Juan Pedro Esparza Loera
Expediente 656/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 19 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 656/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 04/01/2023
Partes del expediente
- Juan Pedro Esparza Loera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Tijuana, Baja California, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión a que se refiere el artículo 81, fracción I, inciso d) del mismo ordenamiento legal, en contra del proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Ahora, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que, al haberse sobreseído fuera de audiencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese. Así lo acordó y firma José Manuel Basio Aguilar, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en conformidad con los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en términos del oficio CCJ/ST/6011/2022 de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. JMBA/VMMF/Ara
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CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO; Tijuana, Baja California, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos para que obren como corresponda el oficio y anexos de cuenta que remite el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate. Ahora, toda vez que en auto de catorce de abril pasado, se tuvo por recibido vía electrónica el oficio de cuenta, reservándose de proveer en cuanto al disco compacto que refería haber enviado anexo al mismo, se tiene a la autoridad oficiante dando cumplimiento al requerimiento de seis de abril del año en curso y, al efecto, remite copia autentificada del registro audiovisual de la audiencia de once de marzo del presente año. Ahora, del escrito inicial de demanda se desprende que el acto reclamado en el presente juicio, lo constituye la omisión proveer respecto de la solicitud del quejoso a fin de ser trasladado a diverso centro penitenciario. Luego, de las documentales que hoy se agregan, se advierte que el quejoso y su defensor desistieron de la petición de referencia y, en virtud de ello, la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, en la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la audiencia en la que se resolvería respecto de tal solicitud, determinó tener al quejoso por desistido de su petición de traslado. Por tanto, se estima que al haber cesado los efectos del acto reclamado, se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia en el presente asunto. Para avalar la anterior postura, es preciso citar el contenido del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que en su parte conducente establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado..." Del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuanto los efectos del acto reclamado hayan cesado, lo que acontece cuando aquellos se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 193758, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Amparo en revisión 3387/97. Gladys Franco Arndt. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 393/98. Unión de Concesionarios de Transportación Colectiva, Ruta Nueve, A.C. 8 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Amparo en revisión 363/98. Unión de Choferes Taxistas de Transportación Colectiva, A.C. 22 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 2685/98. Alejandro Francisco Aupart Espíndola y otros. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 348/99. Raúl Salinas de Gortari. 30 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González. Tesis de jurisprudencia 59/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, página 210, tesis 2a./J. 9/98, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Ahora bien, de las constancias que obran en autos se obtiene que, después de la presentación de la demanda que dio origen al presente juicio (veintisiete de octubre de dos mil veinte), en la que el quejoso reclamó la omisión de resolver sobre la petición de su traslado a un diverso centro penitenciario, el propio promovente desistió de tal solicitud, motivo por el cual la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, resolvió sobre el desistimiento de referencia. De esta manera es evidente que -precisamente- con motivo de la abdicación del quejoso -y la determinación conducente que le recayó- cesó la omisión de pronunciarse sobre la procedencia o no de petición de traslado, que inicialmente reclamó el solicitante del amparo. Con lo hasta aquí expuesto, es dable concluir que, como se anticipó, a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado que se atribuyó a la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, pues -se itera- con motivo de que el quejoso Juan Pedro Esparza Loera desistió de la petición de traslado formulada dieciséis de octubre de dos mil veinte, la autoridad responsable resolvió lo conducente sobre la dimisión de la solicitud correspondiente, concluyéndose su trámite. Consecuentemente al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63 fracción V del propio ordenamiento legal, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, se ordena dejar sin efecto la audiencia constitucional señalada en autos, debiéndose hacer la anotación correspondiente en la agenda que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, catorce de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta que remite la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento de seis de abril pasado, sin embargo, este órgano jurisdiccional se reserva proveer lo conducente hasta en tanto se reciba el original del oficio recibido vía electrónica. Notifíquese.
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Tijuana, Baja California, seis de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no obra la notificación personal al quejoso Juan Pedro Esparza Loera, del auto de tres de marzo del año en curso; por tanto, túrnense los autos a la Actuaria de la adscripción, a fin de que notifique personalmente al quejoso de mérito el auto referido en el centro de reclusión en el que se encuentra interno, en conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las diez horas con cincuenta minutos del catorce de mayo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Por otro lado, de autos se obtiene que la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, señaló las once horas con treinta minutos del once de marzo de dos mil veintiuno, a fin de celebrar la audiencia en la que el aquí quejoso realice los planteamientos que estime conducentes para resolver su petición; por tanto, requiérase a la autoridad oficiante para que para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe si se llevó a cabo dicha audiencia y remita copia autentificada de las constancias que estime conducentes, o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para ello; apercibida que, de no hacerlo así en el plazo indicado, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/VMMF/Ara
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