Juan Pedro Méndez Pérez
Expediente 1035/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1035/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/07/2016
Partes del expediente
- Juan Pedro Méndez Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que ha transcurrido el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de siete de julio de dos mil dieciséis, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y archívese el presente asunto como concluido.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de julio de dos mil dieciséis. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio del Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y advirtiéndose que el quejoso Juan Pedro Méndez Pérez en la demanda de amparo señaló como acto reclamado la falta de emplazamiento a los demandados al juicio de origen D-4/83/2016 y por ende el retraso de que se lleve a cabo la audiencia de ley. Al rendir su informe justificado las autoridades responsables Presidente y Actuaria, ambos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, aceptaron la existencia de los actos reclamados, y por oficios recibidos el treinta de junio pasado y con esta fecha, remitieron copias certificadas las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que mediante diligencias de diecisiete y veinte de junio de este año, fue emplazada la parte demanda al juicio de origen D-4/83/2016; y por audiencia de cinco del actual se llevó al cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y fueron señaladas las diez horas con treinta minutos del trece del mes y año en curso, para el verificativo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados al Presidente y Actuaria, ambos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Juan Pedro Méndez Pérez acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la falta de emplazamiento a los demandados al juicio de origen D-4/83/2016 y por ende el retraso de que se lleve a cabo la audiencia de ley. Así, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que mediante diligencias de diecisiete y veinte de junio de este año, fue emplazada la parte demanda al juicio de origen D-4/83/2016; y por audiencia de cinco del actual se llevó al cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y fueron señaladas las diez horas con treinta minutos del trece del mes y año en curso, para el verificativo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Bajo esa óptica, es dable concluir cesaron los efectos de la omisión de la que se duele el peticionario de amparo, toda vez que los efectos de dicha omisión desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Juan Pedro Méndez Pérez reclamó del Presidente y Actuaria, ambos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con veintiocho minutos del veinte de julio de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Notifíquese, y personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma el licenciado Alfonso Ortiz, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, López, ante el Secretario Christian Bonilla Loranca, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, primero de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio del Presidente y Actuaria, ambos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual rinden su informe justificado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Con apoyo en lo dispuesto por el párrafo tercero, del artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que dentro del término de tres días a partir de su notificación, se sirva remitir fotocopia certificada legible, en orden progresivo, foliada, rubricada y entre sellada de lo actuado con motivo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones de cinco de julio de dos mil dieciséis, dentro del expediente laboral D-4/83/2016, que son necesarias para resolver el presente juicio de amparo. Con el apercibimiento que de incumplir con lo anterior, se hará acreedor a una multa equivalente al valor diario de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258, de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero y segundo transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el escrito del quejoso José Carlos Flores Puertos, por el que amplía su demanda de amparo; sin embargo, tomando en consideración que la firma que calza el escrito de cuenta difiere notoriamente a aquélla que estampó en su escrito de demanda, requiérase al ocursante para que dentro del término de tres días siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca ante este órgano judicial debidamente identificado a ratificar la firma que calza el escrito de referencia, con apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentado el mismo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial número 258, visible en la página ciento setenta y cuatro, Octava Época, Materia Común del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo texto literal dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerla, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vistas a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas" NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
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