mil veintiuno. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los numerales 98 de la legislación reglamentaria, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en vigor a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, toda vez que se desechó la demanda y en autos no constan documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el numeral 21, inciso d), del acuerdo general en cita, se establece que el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años que ahí se estipula. Notifíquese.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente al promovente del juicio.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo se notifica al promovente, el proveído de veintiuno de julio de dos mil veintiuno: Ciudad de México, a veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por ****, quien se ostenta como defensor y apoderado legal del quejoso **** contra acto(s) que reclama de la "Jueza Cuadragésimo Noveno Penal de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México", fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el orden ****. I. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio se analizará la procedencia de la acción constitucional, toda vez que se trata de una cuestión de orden público, cuyo estudio es oficioso y preferente. Dicho precepto, indica: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Al respecto, es conveniente precisar que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior:.- a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;.- b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;.- c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.- Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo (.)". De dicha transcripción, se observa que tal causal de improcedencia se actualiza cuando se colman los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado provenga de alguno de los tribunales referidos en el precepto transcrito. b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente; y c) Que por virtud de ese medio, la determinación judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Por su parte, el artículo 412 del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad, establece: "Artículo 412. El recurso de revocación procede siempre que no se conceda por este Código el de apelación. Sin embargo, ningún juez o tribunal podrá revocar la sentencia que dicte". Significa entonces, que si en el juicio de amparo se controvierten resoluciones contra las que no proceda el recurso de apelación; y no se agota el principio de definitividad a través de la interposición del recurso de revocación, el juicio resulta improcedente. II. En el caso, el promovente del juicio señala como acto reclamado el siguiente: "La negativa a entregar los billetes de depósito números **** expedido a favor del sentenciado por el Banco Nacional de Ahorro y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de $ **** y el diverso **** expedido a favor del sentenciado por la misma institución crediticia por la cantidad de ****, así como el "**** por la cantidad de ****" En el entendido que dicha negativa se encuentra inmersa en el acuerdo de dieciocho de junio del año en curso; el cual fue atribuido a la "Jueza Cuadragésimo Noveno Penal de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México". Luego, del contenido del escrito de demanda, se obtiene que en contra de dicha determinación no promovió recurso alguno. III. Conforme a lo expuesto, se advierte que en el particular no se cumplió con el principio de definitividad que rige en materia de amparo, pues la resolución reclamada fue emitida por una autoridad judicial; asimismo, el artículo 412, por exclusión de los casos previstos en el numeral 418, ambos del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad, prevé la procedencia del recurso de revocación contra las resoluciones respecto de las cuales no se concede la apelación, como es el acuerdo controvertido; medio de impugnación que el promovente del amparo no hizo valer, aunado a que dicho recurso, como su denominación establece, es eficaz para revocar la decisión contra la cual se instó la acción constitucional. Bajo este panorama, es inconcuso que el promovente, previamente a instar el juicio de amparo, debió interponer contra el acuerdo reclamado el recurso de revocación, pero, como no agotó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, con ello se actualizó la causal de improcedencia de que se trata. Consecuentemente, este juzgador estima que en el caso se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior se afirma, tomando en consideración que el acto reclamado por el promovente del amparo no actualiza alguno de los casos de excepción a que se refiere la disposición legal aludida. Por tanto, lo procedente es desechar de plano la demanda de cuenta. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, y por autorizadas únicamente para dicho fin a las personas que refiere, pues no se proporcionaron los datos con los que se acredite que se encuentran legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse; en el entendido que de no ser posible su diligenciación por causas atribuibles a la parte respectiva, se llevarán a cabo por medio de lista, de conformidad con el artículo 27 de la ley señalada. Finamente, se instruye al personal judicial que le corresponda, supervise la debida integración entre el expediente físico y electrónico. Notifíquese personalmente al promovente del juicio

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