Juan Pioquinto Ventura Mendoza y Otros.
Expediente 1183/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1183/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 23/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Juan Pioquinto Ventura Mendoza y Otros.
- Juan Pioquinto Ventura Mendoza
- Ausencio Heriberto Gallardo Ávila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado por la Subdirectora de la Unidad de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Oficina de Representación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de la materia, dese vista a la parte quejosa corriéndole traslado con copia autorizada del oficio de cuenta y su anexo, para que en el término de tres días de ser su intención manifieste lo que a su interés legal convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo así, este Juzgado, se pronunciará respecto si se encuentra o no cumplida dicha ejecutoria.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, once de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y autoridad responsable, interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva, sin que así lo hubieran hecho; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso ********************ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que corresponda, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E"; y notifíquese a la autoridad responsable a través de oficio que al efecto se gire, al cual deberá anexarse copia autorizada de la sentencia, para su conocimiento y efectos legales conducentes, dado que el presente asunto se resolvió el día de la audiencia y se notificó por lista en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. En mérito a lo anterior, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Delegado en Guerrero de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, se sirva informar a este Juzgado de Distrito, sobre el cumplimiento que haya dado a la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional. En la inteligencia de que el efecto para el que se concedió el amparo y protección de la justicia federal es el siguiente: "1. De inmediato emita respuesta de manera congruente a la solicitud presentada el cuatro de abril de dos mil veintidós; asimismo, 2. Notifique de manera personal su contenido, en el domicilio señalado para tal efecto." Por lo que, deberá remitir las constancias que así lo acrediten, apercibido que, de no hacerlo, se hará acreedor por conducto de la persona física que desempeñe el cargo de Titular de la Delegación responsable, a una multa de cien unidades de medida y actualización, con arreglo en el artículo 237, fracción I, relacionado con el 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Es de precisarse, que el término otorgado a la responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida, lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto, del ordenamiento legal invocado. Por otra parte, en términos del artículo 192, párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, requiérase al Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, para que en el término de tres días, contados a partir del día siguiente de aquél en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, acredite a este órgano jurisdiccional que ordenó a dicha responsable, para que cumpla con la ejecutoria de amparo emitida por este Juzgado Federal, en los términos precisados en la misma, apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia, aunado a que incurre en las mismas responsabilidades de la autoridad obligada al cumplimiento de la sentencia de amparo, en ese entendido, remítasele copia autorizada de la sentencia de amparo dictada en el presente asunto, para que esté en aptitud de cumplir con el requerimiento aquí formulado. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo, así como con el punto segundo del Acuerdo General Número 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al ejercer la competencia delegada para conocer de los incidentes de Inejecución de Sentencia no se realizará un requerimiento subsecuente; puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo razonable estipulado, lo procedente es remitir el expediente al órgano colegiado correspondiente, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 1183/2022, promovido por **** como representante del Comité Particular Ejecutivo del Poblado de Marquelia, contra actos de la delegada en Guerrero de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, residente en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el ocho de agosto de dos mil veintidós, en el buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y turnado a este Juzgado Séptimo el nueve siguiente, Juan Pioquinto Ventura Mendoza, como representante del Comité Particular Ejecutivo del Poblado de Marquelia, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra la autoridad y acto que a continuación se transcriben: AUTORIDAD RESPONSABLE: Delegada en Guerrero de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, residente en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "Falta de respuesta al escrito presentado el día cuatro de Abril de 2022, ante la autoridad responsable, mismo que con fundamento en el artículo 8ºIbdem, le solicitamos tuviera a bien otorgar una audiencia con la finalidad de buscar alternativas de solución de un conflicto agrario, suscitado en el ejido de Marquelia y el Comité Particular Ejecutivo del poblado de Marquelia, por el cumplimiento defectuoso". La parte quejosa citó como derechos fundamentales violados los contenidos en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de once de agosto de dos mil veintidós, se recibió el escrito de demanda misma que quedó registrada en la estadística de este juzgado federal con el número 1183/2022, y se previno a la parte quejosa para que aclarar el nombre de uno de los solicitantes del amparo; así, una vez transcurrido el plazo, el treinta y uno de agosto del año en curso, se tuvo no presentada la demanda intentada, únicamente respecto a Ausencio Heriberto y/o Eriberto de apellidos Gallardo Ávila, y se admitió a trámite por lo que hace a Juan Pioquinto Ventura Mendoza, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional, la intervención que legalmente le compete y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince, porque el acto reclamado le es atribuido a una autoridad que reside dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es éste, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Es preciso destacar que la identificación de los actos reclamados, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la parte quejosa, analizando los anexos y la información allegada en esa etapa inicial. De ahí que, del análisis de la demanda de amparo, se advierte de manera categórica que la parte quejosa se duele de: La omisión del Delegada en Guerrero de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, residente en esta ciudad, en dar respuesta al escrito que presentó la parte quejosa ante esa dirección el cuatro de abril de dos mil veintidós. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, y que ha quedado identificado en el considerando segundo de este fallo, ello, no obstante que al rendir su informe justificado la Delegada en Guerrero de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, residente en esta ciudad, a través de su Subdirector de dicha unidad, lo hubiera negado, haciendo manifestaciones posteriores que dejan ver su existencia. Apoya lo anterior la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de 1994, página 391, Octava Época, con registro 211004, de rubro y textos siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. Certeza que se corrobora con las copias certificadas que remitió con su informe justificado la autoridad responsable en mención, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por tratarse de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su cargo. Sustenta a lo anterior la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal de Justicia en el país, que aparece publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del rubro y contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Análisis causas de improcedencia. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este Juzgado analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causa que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Así las cosas, y toda vez que las partes procesales no hicieron valer causa alguna de improcedencia que deba ser analizada por este órgano jurisdiccional, ni esta potestad de oficio la advierta, se procede al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado. Se procede al análisis del fondo del asunto, ello, con base en los motivos de disenso propuestos por la parte quejosa, mismos que no se transcriben en obvio de innecesarias repeticiones, pues no hay precepto legal que establezca la obligación de llevar a cabo tal trascripción y tampoco se dejaría en estado de indefensión a alguna de las partes en el presente juicio constitucional. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis identificada con la nomenclatura 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Resulta fundado el concepto de violación que expresa el impetrante del amparo, por las consideraciones que en seguida se exponen: La parte quejosa argumenta, sustancialmente, que la autoridad responsable viola lo dispuesto en el artículo 8° Constitucional, al no emitir respuesta a la solicitud presentada el cuatro de abril de dos mil veintidós. Ahora, es preciso destacar que se procederá a analizar el motivo de disenso sintetizado, partiendo de lo contenido en el artículo 8º Constitucional, precepto que se estima trasgredido, y el cual señala: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Como se ve el artículo constitucional transcrito prevé el denominado "derecho de petición", el cual acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, implica que cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad tiene derecho a recibir una contestación. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: a). La petición: debe formularse por escrito, de manera pacífica y respetuosa, ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además, el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. b). La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo congruente con lo solicitado y en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y proveerla. c). La notificación: implica que debe hacer saber al solicitante la providencia recaída a su solicitud, en forma personal, en el domicilio que señaló para tales efectos. Lo expuesto encuentra apoyo en la jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página: 2167, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Novena Época, cuyo contenido es el siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS." Así, de las constancias que integran este sumario constitucional se tiene que la parte quejosa demostró haber realizado una petición a la autoridad responsable tal y como se aprecia del acuse que exhibió adjunto a su escrito de demanda, ocurso que cuenta con un sello de recibo fechado en cuatro de abril de dos mil veintidós, y la leyenda "hora 14:45 hrs", así como una firma o rubrica asentada de puño y letra, así como el folio en tinta azul 000151; documento que a criterio de este Juzgado, adquiere valor probatorio en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que es suficiente para acreditar la pretensión de la parte quejosa, además de que no fue objetada por alguna de las partes procesales en el presente juicio, y es acorde a los hechos que con ella se pretende probar. En el caso, queda patente que la autoridad responsable viola en perjuicio de la parte quejosa el derecho de petición contenido en el precepto 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el derecho subjetivo público que consagra permite a todo gobernado ocurrir ante cualquier funcionarios o empleados público a formular una solicitud o instancia escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o de cualquier índole, como aconteció en el caso que se analiza, ya que así lo demostró la parte inconforme, al exhibir con su demanda de amparo copia de solicitud o petición que fue presentada ante la autoridad responsable el cuatro de abril de dos mil veintidós. Es decir, el impetrante del amparo, al hacer uso del derecho de petición, creó la relación jurídica consignada en el artículo 8º Constitucional, pues al haber ingresado solicitud por escrito, genera la obligación constitucional a la responsable aludida de emitir el acuerdo respectivo que sea congruente con dicha solicitud y que dicha determinación se haga del conocimiento en breve término al peticionario, en el domicilio que para tal efecto haya señalado, lo cual hasta la fecha, en autos no se encuentra demostrado que haya acontecido. Lo anterior, es así, no obstante que al tratarse de una cuestión administrativa la autoridad responsable al rendir el informe justificado expuso que: ". derivado de que esta Oficina de Representación a dado la debida atención al planteamiento por parte del ahora quejoso referente al conflicto que existe dentro del Ejido Marquelia, tan es así que en fecha 01 de junio de 2022, se sostuvo una reunión en la que se expusieron los planteamiento por Ciudadanos que dijeron ser del Poblado de Marquelia, Guerrero, en la que se le indico que de conformidad a lo establecido en los Lineamiento de Operación del Programa COSOMER, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2021, está totalmente excluido por tratarse de un tema de carácter interno, por lo que se está considerando ser tratado en la Mesa Agraria Estatal para buscar alternativa de solución al conflicto. De igual manera es preciso señalar que en fecha 11 de julio de 2022, que esta Oficina de Representación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el Estado de Guerrero, en conjunto con la Subsecretaria de Asuntos Agrarios del Gobierno del Estado sostuvieron una reunión con el C. Adolfo García Montes, Presidente del Comisariado Ejidal de Marquelia, Guerrero; reunión en la que se acordó que el Presidente del Comisariado convocaría a una asamblea con los beneficiarios de la segunda ampliación del Ejido de Marquelia, Guerrero, a fin de dialogar y concretar una alternativa de solución al asunto; acción de la que propuso hacerle del conocimiento a la Subsecretaria de Asuntos Agrarios, y a esta Secretaria; al presente anexo en copia simple Minuta de trabajo, de la que se comprueba que se le dio la atención al Ejido a través del Comisariado Ejidal. Se anexa a la presente copia certificada de minutas de trabajo." Es decir, pese a que la autoridad responsable informó que ha sostenido reuniones para atender el planteamiento al conflicto que existe dentro del Ejido de Marquelia, no se aprecia que hubiera emitido la respuesta por escrito y notificado a la parte que le dirigió el escrito petitorio de cuatro de abril de dos mil veintidós, con las formalidades debidas, ocurso en el que el aquí quejoso solita le otorgue una audiencia con la finalidad de buscar alternativas al conflicto suscitado con el Ejido de Marquelia, Guerrero. Por tanto, si la petición fue presentada a través del escrito recibido por la autoridad responsable el cuatro de abril de dos mil veintidós, se estima que el breve término a que se refiere la máxima constitucional ha transcurrido en exceso, ya que de esa fecha a la que se emite esta resolución ha transcurrido poco más de seis meses, sin que la autoridad responsable haya acreditado en esta instancia constitucional haber emitido una respuesta a la parte quejosa de manera escrita y congruente con lo solicitado, siendo evidente lo fundado del argumento de inconstitucionalidad esgrimidos por el solicitante de amparo, al quedar plenamente acreditada la violación al derecho constitucional de respuesta. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Común, Página 126, de la literalidad que sigue: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." Expuesto lo anterior, al resultar fundado el motivo de disenso, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la justicia federal a Juan Pioquinto Ventura Mendoza. SEXTO. Efectos del amparo. Efectos de la sentencia de amparo. Con fundamento en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, debe precisarse que en virtud de lo relatado en el considerando que antecede y al haber resultado procedente otorgar la protección federal solicitada, se concede para que una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la autoridad Delegada en Guerrero de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, residente en esta ciudad, realice lo siguiente: De inmediato emita respuesta de manera congruente a la solicitud presentada el cuatro de abril de dos mil veintidós; asimismo, Notifique de manera personal su contenido en el domicilio señalado para tal efecto. Debiendo exhibir a este juzgado, copia certificada de las constancias con las que acredite dicho cumplimiento. SEPTIMO. Orden de publicación. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, en la publicación a que se refieren los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. La anterior circunstancia se hizo del conocimiento de las partes mediante auto de once de agosto de dos mil veintidós, mismo que fue notificado personalmente a través de su autorizado el diecisiete siguiente, como se constata de actuaciones. Por tanto, se tiene a la parte quejosa implícitamente conforme con que se incluya su nombre y datos personales en la publicación de la sentencia. Por lo expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, 74, 75, 77 y 217, de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. La justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a *** contra el acto que ha quedado identificado en el considerando segundo de esta sentencia, y que reclamó del delegada en Guerrero de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, residente en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia, y para los efectos precisados en el sexto considerando de este fallo. SEGUNDO. Se tiene a la parte quejosa de mérito implícitamente conforme con que se incluya su nombre y datos personales en la publicación de la presente determinación, en términos del último considerando. Notifíquese a todas las partes, por lista en los estrados de este órgano jurisdiccional en términos del artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo, por tratarse de una sentencia dictada en audiencia constitucional, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y anótese en el libro de registro.Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado Anastacio Ochoa Pacheco, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, y la secretaria Yuvidalia Pineda Torres, que autoriza y da fe, quien queda facultada para firmar los oficios correspondientes, asimismo, certifica que esta determinación se autorizó a distancia vía Sistema FIREL del personal actuante. Doy fe.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso ***** hubiera recurrido el proveído de treinta y uno de agosto del presente año, en que se tuvo no presentada la demanda por lo que respecta a dicho quejoso; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2º de la ley de la materia, se declara que dicho auto que tuvo no presentada la demanda de amparo intentada únicamente por el quejoso ***** ha causado estado. Háganse las anotaciones que corresponden en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E". Por otra parte, visto el escrito de cuenta firmado por Rodrigo Jiménez Rendón, en su carácter de autorizado del quejoso ***** atento a su contenido, se le tiene desahogada la vista dada en auto de once de octubre del presente año, respecto del informe justificado rendido por la autoridad responsable Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano en el Estado de Guerrero, por conducto de la Subdirectora de la Unidad de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, con residencia en esta ciudad; asimismo, hechos los alegatos, mismos que serán relacionadas al celebrarse la audiencia constitucional, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista.
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