Juan Pedro Vargas Rodríguez
Expediente 579/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 579/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 26/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Pedro Vargas Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Visto el oficio signado por el juez Único Menor Mixto, con residencia en Salvatierra, Guanajuato, se le tiene acusando recibo del comunicado por el que se le notificó el acuerdo de cuatro de mayo actual, en el que causó ejecutoria la sentencia, y se ordenó el archivo el archivo del presente asunto.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia en la que este tribunal negó el amparo no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, inciso b) del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que trascurran tres años -contados a partir de que se ordena su archivo- puesto que se dictó resolución en la que se negó el amparo. Devolución de documentos y constancias. Sin que resulte necesario ordenar la devolución de documentos originales, atento a que no fueron ofrecidos por las partes. Finalmente, toda vez que resulta innecesaria la retención del tomo de pruebas que el juez responsable allegó a su informe de ley, se ordena su devolución.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos que integran el juicio de amparo número 579/2020, promovido por ******; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de agosto de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, que por razón de turno conoció el Juzgado Sexto, ***** solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del juez Menor Mixto de Salvatierra, Guanajuato, que estimó violatorios de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. En auto de veintiuno siguiente, el titular del juzgado que conoció del asunto, radicó la demanda, pidió su informe justificado a la autoridad responsable, dio intervención legal a la fiscal de la adscripción y señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional. TERCERO. En auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte, el Juzgado Sexto consideró que el asunto debía conocerlo este Juzgado Octavo, por razón de turno relacionado según lo estipulado en los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; esto es, que ya había conocido previamente de un juicio de amparo, en contra de actos emitidos en el procedimiento natural. En razón de ello, remitió el cuaderno principal y un tomo de pruebas. CUARTO. El treinta de octubre siguiente, este juzgado se avocó al conocimiento del asunto, mandó notificar a las partes, fijó día y hora para el verificativo de la audiencia constitucional y encomendó a la autoridad responsable, que emplazara al tercero interesado, *****, por conducto de su endosatario en procuración ***** (llamado a juicio, acorde con auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte). TERCERO. Finalmente, se verificó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal. La competencia territorial se surte conforme a la primera regla del artículo 37 en mención, pues los actos reclamados se hacen consistir en actos cuya ejecución podría tener lugar en Salvatierra, en la que ejerce jurisdicción este Tribunal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias remitidas por las autoridades responsables, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se precisa como acto reclamado: La resolución incidental sobre liquidación de gastos y costas, dictada por el juez Único Menor Mixto, residente en Salvatierra, dentro del juicio ejecutivo mercantil ****/2017, en el que el quejoso es parte demandada. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierta la conducta tildada de inconstitucional, pues así lo hizo ver el juez responsable al rendir su informe justificado, acordado el siete de septiembre pasado. Lo anterior, se corrobora con las constancias que adjuntó. CUARTO. Antecedentes. De la copia certificada de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil ****/2017, a las que se confiere valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprenden diversos antecedentes que, enseguida, se citan: El tercero interesado, ******, por conducto de su endosatario en procuración, demandó en la vía ejecutiva mercantil al aquí quejoso, el pago de la cantidad consignada en el pagaré base de la acción. Seguido el juicio por su cauce legal, en el que el demandado contestó la demanda y el actor, a su vez, atendió a la vista que se le dio con aquélla; el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en la que se resolvió: "CUARTO. Por lo que se condena a la parte demandada ***** , al pago de la cantidad de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de suerte principal. QUINTO. Se condena al demandado, ******, al pago de los intereses moratorios, así como al pago de gastos y costas atento a lo dispuesto en los considerandos quinto y sexto de la presente resolución." El quince de julio de dos mil veinte, la parte actora promovió incidente de liquidación de gastos y costas. Seguido el procedimiento por su cauce legal, el treinta y uno de julio de dos mil veinte, se resolvió la incidencia. Éste es el acto reclamado. QUINTO. Estudio de fondo. Son inoperantes e infundados los conceptos de violación. El quejoso expone que, contrariamente a lo considerado en el fallo, "la usura es revisable en todo momento", pues "es una figura autónoma y la misma puede ser observada y sancionada en cualquier tiempo y momento", lo que guarda concordancia con el control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio a que están obligadas todas las autoridades en el estado mexicano. En lo que concierne al tópico de la usura, la autoridad responsable expuso en el fallo reclamado: "Ahora bien, previamente a llevar a cabo la liquidación de los intereses exigidos, es imprescindible dar contestación a los cuestionamientos desplegados por el demandado, relativos a la calificativa de usureros de los intereses. En ese orden de ideas, la Primera Sala (.) estimó que el derecho de protección a la propiedad mediante el cual el juzgador al advertir la existencia de indicios de un interés excesivo o desproporcionado derivado de un préstamo o crédito, estaba obligado a analizar de oficio la posible configuración de la usura, encuentra su límite en la cosa juzgada. Esto porque una vez que la sentencia respectiva queda firme, la cosa juzgada es decisión inmutable y debe ejecutarse en sus términos, de manera que el análisis de la usura solo puede hacerse mientras la sentencia se encuentra sub judice, lo cual se pierde una vez que la sentencia adquiere firmeza, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva que atribuye la posibilidad de ejecutarla; de manera que el análisis de la usura solo puede hacerse mientras la sentencia se encuentra sub júdice, lo cual se pierde una vez que la sentencia adquiere firmeza, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva que atribuye la posibilidad de ejecutarla; de ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de la usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en sentencia; y que, por ende, constituyen cosa juzgada, por ello la determinación que condenó al pago de los intereses a una tasa específica en monto porcentual, debe considerarse firme. (.) Estas consideraciones quedaron plasmadas en la tesis de jurisprudencia 1ª/J. 28/2017 (10ª) de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 657, décima época. Ahora, la sentencia definitiva emitida en fecha 22 de noviembre del año 2017 ha adquirido firmeza procesal al no existir medio de impugnación ordinario tendiente a combatirla, de ahí que esa sentencia sea cosa juzgada, adquiriendo en sí las características propias de esa institución, como lo es la inmutabilidad. A la luz de las consideraciones y antecedentes fácticos expuestos, es ahora improcedente llevar a cabo el análisis de la figura de la usura con respecto a los intereses moratorios contenidos en el documento base de la acción, pues más allá de que este estudio sí fue emprendido y desarrollado dentro de ese fallo, tal y como se advierte del considerando quinto, ahora es inoportuno acoger favorablemente esas pretensiones porque la sentencia definitiva emitida en autos es cosa juzgada y el tema de la usura ya no puede ser analizado." Como puede advertirse, el juez expuso la imposibilidad para estudiar la usura en los intereses materia de la condena, bajo un argumento toral: Existe sentencia firme y cosa juzgada y es inaceptable jurídicamente desconocer el derecho ahí consagrado, a través de una incidencia. Lo anterior se sostiene, en la medida en que hay jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; esto es, que impide introducir nuevamente el estudio de usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en sentencia. Lo anterior denota una consideración fundamental: Hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que acota temporalmente el haz de facultades del juzgador para analizar el interés usurero, a saber, hasta antes de que exista sentencia firme (cosa juzgada). Bajo esa perspectiva, la causa de pedir debió ser tendente a controvertir o exponer razones por las que ese criterio jurisprudencial puede ser vencido o, en su caso, no debe prevalecer como aplicable al caso concreto. Luego, al no existir argumentos al respecto, deben declararse inoperantes. Sirve de orientación la jurisprudencia que, a la letra, dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada." Por otra parte, el quejoso se inconforma con una parte de la liquidación de los montos. Concretamente, se queja del cálculo conforme a la hipótesis prevista en el artículo 15, fracción II, de la Ley Arancelaria para el Cobro de Honorarios Profesionales de Abogados y Notarios y de Costas Procesales para el Estado de Guanajuato. La autoridad responsable, en lo que concierne a ese tema consideró: "Expuesto lo anterior, procederemos al examen de la planilla formulada por el demandante incidental, examinando si, en cada caso, procede la aprobación de las cantidades reclamadas. (.) Fracción II. En este orden de ideas, por lo que hace a la segunda de las reclamaciones derivada de la fracción II del artículo 15 de la Ley Arancelaria y que corresponde a conferencias o consultas, el actor demanda el pago de doce consultas que describe en su escrito de cuenta. El término conferencias o consultas es formulado dentro del precepto legal en comento de manera plural, es decir, la reclamación relativa a conferencias o consultas implica la multiplicidad de estas abarcando todas las llevadas a cabo dentro del expediente, pues de otra manera se llegaría al extremo de considerar que por cada conferencia o consulta se pudiera generar una exigencia cuando no existe prueba alguna de cada una de las ocasiones que se llevaron a cabo las consultas De ahí que solo se autorice el pago de dos salarios mínimos por conferencias o consultas, considerando como necesarias para el éxito del litigio solo tres de ellas, al existir la presunción invariable de que la parte actora tuvo que asesorarse por lo menos tres veces con el profesional del derecho, la primera para conocer el documento accionario, elaborar la demanda, presentarla y advertir los efectos del auto de radicación; la segunda, de las consultas se atribuye a la vista formulada con motivo de la contestación de demanda, las pruebas a ofrecer, la fecha de su desahogo e implicaciones procesales, así como una tercera consulta para advertir el contenido de la sentencia de primer grado, sus efectos y consecuencias. Por lo que las tres consultas autorizadas y elevadas al mínimo que son dos UMAS vigentes en el Estado da como resultado la cantidad de $521.28 (quinientos veintiún pesos 28/100 m.n.) monto a que se condena a la parte demandada a solventar a favor de la parte actora." Ahora bien, la causa de pedir radica en que fue incorrecto que el juzgador sustentara su dicho en presunciones. El promovente expone que "no consideramos que sea correcto, por que basta una consulta para conocer el documento, elaborar la demanda, prevenir la contestación y esto de manera presuncional, pues no existe prueba de que ello hubiera ocurrido"; y que "toda persona tiene el recogimiento del acceso a la justicia como derecho humano (.) por lo que creemos que la ad-quo violentó ese principio al establecer de manera presuncional y sin pruebas la cantidad establecida en el considerando quinto." Tal aseveración es infundada pues, contrariamente a lo expuesto, el juez responsable acudió adecuadamente a la figura de la presunción humana -en oposición a legal-, prevista en los artículos 1277 a 1280, 1283 y 1284 del Código de Comercio. A fin de entender la figura de la presunción humana debe atenderse al proceso demostrativo. En él se distinguen dos fases: La primera consistente en el desahogo de las pruebas y constancias y la obtención de la información a partir de ellas (en el caso, que se elaboró una demanda, una respuesta a la vista que se dio con la contestación de aquella y que se dictó una sentencia). La segunda fase consiste en extraer una conclusión a partir de la información obtenida en la primera fase (en el caso, lo que se pretende obtener es si en torno a ellas, se verificó una asesoría). La primera puede verse también como el establecimiento de las premisas del argumento que trata de probar una determinada hipótesis. La segunda se entiende como la realización de la operación mental que permite pasar de las premisas a la conclusión. Dicho de otra manera, de lo probado directamente se puede presumir un hecho no probado. Dentro de la segunda fase se pueden a su vez, advertir, para facilidad del estudio, dos mecanismos racionales: la deducción y la inducción (en ésta se encuentran las presunciones). La primera no es más que la operación lógica de la subsunción, en la que en la conclusión no se obtiene mayor información de la que ya se disponía en las premisas (no sirven para aumentar el conocimiento). La inducción -presunción- suele ser más compleja y adquiere diversas vertientes, pues puede constar de un encadenamiento de inducciones parciales. En el extremo de la cadena encontramos la información obtenida directamente de las pruebas practicadas. En el otro extremo encontramos la hipótesis. De manera gráfica se facilita su entendimiento: en la inducción siempre hay un salto de las premisas a la conclusión. Por ello es que entre lo probado directamente y lo que se pueda inferir o inducir se pretende que exista una conexión a manera de puente que, mayoritariamente, se construye con otras inferencias, máximas de la experiencia o circunstancias notorias; de tal manera que ese salto adquiere un tinte de razonabilidad. En otras palabras, la inducción lleva de las premisas a la conclusión, calificando a ésta con un grado de credibilidad. Esto genera una amplia facultad del juzgador para actuar, aunque encuentra sus límites en la razonabilidad, sentido común y experiencia lógica. Así lo hizo ver el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la jurisprudencia de rubro y texto: "PRUEBA PRESUNCIONAL. SU IMPORTANCIA EN MATERIA CIVIL. En la materia civil revisten singular importancia las presunciones, como consecuencias conjeturales que la ley o el juzgador construye a partir de un hecho o hechos conocidos para acceder a otros desconocidos; de ahí que resultan imprescindibles las amplias facultades con las que el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal ha dotado al juzgador en el artículo 402, en relación con los numerales 379 al 383, para resolver los negocios judiciales sometidos a su potestad; lo que al mismo tiempo pone de relieve la gran responsabilidad que tiene a su cargo para decidir con sentido de justicia, y más aún con equidad, por ser ésta la justicia de cada asunto en concreto, según las circunstancias, condiciones y eventualidades particulares, evidenciadas en los hechos controvertidos y justificados con los correspondientes medios de convicción, después de que ha realizado una ponderación prudente, ajustada al sentido común, así como al raciocinio lógico y a su experiencia, sin olvidar el buen criterio y la buena fe que deben acompañar a todo juzgador." En concordancia con lo anterior, este Tribunal constitucional no solo asume que el juzgador responsable contaba con facultades para ejercer esa operación racional sin necesidad de que se demostraran directamente otros hechos; sino que también considera razonable su conclusión: Parte de tres hechos probados (elaboración de la demanda, elaboración de la respuesta a la vista que se dio con la contestación a la demanda y dictado de la sentencia), para concluir que cada una de ellas, implicó una "asesoría". En efecto, el margen de credibilidad radica en una premisa simple: al haber acaecido en momentos procesales y temporales distintos, resultaría absurdo que las consultas ocurrieran en una sola ocasión, como lo pretende hacer notar el quejoso; aceptarlo implicaría adelantarse o prevenirse sobre hechos futuros y, por ende, desconocidos. Además, acorde a las máximas de la experiencia, también es inaceptable obligar a las partes a demostrar que se efectuaron esas consultas. Basta cuestionarse ¿con qué elementos podrían probarse? De ahí que la presunción no solo es válida y aceptada dentro del marco legal, sino que en el caso concreto fue llevada a cabo bajo adecuadamente. En mérito de ello, es que es infundado el concepto de violación. En suma, al ser infundados e inoperantes los conceptos de violación, se impone negar el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos en mención y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La justicia federal no ampara ni protege a ******, en contra del acto y autoridad precisado en el considerando segundo, por las razones expuestas en el último.
- Principal
Reanudación de los plazos. En atención a lo dispuesto por la circular SECNO/13/2021 y el artículo 2, fracción I, del Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al tres de marzo de dos mil veintiuno. Consecuentemente, se fijan las catorce horas con treinta minutos del dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, para el verificativo de la audiencia constitucional en el presente asunto.
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