Juan Perez Damian
Expediente 733/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 733/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Juan Perez Damian
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que atento al oficio SECNO/STCCNO/513/2020, de cuatro de noviembre de dos mil veinte, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó la determinación adoptada por la Comisión Especial, en la que resolvió suspender actividades respecto a este Juzgado Federal, por un periodo de catorce días comprendido del cinco al dieciocho de noviembre de dos mil veinte, lapso durante el cual se suspendieron plazos y términos en el presente asunto; ante ello, se ordena la reanudación del procedimiento. Por otra parte, se advierte que órgano jurisdiccional por auto de uno de octubre del año en curso, determinó declinar competencia para conocer de la demanda de amparo presentada Juan Pérez Damian, en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, y de previa consulta del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se obtiene que por razón de turno, correspondió al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, la que radicó bajo el número 767/2020 y aceptó la competencia planteada; ante ello, se ordena el archivo del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad archívese el asunto como totalmente concluido. Tómese nota que el presente asunto es susceptible de destrucción, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se ordena que una vez que transcurran tres años, contados a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa conservación de las actuaciones a que se refiere el citado artículo 22.
- Principal
V I S T A la demanda de amparo promovida por Juan Pérez Damián, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl y otras autoridades, ello por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16, constitucionales. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el número 733/2020-III. Analizada la demanda, en el capítulo relativo a los antecedentes, el promovente refiere lo siguiente: «1.- Es el caso que desde principios de septiembre de este año, diversas personas que andan vestidos de civiles, y en vehículos particulares, es decir sin ningún logotipo de policía, pero dicen pertenecer a cierta corporación de la policía federal ministerial directamente de la SEIDO, me han estado buscando, cercas (sic) de mi domicilio particular ubicado en el municipio de Coyotepec, Estado de México, les han dicho a mis vecinos que traen una orden girada por sus superiores para detenerme, también les han referido a mis vecinos que tienen que cumplir con la orden que traen en mi contra para meterme a la cárcel. 2.- Cabe hacer mención que no he cometido delito alguno por el que amerite la emisión de la orden de aprehensión, u orden de comparecencia, u orden de busca (sic), u orden de detención, u orden de presentación, u orden de citación, u orden de localización u orden de investigación dictada en mi contra de una manera fuera de todo fundamento y legalidad(.)» Sentado lo anterior, debe de indicarse que previamente, que la competencia es de suma importancia y de previo, especial y oficioso pronunciamiento constitucional, que en el juicio de amparo se concreta con la disposición contenida en el artículo 48 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer como obligación de todo juez de Distrito la contenida en su primer párrafo. Dispositivo que en la parte conducente, establece lo siguiente: «Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales.» Como se obtiene del citado precepto, cuando un juez de Distrito, estime carecer de competencia para conocer de determinada controversia, deberá comunicar su resolución a aquél en cuyo favor considere se surte la competencia, por lo que, el juez requerido deberá decidir de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. En términos generales, la competencia en materia de amparo puede determinarse por tres circunstancias, a saber, por razón de la vía, por territorio y por materia. En ese contexto, la competencia en atención a la vía se subdivide en aquella para conocer del amparo indirecto o bi- instancial, o bien del amparo directo o uni-instancial; la primera se encuentra establecida en el artículo 107, fracción VII, de la constitución, así como por el numeral 107 de la Ley de Amparo; mientras que la segunda se contempla en el precepto 107, fracción V, de la Carta Magna, y en el ordinal 48 y 172 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales. La competencia por materia se encuentra subdividida en las siguientes clases: penal, administrativa, civil y laboral, las cuales se encuentran reguladas en los artículos 51, 52, 54 y 55 respectivamente, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por último, la competencia por territorio, se prevé en el numeral 37 de la ley en la materia y, para establecerse, se debe tomar en cuenta si el acto reclamado tiene ejecución o carece de ella. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, numeral que en lo conducente establece lo siguiente: «Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda». Del análisis del numeral transcrito se obtienen tres hipótesis, en relación con la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, a saber: 1. El párrafo primero reproduce el principio genérico de que será competente para conocer del juicio el Juez de Distrito del lugar en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o haya ejecutado el acto reclamado. 2. La segunda hipótesis se refiere a que, cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez ante el que se presentó la demanda de amparo. 3. La tercera hipótesis establece que, cuando el acto reclamado no exige ejecución material, será competente el juez de Distrito, ante el que se haya promovido la demanda de amparo. En ese orden de ideas, del análisis de la demanda, se obtiene que el peticionario del amparo, reclama en esta instancia como actos destacados la orden de aprehensión, comparecencia, búsqueda, detención, presentación, citación, localización y/o investigación y su ejecución, pues así se advierte del contexto integral de su demanda. Es aplicable a lo anterior, en la parte conducente, la tesis III.1o.A.31 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consultable a página 647, Tomo VI, Diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: «ACTO RECLAMADO. ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO». Por tanto, atento a la naturaleza de los actos reclamados, que conllevan una ejecución material, se estarán materializando en su domicilio particular ubicado en el municipio de Coyotepec, Estado de México, pues así lo refiere el impetrante bajo protesta de decir verdad, en el capítulo correspondiente a los antecedentes del acto reclamado, lo cual, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, en su párrafo primero, se ejecutará fuera de la circunscripción territorial en que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción; de ahí, que se considerarse que resulta ser competente un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, para resolver este asunto, en términos de la primera parte del artículo 37 de la ley en la materia, que en la parte conducente establece lo siguiente: «[.] Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.[.]» Por tanto, al existir datos fundados de que los actos reclamados, se encuentran ejecutando fuera de la circunscripción territorial en que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, esto es, en el municipio de Coyotepec, Estado de México, resulta ser competente un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación el hecho de que la parte quejosa haya señalado como autoridad responsable al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en razón a que la competencia para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, es de los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, por lo que se ítera, dicha ejecución será en el municipio de Coyotepec, Estado de México. Es aplicable a lo anterior, en la parte conducente, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida a página 15, Volumen 65, Segunda Parte, del Semanario Judicial de la Federación, de título siguiente: «COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO». De igual manera tiene sustento la jurisprudencia 2a./J. 13/95, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 107, Tomo: I, Junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: «COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES». En las relatadas condiciones, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, declina la competencia para conocer del asunto a favor de un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, a quien se ordena remitir lo actuado en el presente expediente para que conforme a sus atribuciones legales determine lo que en derecho corresponda, debiendo atentamente informar si acepta o no la competencia declinada. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, archívese el presente expediente, como asunto total y definitivamente concluido; fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de la demanda de referencia. En virtud de que la quejosa señala en su demanda como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, con apoyo en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, hágase ésta y las subsecuentes notificaciones, incluyendo las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. Se tienen por autorizadas para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona, las cuales una vez que acrediten tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, gozarán de las demás facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo.
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