Juan Pedro Figueroa Gaspar
Expediente 259/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 25 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 259/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 22/03/2022
Partes del expediente
- Juan Pedro Figueroa Gaspar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que ya se encuentran notificadas las partes de la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, en consecuencia; atendiendo a la certificación que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de revisión contra la sentencia pronunciada el treinta y uno de enero de dos mil veintidós; por tanto, en atención a lo establecido por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara ejecutoriada para todos los efectos de ley. Efectos de la sentencia de amparo. Ahora bien, siguiendo ese orden de ideas, en el fallo protector se determinó que la responsable deberá realizar lo siguiente: "SEXTO. Efectos del fallo protector. Con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Juan Pedro Figueroa Gaspar, para los siguientes efectos, para que el Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, dé por escrito respuesta en forma completa y congruente a los planteamientos formulados por el quejoso en los puntos 3, 4 y 6 del escrito presentado ante dicha autoridad el veintiocho de enero de dos mil veintiuno; y hecho lo anterior, notifique al quejoso sin dilación, la respuesta que recayó a su petición." Requerimiento. Consecuentemente, solicítese a la responsable para que dentro del plazo de tres días, de cumplimiento a la ejecutora de mérito, y lo acrediten con las constancias idóneas, conforme lo dispone el artículo 192 de la Ley de Amparo. Lo anterior, deberá acreditarlo con documentos fehacientes ante este órgano de control constitucional, o bien, informar las gestiones que se encuentran realizando para tal fin; ello, a efecto de calificar el cumplimiento a la sentencia de amparo. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tengan, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá al desobediente una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros electrónico y de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE).
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 259/2021, promovido por Juan Pedro Figueroa Gaspar por su propio derecho, contra actos del Gobernador del Estado de Jalisco y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; y turnado a este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Juan Pedro Figueroa Gaspar, por propio derecho; solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. Demanda registrada con el número 259/2021 del índice de este juzgado, posteriormente, mediante proveído de cinco de marzo de dos mil veintiuno se previno a la parte quejosa en los términos ahí precisados y mediante acuerdo de veintidós de abril siguiente, se tuvo por no presentada la demanda de referencia por las razones ahí expuestas. Proveído recurrido en queja por el impetrante de amparo, el cual fue registrado con el número 124/2021 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y, al resolver dicho recurso fue calificado como fundado, por lo que se ordenó la devolución de los autos a este juzgado a efecto de que se proveyera respecto de la admisión de la demanda de amparo, teniendo por cumplida la prevención formulada al quejoso. En cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, mediante proveído de ocho de julio de dos mil veintiuno; se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó requerir a las autoridades responsables por su informe de ley; se dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió la ampliación de demanda planteada por el quejoso respecto de las autoridades y por los actos ahí precisados y, seguido que fue el presente juicio, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinacio´n del nu´mero y li´mites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al nu´mero, a la jurisdiccio´n territorial y especializacio´n por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; asi´ como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominacio´n y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia administrativa y reclamarse actos de autoridades residentes en la jurisdiccio´n de este o´rgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda; del escrito aclaratorio y ampliación de demanda, se advierte que se reclama de las autoridades: Gobernador del Estado de Jalisco. Secretario de Transporte del Estado de Jalisco. Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco. Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco. La privación del acceso y goce del estímulo económico mensual de $5,000 (cinco mil pesos 00/100), sin otorgar garantía de audiencia y defensa, retenido desde el mes de noviembre de dos mil diecinueve. Al Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco. Falta de respuesta al escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil veintiuno. De igual forma, en vía de ampliación de demanda la parte quejosa reclamó lo siguiente: Al Director General Jurídico de la Secretaria de Seguridad del Estado. a) Oficio CGES/UT/5965/2021 por el que se notifica el diverso acto reclamado consistente en b) la resolución del expediente interno LTAIP/CGES/1039/2021, por el que, según refiere el quejoso, se determinó la retención del pago mensual de cinco mil pesos. Resolución del expediente interno LTA/P/CGES/1039/2021, por la que refiere, se determinó la retención del pago mensual de cinco mil pesos. Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad del Estado. Resolución del expediente interno LTA/P/CGES/1039/2021, por la que señala, se determinó la retención del pago de los cinco mil pesos. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. a) Inexistencia del acto reclamado consistente en la privación y acceso de estímulo económico. De los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se advierte que negaron la existencia del acto reclamado, consistente en la privación del acceso y goce del estímulo económico mensual de $5,000 (cinco mil pesos 00/100), sin otorgar garantía de audiencia y defensa, retenido desde el mes de noviembre de dos mil diecinueve. En efecto, por lo que respecta al Gobernador del Estado de Jalisco, su negativa fue lisa y llana. Luego, el Secretario de Transporte, el Secretario, el Director General Jurídico y la Comisión de Honor y Justicia, los tres últimos de la Secretaría de Seguridad Pública, negaron el acto reclamado señalando que no han emitido, ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar algún acto relacionado con el bono u otra prestación del quejoso, además de que no es de su competencia dicho acto. Específicamente, las autoridades responsables de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, en lo que aquí interesa, señalaron: ". NO SON CIERTOS los actos reclamados por la parte quejosa, respecto a la retención del bono de los $5,000 (cinco mil pesos), toda vez que esta autoridad no ha ordenado, ejecutado, ni pretende ejecutar el acto reclamado, por no ser atribuciones que le competan a la misma, negando categóricamente los presuntos conceptos de violación que aduce el quejoso, sin que a los mismos se aplique en su favor el supuesto de la suplencia de la queja por no estar inmersos en la materia laboral. Al respecto, es menester enfatizar que el pretendido bono se entrega ÚNICA y EXCLUSIVAMENTE a los elementos operativos, que cumplan con la totalidad de requisitos para su otorgamiento; en ese sentido el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, es quien dicta los lineamientos y exigencias que deben cumplir los elementos operativos para tener acceso a el estímulo, sin perder de vista que el mismo, por su naturaleza extraordinaria, no forma parte integral del salario de los beneficiarios a recibirlo, tal y como se dispone en la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, en la fracción X, en su artículo 28: Finalmente el ejecutivo Estatal concluye, que la Certificación a través del proceso de control y confianza del personal operativo de la Fiscalía Estatal, y de esta Secretaría de Seguridad, otorgan certidumbre respecto de su debida y legal actuación, conducta, probidad y honradez de dichos elementos, así como el cumplimiento de los principios rectores que deben observar con tal carácter, por ellos, y por el alto riesgo de sufrir daño físico implícito en el desarrollo de sus funciones, se considera necesario estimular a estos servidores públicos cuando permanecen y continúan en sus instituciones, cumpliendo con las obligaciones legales a su cargo. De tales circunstancias y consideraciones, el Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, autoriza otorgar el referido estímulo económico, disponiendo los múltiples requisitos para su debido otorgamiento, entre los que se encuentran asistir y aprobar los exámenes de control y confianza (sin que sea este último el único requisito para que los elementos reciban el estímulo económico), pues como se ha venido sosteniendo en el presente informe con justificación, cualquier elemento operativo necesita encontrarse cumpliendo con la totalidad de lineamientos establecidos en el Acuerdo en alusión; pues, una vez acontecido lo anterior, el personal operativo podrá recibir el estímulo económico sin que se contemple pago retroactivo, en virtud de que con anterioridad no se cumplía con el supuesto para ser beneficiados por este, tal y como lo establece el artículo Primero, fracción I, apartado E, del multicitado Acuerdo. Razón por la cual resulta erróneo que el C. Juan Pedro Figueroa Gaspar, le cause agravio la no entrega del estímulo ya que no existe disposición legal que obligue a la responsable a realizarlo, sino que a contrario sensu, la obligación de la dependencias es verificar que los elementos que sí cumplen con todos los requisitos previstos en el acuerdo les sea entregado el estímulo, por lo que de concederle el supuesto a la parte quejosa se estaría preconstituyendo a su favor, un derecho que no le corresponde, ya que hasta el momento elemento operativo no acredito ante esta instancia constitucional por un lado, que le asista el derecho para la percepción del multicitado estímulo, lo cual es un requisito de procedencia sine qua non, y por otro, tampoco acredita que cumpliera a cabalidad los requisitos para su otorgamiento, y en consecuencia la existencia de la pretendida violación a sus garantías individuales, correspondiéndole la carga de la prueba a quien demanda la protección de la justicia federal, es así que la quejosa se limita a hacer aseveraciones sin soportar la inconstitucionalidad del acto que reclama.. Cabe señalar también, que la entrega del Estímulo por Aprobación de Control y Confianza, no implica modificación en la política salarial de otras percepciones y prestaciones que se cubren de manera regular, como contraprestación por el desempeño de sus labores cotidianas; asimismo, dicho estímulo, no genera derechos adicionales al salario inherentes a la plaza, por el nombramiento o instrumento jurídico equivalente, por lo que no constituye un ingreso fijo, regular ni permanente, ya que su otorgamiento se encuentra sujeto a requisitos y condiciones variables. Dicho estímulo en ningún caso podrá formar parte integrante de la base de cálculo para efectos de indemnización o liquidación o de prestaciones de seguridad social. Así las cosas, conforme tal acuerdo gubernamental aludido, se advierte, primero, los presupuestos que deben cumplir los elementos operativos para poder percibir dicho estímulo y, segundo, que esta Dependencia no es competente para emitir, ni para negar el pago de incentivo en comento, sino que funge únicamente como enlace al momento de hacer entrega del mismo, pero no determina quién habrá de pagársele o no. Además de lo anterior, toda vez que lo reclamado se trata de una prestación extralegal, en este caso específico para que opere su pretensión, no es suficiente con que el impetrante realice simples manifestaciones de referencias improbables, y reclamar actos tan inexistentes como capciosos en un afán de confundir la buena fe de este H. juzgado, sino que la parte quejosa tiene la obligación de demostrar la existencia del derecho ejercitado y que satisface los presupuestos exigidos para ello." En ese sentido cabe precisar, que a pesar de que por acuerdos de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, cuatro y diez de agosto siguientes, respectivamente y por su orden, se dio vista con los informes en sentido negativo a la parte quejosa, ésta no desvirtuó dichas negativas con medio de convicción alguno. Además, de las constancias de autos, valoradas de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, no se advierte su acreditación. Así, en la medida que las responsables negaron el acto reclamado precisado, no es a ellas a quienes corresponde expresar razonamiento alguno que justifique esas manifestaciones, ni demostrar con prueba alguna que lo que se les atribuye es inexistente, sino que, por el contrario, recae sobre la parte quejosa la carga de acreditar que es verdad lo que les reclama, sin que el impetrante haya desvirtuado esas negativas, acorde a lo antes apuntado -no obstante habérsele dado la vista correspondiente-. Corrobora el criterio sustentado, la tesis VI.2o.A.4 K, con registro número 187728, de la Novena Época, de Tribunales Colegiados de Circuito, en Materia Común, que establece: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 310, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 394266 de la literalidad siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En efecto, correspondía a la parte quejosa acreditar los elementos mínimos de la existencia de su petición, que en este caso consiste en acreditar, que reúne los requisitos para su otorgamiento del estímulo que reclama. Al respecto, conviene invocar el contenido de los artículos 28 y 44 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, que en su parte conducente disponen: "ARTÍCULO 28. Los integrantes de las instituciones de seguridad pública, además de lo dispuesto en otros ordenamientos, tendrán derecho a: X. Recibir reconocimientos, estímulos y recompensas de conformidad con los presupuestos y reglamentos respectivos, los cuales no formarán parte integrante de su remuneración; y." "ARTÍCULO 44. Los elementos operativos que integran los entes públicos a que se refiere el artículo 26 de esta ley, a excepción de sus titulares, mandos superiores y directores, pueden recibir estímulos o compensaciones, mismos que deben estar sujetos a lo estrictamente establecido en el Presupuesto de Egresos respectivo." Como se ve, el artículo 28, fracción X de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, establece que los integrantes de las instituciones de seguridad pública, además de lo dispuesto en otros ordenamientos, tendrán derecho a recibir reconocimientos, estímulos y recompensas de conformidad con los presupuestos y reglamentos respectivos, los cuales no formarán parte integrante de su remuneración. Ahora, respecto al incentivo cuya falta de pago reclama el quejoso, mediante acuerdo DIGELAG/ACU/033/2017, emitido por el entonces Gobernador del Estado de Jalisco, el catorce de agosto de dos mil diecisiete, en lo conducente establece: "PRIMERO. Se autoriza a otorgar un estímulo económico anual denominado Estímulo por Aprobación de Control y Confianza por la cantidad de $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.), que será entregable en 12 exhibiciones mensuales, por la cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.M.) netos considerando mes completo sin que se contemple pago proporcional, a los elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Movilidad, que cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos: Agentes del Ministerio Público, peritos adscritos a la Fiscalía General del Estado y Elementos policiales operativos adscritos a la Secretaría de Movilidad o a la Fiscalía General del Estado: A. Asistir y aprobar los exámenes de control de confianza en el periodo anual respectivo, así como en las fechas en que le corresponda, además de mantener vigente dicha certificación; B. Contar con nombramiento o instrumento jurídico que los atribuya como elemento operativo, expedido por la autoridad competente; C. Realizar funciones operativas de procuración de justicia o seguridad pública; D. Encontrarse entre los niveles del 7 siete al 22 veintidós; SEGUNDO. Este estímulo económico será de carácter extraordinario, no formará parte integral del salario y no podrá ser entregado de manera proporcional; en caso de omisión de alguna exhibición exclusivamente se podrá realizar la emisión si ésta corresponde en el mes inmediato, después de este periodo prescribirá el derecho al estímulo. La dependencia de adscripción es responsable de garantizar que el Estímulo de Aprobación de control y Confianza se entregue exclusivamente a quien cumpla cabalmente con los requisitos establecidos para su entrega. [.] TRANSITORIOS; Primero. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco". Segundo. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su firma y tendrá vigencia al 05 de diciembre del 2018, término de la presente administración. Tercero. Se deroga el Acuerdo identificado como DIGELAG ACU 023/2012, de fecha 1° de junio de 2012". Como se ve, dicho acuerdo DIGELAG ACU 033/2017, entre otras cosas, autorizó otorgar un estímulo económico anual denominado Estímulo por Aprobación de Control y Confianza por la cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional), que sería entregable en doce exhibiciones mensuales, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) netos considerando mes completo sin que se contemple pago proporcional, a los elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Movilidad. Lo anterior, siempre y cuando cumplieran con la totalidad de los requisitos legales consistentes en asistir y aprobar los exámenes de control de confianza en el periodo anual respectivo, así como en las fechas en que le corresponda, además de mantener vigente dicha certificación; contar con nombramiento o instrumento jurídico que los atribuya como elemento operativo, expedido por la autoridad competente; realizar funciones operativas de procuración de justicia o seguridad pública; encontrarse entre los niveles del 7 siete al 22 veintidós. Posteriormente, mediante acuerdo publicado el veintiséis de enero de dos mil diecinueve, en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el Gobernador del Estado determinó el otorgamiento de un estímulo económico anual denominado estímulo por aprobación de control y confianza a los elementos de la fiscalía estatal y la secretaría de seguridad, ambos del Estado de Jalisco, que cumplan con los requisitos: "PRIMERO. Se autoriza otorgar un estímulo económico anual denominado "Estímulo por Aprobación de Control y Confianza" por la cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.), que será entregable en 12 exhibiciones durante el periodo de un año de manera mensual, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N) netos considerando mes completo sin que se contemple pago proporcional, a los elementos de la Fiscalía Estatal y la Secretaría de Seguridad, ambas del Estado de Jalisco, que cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos: I. Agentes del Ministerio Público, peritos adscritos a la Fiscalía Estatal y Elementos policiales operativos adscritos a esta última y a la Secretaría de Seguridad del Estado: A. Asistir y aprobar los exámenes de control y confianza en el periodo anual respectivo, así como en las fechas en que le corresponda, además de mantener vigente dicha certificación; B. Contar con nombramiento o instrumento jurídico que los atribuya como elemento operativo, expedido por la autoridad competente; C. Realizar funciones operativas de procuración de justicia o seguridad pública; D. Encontrarse entre los niveles salariales del 7 siete al 22 veintidós; SEGUNDO. Este estímulo económico será de carácter extraordinario, no formará parte integral del salario y no podrá ser entregado de manera proporcional; en caso de omisión de alguna exhibición exclusivamente se podrá realizar la emisión si corresponde en el mes inmediato, después de este periodo prescribirá el derecho al estímulo. La dependencia de adscripción es responsable de garantizar que el Estímulo por Aprobación de Control y Confianza se entregue exclusivamente a quien cumpla cabalmente con los requisitos establecidos para su entrega. [.] TRANSITORIOS Primero. Este Acuerdo entrará en vigor el día de su expedición y tendrá vigencia hasta el 5 de diciembre de 2024. Segundo. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco". Como se ve, dicho acuerdo entre otras cosas, autorizó otorgar un estímulo económico anual denominado Estímulo por Aprobación de Control y Confianza por la cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional), que sería entregable en doce exhibiciones mensuales, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) netos considerando mes completo sin que se contemple pago proporcional. Lo anterior, siempre y cuando cumplieran con la totalidad de los requisitos legales consistentes en asistir y aprobar los exámenes de control de confianza en el periodo anual respectivo, así como en las fechas en que le corresponda, además de mantener vigente dicha certificación; contar con nombramiento o instrumento jurídico que los atribuya como elemento operativo, expedido por la autoridad competente; realizar funciones operativas de procuración de justicia o seguridad pública; encontrarse entre los niveles del siete al veintidós. Luego, contrario a lo manifestado por el quejoso, dicho acuerdo establece que el estímulo por aprobación de Control y Confianza será de carácter extraordinario, no formará parte integral del salario y no podrá ser entregado de manera proporcional; en caso de omisión de alguna exhibición exclusivamente se podrá realizar la emisión si ésta corresponde en el mes inmediato, después de este periodo prescribirá el derecho al estímulo. La dependencia de adscripción es responsable de garantizar que el Estímulo de Aprobación de control y Confianza se entregue exclusivamente a quien cumpla cabalmente con los requisitos establecidos para su entrega. Asentado lo anterior, es evidente que el aquí quejoso estaba obligado a probar contar con los requisitos mínimos de la procedencia de reclamo, esto es, que reúne los requisitos para su otorgamiento del estímulo que reclama. Lo anterior es así, pues si como lo refiere en su demanda, bajo protesta de decir verdad, cuenta con más de trece años de servicio como elemento de la Secretaria de Movilidad del Estado, ahora conocida como Secretaría de Transporte del Estado, por lo que, es evidente que tiene en su poder los documentos necesarios para probar lo que la norma exige; sin embargo, lo único que anexó a su escrito de demanda fue copia simple del gafete expedido por la Secretaría de Seguridad a su nombre, del que se advierte su nombramiento de policía vial con número de empleado 13098. De igual forma, como anexo a su escrito de demanda, la parte quejosa exhibió copia simple del acuse de recibo de la solicitud dirigida al Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco recibido el veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Así como la prueba presuncional, legal y humana e instrumental de actuaciones. Medios de convicción que, como se adelantó, resultan insuficientes para desvirtuar la negativa u omisión de las autoridades responsables de retensión o no pago del estímulo económico relativo, pues además de haber sido exhibidas en copia simple las documentales de referencia, con el gafete previamente descrito únicamente se acredita el nombramiento de policía vial con el que se desempeña el quejoso y, el número de empleado, en tanto que, con el aludido acuse de recibo, se acredita la petición planteada por el peticionario de amparo al Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco materia de diverso acto reclamado. Sin que de los medios de prueba consistentes en la prueba presuncional e instrumental de actuaciones ofertada por el peticionario de amparo se infieran elementos suficientes para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables antes señaladas. Luego, dado que la parte quejosa no aportó elementos de prueba alguno que desvirtúe el contenido de los informes, respecto de las negativas que sostienen las autoridades a quienes se les reprochan los actos reclamados, cobra firmeza el contenido de sus informes justificados. Efectivamente, al no constar prueba demostrativa de la existencia de los actos reclamados, consistentes en la retención y falta de entrega del pago de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) mensuales, que como estímulo se entrega a favor de los policías, sin que se haya notificado al quejoso, el motivo por el cual se le ha retenido dicho pago desde el mes de noviembre de dos mil diecinueve, cobra firmeza la negativa de las autoridades responsables; por ende, se sobresee en el presente juicio respecto de los actos y autoridades precisadas en el presente considerando con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, visible a foja 355 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo I, Segunda Parte-1, enero a junio de 1988, que establece: "INFORME JUSTIFICADO QUE NIEGA EL ACTO RECLAMADO. Si las autoridades responsables niegan los actos que les son atribuidos por los quejosos y dichos informes negativos no fueron desvirtuados en forma alguna, procede sobreseer en el juicio de amparo en términos de lo que señala la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." No pasa inadvertido para quien esto resuelve, que en el escrito inicial de demanda, el quejoso ofreció las pruebas documentales consistentes en su expediente laboral o personal, donde dijo se encuentran sus nombramientos, antigüedad y cargo; así como el libro de nóminas con lo que se acredita el pago y entrega que se realiza al personal de la Secretaria de Seguridad del Estado en coordinación de la Secretaria del Transporte del Estado, quienes tiene el control de entrega del estímulo mensual. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 121 de la Ley de Amparo, quedaba a cargo del quejoso demostrar que requirió a las autoridades responsables por copias certificadas de dichas documentales y que le fueron negadas, para en su caso solicitar que este órgano jurisdiccional las obtuviera; empero, ninguna de las dos hipótesis ocurrió, máxime que lo que intentaba demostrar, esto es, su cargo, antigüedad y el sueldo que recibe, lo pudo demostrar con otros elementos de convicción que están a su alcance, como son sus recibos de nómina y sus nombramientos o contratos laborales. Al resolver en los términos anotados no se desconoce la jurisprudencia de rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DESPEDIDOS O CESADOS SIN MEDIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ALGUNO." Sin embargo, no resulta aplicable en atención a que la tesis solo concede la suplencia de la deficiencia de la queja tratándose de conceptos de violación o agravios no así para acreditar la existencia del acto reclamado, como se trata en el caso a estudio. Al respecto, por las razones que la integran se cita la tesis de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA. NO TIENE EL ALCANCE DE HACER PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO, SI EL QUEJOSO NO ACREDITÓ SU INTERÉS JURÍDICO. La figura procesal de la suplencia de la queja deficiente, establecida en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, sólo constriñe al juzgador federal para que subsane de oficio la insuficiencia o ausencia de los conceptos de violación y, en su caso, de los agravios expresados por el quejoso, en los supuestos previstos por las distintas fracciones contenidas en dicho precepto, pero no tiene el alcance de obligarlo a considerar procedente el juicio de garantías cuando no lo sea, porque el análisis de las causales de improcedencia es preferente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, en términos del artículo 73, última parte, de la legislación reglamentaria citada; por tanto, el Juez de Distrito no puede estimar procedente la pretensión constitucional ejercida por el quejoso, cuando éste no acredita su interés jurídico. No pasa inadvertido al suscrito el hecho de que, dentro de los argumentos aquí plasmados, se haga referencia a tópicos de índole probatorio, que pudiera "impactar" en diversas figuras, como el interés jurídico, empero, en la especie el análisis que se efectúa versa sobre si los medios probatorios aportados desvirtúan las inexistencias reseñadas o no, lo que en la especie como se dijo no aconteció. b) Inexistencia de actos ampliación de demanda. De igual forma, resultan inexistentes los actos materia de la ampliación de demanda, reclamados al Director General Jurídico de la Secretaria de Seguridad del Estado, consistentes en el oficio CGES/UT/5965/2021 donde, el quejoso refiere le fue notificado la resolución del expediente interno LTAIP/CGES/1039/2021 por el que, según aduce el quejoso, se determinó la retención del pago mensual de cinco mil pesos, asimismo resulta inexistente el acto reclamado a la citada autoridad y a la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad del Estado, que el quejoso hizo consistir en la resolución del expediente interno LTA/P/CGES/1039/2021, previamente descrita, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Comunicado en el que, en lo conducente, se precisó: "1. Respecto al acto reclamado señalado por el quejoso oficio CGES/UT/5965/2021, le manifiesto que NO ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, toda vez que ni el que suscribe, ni mi representada ordenaron ni ejecutaron dicho acto; tal y como se demuestra con la copia certificada del documento (foja 17), ya que dicho oficio fue suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Seguridad del Estado de Jalisco." ". 2. Por lo que respecta a la resolución del expediente interno LTAIPJ/CGES/1039/2021, le manifiesto que NO ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, primeramente porque dicha resolución no fue emitida ni por el suscrito ni por mi representada; además dicha resolución no le causa agravio alguno a sus derechos sino por el contrario, dicha resolución obedece al derecho de petición que el mismo quejoso presento ante el despacho del Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco con fecha 28 de enero del año 2021; así pues con la referida resolución se le garantizó a la parte quejosa el derecho fundamental de acceder a la información pública, consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos::" Inexistencia del acto reclamado que se corrobora al imponerse del contenido de las constancias remitidas por el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, como justificación del acto reclamado y, de las imágenes previamente insertas, de las que se advierte que, el oficio y resolución materia del acto reclamado fueron emitidas por diversa autoridad a las señaladas como responsables, como lo es, el Titular de la Unidad de Transparencia, de la Coordinación General Estratégica del Estado de Jalisco, sin que el quejoso la hubiere señalado como autoridad responsable, no obstante que, mediante proveído de diez de agosto pasado, se le dio vista para tal efecto. En consecuencia, por los razonamientos expuestos y al actualizarse la causa de improcedencia de inexistencia del acto reclamado, procede sobreseer en el juicio respecto de los actos y autoridades precisados en este apartado, acorde a lo que dispone el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado al Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, consistente en la falta de respuesta al escrito presentado por el quejoso el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, no obstante que, al rendir su informe justificado lo negó señalando: "Por otro lado respecto del acto que reclama al Secretario de Seguridad consistente en: ". la falta de proveído de fecha 28 de enero del año 2021. Al efecto le manifiesto que NO ES CIERTO EL ACTO que reclama, toda vez que mediante oficio SSE/SP/0271/2021, el Mtro. Cesar Federico Parra Pérez, Encargado del Despacho de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, remitió la solicitud de información que presentó el quejoso con fecha 28 de enero del año 2021 y de lo que se duele, al Mtro. Javier Sosa Pérez Maldonado Titular de la Unidad de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Seguridad y Secretaría de Seguridad, quien a su vez le genero un expediente interno LTAIP/CGES/1039/2021 con el que se le garantizó al quejoso su derecho fundamental de acceder a la información pública, consagrado en el artículo 6 de nuestra carta magna, toda vez que mediante oficio CGES/UT/5965/2021 se le notificó al quejoso la resolución del acuerdo a su respuesta, por lo cual resulta inexistente el acto que ahora reclama". Sin embargo, de las constancias remitidas como justificación de acto reclamado, se advierte que, las cuestiones formuladas en el escrito de referencia fueron parcialmente atendidas, pues, únicamente se dio respuesta a tres de los planteamientos formulados por el peticionario de amparo en dicho escrito, lo que impide que se actualice la causal de sobreseimiento por inexistencia invocado por la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Siendo las causas de improcedencia cuestiones de orden público, éstas deben analizarse preferentemente a cualquier otro planteamiento, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. De las constancias que integran el presente juicio, se advierte que, al rendir su informe justificado, el Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco por conducto del Director de Amparos de dicha dependencia, informó de la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo señalando que, el acto consistente en la privación del acceso y goce del estímulo económico mensual de $5,000 (cinco mil pesos 00/100), sin otorgar garantía de audiencia y defensa, retenido desde el mes de noviembre de dos mil diecinueve no causaba afectación al quejoso; sin que, se haga pronunciamiento al respecto, en atención al sobreseimiento por inexistencia de dicho acto y autoridad en párrafos precedentes, de ahí que, a ningún fin práctico conduciría dar respuesta a dichas afirmaciones. De igual forma, se debe destacar que, respecto del acto reclamado, consistente en la falta de respuesta al escrito del quejoso antes descrito el Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco no invocó causa de improcedencia. Asimismo, se advierte que, el Director Jurídico de la Secretaría de Transporte y las diversas autoridades responsables Director Jurídico y Comisión de Honor y Justicia, ambas de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, informaron de la causa de inviabilidad prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 5º, fracción II, al considerar que no les reviste el carácter de autoridad responsable, sin que se dé respuesta a dichos planteamientos en atención al sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado decretado en relación con las citadas autoridades en el considerando tercero de la presente resolución. Atento a lo anterior, al no advertir de oficio alguna diversa causal de improcedencia que pueda estudiarse de oficio, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, se realizará el estudio del acto reclamado al Secretario de Seguridad del Estado Jalisco, consistente en la falta de respuesta al escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil veintiuno. SEXTO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO, CONSISTENTE EN LA FALTA DE RESPUESTA AL ESCRITO PRESENTADO EL VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado; sin embargo, no se reproducen a la letra los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, al no existir disposición legal que así lo disponga; sin que ello implique desatender la pretensión efectivamente planteada ni los principios de exhaustividad y congruencia, previstos en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del Tomo XXXI, Novena Época, bajo la voz y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En lo conducente, el quejoso señaló que, con la omisión de la responsable se infringe en su perjuicio el derecho de petición previsto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues, desde el veintiocho de enero de dos mil veintiuno presentó escrito ante esa autoridad, sin que a la fecha de la presentación del escrito de demanda se le hubiera dado respuesta congruente y precisa a su petición conforme a lo que dispone el numeral de referencia. Es fundado el concepto de violación formulado por el peticionario de amparo, en atención a lo siguiente. Como premisa legal se estima necesario tener presente el contenido del artículo 8o Constitucional, el cual dispone: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Del dispositivo trascrito se desprende que contiene dos vertientes formales que toda autoridad debe observar: a. Dictar el acuerdo correspondiente por escrito; y, b. Comunicar en breve término ese proveído al peticionario. Derecho fundamental que opera siempre y cuando la petición se formule, al funcionario o servidor público, en su calidad de autoridad. Sirve de apoyo, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001; página 126, de rubro y texto siguiente: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." Por lo que, la prerrogativa en cuestión no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado. Por ello, no es suficiente que se dé respuesta por escrito a la petición que se le formuló a la autoridad, sino además resulta necesario que ésta atienda de manera coherente y completa lo pedido, pronunciándose como en derecho proceda, en sentido negativo o positivo, pero resolviendo lo planteado. Orienta lo anterior, la jurisprudencia con número de registro 162603, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 2167, siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa." Cabe apuntar que una característica más que define al derecho fundamental en estudio estriba en que, de ser necesario llevar a cabo diversos trámites tendientes a satisfacer la solicitud elevada por el gobernado, la autoridad responsable debe igualmente hacerle saber en breve término cada uno de los trámites relativos a las gestiones conducentes para estar en aptitud de otorgar la determinación definitiva. Lo antes aseverado encuentra fundamento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 2011, Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Séptima Sección - Derecho de petición, página 979, que establece. "PETICIÓN, DERECHO DE. NOTIFICACIÓN DE TRÁMITES. El artículo 8o. constitucional se refiere no sólo al derecho que los particulares tienen para que se les haga conocer la resolución definitiva que pone fin a su petición, sino también al de los trámites que se vayan cumpliendo en los casos en que la ley requiera la sustanciación de un procedimiento, imponiendo a las autoridades la obligación de hacer saber, en breve término, a los interesados, todos y cada uno de los trámites relativos a sus peticiones." Precisado lo anterior, se advierte que, con relación al acto reclamado, consistente en la falta de respuesta al escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, al rendir su informe justificado el Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco precisó: "Por otro lado respecto del acto que reclama al Secretario de Seguridad consistente en: ". la falta de proveído de fecha 28 de enero del año 2021. Al efecto le manifiesto que NO ES CIERTO EL ACTO que reclama, toda vez que mediante oficio SSE/SP/0271/2021, el Mtro. Cesar Federico Parra Pérez, Encargado del Despacho de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, remitió la solicitud de información que presentó el quejoso con fecha 28 de enero del año 2021 y de lo que se duele, al Mtro. Javier Sosa Pérez Maldonado Titular de la Unidad de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Seguridad y Secretaría de Seguridad, quien a su vez le genero un expediente interno LTAIP/CGES/1039/2021 con el que se le garantizó al quejoso su derecho fundamental de acceder a la información pública, consagrado en el artículo 6 de nuestra carta magna, toda vez que mediante oficio CGES/UT/5965/2021 se le notificó al quejoso la resolución del acuerdo a su respuesta, por lo cual resulta inexistente el acto que ahora reclama". Con el fin de dotar de mayor claridad al punto de controversia, se plasman las constancias respectivas: ESCRITO MATERIA DEL ACTO RECLAMADO Escito materia del acto reclamado, en el que se advierte la solicitud realizada por el quejoso al Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, en los siguientes seis planteamientos: "1.- Se me informe quien hace entrega el pago de los cinco mil pesos mensuales a los policías viales. 2.- Se me informe desde que fecha se viene entregando el pago de los cinco mil pesos mensuales a los policías viales y cuantos pagos se me realizaron. 3.- Se me informe el motivo por el cual no se me ha informado el motivo por el cual se me viene reteniendo el pago de los cinco mil pesos. 4.-Se me informe si existe algún procedimiento en mi contra para impedirme recibir el pago de los cinco mil pesos mensuales y la etapa que guarda, así como el número de procedimiento. 5. Se me informe cual es el procedimiento para reclamar el pago de los cinco mil pesos mensuales y ante que autoridad. 6.- Solicito a esta autoridad de no existir un procedimiento u orden judicial se ordene la entrega del pago de los cinco mil pesos mensuales, así como el retroactivo que se me ha retenido sin justificación alguna." Escrito atendido el veinticuatro de febrero siguiente por el Titular de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, sin embargo, únicamente se atendió a tres de las seis interrogantes realizadas por el quejoso, como enseguida se ilustra: Constancias a las que se otorga pleno valor probatorio, conforme lo disponen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su ordinal 2°, por tratarse de actuaciones certificados por el funcionario facultado para tal efecto. Como se precisó previamente, de las imágenes previamente insertas, se advierte que, en atención al escrito presentado por el quejoso el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, en esa propia fecha, mediante oficio SSE/SP/0271/2021, el encargado de la Secretaría Particular del Despacho del Secretario de Seguridad del Estado derivó el escrito del quejoso al Titular de la Unidad de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Seguridad y Secretaría de Seguridad del Estado, lo anterior, en virtud de que, el solicitante de amparo, entre otros numerales, invocó el artículo 6º Constitucional por lo que la citada autoridad estimó que se trataba de un tema de la competencia de esa Unidad. De igual forma, se advierte la determinación pronunciada el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, en los autos del expediente interno LTAIPJ/CGES/1039/2021, emitida por el Titular de la Unidad de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Seguridad del Estado, por la que da respuesta parcial a los planteamientos formulados por el quejoso el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, la cual, fue notificada al peticionario de amparo a las once horas con cincuenta y cinco minutos del veinticinco de febrero siguiente. Ahora, no obstante la respuesta que, mediante resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, el Titular de la Unidad de Trasparencia, de la Coordinación General Estratégica de Seguridad del Estado dio al quejoso y, que esta fue notificada al día siguiente a Juan Pedro Figueroa Gaspar, tal y como se advierte de la razón de recibo plasmada por el peticionario de amparo, no se dio respuesta completa a las interrogantes plasmados por el impetrante de amparo en su escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Se explica. Al imponerse del escrito materia del acto reclamado, se advierte que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política Mexicana Juan Pedro Figueroa Gaspar solicitó diversa información al Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco misma que, plasmó en seis interrogantes que a continuación se transcriben: "1.- Se me informe quien hace entrega el pago de los cinco mil pesos mensuales a los policías viales. 2.- Se me informe desde que fecha se viene entregando el pago de los cinco mil pesos mensuales a los policías viales y cuantos pagos se me realizaron. 3.- Se me informe el motivo por el cual no se me ha informado el motivo por el cual se me viene reteniendo el pago de los cinco mil pesos. 4.-Se me informe si existe algún procedimiento en mi contra para impedirme recibir el pago de los cinco mil pesos mensuales y la etapa que guarda, así como el número de procedimiento. 5. Se me informe cual es el procedimiento para reclamar el pago de los cinco mil pesos mensuales y ante que autoridad. 6.- Solicito a esta autoridad de no existir un procedimiento u orden judicial se ordene la entrega del pago de los cinco mil pesos mensuales, así como el retroactivo que se me ha retenido sin justificación alguna" Escrito, inicialmente presentado ante el Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, quien al rendir su informe justificado informó que, en esa misma fecha, el escrito de referencia fue canalizado al Titular de la Unidad de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Seguridad y Secretaría de Seguridad del Estado, al considerar que era la autoridad competente para dar respuesta al mismo, pues, entre otros numerales, el peticionario de amparo invocó el artículo 6º Constitucional. Petición registrada en la Unidad de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Seguridad y Secretaría de Seguridad del Estado con el número de expediente interno LTAIPJ/CGES/1039/2021 y, mediante determinación de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, en lo conducente, resolvió lo siguiente: ". esta Unidad de Transparencia tuvo a bien registrarla internamente en el índice de este sujeto obligado, integrando y desahogando el procedimiento administrativo correspondiente, por lo que una vez realizada la búsqueda de la información requerida en el área competente; y de acuerdo a los artículos 1, 2, 3, 84, punto 1, 85 y 86 punto 1 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en estricto apego al principio de Máxima Publicidad, se estima resolver su solicitud de información en sentido AFIRMATIVA, por tratarse una de información que es considerada como de Libre Acceso con el carácter de Ordinaria, la información correspondiente a los cuestionamientos señalados con el número 1, 2 y 5, mismos de los que una vez que se realizó el análisis de la información que nos ocupa, se determinó que dichos cuestionamientos correspondía a realizar un trámite bajo un procedimiento de Acceso a la Información, así como se realizó la reconducción de los restantes cuestionamientos. Una vez lo anterior, se indica que al respecto, la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, indicó que agotada la búsqueda de forma exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de la Dirección de Recursos Humanos informó lo siguiente: SE ME INFORME QUIEN HACE ENTREGA EL PAGO DE LOS CINCO MIL PESOS MENSUALES A LOS POLICÍAS VIALES. Se entrega por una parte del personal que desempeña sus funciones en el área de Pagaduría, dependiente de la Dirección de Recursos Humanos. SE ME INFORME DESDE QUE FECHA SE VIENE ENTREGANDO EL PAGO DE LOS CINCO MIL PESOS MENSUALES A LOS POLICÍAS VIALES. Conforme a la competencia que se le hizo llegar en tiempo y forma, este cuestionamiento es competencia de la Secretaría de Transporte, toda vez que la Policía Vial es parte de esta Secretaría de Seguridad a partir de septiembre de 2019; por lo que deberá concluirse que información anterior a dicha temporalidad resulta ser incompetencia de este sujeto obligado. SE ME INFORME CUAL ES EL PROCEDIMIENTO PARA RECLAMAR EL PAGO DE LOS CINCO MIL PESOS Y ANTE QUE AUTORIDAD. En relación a su cuestionamiento deberán considerarse que para otorgar el estímulo anual denominado estimulo por aprobación de control y confianza a elementos operativos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, se debe cumplir con los requisitos establecidos en el Acuerdo del Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco por el cual se autoriza otorgar un estímulo económico anual denominado estimulo por aprobación de control y confianza a los elementos de la Fiscalía Estatal y la Secretaría de Seguridad, ambos del Estado de Jalisco, que cumplan con los requisitos, mismo que fue publicado el día 26 de Enero del año 2019 en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, y en la Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios. ." Como se precisó en párrafos precedentes, de lo previamente trascrito queda de manifiesto que, la Unidad de Transparencia de la Coordinación General de Estratégica de Seguridad y Secretaria de Seguridad resolvió de forma afirmativa la solicitud de información planteada por el quejoso en los cuestionamientos identificados con los números 1, 2 y 5 de su escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, al considerar que se trata de información calificada como de Libre Acceso con el carácter de ordinaria. Ahora, con relación a los diversos planteamientos formulados por el quejoso en el escrito de referencia, el titular de la Unidad de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Seguridad y Secretaría de Seguridad del Estado se limitó a señalar que se realizó su reconducción, sin precisar si se canalizó el escrito materia del reclamado a diversa autoridad para que se diera respuesta a dichas interrogantes o bien, que dicha circunstancia fue informado al Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, por ser la autoridad a la que se dirigió el escrito en estudio, para que a su vez diera la respuesta correspondiente al resto de las preguntas formuladas por el quejoso o, de ser el caso, canalizara el escrito en cuestión a diversa autoridad para que se diera puntual respuesta a las preguntas planteadas por el quejoso en los puntos 3, 4 y 6. En ese tenor, si la autoridad responsable y la diversa vinculada para atender el escrito materia de lo reclamado fueron omisas en dar contestación a los planteamientos realizados por el quejoso en los puntos 3, 4 y 6 de dicho escrito, se evidencia una transgresión al derecho de petición que ejerció la parte quejosa; lo anterior es así, si tomamos en cuenta que a la fecha en que se actúa, ha transcurrido un año sin que dichas responsables hubieran dado respuesta a la solicitud planteada por el impetrante de amparo en el escrito en cuestión. En efecto, es de recordar que la responsable recibió la solicitud cuya falta de respuesta se reclama en el presente juicio de amparo el veintiocho de enero de dos mil veintiuno; por lo que para quien resuelve estima que por más compleja que pueda ser la respuesta que dicho escrito amerite, a la fecha en que la presente sentencia cause estado y esté en condiciones procesales de solicitar su cumplimiento, habrá transcurrido, incluso en exceso, el breve término al que, por lo general, se refieren los criterios emitidos al respecto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; esto es, tres meses. Motivo por el cual, al tratarse de un acto negativo el reclamado, corresponde a la responsable la carga de la prueba relativa a que recayó acuerdo a la solicitud y/o petición, y lo dio a conocer al peticionario de amparo en breve término. Sin que en el caso se haya acreditado tal extremo con medio de convicción alguno respecto de las interrogantes planteadas en los puntos 3, 4 y 6 del escrito materia del acto reclamado. Se cita en apoyo de lo así sostenido, la tesis sustentada en la Novena Época, por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2256, tomo XXVII, de febrero de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8O. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. LA PROCEDENCIA DEL JUICIO NO DEPENDE DE QUE SE HAYA INTERPUESTO SIN SUJETARSE A UN PLAZO FIJO NI PREDETERMINADO RESPECTO DEL MOMENTO EN QUE EL QUEJOSO ELEVÓ SU PETICIÓN A LA AUTORIDAD, YA QUE CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CALIFICAR EL "BREVE TÉRMINO" QUE TUTELA EL CITADO PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN CADA CASO CONCRETO.- El derecho de petición no puede vincularse a un plazo fijo ni predeterminado para que la autoridad emita su contestación, como puede ser el de cuatro meses; esto es así, porque de aceptarlo se llegaría al extremo de que cualquier solicitud, sin importar su simplicidad o complejidad, deba ser contestada siempre en ese lapso; en ese entendido, corresponde al Juez de Distrito que conozca del amparo indirecto promovido por violación al citado precepto constitucional, calificar el "breve término" que tutela el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera congruente con la naturaleza de la petición formulada en cada caso concreto, al conceder o negar la protección de la Justicia Federal solicitada, ya que en ocasiones un plazo fijo puede ser demasiado para que la autoridad dé una respuesta, o poco tiempo para responder a cuestiones extremadamente complejas. Por tanto, el hecho de que la demanda relativa se haya promovido sin sujetarse a un plazo fijo ni predeterminado respecto del momento en que el quejoso elevó su petición a la responsable, no conlleva la improcedencia del juicio de garantías, ya que, por las razones apuntadas, aquélla puede presentarse en cualquier tiempo." Por lo anterior, es inconcuso que debe concederse el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para los efectos que enseguida se precisarán. SEXTO. Efectos del fallo protector. Con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Juan Pedro Figueroa Gaspar, para los siguientes efectos, para que el Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, dé por escrito respuesta en forma completa y congruente a los planteamientos formulados por el quejoso en los puntos 3, 4 y 6 del escrito presentado ante dicha autoridad el veintiocho de enero de dos mil veintiuno; y hecho lo anterior, notifique al quejoso sin dilación, la respuesta que recayó a su petición. Sobre el particular, cabe citar la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala y la entonces Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto, se citan enseguida: "PETICION. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Registro: 206849, Tercera Sala, Tomo: IX, Abril de 1992. Tesis: 3a. XXXIV/92. Página: 81.)" Asimismo, resulta aplicable en lo conducente, la tesis XVI.1o.A.20 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, de datos de identificación, rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o. en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado." (Época: Décima Época, Registro: 2006825, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: XVI.1o.A.20 K (10a.), Página: 1672) SÉPTIMO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Juan Pedro Figueroa Gaspar, respecto de los actos y autoridades precisados en los considerandos segundo y tercero del presente fallo, por las razones expuestas en la presente resolución. SEGÚNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Pedro Figueroa Gaspar, contra el acto que reclamó del Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, consistente en la falta de respuesta al escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, para los efectos indicados en el sexto considerando de esta sentencia. Notifi´quese personalmente. Lo sentenció y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, hasta hoy treinta y uno de enero de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este juzgado lo permitieron, ante María del Rosario García Pérez, secretaria que autoriza y da fe.
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NOTIFICACIÓN POR LISTA DE AVISO: De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso C) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de Abril de dos mil trece, se publica por lista en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación a la PARTE QUEJOSA, el contenido de la sentencia engrosada el TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, la cual dice: Se resuelve.- PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Juan Pedro Figueroa Gaspar, respecto de los actos y autoridades precisados en los considerandos segundo y tercero del presente fallo, por las razones expuestas en la presente resolución. SEGÚNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Pedro Figueroa Gaspar, contra el acto que reclamó del Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, consistente en la falta de respuesta al escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, para los efectos indicados en el sexto considerando de esta sentencia.
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Zapopan, Jalisco, a tres de noviembre de dos mil veintiuno. Diferimiento. Vista la certificación de cuenta, se advierte que está transcurriendo la vista con el informe justificado rendido por el Director General Jurídico de la Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco, y en representación de la Comisión de Honor y Justicia de dicha secretaría, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; por lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las CATORCE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. En otro contexto, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31, del mismo ordenamiento legal, se ordena que las notificaciones a las autoridades responsables en el presente juicio de amparo indirecto, o de los recursos que llegaren a interponerse, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deben notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se les notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable a página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Zulema Sánchez Ibarra, que autoriza y da fe.
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