Juan Pedro López García y Otros.

Expediente 1027/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1027/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
01/07/2016

Partes del expediente

  • Juan Pedro López García y Otros.
  • Juan Pedro López García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA II A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, primero de julio de dos mil dieciséis. Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de trece de junio de la presente anualidad (fojas 18 a 20), por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Juan Pedro López García; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA II A } Oaxaca de Juárez, Oaxaca, trece de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, por el que en atención al requerimiento formulado en auto de treinta y uno de mayo pasado (foja 10), informa que la notificación al quejoso Juan Pedro López García, del auto de formal prisión de trece de diciembre de dios mil catorce, emitido en la causa penal 119/2014 de su registro, le fue realizada el mismo día. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que el informe de cuenta, se hubiere recibido vía fax, en virtud de la certificación correspondiente realizada por el Secretario. Ahora, antes de admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo permite conocer que el impetrante de mérito reclama, del Juez Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, el auto de formal prisión dictado el trece de diciembre de dos mil catorce, emitido en la causa penal 119/2014 de su índice. Sentado lo anterior, en contra del precitado acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del mismo ordenamiento legal, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.). Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. La causa de improcedencia que alberga el precepto primeramente invocado, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, es decir, porque al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. Sobre tal base, es importante mencionar que la interpretación literal del segundo de los artículos transcritos, revela que por regla general el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Cabe señalar que en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el legislador determinó, al establecer el plazo de impugnación de actos que impliquen ataques a la libertad personal, que éstos tengan lugar fuera de procedimiento, como condición básica y necesaria para que el amparo en su contra pueda promoverse en cualquier tiempo; por tanto, una interpretación en sentido negativo implica que la excepción en el plazo general de quince días aplica únicamente en el supuesto de que el acto reclamado se haya dictado fuera de un procedimiento porque de lo contrario debe regir la regla general (quince días). Lo anterior significa que si se afecta a la libertad personal de un gobernado dentro de un procedimiento (sea este penal, civil, laboral o administrativo), el plazo para promover la demanda de amparo será de quince días, que se computará desde el día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del acto o resolución que reclame, al en que el quejoso haya tenido conocimiento o se haya ostentado sabedor de los actos que reclama. Luego, aunque la actual legislación de amparo mantiene entre los supuestos de excepción al plazo genérico de quince días, a los actos que afecten la libertad personal; sin embargo, exige como condición básica y necesaria que tales actos privativos de libertad se hayan emitido fuera de procedimiento. Sobre esa base, al interpretar el artículo 17 de la actual Ley de Amparo, en sentido contrario se tiene que todos los actos emitidos dentro de un procedimiento (civil, penal, laboral, administrativo, etcétera), están sujetos al plazo genérico de quince días para la promoción del juicio de amparo, a pesar de que tiendan a limitar la libertad deambulatoria del individuo o su acceso a determinados beneficios, de acuerdo a la naturaleza de su condición particular frente a la norma. En el caso, como se dijo, el acto reclamado lo constituye la resolución dictada el trece de diciembre de dos mil catorce, en la causa penal 119/2014 del registro del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, dictado contra el ahora quejoso Juan Pedro López García; por lo que, es evidente que la impugnación de su constitucionalidad a través del juicio de amparo está sujeta al plazo genérico de quince días, previsto en el artículo 17 de la actual Ley de Amparo. En ese sentido, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe destacarse que conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Como es evidente, el precepto en consulta hace una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se concluye que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido así el legislador hubiese señalado su orden de prelación. En la especie, de lo manifestado por la autoridad responsable en el oficio de cuenta, se conoce que el auto de formal prisión de trece de diciembre de dos mil catorce, fue notificado ese mismo día al quejoso. Luego, si el quejoso señala como acto controvertido la resolución de trece de diciembre de dos mil catorce, dictada en la citada causa penal 119/2014, es evidente que estuvo en aptitud de promover el juicio de amparo a partir del día hábil inmediato siguiente, esto es, desde el diecisiete de diciembre de dos mil catorce, conforme al artículo 159 del Código de Procedimientos Penales invocado, que establece que todos los términos que señala ese código son improrrogables y se contarán desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación. Por tanto, el plazo para promover la demanda de amparo transcurrió en exceso, esto es, desde el diecisiete de diciembre de dos mil catorce al siete de enero de dos mil quince, sin contar los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de diciembre del mismo año, así como los días uno y tres de enero de dos mil quince, por ser días inhábiles de conformidad con lo previsto en el numeral 19 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al presentarse la demanda de amparo el veintisiete de mayo de la presente anualidad ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, según el sello fechador de recibido, siendo turnada a este juzgado el treinta siguiente, es claro que fue presentada cuando ya había fenecido el plazo legal de quince días con el que contaba el quejoso para promover el juicio de amparo en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor; y en esa virtud, tal conducta jurídicamente revela conformidad con el acto reclamado, por así estar dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia. Es de exacta aplicación la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), que es del tenor: AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal. [Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, visible en la página 38, materia común, Novena Época, con registro 2009174]. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia analizada, por notoriamente improcedente se desecha de plano la demanda de que se trata. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó, el Juez Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el Secretario Ernesto Valdivia Vásquez, que autoriza y da fe.Vave

  3. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA MESA II A } Oaxaca de Juárez, Oaxaca, trece de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, por el que en atención al requerimiento formulado en auto de treinta y uno de mayo pasado (foja 10), informa que la notificación al quejoso Juan Pedro López García, del auto de formal prisión de trece de diciembre de dios mil catorce, emitido en la causa penal 119/2014 de su registro, le fue realizada el mismo día. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que el informe de cuenta, se hubiere recibido vía fax, en virtud de la certificación correspondiente realizada por el Secretario. Ahora, antes de admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo permite conocer que el impetrante de mérito reclama, del Juez Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, el auto de formal prisión dictado el trece de diciembre de dos mil catorce, emitido en la causa penal 119/2014 de su índice. Sentado lo anterior, en contra del precitado acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del mismo ordenamiento legal, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.). Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. La causa de improcedencia que alberga el precepto primeramente invocado, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, es decir, porque al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. Sobre tal base, es importante mencionar que la interpretación literal del segundo de los artículos transcritos, revela que por regla general el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Cabe señalar que en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el legislador determinó, al establecer el plazo de impugnación de actos que impliquen ataques a la libertad personal, que éstos tengan lugar fuera de procedimiento, como condición básica y necesaria para que el amparo en su contra pueda promoverse en cualquier tiempo; por tanto, una interpretación en sentido negativo implica que la excepción en el plazo general de quince días aplica únicamente en el supuesto de que el acto reclamado se haya dictado fuera de un procedimiento porque de lo contrario debe regir la regla general (quince días). Lo anterior significa que si se afecta a la libertad personal de un gobernado dentro de un procedimiento (sea este penal, civil, laboral o administrativo), el plazo para promover la demanda de amparo será de quince días, que se computará desde el día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del acto o resolución que reclame, al en que el quejoso haya tenido conocimiento o se haya ostentado sabedor de los actos que reclama. Luego, aunque la actual legislación de amparo mantiene entre los supuestos de excepción al plazo genérico de quince días, a los actos que afecten la libertad personal; sin embargo, exige como condición básica y necesaria que tales actos privativos de libertad se hayan emitido fuera de procedimiento. Sobre esa base, al interpretar el artículo 17 de la actual Ley de Amparo, en sentido contrario se tiene que todos los actos emitidos dentro de un procedimiento (civil, penal, laboral, administrativo, etcétera), están sujetos al plazo genérico de quince días para la promoción del juicio de amparo, a pesar de que tiendan a limitar la libertad deambulatoria del individuo o su acceso a determinados beneficios, de acuerdo a la naturaleza de su condición particular frente a la norma. En el caso, como se dijo, el acto reclamado lo constituye la resolución dictada el trece de diciembre de dos mil catorce, en la causa penal 119/2014 del registro del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, dictado contra el ahora quejoso Juan Pedro López García; por lo que, es evidente que la impugnación de su constitucionalidad a través del juicio de amparo está sujeta al plazo genérico de quince días, previsto en el artículo 17 de la actual Ley de Amparo. En ese sentido, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe destacarse que conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Como es evidente, el precepto en consulta hace una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se concluye que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido así el legislador hubiese señalado su orden de prelación. En la especie, de lo manifestado por la autoridad responsable en el oficio de cuenta, se conoce que el auto de formal prisión de trece de diciembre de dos mil catorce, fue notificado ese mismo día al quejoso. Luego, si el quejoso señala como acto controvertido la resolución de trece de diciembre de dos mil catorce, dictada en la citada causa penal 119/2014, es evidente que estuvo en aptitud de promover el juicio de amparo a partir del día hábil inmediato siguiente, esto es, desde el diecisiete de diciembre de dos mil catorce, conforme al artículo 159 del Código de Procedimientos Penales invocado, que establece que todos los términos que señala ese código son improrrogables y se contarán desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación. Por tanto, el plazo para promover la demanda de amparo transcurrió en exceso, esto es, desde el diecisiete de diciembre de dos mil catorce al siete de enero de dos mil quince, sin contar los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de diciembre del mismo año, así como los días uno y tres de enero de dos mil quince, por ser días inhábiles de conformidad con lo previsto en el numeral 19 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al presentarse la demanda de amparo el veintisiete de mayo de la presente anualidad ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, según el sello fechador de recibido, siendo turnada a este juzgado el treinta siguiente, es claro que fue presentada cuando ya había fenecido el plazo legal de quince días con el que contaba el quejoso para promover el juicio de amparo en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor; y en esa virtud, tal conducta jurídicamente revela conformidad con el acto reclamado, por así estar dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia. Es de exacta aplicación la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), que es del tenor: AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal. [Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, visible en la página 38, materia común, Novena Época, con registro 2009174]. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia analizada, por notoriamente improcedente se desecha de plano la demanda de que se trata. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA III A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria de amparo; en consecuencia, se procede analizar si el fallo ha quedado cumplido o no. Así, se tiene que mediante sentencia dictada el veintiséis de abril pasado (fojas 54 a 60), por una parte se sobreseyó en el presente juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso ********************, contra los actos que reclamó del Consejo Directivo y Director General de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca, para los efectos siguientes: "I. Dejar sin efectos el descuento en la pensión por jubilación del quejoso, por concepto de fondo de pensiones, relativo al mes de febrero de dos mil dieciséis, así como efectuar la devolución correspondiente; y II. A fin de hacer prevalecer el derecho fundamental y la norma constitucional, cuyo alcance ha sido definido por la jurisprudencia citada, en términos de los artículos 1° y 133 Constitucionales, abstenerse de aplicar los preceptos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y Octavo Transitorio de Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, en casos futuros en relación con el quejoso; lo cual equivale a no efectuar en lo sucesivo el descuento en ellos previsto en razón del 9% de la percepción mensual de pensión." Ahora bien, en cumplimiento al fallo protector, el Director General y Apoderado Legal de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca, mediante oficio recibido en este juzgado el veinte de este mes y año, remitió copia certificada del diverso OP/DG/977/2016, dirigido al Jefe del Departamento Administrativo de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado, por el que, le instruyó que 1) se abstuviera de aplicar al impetrante la normatividad declarada inconstitucional, y 2) devolviera al quejoso la cantidad descontada en el mes de febrero de esta anualidad, por concepto de fondo de pensiones; así mismo adjunto copia certificada de la póliza de cheque numero 254, relativo a la devolución del fondo de pensiones a favor del quejoso, en la que aparece la firma de recibido del impetrante, y copia simple del cheque 52476, por la cantidad de dos mil doscientos treinta y siete pesos con veintidós centavos, moneda nacional, por concepto del descuento efectuado a su fondo de pensiones. De las aludidas documentales, se advierte que la autoridad responsable Director General y Apoderado Legal de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca, dejó sin efectos el descuento en la pensión por jubilación de la quejosa, por concepto de fondo de pensiones, relativo al mes de febrero de dos mil dieciséis y efectuó la devolución correspondiente. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de amparo, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lucía Concepción Nicolás Ruiz, que autoriza y da fe.

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