Juan Perez Gavia
Expediente 926/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 926/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Perez Gavia
Actuaciones
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa el proveído de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho que en resumen dice: "Visto el estado de autos, se desprende que la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído en que se desechó la demanda de amparo, por tanto, se declara que ha causado estado. Archívese el expediente como asunto concluido. Se estima que es susceptible de destrucción".
- Principal
Visto el estado de autos, se desprende que la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído en que se desechó la demanda de amparo, por tanto, se declara que ha causado estado. Archívese el expediente como asunto concluido. Se estima que es susceptible de destrucción.
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa el proveído de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho que en resumen dice: "Agréguese el escrito signado por el quejoso a través del cual desahoga la prevención formulada mediante acuerdo de doce de noviembre del año en curso; en consecuencia, se provee: Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales 1, 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del numeral 107 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por ******, contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, y otra. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se considera actualizada la causa de improcedencia que prevén los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Del último precepto deriva que cuando se impugnan actos dentro de un juicio, es procedente el amparo indirecto siempre y cuando aquellos sean de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado la violación del derecho fundamental de que se trate; b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y, reparables, si el afectado obtiene una sentencia favorable. De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, sea cual sea, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo en contra de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Debe entenderse como derechos adjetivos aquellos que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal dentro del procedimiento; por lo que si la parte que se dice afectada con el acto intraprocesal obtiene sentencia favorable, aquellas eventuales violaciones procesales se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Precisado lo anterior, se acude a los antecedentes del caso, según la demanda: Sergio Martín Del Campo Cervantes en su carácter de apoderado de Ma. Del Rocío, Pedro, Marina, Sergio, José Luis, Rita y Adrián todos de apellidos Martín del Campo Rodríguez demandó diversas prestaciones en contra del quejoso; la demanda quedó registrada bajo el número de expediente 694/2017-C, del índice del Juzgado Décimo Primero Civil de Partido de esta ciudad. El quejoso dio contestación y opuso como excepción, la de falta de legitimación de la parte actora. Con motivo de lo anterior, la jueza de origen ordenó la apertura del incidente para resolver la excepción opuesta. Posteriormente, el veintiocho de agosto del año en curso, dictó resolución en la que declaró procedente el mencionado incidente. Inconforme, la parte actora interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, bajo el toca número 553/2018; mediante resolución de quince de octubre del año en curso, la Sala revocó la interlocutoria recurrida. La determinación destacada en el último inciso constituye el acto reclamado. En el caso se reclama la determinación que revocó la interlocutoria que declaró procedente el incidente de falta de legitimación de la parte actora, es decir, el acto que se impugna constituye un acto procesal, al tratarse de la excepción opuesta por el demandado, aquí quejoso, contra la legitimación inherente a quien representó a la actora en el juicio de origen; por tanto, dada su propia naturaleza intraprocesal e intermedia, no genera contra la esfera jurídica de derechos del peticionario una ejecución que sea de imposible reparación. Se dice lo anterior, porque la decisión reclamada no incide en derechos sustantivos del quejoso sino solo, y eventualmente, en sus posibilidades de defensa en juicio. Luego, será hasta en tanto se dicte sentencia cuando podrá advertirse con certidumbre la trascendencia o no de la determinación adoptada en cuanto a la excepción de falta de legitimación propuesta por el aquí quejoso, y será hasta entonces cuando, de conformidad con las reglas que rigen el juicio de amparo, podrá combatir tal cuestión; no debe perderse de vista que, de obtener resolución favorable, la eventual violación reclamada habría sido inocua. Del mencionado criterio se advierte que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo (contra la sentencia), que es donde esa violación puede producir una afectación. La causa de improcedencia en estudio no contraviene el principio pro homine, previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 1º de la Constitución Federal, ni el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio efectivo, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, porque estas disposiciones no implican que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquéllos que afecten los derechos sustantivos o fundamentales del quejoso, según la actual redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es decir, los preceptos mencionados en modo alguno autorizan a las personas a utilizar el juicio de amparo como medio para defender sus prerrogativas que no son sustantivas. Por tanto, al verificarse el motivo de improcedencia analizado, se impone desechar la demanda".
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa el proveído de doce de noviembre de dos mil dieciocho que en resumen dice: "A fin de estar en posibilidad de proveer sobre la admisión de la demanda se estima necesario requerir al quejoso a fin de que en el plazo de CINCO DÍAS contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, bajo protesta de decir verdad y consciente de las penalidades en que pueda incurrir en términos del artículo 261 de la Ley de Amparo, cumpla con lo siguiente: Precise el sentido de la resolución de quince de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el toca 553/2018 del índice de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato. En razón de que en su escrito de demanda solo manifiesta: "[.] el actor promovió el recurso de apelación, el cual conoció la Magistrada Propietaria que integra la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, bajo el toca número 553/2018, dictando el quince de octubre del año en curso, el acto que ahora reclamo". El requerimiento anterior se considera necesario a fin de centrar la materia del juicio; aunado a que el quejoso es parte dentro de la controversia de origen. Máxime que el señalamiento de los antecedentes del acto reclamado, es un requisito previsto en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo. Hágase saber al promovente de los delitos en que incurre LA PARTE QUEJOSA cuando afirma hechos falsos u omite aquellos que le constan en relación con el acto reclamado, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]" En el entendido que tal requerimiento deberá cumplirse en forma directa por la parte quejosa, pues su autorizado carece de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 37/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la modificación de la jurisprudencia 33/2010. Lo anterior tiene su razón de ser en que si el quejoso incurre en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones establecidas en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, lo cual es un mecanismo que sirve para que no se abuse del juicio constitucional, porque en caso de que este órgano jurisdiccional obtenga pruebas de que el propósito del quejoso es obtener una ventaja procesal indebida o en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, dará vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito, a fin de que investigue la probable comisión del delito indicado en el precepto citado. Apercíbase al quejoso que de no cumplir con lo acordado y de no acompañar las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, conforme con lo establecido en el artículo 114 de la ley de la materia".
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