Juan Perez Hernandez

Expediente 238/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 35 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
238/2022
Año
2022
Actuaciones
35
Última actuación
13/01/2023

Partes del expediente

  • Juan Perez Hernandez
  • Juez Lic. Omar Luna Herrera, del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de Baja California. Tijuana, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, trece de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal, por haberse decretado el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo, es susceptible de destrucción, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda de "no relevancia documental" y "destruible", que determina su destino, en términos del artículo 35 del mencionado acuerdo. Respecto al original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso c), del mismo acuerdo. Por lo que corresponde al duplicado del citado incidente, se establece que éste es susceptible de destrucción, de conformidad con lo dispuesto en el numeral vigésimo, fracción II, inciso a), del acuerdo antes referido. Glósese copia del presente acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente la licenciada Martha Blake Valenzuela, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistida del licenciado Gerardo Castillo Riedel, Secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    a las nueve horas del uno de diciembre de dos mil veintidós, se hace constar que en virtud de que la parte quejosa no comparecio en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados del edificio del poder judicial de la federacion en esta ciudad, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, al quejoso, el acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, dictados en los autos del juicio de amparo 238/2022 del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del acuerdo de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice: Agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento efectuado en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, remite copia certificada del auto de diecisiete de noviembre pasado, dictado dentro de la causa penal 484/2020 de su índice, en el que se determinó declarar firme la sentencia dictada en contra de al aquí quejoso Juan Pérez Hernández, por el delito de feminicidio. Sobreseimiento fuera de audiencia. En ese contexto, es pertinente hacer notar que los actos reclamados en el presente asunto son: La subsistencia de la mediad cautelar de prisión preventiva oficiosa, dictada por el Juez de Control en audiencia de dieciséis de marzo de dos mil veintidós. La aplicación del acuerdo general 2/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública Covid-19, que derivó en el computo inadecuado de la temporalidad de la prisión preventiva oficiosa. Conforme a lo expuesto, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos de los actos reclamados por sustitución procesal. En ese sentido al actualizarse la invocada causal de improcedencia, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio en términos del artículo 61, fracción XXI, en relación con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que a dichas autoridades y actos se refiere. Por lo anterior, queda sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (doce horas con diez minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veintidós); comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el Libro de Juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento efectuado en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, remite copia certificada del auto de diecisiete de noviembre pasado, dictado dentro de la causa penal 484/2020 de su índice, en el que se determinó declarar firme la sentencia dictada en contra de al aquí quejoso Juan Pérez Hernández, por el delito de feminicidio. Sobreseimiento fuera de audiencia. En ese contexto, es pertinente hacer notar que los actos reclamados en el presente asunto son: La subsistencia de la mediad cautelar de prisión preventiva oficiosa, dictada por el Juez de Control en audiencia de dieciséis de marzo de dos mil veintidós. La aplicación del acuerdo general 2/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública Covid-19, que derivó en el computo inadecuado de la temporalidad de la prisión preventiva oficiosa. Conforme a lo expuesto, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos de los actos reclamados por sustitución procesal. En este sentido, a fin de explicar cómo opera la causa de improcedencia anunciada, es oportuno mencionar que se han realizado exhaustivos estudios por los órganos jurisdiccionales para establecer cómo se considera actualizada, tales como el del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 20/95, entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Noveno Circuito (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, octubre de 1996, páginas 31 a 71), cuyos argumentos retomó casi en su integridad la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 3387/97 (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38), que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En estas resoluciones se partió del análisis gramatical de la causal de improcedencia referida, precisándose que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" connota lo que sigue en virtud de una cosa, o el fin para el que se hace una cosa. En este orden de ideas, es oportuno hacer notar que, la propia Sala ha definido el criterio en el sentido de que no es necesario que el acto reclamado sea dejado sin efectos por la autoridad responsable para que opere la improcedencia del juicio que se viene analizando, sino que basta con que sea sustituida por otra resolución que derogue la que se impugna, al momento en que se emita la sentencia en el juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 1492, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." En esta tesitura, es evidente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza por dos hipótesis, a saber: a) por revocación y b) por sustitución -como en el caso acontece-. Así, el primer supuesto se presenta cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos. El segundo opera por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del primer acto reclamado, porque la situación jurídica a que estaba sujeto el quejoso respecto a dicho acto reclamado, ya no está regida por éste, sino por una nueva determinación. Motivo por el que esa nueva determinación sustituye procesalmente la resolución recurrida, y por ende, para efectos del juicio respecto de este último, el amparo resulta improcedente, de ahí que será la nueva determinación, la que podría ser materia del juicio constitucional. En el caso concreto, se dice que se actualiza dicha causal de improcedencia porque la resolución emitida en audiencia de revisión, sustitución o modificación de medida cautelar de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, que reiteró la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, ha quedado sustituida procesalmente por la sentencia ejecutoriada emitida en la causa penal 484/2020, en la cual se resolvió: ".Primero. Quedó acreditado el delito de feminicidio cometido en perjuicio de Marbella Valdez Villareal, así como la culpabilidad de Juan Pérez Hernández en su comisión. Segundo. Por los motivos expuestos, se condena a Juan Pérez Hernández a sufrir una pena de cuarenta y dos años, seis meses, de prisión. Con base a lo anterior, la pena de prisión debe computarse a partir del veintiuno de febrero de dos mil veinte, fecha desde la cual el justiciable se encuentra privado de su libertad personal con motivo de estos hechos, por lo que la prisión preventiva se computa a partir de aquella fecha y, se descuenta de la prisión impuesta como pena. Misma que deberá cumplirla en el centro de reinserción social del Estado, con sede en Tijuana Baja California, donde se encuentran recluido actualmente y, será bajo la vigilancia del Juez de Ejecución de Sentencias. Tercero. En los términos de la consideración respectiva, se condena al sentenciado al pago de la reparación del daño, dejando a salvo los derechos de la parte ofendida para hacerlos valer por la vía legal correspondiente. Cuarto. Se niega al sentenciado los beneficios de la substitución de la pena de prisión y, de suspensión condicional de la ejecución de la pena, por las razones ya expuestas en la correspondiente consideración de esta resolución. Quinto. Se suspenden los derechos civiles y políticos del sentenciado, por las razones y fundamentos que se expusieron en la consideración respectiva de esta resolución. Sexto. Se ordena la amonestación pública del sentenciado, haciéndole ver las consecuencias del delito que cometió, exhortándolo a la enmienda y conminándolo a abstenerse de cometer otro delito. Séptimo. Una vez firme esta sentencia, deberá ponerse a disposición del Juez de Ejecución de Penas al sentenciado, a efecto de que proceda a la exacta vigilancia del cumplimiento de esta resolución, además de enviársele copia certificada de la misma, así como a las direcciones de ejecución de penas y, del reclusorio mencionado, para los efectos legales y administrativos correspondientes. (.) Como se advierte de la transcripción anterior, la causa penal instruida en contra del ahora quejoso, se ha resuelto en definitiva, por lo que se le condenó a sufrir una pena de cuarenta y dos años, seis meses, de prisión. Y se determinó, entre otros tópicos, que la pena de prisión impuesta debe computarse a partir del veintiuno de febrero de dos mil veinte, fecha desde la cual el justiciable se encuentra privado de su libertad personal con motivo de esos hechos, por lo que la prisión preventiva se computa a partir de aquella fecha y, se debe descontar de la prisión impuesta como pena. Por ello, se estima que esa nueva determinación sustituyó procesalmente la resolución recurrida, y como consecuencia, el presente juicio de amparo resulta improcedente, pues es, en su caso, la nueva determinación, es la que podría ser materia de un juicio constitucional. Máxime que el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "Artículo 165. Aplicación de la prisión preventiva Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva será ordenada conforme a los términos y las condiciones de este Código. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares." Luego, si de las constancias que obran en autos se advierte que al quejoso se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por su probable participación en el delito de feminicidio; la cual fue reiterada en audiencia de revisión, sustitución o modificación de medida cautelar de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, y con posterioridad en audiencia de once de octubre de dos mil veintidós, se emitió fallo condenatorio en su contra, el cual quedó firme mediante proveído de diecisiete de noviembre pasado, es evidente que a imposición de la medida cautelar, fue sustituida procesalmente por la condena privativa de libertad impuesta en su contra. En ese sentido al actualizarse la invocada causal de improcedencia, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio en términos del artículo 61, fracción XXI, en relación con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que a dichas autoridades y actos se refiere. Por lo anterior, queda sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (doce horas con diez minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veintidós); comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el Libro de Juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta se advierte que la audiencia constitucional está señalada para el día de hoy; asimismo, que mediante proveído de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós se requirió a la autoridad responsable Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, para que para que, una vez que hubiera causado ejecutoria la sentencia dictada en contra del aquí quejoso Juan Pérez Hernández, lo hiciera del conocimiento de este Juzgado y remitirá copia certificada del acuerdo relativo; lo anterior, toda vez que pudiera actualizarse una causa de improcedencia en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha hubiese informado lo conducente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, informe lo precisado en el párrafo que antecede o bien si por el contrario se interpuso algún recurso en contra de la sentencia dictada dentro de la causa penal ********************, de su índice, instruida en contra del aquí quejoso, por el delito de feminicidio. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento, o no informar el impedimento que se tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. A fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las doce horas con diez minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. Notifíquese; y personalmente al quejoso por conducto de su autorizado.

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