Juan Rafael Puga Aguilar

Expediente 1201/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1201/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
21/07/2021

Partes del expediente

  • Juan Rafael Puga Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de fecha siete de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; lo anterior por cuanto dicho término de cinco días transcurrió del catorce al veinte de julio de dos mil veintiuno. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que en el presente asunto se desechó de plano la demanda que dio origen al presente expediente, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha en que se ordena su archivo, se deberá destruir el expediente. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA DE OCNFOMRIDAD CON LOS ARITUCLOS 27 Y 29 D ELA LEYD E AMPARO Mérida, Yucatán, siete de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida vía electrónica por Juan Rafael Puga Aguilar a favor de Juanita de la Cruz Aguilar Poot, en contra de los actos que reclama al Director y Médico Cirujano (Roger Serafín Pérez Castillo), ambos del Hospital Centro Médico de las Américas (CMA) y con sede en esta ciudad, que hizo consistir esencialmente en: La negativa de entregar el expediente clínico de la directa quejosa y sus consecuencias, como la falta de atención y tratamiento médico postoperatorio adecuado y la realización de una segunda cirugía; todo lo que dice, pone en peligro su vida. FORMACIÓN EXPEDIENTE Y REGISTRO Con fundamento en lo dispuesto por los numerales 15 y 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y anótese su ingreso bajo el número estadístico 1201/2021-II-A, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Sin que obste lo anterior que del análisis de la demanda de amparo que nos ocupa, se desprenda que la misma no fue firmada electrónicamente, mediante el uso de la FIREL, por el promovente Juan Rafael Puga Aguilar; en virtud de que la demanda fue presentada en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de la Ley de Amparo, que precisamente actualiza el supuesto previsto en los artículos 3, último párrafo, y 109 del citado ordenamiento legal, para su tramitación sin necesidad de la firma electrónica. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, las deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En el caso se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, ya que los actos reclamados, no constituyen actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Los preceptos legales antes relacionados, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación de los preceptos legales antes mencionados se advierte que el juicio de amparo procede contra leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales. Sin embargo, cabe precisar que no cualquier acto que provenga de autoridad es susceptible de ser reclamado en dicho medio de defensa extraordinario, sino sólo aquel acto positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley), que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto en estricto sentido), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. Siendo estos últimos elementos los que determinan que el juicio de amparo sea procedente en contra de los actos que se atribuyen a las autoridades, por lo que se estima conveniente hacer las siguientes precisiones: El acto de autoridad es unilateral porque para su existencia y eficacia no requiere del concurso o colaboración del particular frente al cual se ejercita. Es imperativo, porque supedita la voluntad de dicho particular, frente a éste, y es coercitivo porque puede constreñir, forzar al gobernado para acatar lo ordenado. Expuesto lo anterior, se considera pertinente establecer las diferencias que existen cuando se presentan las relaciones jurídicas entre la autoridad y los gobernados, esto es, en el ámbito de supra subordinación y de coordinación, determinando lo siguiente. Las relaciones de supra subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado. Este tipo de relaciones se caracterizan, por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir de igualdad, por lo que para dirimir sus controversias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. En el caso concreto, la parte quejosa reclama la negativa de entregar el expediente clínico de la directa quejosa y sus consecuencias, como la falta de atención y tratamiento médico postoperatorio adecuado y la realización inexplicable de una segunda cirugía, por parte del Director y Médico Cirujano (Roger Serafín Pérez Castillo), ambos del Hospital Centro Médico de las Américas (CMA) y con sede en esta ciudad. Establecido lo anterior, como se dijo, los actos reclamados, no reúnen los elementos necesarios para ser considerados para efectos del juicio de amparo, como actos de autoridad. Lo anterior, en virtud de que las aludidas personas físicas, actúan como un particular, cuyo vínculo con la directa quejosa es una prestación de servicios médicos. De ahí que se estime que los actos combatidos en esta instancia constitucional no revistan las características de unilateralidad, coercibilidad y de imperio propias de un acto de autoridad. Por otra parte, si bien es cierto que la Ley de Amparo, en su artículo 5º, señala la posibilidad de que particulares tengan el carácter de autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo cuando realicen actos equivalentes a los de las autoridades, también lo es que no todos los actos de los particulares son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo, sino sólo aquellos que sean equiparables a los actos de autoridad; los que según se ha dicho, exigen de requisitos indispensables que dependen básicamente del tipo de relación en la que se generen, que debe ser una relación de supra a subordinación en los términos analizados. En tal virtud, la redacción del actual precepto que prevé y define quiénes son las partes en el juicio de amparo, no abrió la posibilidad de hacer procedente el juicio contra cualquier acto de particular y, por ende, no se traduce en que en base a dicha iniciación de vigencia, el amparo sea procedente contra actos como los que aquí se ventilan atribuidos al Director y Médico Cirujano (Roger Serafín Pérez Castillo), ambos del Hospital Centro Médico de las Américas (CMA) y con sede en esta ciudad. En esas condiciones, la procedencia del juicio de amparo a la luz de la legislación de la materia, en el tema que aquí interesa, no se define por la naturaleza de la persona u órgano señalado como responsable, sino por la naturaleza y características del acto reclamado que se considere lesivo de derechos fundamentales y que derive del ejercicio de funciones determinadas por una norma. Pues si bien, se trata de profesionales que brindan servicios de salud, que con relación a sus contratantes maneja información de carácter reservada, existen los mecanismos administrativos correspondientes por medio de los cuales puede obtener dicha información. Por ello, no existe motivo para considerar que ahora los actos de los particulares que se impugnan conllevan el ejercicio de una potestad administrativa, que otorguen el carácter de autoridades con atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular. Sirve de apoyo lo anterior, la tesis aislada XXX.3o.13 K (10a.) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, visible en el Libro 74, Enero de 2020, Tomo III, página 2481, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, con número de registro 2021448, al tenor siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL MÉDICO PRIVADO A QUIEN SE LE IMPUTA LA OMISIÓN DE ENTREGAR A UN PACIENTE SU EXPEDIENTE CLÍNICO DE FORMA DETALLADA Y COMPLETA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 408/2017, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 65/2018 (10a.), de título y subtítulo: "UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", interpretó los requisitos que el legislador estableció en el artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo para que un particular pueda ser considerado como autoridad responsable, lo cual realizó en abstracto, por lo que los parámetros ahí establecidos resultan aplicables, siempre que se trate de particulares, entre los que destaca el relativo a "que sus funciones estén determinadas en una norma general que les confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad". En ese sentido, la omisión de entregar de forma detallada y completa su expediente clínico a un paciente, que se atribuye a un médico privado, no corresponde a funciones que le estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, pues la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de octubre de 2012, ni la Ley General de Salud le confirieron esa obligación. Por tanto, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo." Igualmente, sustenta lo anterior la jurisprudencia número II.1o.20 K (10a.) , de los Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en la página 2782, del Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV , Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO ADVIERTA, SIN LUGAR A DUDAS, QUE SE SEÑALÓ COMO RESPONSABLE A UNA AUTORIDAD QUE NO TIENE ESE CARÁCTER. En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito pueden desechar de plano una demanda cuando encuentren un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; entendiéndose por "manifiesto", lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara, y por "indudable", cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho. Por tanto, si del escrito de demanda y sus anexos se aprecia, sin lugar a dudas, que la autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter, procede su desechamiento de plano, independientemente de los elementos que, eventualmente, pudieran aportar las partes en el procedimiento, ya que no desvirtuarían dicha improcedencia, por lo cual, resultaría estéril la tramitación del juicio.". En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113 de la invocada ley, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." SUSPENSIÓN DE PLANO En atención a lo anterior, toda vez que quedó establecido que los actos reclamados no pueden tenerse como actos de autoridad, consecuentemente no procede conceder la suspensión de oficio y de plano al no cumplirse un requisito indispensable, como lo es, que los actos reclamados deriven de actos de autoridad. Por lo que de estimar que los actos de dichos profesionales de la medicina, le estén causando un perjuicio a la paciente, quedan a salvo sus derechos para que los haga valer en las vías civil o penal que estime corresponda; sin que sea factible atender su reclamo a través de la vía constitucional, al sólo operar ésta contra actos de autoridades y no de particulares. DOMICILIO Y ACCESO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Téngase por el momento como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que se señala en el escrito de demanda y, con fundamento en el artículo 3 de la misma Ley de Amparo y en los numerales 35, 36, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, como se solicita, por el momento y hasta en tanto se ratifique la autorización del promovente Juan Rafael Puga Aguilar, se otorga autorización al usuario "miguel76_1", para que tengan acceso a la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo, así como para presentar promociones por esta misma vía. En consecuencia, proceda la Secretaria a efectuar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). COMUNICACIONES NO PROCESALES Asimismo, por el momento y hasta en tanto se ratifique la autorización del promovente, en términos de lo dispuesto en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen por proporcionados el correo electrónico y número telefónico que indica la parte promovente en su escrito de demanda, a efecto de establecer comunicaciones no procesales, de resultar necesario, por esas vías. REQUERIR RATIFIQUE AUTORIZACIONES Requiérase a la directa quejosa para que señale si desea nombrar como su autorizado en términos del artículo 12 de la ley de Amparo, al promovente Juan Rafael Puga Aguilar, quien compareció en su representación; con el apercibimiento que de no ratificar dicho nombramiento, no se le podrá continuar dando participación en el presente juicio. Asimismo, requiérase para que ratifique el acceso al expediente electrónico del presente juicio a través del usuario "miguel76_1", así como para que ratifique el correo electrónico y número telefónico proporcionados para establecer comunicaciones no procesales; con el apercibimiento que de no ratificar lo anterior, se revocará la autorización correspondiente y se dejaran de tener por proporcionados los aludidos medios electrónicos. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL JUICIO EN LÍNEA Además, en atención a lo indicado en el considerando Noveno, artículos 28, 29 y 31 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021; se exhorta a las partes, si no lo han hecho, a que continúen, o en su momento transiten a la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Solicitando para tal efecto, el acceso al expediente electrónico y autorizando se reciban las notificaciones vía electrónica; debiendo obtener para tal efecto su firma electrónica en términos de lo que establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; estando a su disposición el aplicativo de firma electrónica en los enlaces señalados en el Transitorio Décimo Primero, del referido Acuerdo General 21/2020, reformado en cuanto a su vigencia por los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021. Así como deberán proporcionar un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico con la finalidad de establecer contacto, de resultar necesario por esas vías, en términos de lo dispuesto en el numeral 5, fracción I, del multicitado Acuerdo General 21/2020, reformado en cuanto a su vigencia por los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021, para establecer comunicaciones no procesales. Lo anterior a fin de estar en la posibilidad de continuar en todo momento con el juicio de amparo, pues de no ser así podría llegarse al supuesto de excepción de no poder continuar con el trámite del mismo hasta su conclusión, pues de presentarse alguno de los supuestos establecidos en el artículo 19 del citado Acuerdo General 21/2020, reformado en cuanto a su vigencia por los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021, eventualmente, podría suspenderse el trámite del presente juicio de amparo. TRANSPARENCIA En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese personalmente a la parte promovente y regístrese.

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