Juan Pedro Escoboza Moraga
Expediente 265/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 265/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 19/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Juan Pedro Escoboza Moraga
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se inconformaran contra la sentencia de veintidós de marzo de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Sin que sea necesario computar el plazo para la interposición del recurso de revisión respecto a las autoridades señaladas como responsables, toda vez que no les produce agravio el sentido de la sentencia, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo.
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo *******, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, promovido por *************; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes de este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, **************** demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el C. Juez Oral Penal del Distrito Judicial Siete del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, por el acto siguiente: "V.- ACTO RECLAMADO.- Se reclama de la Autoridad Señalada como responsable la falta de fundamentación y motivación, en la valoración de los datos de prueba, al no ajustarse a los principios constitucionales y legales que circunscriben al debido proceso legal, en cuanto a que en la audiencia de Vinculación no se aplicaron de manera exacta las leyes adjetivas y sustantivas de la materia, en relación con las garantías de seguridad jurídica y legalidad previstas en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no existe datos de prueba suficientes que acrediten el delito de Violación, mucho menos mi probable responsabilidad, en dicho delito. En la audiencia de fecha veinticuatro de octubre del año 2021, en donde se me decretó, Vinculación a Proceso, dentro de la Causa Penal No. 21/2020, por el delito de Violación Agravada, prevista en los artículos 218 y 220, fracción IV, ambos del Código Penal de Sonora. No tuve una defensa adecuada por parte del defensor público, que señalare más adelante. También me decretó una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que señala el artículo 19, párrafo segundo de nuestra Constitución. El acto que hoy reclamo, es un acto que afecta mi libertad personal, el cual puede impugnarse a través del Juicio de Amparo Indirecto, en virtud de que no se trata de sentencia definitiva, no sea agotado el principio de definitividad, lo anterior con fundamento en el artículo 61 fracción XVIII, inciso d) de la Ley de Amparo." Actos que consideró violatorios de los artículos 1°, 14, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó registrar la demanda de amparo bajo el número 265/2021, se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se emplazó a los terceros interesados **************** y Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos, en esta ciudad; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, tuvo verificativo el diez de enero de dos mil veintidós, conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. 1. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Agua Prieta, es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33 fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo en vigor; 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en concordancia con los Acuerdos Generales 03/2013 y 3/2021, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ya que el acto reclamado tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. 2. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no solo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." 3. En atención a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada se advierte que el quejoso acude a esta instancia constitucional a impugnar del Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Siete del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: a) El auto de vinculación a proceso de *********, dictado en la causa penal *************, por el hecho que la ley señala como delito de violación agravada, por allanar el domicilio donde se encontraba la víctima, previsto y sancionado por los artículos 218 y 220, fracción IV, del Código Penal del Estado de Sonora. b) La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, decretada en la misma causa penal **********. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. 4. Son ciertos los actos reclamados al Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Siete, del Poder Judicial del Estado de Sonora; ello, pues dicha autoridad al rendir su informe con justificación aceptó la existencia de los actos que se le atribuyen. 5. Resulta aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia 278 sustentada por el Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." 6. Certeza que se corrobora con el contenido de las pruebas documentales que ofreció la autoridad responsable, consistentes en: a. Copia certificada de las constancias que integran la causa penal ********** del índice del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Siete del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. b. Disco compacto "DVD" en formato de videograbación, que contiene la audiencia inicial, de fecha *************, relativa a la causa penal *************. 7. La documental consistente en la copia certificada de la carpeta administrativa de que se trata tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. 8. En tanto que el disco óptico en formato de videograbación ("DVD"), considerado como adelanto de la ciencia, dicha prueba para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad, y que también son idóneos para demostrar la existencia de los actos impugnados. 9. Cobra aplicación, la Jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, página 153, cuyo rubro es: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.", 10. Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. 11. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando segundo, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, atento a lo establecido en el artículo 62, de la Ley de Amparo vigente, y en la jurisprudencia 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable a foja 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, con el rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." 12. En el caso, al no existir alguna causal de improcedencia hecha valer por las partes, ni advertir oficiosamente la actualización de alguna de ellas, se procede al estudio de fondo del asunto. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 13. La parte quejosa expresa como conceptos de violación los contenidos en su escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este considerando en obvio de repeticiones innecesarias; por no ordenar su transcripción precepto legal alguno, y no disponerlo así el artículo 74 de la Ley de Amparo, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS. 14. Previamente a abordar el estudio de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa en su demanda de amparo, es menester relatar los antecedentes de los actos reclamados que se advierten de las constancias remitidas por la autoridad responsable, ya valoradas anteriormente. 15. En ese tenor, de la videograbación de la audiencia inicial de **********, relativa a la causa penal ******** del índice del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Siete del Poder Judicial del Estado de Sonora, se destacan, en lo que interesa los siguientes antecedentes del auto de vinculación a proceso y la medida de prisión preventiva reclamados. 16. A las quince horas del **************, en sala virtual, dio inicio la celebración de la audiencia inicial de formulación de imputación por orden de aprehensión ejecutada, dentro de la causa penal ********, instruida en contra de *****************, por un hecho que la ley señala como delito de violación agravada; encontrándose presente el Juez de Control, la Fiscalía, la Asesora Jurídica, el imputado y el Defensor Público. 17. Una vez individualizadas las partes, el juez de control le informó al imputado que tiene los mismos derechos que la víctima de ser representado por un abogado, motivo por el cual lo cuestiona si es su deseo que la persona que lo acompaña quien se identificó como defensor público, si es su decisión designarlo como tal, a lo que responde que sí; de igual manera le preguntó al abogado si acepta y protesta el cargo conferido a lo que respondió que aceptaba y protestaba el cargo conferido. 18. Asimismo, hizo constar que tanto la asesora jurídica como el defensor público se identificaron con cédulas profesionales que los certifican como abogados; de igual manera cuestionó al imputado si le habían hecho saber sus derechos, a lo que responde que sí; si los comprendió, a lo que respondió en sentido afirmativo; seguidamente le pregunta al imputado si sus datos personales le gustaría mantenerlos en reserva o en ese momento de viva voz a lo que señala que en reserva. 19. Enseguida, le solicitó domicilio donde oír y recibir notificaciones, a lo que el imputado señaló el domicilio donde vive y habita; de igual manera le preguntó si previo a iniciar la audiencia tuvo una entrevista con su abogado de manera privada, respondiendo que sí; además, cuestiona a la defensa si tuvo acceso oportuno a los registros de investigación antes de iniciar la audiencia, respondiendo afirmativamente. 20. Previo a concederle el uso de la voz al ministerio público, el juez de control le indicó al ahora quejoso, que se le hizo presentar por medio de la forma de conducción a proceso por libramiento de una orden de aprehensión, por la cual quedaría detenido durante el desarrollo de dicha audiencia hasta en tanto se determine si se le impondría o no alguna medida cautelar que restringiera su libertad de movimiento, y que el ministerio público le informara cuáles son los hechos que se investigan en su contra, las personas que lo acusan, la figura o figuras delictivas que encuadran en los hechos que se le atribuyen. 21. Finalmente, le indicó al ahora quejoso que prestara atención a la fiscalía quien le informaría los hechos delictivos que se investigan en su contra, señalándole cuándo ocurrieron, dónde y cómo; su forma de participación en esos hechos y las personas que lo señalan y una vez que termine, tendría el derecho a declarar. 22. Posteriormente, en uso de la voz el Agente del Ministerio Público, procedió a formular imputación al aquí quejoso, haciéndole saber las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que se habían realizado los hechos que se investigaban en su contra, así como el tipo penal en que éstos encuadraban, su forma de participación y quien lo acusaba. 23. Seguidamente, el Juez de control solicitó a la Agente del Ministerio Publico la aclaración en cuanto a cómo se llevó a cabo la violencia que refirió, indicándole la fiscal que la violencia física ocurrió cuando el imputado tomó a la víctima del cuello presionándole el mismo, tratando de asfixiarla a la vez le tapaba la boca y en forma posterior le impuso la cópula; preguntando si había alguna aclaración o corrección al abogado defensor quien manifestó nada que aclarar. 24. Hecho lo anterior, le preguntó al imputado si había entendido los hechos que se investigan en su contra, a lo que éste indicó que sí; luego, le comunicó que tenía el derecho y la oportunidad de declarar, haciéndole saber que si declaraba todo lo que dijera podía ser usado en su contra, pero también tenía derecho a guardar silencio y si lo hacía no le causaba ningún perjuicio, solicitándole que consultara con su defensor si declararía o guardaría silencio; hecho lo cual, *********** de viva voz manifestó que no deseaba declarar. 25. Acto continuo, la fiscalía solicitó al juez de control se vinculara a proceso al imputado; consecuentemente, dicha representación social dio inicio a su exposición y solicitó se vinculara a proceso al aquí quejoso por los hechos que fueron motivo de imputación, narrando los antecedentes que obraban en la carpeta de investigación, así como los datos de prueba que los sustentaban, y de los que, a su consideración, se apreciaba la existencia del hecho que la ley señala como el delito de violación y la probabilidad de que el imputado participó en su comisión. 26. Los datos de pruebas aportados por la fiscalía, se hicieron consistir en: a) Informe policial homologado, emitido en fecha *************, elaborado por Agentes de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de esta ciudad de Agua Prieta, Sonora; a dicho informe policial se anexó una inspección del lugar del hecho con la citada fecha, realizado por el agente *****************. b) Acta de entrevista de *************, a cargo de la víctima ****************. c) Acta de denuncia de hechos en sede ministerial, de *************** interpuesta por la **************** d) Acta de declaración testimonial rendida en sede ministerial, de ***********, a cargo de **************** e) Dictamen en materia ginecológica emitido por el médico legista de la adscripción, de fecha **************. f) Diligencia de inspección ocular y secuencia fotográfica del lugar del hecho, ubicado en las **************, de fecha ************ g) Acta de entrevista de *********************. h) Acta de entrevista de **************, a cargo de la testigo ************ i) Dictamen psicológico de ********************, por la perito en psicología adscrita al Centro de Atención a Víctimas del Delito de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. 27. Datos de prueba con los cuales a criterio de la fiscalía, estimó que se cometió el delito de violación agravada, previsto y sancionado en los artículos 218 y 220, fracción IV, ambos del Código Penal para el Estado de Sonora, hecho delictivo cometido en perjuicio ****************, y en cuanto a la probabilidad de que el imputado lo cometió el delito o participó en su comisión, lo estableció con los mismos datos de prueba; señalando que de conformidad con lo establecido en la fracción IV, del artículo 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se advierte de la carpeta de investigación ninguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito contenido en el artículo 13 del Código Penal del Estado de Sonora, por lo que solicitó la vinculación a proceso del imputado. 28. Continuamente, el juez de control, le informa al imputado, que es un hecho de violación que narra la víctima; haciéndole saber que constitucionalmente su situación jurídica podría resolverse en ese momento o bien dentro del plazo constitucional de setenta y dos horas o su duplicidad de ciento cuarenta y cuatro, a efecto de poder aportar datos de prueba; una vez consultado con su defensora solicitó se resolviera en esa misma audiencia. Luego, se concedió el uso de la voz a la defensa, quien únicamente solicito se resolviera conforme a derecho. 29. Posteriormente, el juez de control vinculó a proceso al imputado por el hecho ocurrido el día dos de febrero de dos mil veinte, al considerar que de los datos de prueba aportados por la fiscalía existían indicios suficientes para estimar que se había cometido el hecho que la ley clasifica como delito de violación agravada, por haberse allanado el domicilio en el que se encontraba la víctima, previsto y sancionado en los artículos 218 y 220, fracción IV, ambos del Código Penal para el Estado de Sonora, y para establecer la probabilidad de que el imputado participó en su comisión, además, de que no se advertía que en el caso existiera una causa de extinción de la acción penal o excluyente de responsabilidad. 30. En vista de lo anterior y previa solicitud del fiscal, se resolvió imponer una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por el tiempo que dure el procedimiento, de conformidad con el artículo 19 Constitucional y el artículo 167, del Código Nacional de Procedimientos Penales. 31. Por último, se concedió el plazo de tres meses para que se realizara la investigación complementaria; dándose así por terminada la audiencia. SÉPTIMO. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ACTOS RECLAMADOS. 32. El quejoso ***********, en su calidad de imputado, señala como acto reclamado la resolución de **************, pronunciada por el Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Siete del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, respecto del hecho que la ley señala como delito de violación agravada, previsto y sancionado por los artículos 218 y 220, fracción IV, ambos del Código Penal para el Estado de Sonora, dentro de la causa penal ****, y la medida cautelar de prisión preventiva decretada en su contra en la misma resolución. 33. De ahí que, en el presente asunto opera la suplencia de la queja a favor del quejoso, con base en lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, toda vez que se trata del imputado en la causa penal ******** del índice del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Siete del Poder Judicial del Estado, con sede en Agua Prieta. 34. Por tanto, este órgano de control constitucional verificara de oficio, primeramente, si el auto de vinculación a proceso reclamado, cumple o no con los ordenamientos legales aplicables, para así asegurar al peticionario de amparo el pleno goce de sus garantías y derechos humanos; por lo que, en caso de ser necesario, se suplirá la deficiencia en los conceptos de violación, hechos valer en la demanda de amparo. 35. Al respecto, se aclara que los alcances de dicha facultad consiste únicamente en suplir los razonamientos por los cuales el quejoso estima que se transgredieron derechos fundamentales, sin llegar al grado de cambiar los elementos del juicio de amparo que señaló en su demanda con relación a los actos reclamados. 36. Como sustento a la afirmación que antecede se cita la Jurisprudencia 1a./J. 94/2011 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 160950, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, página 689, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, DEBE CONSIDERAR TODOS LOS ARGUMENTOS FORMULADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS O EN EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS TENDENTES A DESVIRTUAR LAS RAZONES QUE MOTIVARON SU DICTADO, AUN CUANDO NO SE HAYAN PLANTEADO EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE." 37. Asimismo, cobra aplicación el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CCL/2011 (9a.), con registro digital 160186, Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, página 290, cuyo rubro dice: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. INTERPRETACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN CON LA INSTITUCIÓN DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE." 38. En ese tenor, se procede al estudio del acto reclamado, relativo a la audiencia de ************** por el Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Siete del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en Agua Prieta, dentro de la causa penal ********* a través de la cual se vinculó a proceso al aquí quejoso **************, por su probable participación en la comisión del delito de violación agravada, en agravio de ****************** y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva. 39. Al respecto, cabe señalar que los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, son infundados, sin que en el caso se advierta queja deficiente que suplir. 40. En principio, se estima conveniente tener presente lo dispuesto en los artículos 307, 313 y 315, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dicen: "Artículo 307. Audiencia inicial. En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. En caso de que el Ministerio Público o la víctima u ofendido solicite la procedencia de prisión preventiva dicha cuestión deberá ser resuelta antes de que se dicte el auto de vinculación a proceso. A esta audiencia deberá concurrir el Ministerio Público, el imputado y su Defensor. La víctima u ofendido o su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su presencia no será requisito de validez de la audiencia.". "Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso. Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el Juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público. El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. Si el imputado manifestó su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo de setenta y dos horas o solicita la ampliación de dicho plazo, el Juez deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo o su prórroga. La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación. El Juez de control deberá informar a la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el imputado si al resolverse su situación jurídica además se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva o si se solicita la duplicidad del plazo constitucional. Si transcurrido el plazo constitucional el Juez de control no informa a la autoridad responsable, ésta deberá llamar su atención sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, deberá poner al imputado en libertad." 41. De dichos numerales, se obtiene, en lo que interesa, las reglas conforme a las cuales se debe desarrollar la audiencia inicial dentro del sistema de justicia penal, a saber: a) se informaran al imputado sus derechos constitucionales y legales, si con anterioridad no se le hubieren informado; b) se realizará el control de legalidad de detención (en su caso); c) se formulará imputación, en la que el Ministerio Público únicamente tiene la obligación de informar al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que se le atribuye, así como el nombre de su acusador; d) se dará la oportunidad de declarar al imputado; e) se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares, ya sea en el momento de la audiencia o dentro del plazo constitucional de setenta y dos horas siguientes o su duplicidad, según lo solicite el imputado. f) se definirá el plazo para el cierre de investigación. 42. Asimismo, se advierte que de conformidad con el citado artículo 313, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece que después de que el imputado haya emitido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo, el Agente del Ministerio Público solicitará la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los antecedentes de la investigación con los que considera que existen datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. 43. Hecho lo cual, el juez de control explicará al imputado los momentos en que puede resolverse la solicitud planteada por el representante social, y lo cuestionará si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia, dentro del plazo constitucional o si solicita la ampliación de éste. 44. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad de éste, el juez de control resolverá lo conducente después de escuchar al imputado. 45. En cambio, si el imputado manifiesta su deseo de que se resuelva su vinculación a proceso dentro del plazo señalado en el artículo 19 constitucional, o solicita la ampliación de éste, el juez de control deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro del plazo solicitado por el imputado. 46. Luego, transcurrido dicho plazo, de conformidad con el artículo 315, del mismo código adjetivo penal, la continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de pruebas ofertados por las partes y; en su caso, con los medios de pruebas ofertados por el imputado, las cuales una vez desahogadas, se concederá el uso de la voz, en primer término, al Agente del Ministerio Público y luego al imputado, hecho lo cual se deberá resolver sobre la solicitud de vinculación a proceso. 47. Lo anterior, se debe realizar en dicho orden, conforme a lo así determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 212/2016, en la que indicó que conforme a los numerales 309 y 313, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público, de estimarlo procedente, debe solicitar la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que el imputado haya tenido oportunidad de contestar el cargo, pero previamente a que el justiciable decida si se acoge o no al plazo a que alude el artículo 19 constitucional -o a su ampliación- para que se resuelva sobre su situación jurídica; pues sólo, así la elección de postergar la resolución judicial respectiva tendrá como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiendo al imputado y a su defensor, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que consideren podrían desvirtuar la postura ministerial. 48. Que ello es así, sostuvo la superioridad, debido a que si el imputado o su defensor eligen posponer la indicada resolución en aras del derecho de defensa, es lógico que esa decisión debe partir del conocimiento previo de las razones concretas por las cuales el representante social estima que los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación acreditan la existencia del hecho materia de la imputación y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues sólo así estará en condiciones de ofrecer los medios de convicción idóneos para desvirtuar la imputación; es más, de no seguirse ese orden, el Juez podría tener dificultades para calificar la pertinencia de los datos de prueba que la defensa pretende incorporar. 49. De la indicada contradicción de tesis, surgió el criterio contenido en la Jurisprudencia 1a./J. 120/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2015704, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 392, cuyo rubro establece: "VINCULACIÓN A PROCESO. MOMENTO EN EL CUAL EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE SOLICITARLA (CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO)." 50. De igual forma, en el caso es conveniente precisar que para el dictado de un auto de auto de vinculación a proceso, se deben satisfacer los requisitos que se encuentran previstos en el artículo 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." 51. Por su parte, la figura del auto de vinculación a proceso dentro del sistema de justicia penal acusatorio, encuentra su estructura en los artículos 316 y 317, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los que se establecen los requisitos que debe contener dicha resolución, al disponer: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." 52. En ese tenor, de los preceptos legales señalados con anterioridad, se advierte que para dictar un auto de vinculación a proceso deben cumplirse tanto elementos de forma como de fondo, siendo ellos los siguientes: I. Elementos de forma. a) Que se haya formulado imputación, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que se hace del conocimiento del imputado la investigación que se desarrolla en su contra, respecto de uno o más hechos determinados que se consideran delitos, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención y el nombre de la persona que lo señala como responsable. b) Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. c) Que se dicte por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, aún y cuando el Juez pueda otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. d) Que se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución de tales hechos. II. Elementos de fondo: a) Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. b) Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. c) Que no esté plenamente comprobada a favor del imputado alguna causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. 53. Las anteriores consideraciones tienen apoyo, por identidad jurídica sustancial, en la Jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 (9a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, con registro digital 160331, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, página 1940, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)." 54. Aunado a lo anterior, debe agregarse que, conforme a lo establecido en los artículos 14, 16 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto de autoridad que entrañe afectación a la libertad de una persona, como lo es un auto de vinculación a proceso, debe estar justificado en mandamiento escrito emitido por autoridad competente, que cumpla las formalidades esenciales del procedimiento, motivado y fundado en leyes expedidas con anterioridad al hecho, lo que materializa las garantías de legalidad y seguridad jurídica. 55. Cobra sustento a lo así afirmado, la tesis XIII.P.A.30 P, del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con registro digital 162421, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Abril de 2011, página 1228, cuyo rubro dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA)." 56. Conforme a la normativa transcrita se desprende que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino que en el sistema penal que rige el procedimiento de origen, es suficiente justificar la existencia de un hecho delictivo y la probabilidad de que el imputado lo hubiera cometido o participado en su comisión, dado que tal determinación, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. 57. Apoya lo expuesto, la Jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, con registro digital 160330, Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, página 1942, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA)." 58. Establecido el marco referencial que permitirá dar solución a la presente controversia, se tiene que en el caso el quejoso *********** se duele, de que se vulneraron en su perjuicio las garantías constitucionales previstas en los artículos 1°, 14, 16, 17, 18, 19 y 20, Constitucionales; lo anterior, pues afirma que en el caso se aplicó incorrectamente el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por la falta de fundamentación y motivación, en la valoración de los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, toda vez que carecen de modo, tiempo, lugar y circunstancias de ejecución, y no existen en ellos la probabilidad de que lo cometió o participo en su comisión. 59. Lo anterior, debido a que desde el punto de vista del ahora quejoso en la carpeta de investigación, no existe ningún dato de prueba suficiente que acredite, el hecho que la ley señala como delito mucho menos la probabilidad de que lo cometió o participó en su comisión. 60. Además, sostiene el inconforme, que no tuvo una defensa adecuada por parte del defensor público que le fue designado, pues éste no tuvo una participación activa durante la audiencia inicial. 61. Establecido lo anterior, para iniciar con el estudio de cuestiones formales, y en el caso, dar respuesta a los agravios formulados por el quejoso en su escrito de demanda, debe verificarse si el auto de vinculación a proceso se encuentra suficientemente fundado y motivado, y en ese tenor, si la autoridad responsable se ajustó a los lineamentos establecidos en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual es del contenido siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo." 62. Respecto al requisito contenido en el ordinal 16 de nuestra norma fundamental, se tiene que el juez de control, remitió el disco versátil digital que contiene el archivo de audio y video de la audiencia inicial de ***************** en la que dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, el cual constituye el registro fidedigno que da certeza de su contenido. 63. Por otra parte, de las copias certificadas remitidas por la responsable, se desprende que obran las actas mínimas de la celebración de dicha audiencia. 64. En ese orden de ideas, se tiene que la autoridad responsable cumplió con el parámetro constitucional en estudio, pues dejó constancia que genera certeza de su contenido, en el que funda y motiva la causa legal del procedimiento. 65. Ahora bien, en la contradicción de tesis 168/2015, que dio origen a la Jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), con registro digital 2015127, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, página 125, de rubro "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS)."; la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, sostuvo lo siguiente: a) Que el artículo 16 de nuestra norma fundante, -en su antigua redacción, ahora reformada- , al exigir un mandamiento escrito, ya no debe entenderse como el documento en papel en el que de manera tradicional debe constar el acto de molestia, sino como la exigencia de registrar dicho acto, a través de cualquier otro medio, como el expediente electrónico o la videograbación en soporte material, -entre otros-. b) El arábigo 20 constitucional introdujo la preponderancia de la oralidad en los juicios penales, para lo cual presentan una singular importancia las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías, desde los sistemas de grabación audiovisual para la documentación fiel de los actos orales, hasta los modernos procedimientos de comunicación incluidos la videoconferencia. c) En el caso del nuevo proceso penal, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer las razones y fundamentos legales que tomó en cuenta el juez de control para vincularlo a proceso, conforme al ordinal 19 de nuestro texto edificante, es la videograbación. d) Que con lo anterior se evidencia que los actos de molestia que deben constar por escrito en términos del numeral 16 Constitucional, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos 19 y 20, de la misma normatividad, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento que rige el sistema de enjuiciamiento penal, y existe la videograbación de la audiencia en la que precisamente, se hace constar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, sin que sea necesario también se plasme por escrito la resolución en comento. 66. No obstante lo anterior, el criterio ahí sostenido resulta orientador para quien esto resuelve, respecto a los alcances de los ordinales 16, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 67. Se afirma lo anterior, debido a que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete, se adicionó al repetido artículo 16, Constitucional, lo siguiente: "en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido." 68. Dicha adición se realizó en conjunto con una diversa efectuada al ordinal 17 de nuestra legislación fundante, en el que se estableció la obligación para los impartidores de justicia de privilegiar la atención y solución de la cuestión planteada ante ellos, más allá de los tecnicismos procesales y los formalismos. 69. Luego, de la concatenación de ambos preceptos, es dable concluir que actualmente el artículo 16, constitucional, postula expresamente para los operadores de justicia que en los juicios que tengan como regla la oralidad, puedan elegir un medio acorde con dicho sistema, en el que quede constancia de los actos de molestia, debidamente fundados y motivados. 70. De ahí que, sea suficiente que el juez responsable haya elaborado por escrito las actas mínimas de la audiencia inicial celebrada el ******************, respectivamente, en las que hizo una relación suscita de lo acontecido en las mismas. 71. En ese tenor, se estima que el juez responsable cumplió con el requisito constitucional preceptuado por el numeral 16, de nuestro ordenamiento rector con el registro del archivo de audio y video de dicha audiencia, contenida en el disco digital. 72. De la misma forma, contrario a lo sostenido por la parte quejosa, este órgano no advierte transgresión alguna respecto a los requisitos de fundamentación y motivación que debe de contener dicho auto de vinculación a proceso, los cuales se encuentran contenidos en los ordinales 16 y 19, Constitucional, transcritos con anterioridad. 73. En ese aspecto, es preciso indicar que en la contradicción de tesis 168/2015, la Primera Sala del Alto Tribunal del País, al interpretar el referido numeral 19, de nuestra Constitución, precisó que: "la fundamentación y motivación del auto de vinculación, consistirá en que el juzgador en la audiencia exprese el delito que se imputa al acusado; el lugar tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." 74. En esos términos, la superioridad particularizó que la fundamentación del auto de vinculación consiste en que el juez de control señale el tipo penal que se imputa al indiciado; en tanto que la motivación radica en precisar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho delictivo, la valoración de los datos de prueba que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó. 75. Bajo ese contexto, la resolución impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada, pues de la videograbación de la audiencia inicial, contenida en el disco digital que acompañó la responsable como soporte a su informe con justificación, se advierte que la responsable fijó que el auto de vinculación se dictaba por el delito de violación agravada, por allanar el lugar donde se encontraba la víctima, previsto y sancionado por los artículos 218 y 220, fracción IV, ambos del Código Penal para el Estado de Sonora, cometido en agravio de *****************. 76. Señaló que la fiscalía hizo una exposición de los hechos y datos con que se pretende acreditar los hechos que la ley califica como delito, de los cuales el artículo 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales, refiere en su fracción III, que como uno de los requisitos para el dictado de la vinculación, es que de los antecedentes expuestos por el ministerio público, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y existe la probabilidad que el imputado participó en la comisión de los mismos; estos dos supuestos en el caso si se actualizaban. 77. En el mismo sentido, tiene que precisarse que del análisis preliminar de dicha resolución, se dilucida que la autoridad responsable expuso las razones particulares que la llevaron a resolver en el sentido en que lo hizo; ya que estableció los argumentos en cuya virtud consideró que el hecho probablemente desplegado por el quejoso ************* permitía presumir que participó en la comisión del hecho descrito y sancionado en la ley penal de la entidad. 78. Relacionó los datos de prueba que derivaron de la audiencia inicial, indicando los indicios que de ellos se exteriorizaban, los que a su vez concatenó y relacionó para determinar que se cometió un hecho que la ley marca como delito, y que existe la probabilidad de que ************ lo cometió, para lo cual citó los preceptos legales aplicables al caso concreto, tanto de naturaleza sustantiva como adjetiva, que estimó aplicables, cumpliendo así con las exigencias que, para todo acto de autoridad se requieren. 79. En cuanto a este tópico del indicado registro audiovisual, relativo a la audiencia inicial por orden de aprehensión ejecutada, audiencia de fecha *******************, dentro del proceso penal **********, se advierte en esencia, que la autoridad judicial dictó auto de vinculación a proceso contra **************, por su probable participación en el hecho que la ley señala como el delito de violación agravada, por haber allanado el lugar donde se encontraba la víctima, previsto y sancionado por los artículos 218 y 220, fracción IV, ambos del Código Penal para el Estado de Sonora, los cuales disponen: "Artículo 218. Al que, por medio de la violencia física o moral, tenga cópula con una persona, sea cual fuere su sexo, se le aplicará de diez a veinte años de prisión y multa de cuatrocientas a seiscientas cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Para los efectos de este Capítulo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima, por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. Si entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de la violación existiera un vínculo matrimonial, de concubinato o de pareja, se impondrá la pena prevista en este artículo." "Artículo 220. La pena será de quince a veinticinco años de prisión y multa de setecientas a mil Unidades de Medida y Actualización, cuando en el delito de violación o su equiparable concurran uno o más de los siguientes supuestos: (.) IV. El responsable allane el lugar en que se encuentre la víctima o la sorprenda en despoblado; (.)" 80. De los numerales transcritos se advierte que los elementos que conforman el tipo básico del delito de violación, son los siguientes: a) La realización de la cópula, es decir, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal o anal, independientemente de su sexo; a) Mediante el uso de la violencia física o moral. c) Que el delito se cometa allanando el domicilio de la víctima. 81. Expuesto lo anterior, se advierte que el juez responsable al emitir la resolución reclamada en esta vía constitucional contrario a lo afirmado, se ajustó a lo establecido en el artículo 19 de Constitucional, para la emisión del auto de vinculación a proceso reclamado. 82. Es así, pues en efecto, el juez responsable estimó que con los datos de prueba, se establecía el hecho que la ley señala como delito de violación agravada, consistente en que el sujeto activo imponga cópula a la sujeto pasivo mediante el uso de la violencia física o moral, previo allanamiento de su domicilio, pues destacó que para ese momento procesal se encontraban sustentados en los datos de pruebas existentes en la carpeta de investigación, mismos que fueron expuestos por la Agente del Ministerio Publico en su solicitud de vinculación a proceso al imputado, de los cuales se ha hecho una relación en líneas anteriores, tal cual es realizado por el juez de control en el periodo comprendido en la línea de tiempo 15:35:32 - 15:46:48 de la videograbación correspondiente a la multicitada audiencia inicial. 83. De lo anterior, se advierte que de manera preponderante el juez responsable señaló, que al valorar todos los datos de prueba en su conjunto de manera libre y lógica, llegó a la conclusión de que efectivamente el hecho que la ley señala como delito se encuentra establecida su existencia de manera razonable con los antecedentes de investigación, mismos que crearon la convicción de la realización de los hechos que denuncia la víctima, quien tuvo conocimiento por haberlo padecido directamente. 84. Lo que entrelazado con los otros datos referidos por la Agente del Ministerio Público, consistentes en los dictámenes psicológicos, ginecológico y el dicho de la testigo de cargo, permiten considerar que las mismas resultaron verosímiles; en el aspecto, que se establecieron las circunstancias de modo y lugar, dadas las narraciones expuestas, así como también de manera precisa quien es la persona que realizó tal acción; esto es, que el día dos de febrero de dos mil veinte, a las cinco horas aproximadamente, en el domicilio ubicado en la ************, en los términos y consideraciones en que señaló la víctima acontecieron los hechos delictuosos. 85. A su vez, el Juez responsable, señaló que la entrevista en calidad de testigo de **********, realizada el *************** quién dijo ser hermana de la víctima, y quien refirió que en primer momento se despertó al escuchar cierto ruido aparentemente como de quejido y que escuchó que su hermana le pedía auxilio que la ayudara y que la habían violado y que al prender la luz se percató que se encontraba el agente activo del delito en el mismo lugar en que se encontraba su hermana *********** y esa persona se encontraba con el pantalón abajo, así mismo se logró percatar de las marcas que presentaba su hermana en ese momento, de igual manera pudo identificar que el sujeto activo del delito lo fue ********** a quien identificó plenamente por ser esposo de su prima, entre otras circunstancias, que hicieron al juez señalar, que efectivamente el ahora quejoso había cometido el hecho del cual se le imputa. 86. En cuanto al dato de prueba consistente en el dictamen médico ginecológico a cargo del perito médico legista adscrito a la Fiscalía General de Justicia en fecha dos de febrero de dos mil veinte, en el que se concluyó que la víctima presentaba en el área genital, en el área del himen, había un introito que se encontraba irritado e inflamado lo cual era congruente en cuanto a penetración en el área genital; lo cual a juicio del juez responsable, hacía verosímil la versión de la víctima, dando valor preponderante al dicho de ***************en su denuncia, corroborándolo con la inspección del domicilio donde se llevó a cabo la conducta reprochada y determinando que el medio comisivo de la conducta, fue la violencia física ejercida sobre la víctima; los cuales a juicio del juez responsable, hacían verosímil la versión de la víctima. 87. Pues es cierto que, tal y como lo establece el juez de origen, hasta esa etapa procesal, no se requiere realizar una valoración profunda con respecto de los datos de prueba aportados, porque sólo se requerían en esta etapa datos que permitieran establecer que se había cometido un hecho de naturaleza delictiva y la posibilidad que el imputado participó en dicho hecho. 88. Datos de prueba, que señaló resultaban suficientes, idóneos y pertinentes, pues en el caso el auto de vinculación lo que busca es única y exclusivamente que se cuente con indicios de que se cometió un hecho que la ley señala como delito y que exista la probable responsabilidad de quién lo cometió, y al respecto los datos de pruebas aportados por la representación social son suficientes y eficaces para establecer razonablemente la acción dolosa que se atribuye al imputado. 89. Por ende, se insiste, el juez responsable señaló que los datos de prueba eran pertinentes e idóneos, y hasta ese momento suficientes para poder establecer la existencia de un hecho y que este hecho la ley lo refiere como delito de violación. 90. De ahí que se considere correcto, el hecho de que indicó, que contrario a lo sostenido por el quejoso, en los delitos de índole sexual, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental del hecho, máxime que en el caso particular el dicho de la víctima se encuentra corroborado con la entrevista de la testigo ***********; por tanto consideró, que del cúmulo de los medios de prueba aportados por el Ministerio Público, sin prueba en contrario, se encontraban pertinentes, idóneos, suficientes, hasta esa etapa procesal, para establecer como probable la responsabilidad de ***************, en términos de lo dispuesto por los artículos 218 y 220, fracción IV, del Código Penal en el Estado de Sonora. 91. Finalmente dispuso, que según lo dispuesto por el artículo 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracción IV, no se actualizaba una causa excluyente del delito, atipicidad, o de inculpabilidad, o causa de justificación, que permita considerar se aplique en beneficio de ************, por lo que al encontrarse reunidos todos los requisitos del artículo 316, procedió a dictar auto de vinculación a proceso por el delito de violación agravada, cometido en agravio de ***************, a que hacen referencia los artículos 218 y 220, fracción IV, ambos del Código Penal en el Estado de Sonora. 92. Todo lo anterior, fue debidamente estimado por el juez responsable, debido a que, tal como lo destacó, de los datos de pruebas se advertía que el aquí quejoso tenía plena conciencia de querer el resultado en el momento de los hechos; lo que así se obtuvo de la imputación personal y directa que realizó la víctima al momento de rendir su declaración, quien lo identificó plenamente como la persona que le impuso cópula por medio de la fuerza física el **********, aproximadamente a las cinco horas, en el domicilio ubicado en ****************; circunstancia que, adujo ese juzgador, se corroboró con la declaración rendida por *************, a quien le constan los hechos, toda vez que se encontraba en la misma habitación que la víctima al momento de que estos ocurrieron y despertó al momento en el que *********** aun tenia sometida a *******************, así como de diversas circunstancias; los dictámenes periciales emitidos por los expertos adscritos al Centro de Atención a Víctimas de Delitos de la Fiscalía. 93. Con base en los motivos ya expuestos, aseveró la responsable, que hasta ese momento procesal existían indicios bastantes para presumir la participación del imputado en la comisión del referido delito de violación agravada, además, que no se advertía que en el caso existiera una causa de extinción de la acción penal o excluyente de responsabilidad. 94. En las relatadas circunstancias, se concluye que contrario a lo manifestado por el quejoso *******************, en la especie se cumplieron con todos los requisitos de forma y fondo para la emisión de auto de vinculación a proceso, a que se hicieron alusión en la presente resolución, por ello, se llega a la conclusión de que el auto de vinculación a proceso emitido en contra del ahora quejoso, respecto del delito de violación agravada, no vulnera los derechos humanos en su perjuicio. 95. Corolario de lo anterior la responsable expuso motivadamente las razones que lo llevaron a concluir que, en la especie, se cometió el hecho que la ley señala como delito y estableció la probable participación del imputado, cumpliendo con el principio de valoración de las pruebas. 96. Se sostiene lo anterior debido a que el juez responsable, al dictar el auto de vinculación a proceso, que constituye el acto reclamado, relató cada uno de los datos de prueba, las concatenó y expreso las razones por las que consideraba que tales datos eran aptos y suficientes para establecer la existencia del hecho delictuoso, como la probabilidad que el imputado había participado en su comisión; en ese sentido, y si bien, la Primera Sala del Alto Tribunal del País, en la Contradicción de tesis 168/2015, al interpretar el referido numeral 19, de nuestra Constitución, señaló que la fundamentación del auto de vinculación consiste en que el juez de control señale el tipo penal que se imputa al indiciado; en tanto que la motivación radica en precisar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho delictivo, la valoración de los datos de prueba que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó; debe estimarse entonces que el Juez responsable si atendió tales requisitos. 97. Y si bien, los argumentos del quejoso, son encaminados a demostrar que los datos de prueba ofrecidos por el Ministerio Público, son insuficientes para demostrar la existencia de los hechos considerados por la ley como constitutivos de delito, también lo es, que de conformidad con el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales , un dato de prueba, es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonadamente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. 98. De ahí que sea válido al menos por el momento procesal, que el juez responsable, haya estimado que los datos de prueba aportados por el Ministerio Público eran suficientes para resolver sobre la situación jurídica del imputado, pues los mismos se encontraban concatenados con los hechos que el Ministerio Público dio a conocer, los cuales en conjunto crearon convicción en él juez para estimar que se acreditó la existencia del hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad que el quejoso participó en su comisión; aunado a que el estándar requerido para emitir un auto de vinculación a proceso, es el mínimo. 99. Por lo que ve al concepto de violación relativo a la falta de una defensa adecuada, de igual forma resulta infundado, habida cuenta que ********************, estuvo asistido por un defensor público, licenciado en derecho, durante el desahogo de la audiencia inicial, quien aceptó y protestó el cargo conferido, lo que garantizó una defensa técnica a favor del imputado; por ello, la actitud pasiva de la defensa, por sí misma, es insuficiente para considerar que el juez de control no le garantizó el derecho a una defensa adecuada. 100. En apoyo de esta determinación se cita, por las razones que contiene, la jurisprudencia 41/2020, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 327, Décima Época, Registro Digital, 2022508, de rubro: "DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL EL JUEZ DE ENJUICIAMIENTO ESTÁ OBLIGADO A CORROBORAR LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR AL INICIO DE SU INTERVENCIÓN." 101. En este contexto, ante la infundado de los conceptos de violación esgrimidos contra el auto de vinculación a proceso reclamado, el cual fue emitido por el delito de violación agravada -consumada-, resulta constitucional y legal la medida cautelar decretada en contra de *****************, a saber, la prisión preventiva justificada, al ser una consecuencia necesaria de la vinculación por ese hecho que la ley señala como delito, en términos de lo que establece el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 102. Se cita en apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia número 4/2022, sustentada por la Primera Sala del Más Alto Tribunal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Enero de 2022, Tomo II, página 863, Undécima Época, Registro digital 2024090, de contenido siguiente: "PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. SU IMPOSICIÓN PARA EL DELITO DE VIOLACIÓN NO SE EXTIENDE A LA TENTATIVA DE VIOLACIÓN. Hechos: Se ejerció acción penal contra una persona por el delito de tentativa de violación y al ponerse a disposición de la autoridad judicial se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, la cual fue impugnada; seguido el cauce legal correspondiente, la parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto en el que el Juez negó la protección constitucional, por lo que interpuso recurso de revisión. Así, el Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del recurso de revisión remitió los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al estimar que carecía de competencia legal para conocer del fondo del asunto, por subsistir un tema relacionado con la interpretación del artículo 19 constitucional. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó reasumir competencia originaria para conocer del amparo en revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la prisión preventiva oficiosa regulada para el delito de violación en los artículos 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no debe extenderse al delito de tentativa de violación. Justificación: Los artículos 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan expresamente que el Juez competente debe ordenar la prisión preventiva oficiosa al cometerse delito de violación. No obstante, la inclusión por extensión en las hipótesis normativas reguladas en esos artículos se aparta del sentido y el alcance de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; inclusive de los parámetros convencionales. De conformidad con el artículo 9, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la prisión preventiva no debe ser la regla general, sino la excepción como una medida cautelar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos parte de la premisa de que la medida cautelar de prisión preventiva es excepcional y que se encuentra limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictado parámetros respecto a la aplicación subsidiaria de la prisión preventiva, interpretando los alcances de la medida, y orientando a los operadores jurídicos para imponer medidas idóneas y más benignas, antes de la privación de la libertad de una persona presuntamente inocente. Por tanto, esta Suprema Corte determina que la descripción típica de la tentativa de violación no está prevista en los supuestos de los artículos 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para efectos de extender la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Luego, la autoridad competente deberá analizar cada caso concreto previo a la imposición de la medida cautelar idónea y correspondiente, en todos los casos, pero en tratándose de tentativa de violación, al no estar prevista de manera expresa en la Constitución ni en el Código Nacional de Procedimientos Penales, no podrá imponer la medida por extensión, es decir, de manera oficiosa." 103. Así las cosas, al resultar infundados los argumentos planteados, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en favor del quejoso, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, de la ley de la materia, se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada, por *************. 104. Por lo tanto, con base en lo expuesto y fundado, además en lo establecido por los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1°, fracción I, 33, 35, 37, 62, 73, 74, fracción I, 75, 76, 77, 78 y 79, fracción I, de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia Federal no Ampara ni Protege a *****************, contra los actos reclamados al Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Siete del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en Agua Prieta, por las razones expuestas en el considerando séptimo de esta resolución.
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Con esta fecha se tiene por notificada a la parte quejosa la sentencia de veintidós de marzo de dos mil veintidós
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Se autoriza domicilio para oír y recibir notificaciones de la tercera interesada.
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