Juan Peralta Sanchez

Expediente 1126/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1126/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
11/10/2016

Partes del expediente

  • Juan Peralta Sanchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    II. De la certificación de cuenta se obtiene que la parte quejosa, dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el auto de quince de agosto de dos mil dieciséis, donde se desechó la demanda motivo del presente asunto. Por ende, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado, en el libro de gobierno háganse las anotaciones correspondientes. Expuesto lo anterior, archívese este expediente como asunto concluido, y en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente expediente es susceptible de destrucción; ello con fundamento en el Punto Vigésimo Primero, inciso I), en relación con el Segundo, inciso XXI). En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el Punto Segundo, inciso XVIII), del Acuerdo citado y a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  2. Principal

    II) Toluca, Estado de México; quince de agosto de dos mil dieciséis. CONTENIDO ESCRITO. Visto el escrito de cuenta signado por Juan Peralta Sánchez, mediante el cual, en cumplimiento al auto de veintisiete de julio de dos mil dieciséis (fojas 12 a la 16), exhibe las copias de las constancias con las que acredita su personalidad. SE AGREGA ESCRITO, SE TIENE POR CUMPLIDO REQUERIMIENTO Y SE DEJA SIN EFECTOS APERCIBIMIENTO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º, se agrega a los autos el escrito de mérito para los efectos legales conducentes, se tiene por cumplido el requerimiento y sin efectos el apercibimiento respectivo, decretados en auto de veintisiete de julio de dos mil dieciséis (fojas 12 a la 16). SE RECONOCE PERSONALIDAD. Se tiene por reconocida la personalidad del promovente, en términos de las copias certificadas del expediente 653/2009, del índice del Juzgado Séptimo Familiar de Toluca, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL AMPARO. Ahora, con fundamento en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo en estudio. Se expone tal consideración, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable, la jurisprudencia publicada en la página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, del contenido siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda." PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte agraviada señaló como acto reclamado: - La resolución interlocutoria de siete de julio de dos mil dieciséis, dictada en el recurso de revocación por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, donde declara infundada e inatendible la inconformidad hecha valer por el aquí quejoso, contra el auto de veinticuatro de junio del presente año, donde tuvo por cumplida la prevención formulada al perito de la parte actora y le tuvo por aceptado y protestado el cargo de perito en el incidente de nulidad de actuaciones. ANÁLISIS DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Ahora, procede analizar las causales de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el presente caso, este resolutor federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción V, de la Ley de Amparo este último aplicado en sentido contrario, los cuales disponen: "Artículo 61.- El Juicio de Amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." La determinación reclamada no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en perjuicio del quejoso algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en su dispositivo 107, fracción III, inciso b), el cual establece: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan" Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes en el procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados en un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la siguiente distinción: Derechos sustantivos. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, mediante los llamados derechos fundamentales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio, cuando se trate de actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Derechos adjetivos. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden en el procedimiento legal, de acuerdo a cómo se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Lo anterior evidencia, que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues si se trata de aquellas que lesionan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 172 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, procederá el amparo directo; o bien, el indirecto si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas a juicio. Y por imposible reparación, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, en la tesis jurisprudencial visible en la página 144, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, definió lo siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), "CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Y el Pleno del más alto tribunal de la república emitió la jurisprudencia consultable en la página 154, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." A su vez, el Pleno de nuestro máximo tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, entre otros, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Esto es así, partiendo de la premisa de que tales actos, en el momento de que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo contenido en las garantías individuales, sino que tan sólo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo. Expuesto lo anterior, se colige el acto reclamado consiste en resolución interlocutoria de siete de julio de dos mil dieciséis, dictada en el recurso de revocación por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, donde declara infundada e inatendible la inconformidad hecha valer por el aquí quejoso, contra el auto de veinticuatro de junio del presente año, donde tuvo por cumplida la prevención formulada al perito de la parte actora y le tuvo por aceptado y protestado el cargo de perito en el incidente de nulidad de actuaciones. Bajo ese tenor, conviene precisar los antecedentes del acto reclamado que en la especie son: 1. El tres de marzo de dos mil dieciséis, Elodia Carbajal Alcantara, instauró demanda en contra de la sucesión intestamentaria a bienes de Gerónimo Peralta Carbajal, por conducto de su albacea Juan Peralta Sánchez. 2. Una vez que se dio contestación a la demanda y se instauró demanda reconvencional en contra de Elodia Carbajal Alcantara, ésta dio contestación oponiendo las acepciones y defensas, por lo que el ocho de junio de dos mil dieciséis se celebró la audiencia de conciliación y depuración procesal donde no se llegó a ningún arreglo satisfactorio y se abrió el juicio a prueba. 3. El juez responsable posteriormente certificó el periodo de cinco días para ofrecer pruebas y quince para desahogarlas, precisando que entre las admitidas, se encontraba la pericial en materia de grafoscoía, caligrafía y documentoscopia, ofrecida por la actora Elodia Carbajal Alcantara, designando como perito a Enrique Javier Chávez Campos, mismo que protestó el cargo en fecha veintiuno de julio del presente año. 4. Ante dicha aceptación, el veintiuno de junio del año en curso, se previno al perito para que en el plazo de tres días aclarara el carácter con el que promovía, en virtud de que no se había realizado nombramiento alguno en su persona, apercibiéndolo que en caso de ser omiso, no se daría curso a su petición. 5. Posteriormente, el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, el perito desahogó la vista únicamente en los siguientes términos: "EL QUE SUSCRIBE C.P ENRIQUE JAVIER CHÁVEZ CAMPOS, PERITO DESIGNADO POR LA PARTE ACTORA DENTRO DEL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES, EN MATERIA D DOCUMENTOS CUESTIONADOS, PRECISAMENTE EN EL ÁREA DE LA GRAFOSCOPIA, ANTE USTED CON EL DEBIDO RESPECTO COMPAREZCO PARA EXPONER" 6. Ante dicha circunstancia, el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, la responsable emitió un acuerdo donde tuvo por cumplida la prevención decretada el veintiuno de junio anterior y estableció que aun cuando no obrara el nombramiento de la parte actora, se le tuvo por aceptado y protestado el cargo de perito. 7. Posteriormente, el veinticinco de junio de dos mil dieciséis, el aquí quejoso interpuso recurso de revocación contra la determinación de veinticuatro del mismo mes y año, mismo que se resolvió el siete de julio del dos mil dieciséis, declarando infundado e inatendible las inconformidades planteada por el recurrente y confirmó el proveído impugnado. Acto reclamado que se combate en esta vía constitucional. Ahora, bajo la premisa que el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; y en el caso a estudio, el acto que se impugna no reúne esa característica, pues la determinación tomada, es un acto procesal que no tiene una ejecución irreparable, en la medida que la resolución mediante la cual declaró infundadas e inatendibles las inconformidades contra la determinación de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, esto no determina que se dicte sentencia en su contra, o que imposibilite que obtenga resolución favorable o bien, se resuelva de manera desfavorable a sus intereses, ni afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados por las garantías individuales, como la vida, la libertad, propiedad, posesión o cualquier otro de ese tipo, sino que, en todo caso, se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o intraprocesal y el amparo indirecto sólo procederá cuando el acto que pretenda reclamarse tenga una ejecución que sea de imposible reparación. Es decir, no le genera un agravio en sus derechos sustantivos; de ahí que, el acto que en esta vía se reclama no se trata de un acto de imposible reparación. En ese contexto, el Juez responsable determinó el siete de julio de dos mil dieciséis, al resolver el recurso de revocación planteado, que eran infundadas e inatendibles las inconformidades expresadas por la recurrente respecto del acuerdo de veinticuatro de junio, donde se acordó la aceptación del cargo de perito de la parte actora en el juicio de donde emana el acto reclamado; razón por la cual no se trata de actos de imposible reparación, pues únicamente son violaciones procesales que podrá hacer valer el quejoso, en su caso, cuando combata la sentencia definitiva. Aunado a lo anterior, debe decirse que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pudiera calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, ello en atención a que la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, establece que la vía de amparo indirecto que intenta el accionante del amparo, se encuentra reservada a combatir aquellos actos produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado. Para fortalecer lo anterior, se invoca por analogía la tesis XVII.1o.P.A.74 P, con número de registro 162214, visible en la página 1035 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, Materia Común, Novena Época, que a la letra dice: "AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE Y CUANDO TENGAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De conformidad con los artículos 299, 311 y 314 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de agosto de 2006, la audiencia intermedia dirigida por el Juez de Garantía tiene por objeto el ofrecimiento, la exclusión y la admisión de datos, así como la depuración de los hechos controvertidos; aquéllos y éstos constituirán las pruebas y los acontecimientos, respectivamente, materia y conocimiento del Tribunal de Juicio Oral, los cuales, en concordancia con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 6/94, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 76, abril de 1994, página 13, de rubro: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO.", resultan impugnables en la vía de amparo indirecto, únicamente si tienen una ejecución irreparable, ya sea por violar derechos sustantivos fundamentales contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien adjetivos o procesales, en caso de que afecten a las partes en grado predominante o superior, tomando en cuenta la institución procesal de que se trate, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo." Corolario a lo anterior, tal como lo establece el artículo 172 de la Ley de Amparo invocado, tales violaciones son impugnables mediante el amparo directo, pues existe la posibilidad de que una vez dictada la sentencia definitiva en el juicio natural, se podría hacer valer tal situación como una violación procesal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.4o.C. J/18, visible en la página 732, Tomo V, Segunda Parte, Enero-Junio de 1990, Octava Época, Materia Común, cuyo respectivo tenor es: "VIOLACIONES PROCESALES RECLAMABLES EN AMPARO DIRECTO CONTRA ACTOS QUE PONEN FIN AL JUICIO. En el nuevo régimen constitucional y legal por el que se norma el juicio de garantías desde el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, en el que son reclamables en el amparo directo, tanto la sentencia definitiva como las resoluciones que ponen fin al juicio, lo que puede dar lugar a que respecto de una misma controversia jurisdiccional se promuevan diversos juicios de amparo directo, debe hacerse una clara distinción de las violaciones de procedimientos que son reclamables en cada caso, para lo cual, el elemento determinante radica en la exigencia de que tales infracciones trasciendan al resultado del fallo. Así, cuando el acto reclamado sea la sentencia definitiva, se podrán impugnar todos los actos procesales que tengan una relación directa con las cuestiones resueltas en ese fallo, de manera tal que al ser reparadas se pudiera llegar a emitir una determinación que en alguna forma favoreciera las pretensiones del peticionario, en la controversia de origen, como podría suceder, verbigracia, cuando no se le hayan recibido las pruebas que legalmente haya ofrecido o no se hayan recibido conforme a la ley, o cuando se le haya declarado ilegalmente confeso, si el posible resultado de aquellas pruebas puede tener como consecuencia el cambio o modificación de la forma en que se apreciaron las acciones, o las defensas o excepciones que se consideraron acreditadas o se desestimaron, o si la confesión aludida fue un elemento primordial para acreditar las pretensiones de la parte contraria. En cambio, cuando se reclame una resolución que ponga fin al juicio, exclusivamente serán reclamables las violaciones que tuvieron relación directa e inmediata con el sentido concreto en que se emitió esa resolución, por lo que mutatis mutandi, si se reclama la resolución que declaró la caducidad de la instancia o la que declaró desierto el recurso de apelación contra el fallo de fondo de primer grado, no podrán combatirse en esa controversia constitucional, las infracciones procedimentales relativas a actuaciones ajenas a la determinación reclamada, como serían la ilegal declaración de confeso al quejoso o de la recepción de sus pruebas, relacionadas con el fondo del negocio de origen, toda vez que, evidentemente, éstas se encuentran desvinculadas del resultado a que se ha llegado en el juicio natural, ya que si se dieron los presupuestos requeridos por la ley, la caducidad o la deserción apuntadas, deben subsistir, con independencia de que se hubieran recibido bien o mal las pruebas de las partes, y si no se dan tales supuestos y por ello se concede la protección de la Justicia Federal, la consecuencia será que se reanude el procedimiento del que proviene el acto reclamado, y estas violaciones de procedimiento pueden atacarse cuando se reclame la sentencia definitiva, ya que hasta entonces es factible precisar si trascienden o no esta resolución." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por ello, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda promovida por Juan Peralta Sánchez, por propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Gerónimo Peralta Carbajal, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, en términos del artículo 112, todos de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma, Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/2966/2016, quien actúa con Nicolás de Luna González, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    II. Visto el escrito de cuenta signado por Juan Peralta Sánchez, mediante el cual pretende desahogar los requerimientos formulados en proveído de veintisiete de julio anterior (fojas 12 a la 16). Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, se agrega el escrito de cuenta para que surta los efectos legales procedentes. Ahora, de la lectura integra del escrito de cuenta, se advierte que el promovente no da cabal y total cumplimiento a los requerimientos insertos en proveído de veintisiete de julio del presente año; ello es así, pues en dicho acuerdo se le requirió para que acreditara con documento fehaciente la calidad con que se ostenta al presente juicio de amparo y exhibiera cinco copias de la constancia con la que avalara dicha circunstancia. Así las cosas, del escrito que se acuerda se evidencia que el promovente fue omiso en exhibir las cinco copias que le fueron requeridas en el auto preventivo de veintisiete de julio del año en curso. Por lo tanto, es evidente que la parte quejosa no dio total cumplimiento a los requerimientos formulados en el auto citado; en tal consideración, no debe tenerse cumplida esa prevención y, por tanto, subsiste el requerimiento formulado en el proveído en cita. En la inteligencia de que el computo de cinco días y la prórroga de tres días que se concedió al quejoso, en proveídos de veintisiete de julio y cuatro de agosto pasados, para desahogar la prevención allí inserta, se interrumpe por única ocasión y se reanudará hasta el día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Se estima aplicable, en lo conducente, la tesis número III.2o.A.37 K, que se aprecia en la página 1322, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, cuyo rubro y texto son: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE SI NO SE ACATÓ EN SUS TÉRMINOS LA PREVENCIÓN RELATIVA. Con fundamento en el artículo 30, primer párrafo, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe ordenar que se practique en forma personal la notificación relativa al proveído que precisa las razones por las cuales estima que con el ocurso presentado por el quejoso antes del día del vencimiento del término previsto por el artículo 146 de la citada ley, no se cumplieron a cabalidad los requerimientos y prevenciones contenidos en el auto inicial; ello a fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por parte del agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas, cuando aún está en tiempo para hacerlo, pues tal proceder resulta congruente con la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 133, cuyo rubro es: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO." Y, la diversa número III.2o.A.38K, que se aprecia en la página 1323, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, cuyo rubro y texto son: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA. En atención a la finalidad que anima el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 133, cuyo rubro es: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO.", que no es sino dar oportunidad al quejoso de conocer en forma oportuna y fehaciente cuáles son las deficiencias o irregularidades de su demanda, que no logró solventar mediante el escrito que hubiere presentado con esa intención, es obvio que sin dejar de observar lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, tampoco debe soslayarse lo que prevé el numeral 34, fracción II, de la citada norma, en el sentido de que las notificaciones surten sus efectos el día siguiente al en que se practican, salvo las que atañen a las autoridades responsables. Por ende, al computar el término legal a que se refiere el primero de los preceptos citados, debe estimarse que el plazo de tres días concedido al quejoso para aclarar o subsanar su demanda, se interrumpe por una sola vez, con la presentación del escrito aclaratorio, y se reanuda hasta el día siguiente al en que surte efectos la notificación que se le practique del acuerdo que a ese ocurso recaiga, pues resulta lógico que en ese lapso el interesado no esté en aptitud de hacer precisión alguna, sino que se encuentra en espera de que se le entere legalmente de las razones por las que a pesar de su intento no logró colmar lo requerido para que su demanda no se tenga por no interpuesta, según la prevención inicial." En el entendido que de no dar cumplimiento, se hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintisiete de julio del año en curso, es decir, se tendrá por no presentada la demanda. Finalmente, no obstante que este auto debe notificarse personalmente al quejoso; sin embargo, en proveído de veintisiete de julio de dos mil dieciséis (fojas 12 a la 16), se ordenó que todas las notificaciones se le hicieran por medio de lista, incluso las de carácter personal; por tanto, esta determinación deberá notificarse en tales términos.

  4. Principal

    II. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º, agréguese a los autos el escrito de cuenta a través del cual el quejoso Juan Peralta Sánchez, solicita se le conceda una prórroga de tres días para estar en aptitud de dar cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintisiete de julio del año en curso (fojas 12 a la 16). Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se concede por única ocasión al quejoso, una prórroga por el plazo de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, para que dé requerimiento formulado en proveído de veintisiete de julio del presente año. Con el apercibimiento de que para el caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintisiete de julio del año en curso (fojas 12 a la 16).

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