Juan Pérez Moreno
Expediente 233/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 233/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Juan Pérez Moreno
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98, para interponer el recurso de queja al que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, contra el auto de veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. - ARCHIVO - Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. - DESTINO DEL EXPEDIENTE - Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina: El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en el inciso d), del artículo 21, en razón de que el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo. Se señala como fecha susceptible para tal efecto el veinticinco de marzo de dos mil veinticuatro, toda vez que, cumplido el plazo de conservación, debe ser destruido después de tres años de haberse dictado el presente auto. Una vez cumplido el término antes indicado, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el presente expediente e inclúyase en el acta de baja documental correspondiente que deberá ser enviada a la Dirección General de Archivo y Documentación. - INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS ORIGINALES - Conforme deriva de la certificación de cuenta, en el expediente no obran documentos originales recuperables por las partes. -INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN RESERVADA - De conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del Acuerdo General en consulta, en el presente asunto no existen documentos del expediente que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información. Notifíquese por lista a las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, reformado en cuanto a su vigencia por el diverso Acuerdo General 1/2021......233/2021-I.
- Principal
Se notifica por lista de acuerdos a José Eduardo Orenday Gutiérrez, en nombre y representación de Juan Pérez Moreno, en términos del proveído de veintisiete de febrero de dos mil veintiuno que dice: Vista la demanda de amparo promovida vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por José Eduardo Orenday Gutiérrez con el texto . en nombre y representación del C. Juan Pérez Moreno., contra actos del Fiscal General del Estado; fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo anótese su ingreso en el libro de registro de juicios de amparo con el número 233/2021-I. DESECHAMIENTO De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará, ante todo, la demanda de amparo; y si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del citado precepto se advierte la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a él se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero, aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, y por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y plena convicción; y, en ese tenor, si bien existen diversas causas que motivan la improcedencia del juicio de amparo, éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria, pues no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Así, se insiste, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes un juicio que, desde su promoción, se aprecia inútil, con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar la demanda siempre que se materialice, de manera manifiesta e indudable, alguna de las causales previstas en el artículo 61 de la propia Ley de Amparo, que enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza y/o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio constitucional, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Actuación procesal que, por cierto, no está limitada a determinadas causales, sino que está prevista como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego, cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que, independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente, sea factible su desechamiento, es decir, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá pues, finalmente, no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Ahora bien, en el presente caso se advierte que la demanda de cuenta fue presentada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, como deriva de la certificación de cuenta, está incompleta, pues no se aprecian los actos reclamados ni la firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), del promovente. Luego, este juzgador estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 3 y 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos que prevén: "61.- El juicio de amparo es improcedente": "XXIII.- ... (.) Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. (.)". "Artículo 6º. .... "Artículo 107......" De una interpretación armónica de los artículos antes transcritos, se arriba al conocimiento que las demandas de amparo pueden promoverse vía electrónica, para lo cual resulta necesario que dichas promociones se presenten mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), la cual tendrá los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. Es necesario puntualizar -previamente- que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. Por lo que, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de una persona diversa al quejoso, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. No obstante, el propio pleno de la Corte, acotó que dicho criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 1091 de la Ley de Amparo, conforme al Artículo 109. Cuando se promueva el amparo en los términos del artículo 15 de esta Ley, bastará para que se dé trámite a la demanda, que se exprese: I. El acto reclamado; II. La autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible; cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 152 de la ley referida. El criterio invocado deriva de la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), registro digital 2019715, con rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO." En el particular, como se precisó en la consideración previa, en la demanda de amparo no se precisa el acto reclamado, es decir, que se trate de alguno de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Federal; y si bien en el escrito se invoca el artículo 15, la sola cita es insuficiente para dar trámite a la demanda, pues de su lectura tampoco se aprecia algún acto de incomunicación ni detención efectuada, por el contrario aparecen expresiones tales como ". siendo en su caso que se me detenga o se me prive de mi libertad antes las autoridades administrativas o judiciales de la Entidad.. De ahí que no se esté en el supuesto de excepción para tramitar la demanda sin firma electrónica certificada. En consecuencia, si la demanda de amparo carece de firma de la parte quejosa, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano, con apoyo en la jurisprudencia previamente invocada. En las relatadas consideraciones, al actualizarse de manera notable, indudable y manifiesta, la causal de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo.
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