JUAN PEDRO CONTRERAS SAUCEDO y Otros.
Expediente 117/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 117/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- JUAN PEDRO CONTRERAS SAUCEDO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vistos los autos se advierte que en acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno se desechó la demanda, el cual se notificó personalmente en el lugar de reclusión a la parte quejosa el veintiséis de febrero del año en curso. En tales condiciones, y toda vez que de la certificación secretarial que antecede, se desprende que el auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, de conformidad a lo señalado en el artículo 18 fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente al de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, el presente expediente es susceptible de ser DEPURABLE, al haberse concedido la suspensión de oficio o de plano, pues dicha medida cautelar tiene efectos definitivos, por tanto, procede conservarse, durante un plazo de tres años , contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación de la suspensión y una vez hecho lo anterior, deberá transferirse dicho cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del citado acuerdo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A QUEJOSO EN SU LUGAR DE RECLUSIÓN.
- Principal
ACATA SUSPENSIÓN DE PLANO Agréguese a sus autos únicamente para que obre como a derecho corresponda el oficio del Director del Centro Penitenciario de Puebla, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de dieciocho de febrero del año en curso, esto es acata la suspensión de plano dictada en el presente asunto, en el entendido que con fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo.
- Principal
ACATA SUSPENSIÓN DE PLANO Agréguese a sus autos únicamente para que obre como a derecho corresponda el oficio del Director del Centro Penitenciario de Puebla, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de dieciocho de febrero del año en curso, esto es acata la suspensión de plano dictada en el presente asunto, en el entendido que con fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo.
- Principal
Glósese a los autos la diligencia practicada el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, a través de la cual da cumplimiento a lo ordenado en proveído de esa misma data, en la que hace constar que se constituyó en las instalaciones del CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA, a fin de proceder a la búsqueda del quejoso directo JUAN PEDRO CONTRERAS SAUCEDO, quien manifestó lo siguiente: "No estoy incomunicado y no he sido golpeado ni torturado." Así mismo manifestó que se reservaba su para ratificar la demanda de amparo instada en su favor por ALEJANDRO GONZÁLEZ CANO. DESECHAMIENTO DEMANDA Del contenido del acta referida se advierte que si bien el quejoso directo se reservó su derecho a ratificar la demanda de amparo promovida en su favor, también manifestó que no se encontraba incomunicado y que no había sido golpeado ni torturado. Lo que hace presumir el hecho de que en la demanda formulada por ALEJANDRO GONZÁLEZ CANO, quien señaló que promovía en representación de JUAN PEDRO CONTRERAS SAUCEDO, porque era objeto de incomunicación y tortura, fue con el único objeto de ubicar la demanda de amparo en los supuestos de urgencia previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, pero sin que se actualizara dicha hipótesis legal. La circunstancia anterior implica la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues con dicha expresión se evidencia que quien promovió la demanda carecía de la legitimación exigida en la ley para instar la acción de amparo en nombre de otro, pues ALEJANDRO GONZÁLEZ CANO con el fin de justificar su legitimación para promover en nombre de JUAN PEDRO CONTRERAS SAUCEDO manifestó, bajo protesta de decir verdad, ".recibí una llamada del número celular de la señora MAYRA CONTRERAS SAUCEDO, informándome que su hermano PEDRO CONTRERAS SAUCEDO en el lugar donde se encuentra recluido CERESO PUEBLA (KM. 2.5. CARRETERA CAMINO AL BATAN, LOMAS SAN MIGUEL PUEBLA, PUEBLA.) DORMITORIO M CELDA 24, compurgando una sentencia penal emitida por JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN PROCESOS PENALES FEDERALES dentro de la causa 173/2015; había Sido golpeado y/o torturado e incomunicado, por motivos que aún se desconocen y que inclusive iba ser trasladado ilegalmente sin autorización de un juez a un lugar aún desconocido." Es decir, el promovente invocó una situación que lo legitimaba para promover la demanda de amparo en nombre de otro, con el fin de ubicarse en el supuesto previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo que es del texto siguiente: "Artículo 15.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." Esto es, no basta que se reclame alguno de los actos previstos en el referido artículo 15 para que la demanda la pueda promover cualquier persona distinta al quejoso -como lo es la incomunicación- sino que por virtud de la conjunción "y" debe entenderse que además debe existir una imposibilidad del quejoso para promover por sí mismo la demanda de amparo, ya que dicha circunstancia es la que justifica que sea una persona distinta al afectado quien promueva en su nombre, ante su imposibilidad material de acudir ante el órgano jurisdiccional en defensa de sus derechos. Es decir, la ley legitima en determinadas circunstancias que alguien promueva la demanda de amparo en nombre de otro; empero, si dichas condiciones no se satisfacen, quien haya instado el juicio carecerá de legitimación, y al ser ésta un presupuesto procesal, el promovente no estuvo en aptitud de haber iniciado el proceso. En el caso, no se surte el supuesto establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo para que ALEJANDRO GONZÁLEZ CANO estuviera en aptitud de promover en nombre de JUAN PEDRO CONTRERAS SAUCEDO, al no satisfacerse los requisitos previstos en dicho numeral, pues el aquí directo quejoso, señaló de manera expresa y categórica en la diligencia actuarial de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno que no se encontraba incomunicado y que no había sido golpeado ni torturado; lo que implica que ha estado en aptitud o en posibilidad de ejercer sus derechos, de manera que si tuviera la intensión de reclamar cualquier acto podía hacerlo de manera personal. Ante ello, resulta evidente que ALEJANDRO GONZÁLEZ CANO carecía de legitimación para promover la demanda de amparo en nombre de JUAN PEDRO CONTRERAS SAUCEDO. En tales condiciones, al no satisfacerse el presupuesto exigido en el artículo 15 de la Ley de Amparo, es decir, haberse ejercido la acción por persona legitimada para hacerlo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del ordenamiento legal en cita y por tanto se desecha la demanda de amparo. Por tanto, se dejan sin efectos las medidas provisionales de suspensión que le fueron concedidas al quejoso respecto del acto que señaló actos que señaló como incomunicación, golpes y tortura. Sin que sea óbice que el quejoso se hubiera reservado su derecho a ratificar la demanda instada en su favor, pues toda vez que no se encontraba impedido a promover por sí, no se puede convalidar un acto procesal que fue iniciado ilegítimamente por quien en términos de ley no se encontraba facultado para hacerlo; pues en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo el juicio de amparo únicamente puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y esto lo podrá hacer por sí, por su representante legal, por su apoderado o por cualquier persona en los casos previstos en la propia ley. Empero, en el caso, como ya se indicó, no se actualizó el supuesto previsto en el artículo 15, porque al iniciarse el juicio de amparo por una persona no reconocida en la ley no pudo surgir la relación jurídico-procesal, en virtud que a la presentación de la demanda no se encontraba satisfecho el presupuesto procesal de legitimación en el proceso, por parte de quien inició el juicio de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, agréguese a los autos los oficios de cuenta del JUEZ DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA y DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PUEBLA, sin que en el caso se realice mayor proveído al respecto en virtud de lo antes acordado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN Y EN EL DOMICILIO QUE SEÑALÓ PARA TAL EFECTO.
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