Juan Pérez Ortiz
Expediente 108/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 14 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 108/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 02/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Juan Pérez Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
julio del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa con la constancia allegada por el Director Jurídico de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, con residencia en esta ciudad, consistentes en el oficio y anexo, en cumplimiento a la sentencia de amparo emitida, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés conviniera, apercibido que de no hacerlo, este órgano de control constitucional, resolvería de oficio si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. En relación a lo cual, en proveído de diecinueve de julio del presente año, se acordó el escrito de el autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual realiza diversas manifestaciones respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y se procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. La protección constitucional se otorgó a fin de que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal para que la autoridad responsable deje sin efectos el oficio reclamado, prescinda de las consideraciones que en dicho oficio se plasmaron y, con libertad de jurisdicción, determine si es procedente la solicitud del pago retroactivo de pensión solicitada por el quejoso. Las garantías del artículo 8o. constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide; impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo, también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Se viola la garantía que consagra el artículo 8o. constitucional cuando no se comunica por escrito algún acuerdo recaído a la solicitud; y la sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que se dio respuesta a la solicitud formulada por el gobernado, no es bastante para tenerla por cierta, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido la autoridad que se le formuló la solicitud por escrito, corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la resolución respectiva y de que se hizo del conocimiento del peticionario. Por último, el artículo 8o. constitucional se refiere, no sólo al derecho que los gobernados tienen para que se les haga conocer la resolución definitiva que pone fin a su petición, sino también a los trámites que se vayan cumpliendo en los casos en que la ley requiera la sustanciación de un procedimiento, imponiendo a las autoridades la obligación de hacer saber en breve término a los interesados todos y cada uno de los trámites relativos a sus peticiones. Inconforme con ello, la parte quejosa, por conducto de su autorizado, recurrió en revisión dicha determinación, de lo cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, bajo el amparo en revisión 285/2021, en el que por ejecutoria de dos de junio de dos mil veintidós, confirmó la sentencia recurrida. Con la finalidad de cumplir lo anterior, la autoridad responsable, mediante oficio 1460 de ocho de julio de dos mil veintiuno, dejó sin efectos el oficio número 4460, de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, a través del cual se le otorgó respuesta a su escrito de petición presentado el tres de noviembre de dos mil veinte. Asimismo, informó que para determinar la procedencia del pago del aumento de su pensión, debería agotar el procedimiento ante el Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y que resulta improcedente el aumento de pensión de manera retroactiva, lo anterior, en virtud de encontrarse prescrito, en razón de que no ejerció su acción en el término de un año previsto por el artículo 107 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. En tales condiciones, del análisis comparativo realizado, entre los efectos para los que se concedió la protección constitucional y el acto llevado a cabo por la autoridad responsable para cumplimentar la sentencia concesoria, los cuales han quedado precisados, se colige que la ejecutoria se cumplió. Por tanto, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. No es impedimento para determinar lo anterior que la parte quejosa al desahogar la vista otorgada hubiera manifestado que el oficio con el que se da cumplimiento se haya dictado sin que la sentencia de amparo hubiera causado ejecutoria; lo anterior, toda vez que, si bien es cierto, en el referido oficio se acataron los efectos de la sentencia y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, confirmó la sentencia recurrida. Asimismo, manifestó que la responsable no acató los lineamientos de la sentencia, ya que está obligando a la parte quejosa, a que realice un procedimiento, el cual en la propia sentencia se determinó que no era necesario hacerlo por parte del quejoso; sin embargo, en los lineamientos de la sentencia dictada, se precisó que de ser necesario agotar algún procedimiento, ello, deberá ser informado al quejoso, en términos de la tesis emitida por la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 237232. Ahora, de lo anterior se advierte, que la parte quejosa quedó debidamente notificada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, del oficio 1460 de ocho de julio de dos mil veintiuno, en el que se le informó que para determinar la procedencia del pago del aumento de su pensión, debería agotar el procedimiento ante el Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ARCHIVO Por otra parte, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE ESTE EXPEDIENTE, como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, y en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se procede a determinar su destino legal. Lo anterior, en el artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración, los expedientes de juicios de amparo, en los que se haya concedido la protección constitucional. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y, no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de depuración el presente expediente.
- Principal
Agréguese a los presentes autos, el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual realiza diversas manifestaciones respecto a los actos de cumplimiento de la sentencia de amparo por parte de la autoridad responsable, las cuales serán tomadas en cuenta al momento de resolver si la sentencia concesoria de amparo dictada en el presente juicio se encuentra o no cumplida, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que no le reviste el carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable Fiscal General del Estado de Sinaloa, sin que sea necesario requerir a la citada autoridad, en razón que en proveído de uno de los corrientes, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Director General Jurídico de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y al efecto anexa constancia para corroborar lo anterior. Por tanto, con ello, dese vista a la parte quejosa, por el término de TRES DÍAS, computados a partir de la legal notificación de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho legal convenga; APERCIBIDA de que, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado resolverá de oficio si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo.
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