Juan Pérez García

Expediente 1654/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1654/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito
  • Juan Pérez García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Estado desechamiento. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no recurrió el proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno electrónico y archívese el presente asunto como concluido. Valoración del expediente. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el expediente se valora como destruible, por lo tanto, deberá ser destruido una vez cumplido el plazo de conservación de tres años. 6

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Se recibe informe de estado de exhorto. Glósese a los autos, únicamente para que obre como corresponda, el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por medio del cual informa que devolvió el exhorto 463/2023 con número de orden 1254/2023, mediante oficio 19359/2023; lo anterior, porque en proveído de nueve del mes y año en curso, se tuvo por recibida la comunicación oficial de mérito. 6

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Se agrega exhorto sin diligenciar. Agréguese a los autos la promoción de cuenta proveniente del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 463/2023, orden 1254/2023, girado para notificar a la parte quejosa Juan Pérez García el auto de desechamiento de veintidós de septiembre del año en curso, en el domicilio proporcionado ubicado en c**** Dese de baja el comunicado de referencia en el libro de control y, realícese la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, la actuaria adscrita al juzgado exhortado, asentó su imposibilidad para realizar la diligencia encomendada, porque el domicilio proporcionado se encuentra incompleto, ya que carece del nombre de la torre en la cual se encuentra el despacho 603; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese al justiciable dicho proveído, por medio de lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado federal. 6 Pachuca de Soto, Hidalgo; veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve ********************, por propio derecho, contra actos de la Jueza Mixta de Primera Instancia del Distrito Judicial de Actopan, Hidalgo; atento a su contenido, fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, con el número 1654/2023-6-B. Estudio de la demanda. Ahora, el Juez tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preponderante de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por lo que resulta oportuno señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: «Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.» Dicha porción normativa, señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, entendiéndose por lo primero lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. Del análisis íntegro de la demanda de amparo promovida se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Acuerdo de once de septiembre de dos mil veintitrés emitido en el expediente ********************, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Actopan Hidalgo. Ahora, de las copias que el quejoso acompañó a su demanda y de los antecedentes del acto reclamado que manifestó bajo protesta de decir verdad, se advierte que el quejoso es parte demandada y que con esa calidad compareció al citado juicio en defensa de sus intereses. Precisado lo anterior, y tomando en cuenta que el solicitante de amparo acude a esta instancia combatiendo actos realizados en la etapa de ejecución del juicio ejecutivo mercantil oral ********************, este Juzgador considera que se actualiza de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, interpretado a contrario sensu, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución; (.)." Lo anterior es así, ya que, como se dijo, los actos que combate la parte quejosa se efectúan en la etapa de ejecución del juicio natural, pues se dictaron después de emitida la sentencia definitiva. Por tanto, es evidente que se trata de un acto que fue dictado en la etapa de ejecución, lo que origina la improcedencia del juicio de amparo que se intenta, toda vez que, cuando se trata de violaciones cometidas en este periodo procesal, sólo puede promoverse el juicio de amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendiéndose como tal, aquella que aprueba o reconoce expresa o tácitamente el cumplimiento total de lo sentenciado, o bien, la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento; por lo que pueden reclamarse en esa misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese periodo, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, incluidas las actuaciones intermedias que se pronuncien para tal efecto. En ese sentido, el acto reclamado versa sobre la llegada de los autos, fijó fecha y hora para que el perito en materia de documentos cuestionados compareciera a realizar su dictamen ordenado por el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de la Mesa Mixta I adscrito al Tercer Circuito Judicial, con residencia en Actopan, Hidalgo y, ordenó la remisión de copias certificadas a este fiscal, esto es, no constituye la última resolución pronunciada en la etapa de ejecución del juicio que se lleva ante la autoridad responsable, ni tampoco se trata de un acto independiente que pudiera causarle perjuicio de un modo irreparable algún derecho sustantivo, acorde a lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo será procedente el amparo cuando el acto que se reclame sea la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, es que deviene improcedente el juicio de amparo. Asimismo, conforme a lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, se puede sostener que como presupuesto para la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta, y la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia o laudo, es necesario que se reclame la última resolución emitida en dicha etapa, con la finalidad de evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene éste contra tales violaciones, se limita la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, de acuerdo a lo dispuesto en el referido artículo 107 de la ley de la materia, y en el caso particular no se desprende que el acto reclamado sea el definitivo en la etapa de ejecución. No resulta obstáculo a la conclusión adoptada, el contenido de la jurisprudencia de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE"; misma que refiere que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. En este orden de ideas, es inconcuso que el acto reclamado no derivó de la última resolución en el procedimiento de ejecución del juicio de origen, pues de lo narrado bajo protesta de decir verdad por el quejoso y de las constancias que adjuntó a su escrito de demanda se advierte lo siguiente: ********************, por conducto de sus endosatarios en procuración, demandó en la vía ejecutiva mercantil oral a ********************. La demanda fue radicada bajo el número ********************, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Actopan, Hidalgo. Seguido el proceso en sus etapas, el veintisiete de marzo del año en curso se dictó sentencia condenatoria. El quejoso promovió demanda de amparo directo contra la sentencia; sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito dictó proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, en el juicio de amparo directo ********************, en el que tuvo por no presentada la demanda de amparo; resolución que causó estado el siete de septiembre de dos mil veintitrés, ordenándose devolver los autos al juez de origen. Mediante proveído de once de septiembre del año en curso, la jueza señalada responsable, tuvo por recibidos los autos, fijó fecha y hora para que el perito en materia de documentos cuestionados compareciera a realizar su dictamen ordenado por el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de la Mesa Mixta I adscrito al Tercer Circuito Judicial, con residencia en Actopan, Hidalgo y, ordenó la remisión de copias certificadas a este fiscal. Resolución que constituye el acto reclamado; entonces, de lo narrado se obtiene que el auto en mención se emitió después de dictada la sentencia definitiva en el juicio ejecutivo mercantil oral, en el cual únicamente se tuvieron por recibidos los autos en razón de que se tuvo por no presentada la demanda de amparo directo interpuesta contra la sentencia, de ahí que no se advierte que ese acto se trate de la última resolución en la etapa de ejecución de la sentencia de origen, pues a través de esta no se aprueba o reconoce expresa o tácitamente el cumplimiento total de lo sentenciado, o bien, la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento. De lo que sigue, que no obstante que el proveído se emitió dentro de dicha etapa ejecutiva, por su propia naturaleza, no conlleva una ejecución irreparable para efectos de la procedencia del amparo indirecto, en virtud de que con su emisión no se afecta algún derecho sustantivo del accionante de derechos de manera directa y actual. Ya que el acto combatido, se emitió una vez dictada la sentencia, por ende, sólo constituye una determinación de trámite o intermedia dictada en ese procedimiento de ejecución de sentencia a fin de materializar sus consecuencias; de ahí que en la especie se actualice de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo. De conformidad con todo lo explicado con antelación, resulta inconcuso que la determinación reclamada no es la última resolución pronunciada en el procedimiento de ejecución respectivo, toda vez que no se trata de la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni menos, ordena el archivo definitivo del expediente, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; razón por la cual, será hasta que en dicho procedimiento se emita alguna de esas determinaciones, para que el ahora quejoso se encuentre en posibilidad legal de promover el juicio constitucional en su contra, en el que, se reitera, podrá hacer valer todas las violaciones que considere se hayan cometido en su perjuicio durante el trámite de la ejecución, pudiendo alegar el acto aquí controvertido como violación procesal, precisamente, por ya tratarse aquélla de la "última resolución" dictada en la referida etapa ejecutiva. Sentado lo anterior, cabe precisar también que los actos dictados en ejecución tienen como apoyo la existencia de una resolución que tiene el carácter de cosa juzgada, aspecto éste que por ser de orden público no debe obstaculizarse, aunado a que con esa disposición legal el legislador buscó evitar el abuso del juicio de amparo, de manera que los actos realizados en esa etapa del procedimiento sólo podrán ser impugnados, como se dijo, hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución. En esa línea, es aplicable al caso en concreto, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Junio de 2003, página 11, con número de registro digital 184221, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." Desechamiento de la demanda. Por tanto, en términos del artículo 113, así como de conformidad con lo establecido en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte quejosa. Lo anterior guarda congruencia al considerar que dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría; razón por la cual es mejor que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Domicilio. Por otro lado, en virtud de que el promovente señaló como domicilio para recibir notificaciones una dirección fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito, téngase como tal, la lista que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29, de la legislación invocada, hasta en tanto señalen domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad. No obstante lo anterior, dada la naturaleza de esta determinación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo y, lo dispuesto por los arábigos 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por única ocasión gírese exhorto al Juez de Distrito en Materia Civil en la ********************, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, comisione al actuario de su adscripción con la finalidad de que con copia simple del presente auto, notifique a la parte quejosa esta determinación en el domicilio ubicado en calle ********************, número ********************, despacho ********************, colonia ********************, Alcaldía ********************, ********************. Se faculta a la autoridad a realizar tantas y cuantas diligencias considere pertinentes a fin de llevar a cabo la notificación ordenada en líneas que anteceden; se habilita a los actuarios de su adscripción para realizar las notificaciones y diligencias en días y horas inhábiles, esto con fundamento en lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional y 21 párrafo tercero, de la ley de amparo. Hecho que sea lo anterior, se le solicita que devuelva las actuaciones vía sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Autorizados. De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones, e imponerse de autos a ********************, toda vez que no se encontró registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Notificación en días y horas inhábiles. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a cualquiera de las personas actuarias Judiciales adscritas a fin de que notifique las determinaciones que surjan del presente juicio en días y horas inhábiles. Expediente electrónico. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración; por tanto, se comisiona a la secretaria encargada de la mesa de trámite, a las personas oficiales judiciales correspondientes, demás encargadas de la digitalización de constancias, y actuarias judiciales, a supervisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. Exhortación a tramitar el asunto "en línea". Finalmente, con fundamento en el artículo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a la parte quejosa para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Correo electrónico y número telefónico. De conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se toma nota del correo electrónico y un número telefónico, para que se entablen comunicaciones no procesales, en los casos que se considere necesario. 6

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; seis de noviembre de dos mil veintitrés. Se requiere informe. De autos se advierte que, con la finalidad de notificar al quejoso el contenido del auto de veintidós de septiembre de este año, se giró el exhorto 463/2023, orden 1254/2023, del que correspondió conocer al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; sin embargo, dicha comunicación no ha sido devuelta. Por tanto, solicítese atentamente al juez exhortado, para que informe el estado que guarda la comunicación de referencia y, de estar diligenciada la devuelva a este órgano jurisdiccional. 6

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